El jefe de Estado Nacional, que teóricamente vino a unir a los argentinos, ya había dejado en claro que para él los derechos humanos son un “curro”. A un año de la asunción del gobierno, Cambiemos los pesos de la balanza: encontramos una piedra del lado de los límites y recortes y una pluma en el hemisferio de los derechos y garantías. Los izquierdos y los derechos humanos juegan en una cancha inclinada.
Por Tomás Viú
[dropcap]N[/dropcap]orma Ríos, Presidenta de APDH Argentina; Iván Fina, responsable de la filial rosarina de Abuelas de Plaza de Mayo, y Juane Basso, militante de HIJOS Rosario e integrante del Espacio Juicio y Castigo, explican el cuadro de situación aguda: vaciamiento de áreas y recorte de presupuesto en las políticas de derechos humanos, demoras en los juicios, bajas en las penas de las sentencias y prisiones domiciliarias que salen con fritas. Además, hay atención personalizada a los familiares de los genocidas. Las acciones y los discursos intentan reinstalar la teoría de los dos demonios. A 40 años, todavía duele el Golpe. En un diálogo permanente entre los derechos humanos de ayer y de hoy, los organismos comparten una certeza: a mayor avance sobre libertades y derechos, mayor resistencia y organización. El que avisa no traiciona: la lucha continúa.
¿Qué balance hacen del 2016 en materia de políticas de derechos humanos?
Iván- Nos hacemos eco de las declaraciones públicas de nuestra Presidenta, Estela de Carlotto, en relación a que no ha sido un buen año en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Yo creo que hay toda una serie de medidas, acciones y resultados que implican un retroceso. Se busca retornar a estados anteriores en relación a todo lo que se había logrado en esta lucha. Eso nos obliga a estar más atentos y a reactivar ciertas resistencias por dar el debate sobre estos temas en la sociedad.
Hay cuestiones que han sido más alevosas y más explícitas, como el encarcelamiento de Milagro Sala que despertó una gran reacción internacional, y otras cuestiones que han sido más sutiles, pensadas estratégicamente, pero que nos tienen que poner en alerta. El gobierno reconoce que la oposición abierta a ciertos aspectos de los derechos humanos no da resultados. Por lo tanto vienen haciendo un trabajo de vulgarización que intenta desarmar ese discurso desde adentro de la sociedad. Buscan generar un efecto de desorientación.
Lógicamente, sin el apoyo estatal de los últimos años en la lucha por los derechos humanos, no se hubiera llegado a tantos resultados. Pero es una lucha que es parte de la sociedad y que necesita del consenso social. La política actual está destinada a limar ese consenso.
Juane- El balance que hacemos a un año de la asunción del gobierno de Macri es muy negativo. En las políticas específicas han ido vaciando todas las áreas del Estado. Desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos estamos sufriendo. Hasta el año pasado, junto con lo que estuvo pasando en Latinoamérica, vivimos una experiencia de avances en términos populares y nacionales en torno a la construcción de autonomía e independencia política. En sociedades muy postergadas se fueron conquistando derechos de los sectores populares que habían sufrido las dictaduras y el neoliberalismo que hubo en todo el Cono Sur. En 2001 explotó el neoliberalismo de los 90 y cada país, cada uno con sus particularidades, tuvo espacios políticos de coalición que recogieron banderas de lucha de los 90 y que retomaron viejos anhelos de las organizaciones de derechos humanos.
En nuestro país eso se plasmó en los doce años de kirchnerismo con la conquista y la ampliación de nuevo derechos. En el plano de las demandas históricas de las organizaciones de derechos humanos, debemos mencionar el Juicio y Castigo y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El Estado impulsando los juicios a los genocidas, reconociéndose a sí mismo como violador de derechos humanos y por lo tanto habilitando a todas las áreas de los ministerios a realizar investigaciones hacia dentro del propio Estado. El Banco Central investigó cómo los instrumentos del Estado habían sido parte de la maquinaria represiva. Inclusive estaba avanzando en la investigación sobre los beneficiarios directos del modelo económico que vino a instaurar la dictadura. Se crearon dispositivos específicos no sólo para que el Estado sea querellante sino también para buscar los cuerpos de los desaparecidos impulsando el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. O la creación de áreas específicas para el acompañamiento de las víctimas y los sobrevivientes.
Esos avances de los últimos años no fueron todo lo que esperábamos. Entendemos que los avances son procesos que tienen tensiones y reacciones por parte de los poderes que van siendo interpelados. La desaparición de Jorge Julio López o el asesinato de Silvia Suppo fueron golpes muy duros contra el movimiento de derechos humanos y también contra el Ejecutivo que había decidido avanzar.
Las políticas de esta área no pueden desvincularse de otros avances que se dieron como la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario o la Ley de Medios. Este año todos esos derechos han sido más o menos golpeados. Por eso decimos que fue un año malísimo en el marco de la lucha de una sociedad que trata de avanzar. También fue un año de resistencias. Desde el punto de vista de la sociedad, de las organizaciones sociales y de los movimientos políticos y de derechos humanos, hubo una resistencia permanente.
En la provincia de Santa Fe el balance también es muy negativo. A principio de año, cuando ya se había comenzado a ver lo que se venía a nivel nacional, nos reunimos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe y el ministro de Gobierno, quienes se comprometieron a profundizar las políticas de derechos humanos y a resolver varias cuestiones que quedaban pendientes de gestiones anteriores. Finalmente pasó todo lo contrario: se siguió vaciando la secretaría de derechos humanos de la provincia, no se nombró director de memoria ni se señalizó ningún centro clandestino de detención.Tampoco se constituyó la secretaría como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad como había planteado el ministro Silverstein. No se comenzó a trabajar en violencia institucional como se nos anunció en esa reunión, ni hubo un pronunciamiento de las autoridades provinciales sobre la detención arbitraria de Milagro Sala.
En cambio, desde el Ejecutivo se acompañó una serie de debates y proyectos de ley de mano dura encabezados por el senador Enrico, quien también fue el que se puso a la vanguardia de la suspensión del Defensor Ganón, el único representante gubernamental que ponía límites y control a la cada vez más creciente violencia institucional que vivimos en Rosario y Santa Fe.
Norma- Nosotros nos venimos expidiendo desde el primer momento y antes también, cuando advertíamos lo que podía pasar si llegaba al ejecutivo nacional gente del PRO y fundamentalmente su candidato Macri. El retroceso que se ha dado no sólo ha sido en políticas de Estado en relación a los derechos humanos históricos, desde el último genocidio a esta parte, sino que en todos los planos de la sociedad hay un retroceso tremendo en cuanto a la ocupación, la inflación y la duplicación del dólar que va a seguir generando la destrucción de la industria nacional con el ingreso de productos importados. El pago y la renegociación en contra de Argentina de una deuda externa que se había intentado achicar a través de los años y que ahora nuevamente varias generaciones multiplicarán por cifras mucho mayores que las que logró la dictadura. Es un gobierno llevado adelante fundamentalmente por personeros de una política totalmente inhumana. Lo último que tienen en la cabeza es el bienestar general. El bienestar que persiguen es solamente para un grupo de familias amigas y empresas con las cuales hicieron negocios desde hace muchísimos años. El hecho de tener un presidente que abiertamente reconozca haber evadido dinero al exterior es terrible como sociedad.
El gobierno está pidiendo la liberación de los genocidas. La prisión domiciliaria de Menéndez es una escupida a la población. Han recibido a los familiares de los represores, ponen trabas en la política de denuncias, dan el aval a personajes como Cecilia Pando y ponen en el gobierno a los hijos o a los propios cómplices de la dictadura. El hecho de quitar presupuesto hace que para algunas organizaciones sea muy difícil seguir.
¿Cuál es la intención al hablar de “guerra sucia” o tragedia en lugar de terrorismo de Estado?
Iván- Están volviendo a reinstalar la teoría de los dos demonios. No dicen abiertamente que ´no hay que juzgar a los genocidas´ pero sí dicen cosas como ´del otro lado también hubo violencia´ o ´los desaparecidos no son tantos´. Es una forma de retrotraer el debate.
Es un discurso que estaba muy vigente aunque había ido perdiendo potencia. Nunca desapareció del todo pero sí había quedado recluido a sectores minoritarios. Pareciera que hubiera existido en los últimos años una especie de pudor de afirmarlo abiertamente.
Norma- Es una reivindicación oblicua. No dicen que lo que hicieron los militares está bien pero todo su accionar y sus declaraciones van en dirección a que ´no era tan grave´ y a que ´no eran tantos los desaparecidos´. Es una infamia porque hoy está todo absolutamente probado. Hace seis o siete años que estamos haciendo los juicios de lesa humanidad y juzgamos a los genocidas con las leyes de la burguesía. En su momento se logró derogar las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos. Pero nosotros no hicimos una revolución ni cambiamos las leyes para los juicios.
Juane- Hay una política deliberada, y la hemos visto desde el principio de este gobierno, de tratar de deslegitimar la lucha de los movimientos de derechos humanos de nuestro país. En reiteradas oportunidades volvió a plantearse la teoría de los dos demonios y se puso en cuestión la bandera de los treinta mil desaparecidos. No es casualidad. Desde muy temprano el gobierno nacional ha atendido a las organizaciones defensoras de los genocidas que piden la amnistía. El terrorismo de Estado fue un plan asesino para instalar un plan económico.
Debemos hablar de responsabilidad empresarial con la dictadura y no de complicidad. ¿Qué relación de continuidad hay en el plano económico y político desde los 70 a esta parte?
N- Está probado en un montón de documentación que la familia Macri fue cómplice de la dictadura militar. Fueron una parte de la pata civil que se enriqueció fabulosamente durante la dictadura. Por lo tanto, nadie podía esperar que algo bueno viniera por la vía de la lucha histórica que se está llevando adelante por Memoria, Verdad y Justicia. Pero además, el actual plan económico es casi idéntico al de la dictadura militar, con el agravante complejo de que el nuevo gobierno fue elegido por los votos de la ciudadanía.
Las nuevas generaciones deben empezar desde el ABC. Ven el tema muy lejano y ajeno. Lo que cuesta hacerles entender es que el genocidio destruyó un país que caminaba a tropezones hacia una mejor distribución de la riqueza. Cuando se dio el Golpe la clase obrera tenía casi el 50 por ciento de la torta y después de la dictadura pasó a tener el 27 por ciento. Hay un elemento fundamental que no podemos olvidar cuando hablamos del genocidio y es la destrucción de los lazos sociales, de solidaridad y de cooperación. Por eso desaparecieron a los dirigentes sindicales y sociales. Todo aquel que luchaba y se organizaba lo pagó de alguna manera. Y lo pagó con 40 años de silencio. Hoy es muy difícil todavía que la gente hable para los juicios.
I- Con la modalidad que venía teniendo el debate sobre lo sucedido en los 70, habíamos llegado al punto de trabajar como sociedad sobre algunas cuestiones de responsabilidad civil empresarial en la práctica genocida. En ese contexto volvemos a discutir sobre la “guerra sucia” o el número de los desaparecidos. No te queda otra opción que tomar ese debate porque te lo instalan. Es un retroceso enorme.
J- La derecha que hoy está gobernando el país es la misma derecha de los años 70. Tenemos un gobierno de CEOs que son los hijos o los nietos de los ejecutivos de entonces. Las empresas del padre del presidente eran socias de la dictadura y después fueron parte de la patria contratista. Los representantes de todas las corporaciones beneficiarias de la dictadura hoy están ubicados en espacios clave del gobierno. No es contradictoria esa situación con el hecho de querer sepultar en el olvido todos los beneficios que esas empresas tuvieron durante la dictadura. Desde el gobierno le darían la amnistía a los genocidas pero saben que eso generaría una conflictividad política importante hacia adentro y hacia afuera del país. Se quieren mostrar como una derecha que ha incorporado todos los criterios de civilización moderna que hoy enarbolan la socialdemocracia y las derechas europeas. Por eso, cuando le preguntaron a Macri si le iba a dar continuidad a los juicios, dijo que iba a dejar que actuara la justicia. Pero sabemos que ellos son los herederos de los beneficiarios del modelo económico de la dictadura y que vinieron a restaurar ese poder económico y político que tuvieron en su momento.
El 24 de marzo fue la visita de Obama a la Argentina. El gobierno nacional no recibió a los organismos de derechos humanos por “problemas de agenda”. En los festejos del Bicentenario desfiló el ex carapintada Aldo Rico y el defensor de la dictadura Emilio Nani. ¿Se mezcla lo simbólico y lo concreto?
I-Totalmente. A veces uno no termina de entender si es por estrategia tácita o explícita. Pareciera que desconocen el valor internacional que tienen las cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Aparte de Obama, estuvo también la visita del presidente francés. Recién después de esas cuestiones recibió a las Madres y a las Abuelas. Con estos organismos se reunió antes la comitiva del presidente francés que nuestro presidente. Independientemente de que responda a la ignorancia o a una estrategia, lo cierto es que hay que darle resistencia.
J- Por un lado están las políticas concretas, que son decisiones como quitar presupuesto o eliminar áreas, y después está el plano de lo simbólico, que también es muy importante. Este gobierno invierte muchísimo en su equipo de comunicación. No son casuales los mensajes que se envían. Las cuestiones que vienen pasando tienen que ser analizadas teniendo en cuenta que hay una racionalidad política detrás de esas decisiones. La racionalidad del poder económico concentrado que ahora está gobernando y que nunca lo hará a favor de las mayorías, aunque pretenda revestir con un ropaje discursivo hablándole a ´todos los argentinos´ de unidad, felicidad y amor.
I- Son cuestiones dadas desde lo simbólico pero que tienen una implicancia en lo concreto y real muy grande. Significa posicionarse en determinadas cuestiones. No tanto en relación al Ejército sino en lo que son las festividades y las conmemoraciones de las fechas patrias. Es darle lugar a ciertos sectores de la sociedad y no a otros.
N- El gobierno tiene grandes equipos de comunicación. No llegaron de casualidad. Pudieron mentirle a la sociedad en todos los aspectos y ganar con la idea de ´cambio´. Las resistencias son muy importantes. Los carapintadas desfilaron en 2009 en Orán y un grupo de mujeres los sacó a patadas. Nunca más aparecieron. El discurso que avala desde el Estado también cambia las percepciones. Cuando la gente se horroriza sobre lo que nos pasa cotidianamente, yo les digo que se horroricen menos y que empiecen a prepararse para pelear, porque si bien es evidente que esto no es la dictadura, sí es cierto que las políticas económicas son similares.
¿Hay demoras u obstáculos en los juicios de lesa humanidad?
N- Los juicios se demoran. En Tucumán, los familiares de los represores se dan el lujo de ir a las audiencias con las fotos de los genocidas y piden justicia por los ´presos políticos´. Es una cosa tremebunda. Hay una alineación que a veces es imperceptible y otras veces muy clara. Con respecto a los jueces y los fiscales en relación a los juicios de lesa humanidad, nadie les dio la orden escrita de mirar para otro lado, pero de hecho todo el mundo demora, frena y para los procesos.
I- Contamos con gente que trabaja en el Poder Judicial que sigue haciendo un trabajo de investigación muy importante. Por suerte por ahora los juicios continúan, esa es la mejor de las noticias. No han salido a detenerlos de manera explícita. Mientras exista esa posibilidad hay que seguir trabajando e insistiendo.
J- En general la Justicia es un reservorio del poder económico. Los sectores populares muy pocas veces ponen jueces. En la amplia mayoría son todos hombres venidos de las clases sociales acomodadas. En este nuevo esquema de gobierno, sin que nadie le haya dado ninguna orden, la Justicia empezó a otorgar con mucha más facilidad las prisiones domiciliarias y las sentencias son más bajas en las penas.
El Ejecutivo antes impulsaba con mucha fuerza la revisión de esas sentencias y pedía la apelación de las domiciliarias. Pero hoy no está ese contrapeso sino todo lo contrario. Son nuevas sintonías entre el poder ejecutivo y el judicial. Las organizaciones de derechos humanos también tenemos nuestros abogados y la calle para movilizar. Nos vimos interpelados y generamos acciones para hacerle entender a la Justicia que por más que haya cambiado el gobierno grandes sectores de la población siguen movilizados para que haya juicio y castigo a los genocidas. La movilización del 24 de marzo fue enorme en todo el país. Pero también hubo una serie de actividades que se coronan con el escrache que se está organizando en Buenos Aires.
Hasta el año pasado, el proceso de Juicio y Castigo tenía una dualidad desde el punto de vista de su impulso. Por un lado estaba la pata institucional pero también la calle, el debate público y la movilización habían logrado instalar la necesidad de que los juicios avanzaran. Este nuevo escenario nos está forzando a poner más energía en la calle que la que veníamos poniendo en los últimos tiempos en donde quizás estábamos más enfocados, por ejemplo, en acompañar las audiencias.
¿Qué comentario merece el encarcelamiento de Milagro Sala?
I- Hace unos días se recordaba una consigna de los 80: ´por una navidad sin presos políticos´. Hoy estamos volviendo a esa consigna. Julio López sigue desaparecido y el caso de Milagro Sala es tremendo. Se mezclan algunas cuestiones de intentos de deslegitimación al gobierno anterior. Se busca deslegitimar una lucha.
J- El encarcelamiento de Milagro Sala da cuenta de una persecución política a los movimientos sociales. Al gobierno la fuerza sólo le alcanzó para avanzar en Jujuy, donde hay un gobernador que no tiene problema en vulnerar todos los derechos. Hay contradicciones dentro del gobierno porque no saben si frenarlo o no. Lo que pone de manifiesto es un atentado a la militancia política y social que pretendía organizarse para resolver los problemas que los Estados neoliberales jamás resolvieron. Además hay una serie de discriminaciones hacia ella porque es mujer, originaria y “pobre”. Hay una clarísima persecución política y judicial. Si fuera una voluntad netamente jurídica, el presidente tendría que estar preso.
N- Nosotros fuimos en diciembre del año pasado cuando la Tupac estaba tomando la plaza. Después hablamos con Milagro e hicimos denuncias internacionales. Todos los gobiernos democráticos tienen algún preso político, pero en el caso actual los presos políticos de Jujuy son realmente simbólicos. Son un llamado de atención para toda la sociedad porque se están atacando y demoliendo absolutamente todos los derechos del pueblo jujeño y de los presos, fundamentalmente de la Tupac, con Milagro Sala a la cabeza.
¿Qué significa el acceso a los archivos de la dictadura?
I- En estos días aparecieron archivos desclasificados, archivos nuevos. Eso siempre es importante. Es algo de mucho valor porque permite tener más información sobre cómo funcionaba el plan genocida. Fue una represión organizada estratégicamente desde el Estado, inclusive con participación internacional. Está claro pero pareciera que las pruebas nunca son demasiadas.
N- Nosotros fuimos invitados cuando se entregaron los archivos. Y ahora estamos pidiendo lo del Vaticano porque creemos que ahí hay mucho. Todo lo que sea acceso a cualquier tipo de archivo sirve en la medida en que podamos hacerlo conocer. Es importante que se sepan dos cosas que dijimos siempre. Por un lado, que tenían toda la documentación. Por otro lado, que teníamos razón y que jamás mentimos.
En 2016 fueron recuperados dos nuevos nietos. Los organismos siguen caminando…
I- Nuestro trabajo no se detiene en ningún momento. La lucha por los derechos humanos es una lucha que lleva adelante la sociedad toda, desde abajo hacia arriba. Uno puede contar con el apoyo de una política estatal como la que hasta hace un tiempo permitió que se den ciertos avances. Pero a veces uno tiene que ofrecer una resistencia mucho mayor. El trabajo continúa. Que sigan apareciendo los nietos y que se salde esa parte de nuestra historia es una cuestión importantísima. Lo que deseamos siempre desde Abuelas es que aquellos que tengan dudas sobre su identidad se acerquen a hablar con nosotros. Lo más importante sigue siendo poder encontrarnos con nuestros hermanos. Pueden ubicarnos en Facebook o en abuelas.org.ar. Hay que dar resistencia y hay que hacerlo juntos, entre todos los organismos y el mayor porcentaje de la sociedad. Hay que organizarse.
J- A pesar de que fue un año muy complicado para los sectores populares y para las organizaciones que pensamos en construir un país que tenga cada vez más justicia y más derechos, pudimos ponerle límites a este gobierno. Con un poco más de organización vamos a pasar a buscar las estrategias para volver a conquistar derechos.
N- Nuestra Argentina tiene una capacidad de resistencia que empezó hace 40 años con las Madres de Plaza de Mayo y con muchas otras organizaciones como la nuestra. Nosotros nunca nos quedamos afuera de los piquetes, de las tomas o de lo que fuera. Es lo que nos permitió seguir en la lucha durante tanto tiempo y crecer en un momento en el que las organizaciones de derechos humanos corren el riesgo de desaparecer.
Desde APDH tenemos organización a lo largo y a lo ancho del país trabajando en serio, por ejemplo, con el tema de los pueblos originarios. Desde 1997 hasta ahora peleamos contra el gatillo fácil. En 1998 denunciábamos la droga en Villa Gobernador Gálvez. En 1999 peleábamos contra los empresarios por los obreros que se morían en la construcción. Desde el 2004 peleamos por los presos políticos y mucho antes también, con Bértola y Quintero en los noventa. Peleamos por la tierra, por las casas. La cosa es integral. Hay que pelear las consecuencias que existen hoy de lo que pasó hace cuarenta años. Todavía nos está pasando. Y nos va a pasar hasta que el último tipo esté preso y hasta que el último nieto sea encontrado. Aquel al que le faltó su familiar porque lo desaparecieron, está siendo torturado desde el día que le faltó hasta hoy. Todavía no se habla de lo que le pasó a la sociedad como tal. Al tipo común, al de la esquina, al vecino. Es para seguir peleando.
1 comentario
Gracias, Enredando y Tomás Viú, por esta excelente nota sobre entrevista realizada!
Norma Ríos
Comentarios no permitidos.