La Asamblea Autónoma de Acompañantes Personalizados, de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, realizan un acampe en la sede rosarina. Repudian la detención de dos menores y exigen respuestas concretas al Ministerio de Desarrollo Social. Las historias de los pibes y las pibas dejan ver de qué forma interviene el Estado ante situaciones de vulnerabilidad.
Por Martín Stoianovich
Fotos: enredando
“No me voy a dejar pegar. No es así, que vengan y me peguen de cheto. Estuve todo golpeado, estuve en el IRAR y ni da para estar así”. Hay bronca en este chico, dos días después de que fue detenido en la puerta de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. La jueza de Menores, Dolores Aguirre Guarrochena dijo públicamente que el episodio del pasado 31 de octubre culminó con el pibe en dicha institución “para el resguardo de su integridad física y no por una cuestión punitiva”. Lo cierto es que se lo llevaron esposado, vestido solo con un pantalón y con cuatro policías a su alrededor. A raíz de este hecho, la Asamblea Autónoma de Acompañantes Personalizados, trabajadores de dicha Dirección del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, decidió iniciar un acampe para denunciar esta y otras problemáticas. De esta forma queda expuesta una vez más la precarización laboral, la debilidad de los dispositivos estatales de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, sumada a la violencia y estigmatización sufrida por los jóvenes.
“Los de Niñez siguen sin pasarnos cabida. Yo no sé qué tenemos que hacer. ¿Piquetes, romper todo? No, nosotros queremos que nos traten como nos tienen que tratar a todos los chicos”, dice M. en plena tarde durante el acampe en la puerta de la Dirección de Niñez, en cortada Ricardone 1345. Cuenta que en la comisaría le pegaron a él y a su amigo, que por ese motivo prendieron fuego los colchones a modo de protesta. Camino al IRAR –donde según la jueza lo llevaban para resguardar su integridad- lo amenazaron: “Me dijeron que si me veían de vuelta en la calle me iban a pegar y agarrar a cañazos”. “A todos los pibes nos tratan así”, dice.
En el acampe hay trabajadores de Niñez, organizaciones sociales, y otras personas que se acercaron para acompañar. Un equipo de sonido pasa música y los encargados de decidir qué canciones se escuchan son los propios pibes.
Cuando Gustavo Pena, “El Príncipe”, un cantautor uruguayo que murió hace más de diez años escribió su poesía titulada “Cómo que no”, seguramente no se imaginó que el tema sería apropiado por una banda de cumbia argentina. “La Liga”, hizo de esas líneas una suerte de himno que a los pibes de las barriadas les gusta escuchar y cantar de forma reiterada. Por su letra y la resignificación que se hizo de ella alejándola del candombe y la juventud uruguaya y acercándola a las realidades de estos lados.
“Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas. Entran y salen las penas, de su niño corazón”, cantan ahora en la puerta de Niñez. Después rapean, gritan, se ríen. Mientras, los acompañantes hablan de las distintas situaciones que atraviesan ellos como trabajadores y los niños, niñas y adolescentes como sujetos de estos dispositivos del Estado provincial.
La Asamblea Autónoma de Acompañantes espera negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para analizar así cómo seguir con sus reclamos, que abarcan distintas aristas. Sobre el episodio del 31 de octubre, consideran que fue una “detención arbitraria, ilegal e ilegítima de dos adolescentes”, que “es un síntoma de lo que venimos denunciando históricamente: la falta de lugares de alojamiento adecuados según la ley provincial Nº 12967 (de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y el estado de precariedad y abandono de los ya existentes”.
“Además de la insuficiencia y mala distribución de las partidas presupuestarias asignadas. Entendemos que esto es así por decisiones políticas de los funcionarios responsables del área ya que priorizan convenios con clínicas privadas que sostienen prácticas y lógicas carcelarias y manicomiales”, dicen en un documento difundido durante el acampe. Sobre este aspecto, critican la falta de instituciones disponibles para alojar a niños, niñas y adolescentes según las problemáticas por las que atraviesan, y que en cambio el presupuesto se destine a instituciones privadas u hospedajes como hostels u hoteles, donde los chicos no son contenidos.
A esta suma de críticas se le agrega la situación de precarización laboral que padecen los acompañantes: son más de doscientos trabajadores en negro, que cobran 66 pesos la hora.
Casos testigos
Las situaciones denunciadas por los trabajadores encuentran sentido en ejemplos concretos que ponen de manifiesto distintas irregularidades que tienen al Estado provincial como responsable.
El 29 de diciembre de 2015 asesinaron a tiros a un pibe en el barrio Villa Banana. Los autores del hecho, sindicados como parte de una banda que controlaba en la zona el menudeo de drogas, pasaron en moto por una calle donde había un grupo de amigos en la vereda. Las balas mataron a Leonardo e hirieron a D. de 15 años. El chico que sobrevivió, además guardar en la memoria el momento en que matan a su amigo, estuvo internado en terapia durante veinte días. A partir de febrero está siendo acompañado por una trabajadora de la Dirección de Niñez.
“El acompañamiento es en el territorio, con la familia y su entorno para lograr constituir lo que está faltando para que el derecho que se está vulnerando al joven se pueda empezar a cumplir”, explica la trabajadora. En este caso, el contexto de violencia no se da en la familia, pero sí en el barrio por el cual el chico circula cotidianamente. La acompañante habla de fallas no solo en el Ministerio de Desarrollo Social por no garantizar trabajo social en el primer nivel de intervención a través de las instituciones estatales que hay en el barrio. También falla el Ministerio de Salud por no garantizar acompañamiento psicológico y un tratamiento para reducción de consumo para el chico, que desde entonces se refugió en otra banda “para sentirse seguro”. Además, hay críticas al Ministerio de Justicia por no profundizar en las denuncias públicas que se desprenden del conflicto barrial. “El Estado vuelve a tener ausencia o no querer una presencia real, y nosotros los acompañantes personalizados seguimos haciendo malabares”, dice la trabajadora.
Otro caso se da en la zona oeste. Una niña de dos años es retirada a su madre por nacer prematura luego de un intento de aborto. “A ella se la condena moralmente por esta situación, le quitan a la nena y la Dirección de Niñez la lleva a una institución”, dice la acompañante a la que se le designó el caso. La madre de la niña es considerada inepta para su rol, aunque los informes psicológicos y psiquiátricos que se le realizan dicen lo contrario. En el caso intervino la Defensoría de los Derechos del Niño y luego de un tiempo la niña y su mamá volvieron a vivir juntas. Lo llamativo son las condiciones: tiene que ser en una vivienda sostenida por la madre. Y ahí están los problemas, porque se trata de una mujer en situación de vulnerabilidad que además tiene otra niña, de siete años. La intervención del Ministerio de Desarrollo Social, entonces, se da a partir de la acompañante con tres encuentros semanales de cinco horas y un subsidio de 4000 pesos para un alquiler de 3200. “Es un claro ejemplo de cómo se individualiza la intervención hacia la niña cuando está intervenida por la Dirección, pero cuando está con la madre se la deja totalmente sola”, dice la acompañante.
En otro caso, nuevamente hay una joven, madre de gemelas, y la decisión de quitarle la tenencia. A la madre la enviaron a un hostel, a las niñas a un hogar. Mientras se esperaba una intervención sólida, con articulación con otras instituciones y ministerios, la joven pasó sus días en el hospedaje y en la calle sin que fueran atendidos sus problemas de consumo de sustancias. “Mientras esperábamos respuestas, la chica se fue del hoste. Nos enteremos que esta madre adolescente, que debíamos proteger como dice la ley, cometió un delito y hoy está detenida en la Comisaría 7ma”, cuentan las acompañantes.
“Esta situación es particular porque da cuenta de la ineficiencia y falta de recursos para abordar problemáticas de género y de consumo de sustancias. A muchos adolescentes se los manda a hostels, sin ningún tipo de contención, conviviendo con otras personas, compartiendo habitación, demandándole que vaya a la escuela y deje de consumir sin ningún tratamiento”, dicen las trabajadoras. Por eso, una de las demandas de la Asamblea Autónoma de Acompañantes es la formación de un equipo especializado en violencia de género que acompañe a los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Niñez, como así también exigen que se trabaje en profundidad los problemas de consumo.
Estas historias se unen a otras ya contadas en otros momentos, en los que hay casos que llaman la atención por la desarticulación entre distintos niveles e instituciones del Estado. Los convenios con instituciones privadas, como clínicas u hogares, son decisiones fuertemente criticadas. No solo por el presupuesto gastado por día, que se cuenta de a miles de pesos, cuando podría destinarse de forma integral a la intervención de instituciones estatales. Sino también por las prácticas que allí se realizan. “Manicomiales y carcelarias”, dicen los trabajadores sobre la práctica de encierro y castigo a la que se somete a jóvenes víctimas de la violencia y el consumo. En estos conflictos, en estas denuncias concretas al Estado, y en estas historias, se asoma la explicación a la compleja situación que viven las pibas y los pibes más vulnerados.
