Las abogadas de la APDH reiteraron su pedido ante el TOF N°2 tras la resolución de la Cámara de Casación Penal que afirma que dicha detención ya se debería haber ejecutado y que la peligrosidad del ex capellán de la policía rosarina en dictadura “no había sido correctamente evaluada” por los jueces. El cura está procesado por 14 casos de privación ilegal de la libertad en la causa conocida como Feced III, que ya fue elevada a juicio oral.
Por Carina Toso
Foto: Claudia Nigro
[dropcap]U[/dropcap]na vez más, el nombre del ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura, Eugenio Zitelli, resuena en los pasillos de los Tribunales Federales de Rosario. Una vez más, las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitaron la inmediata detención del sacerdote que acompañó a Agustín Feced y a su patota en su terrorífico accionar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo. Una vez más el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF N°2) escuchó el argumento de que existen posibilidades de concretas de fuga por parte del “Gringo”, su alías allá por la década del ’70.
La presentación la realizaron esta semana Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini y Luciana Censi, abogadas de la APDH y parte querellante en el marco de la elevación a juicio oral de la tercera parte de la megacausa Feced. Este mismo pedido ya lo habían realizado en abril de este año cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (CFAR) revocó la excarcelación de Zitelli, que le había sido otorgada en 2010 y tras el pago de una fianza de 50 mil pesos.
Según informaron las letradas, en esa oportunidad el tribunal oral tomó la decisión de esperar “hasta tanto la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) se expidiera al respecto, a pesar de que la misma ya había advertido que la peligrosidad de Zitelli no había sido correctamente evaluada. Finalmente, la CNCP resolvió acorde lo sostenido por la querella, manifestando que el TOF debió resolver en su oportunidad”.
Por lo tanto, las abogadas de la APDH solicitaron nuevamente la inmediata detención del cura en base a la resolución de la Cámara de Casación Penal dictada el 7 de octubre de este año, firmada por los jueces Pedro David y Alejandro Slokar. “Entendemos que resulta urgente la necesidad de dictar la prisión preventiva de Zitelli, la peligrosidad de fuga del procesado aumenta exponencialmente con la cercanía del juicio oral y la inminencia de la probable condena penal que recaerá sobre el mismo”, argumentaron las abogadas en el escrito presentado ante los jueces rosarinos.
Consideran además que el ex capellán “posee los medios necesarios para profugarse, que ha permanecido impune por cuatro décadas gozando de la protección de la Iglesia a pesar de las numerosas denuncias realizadas ante esa institución por sus víctimas” y critican la demora de siete meses del TOF2 en tomar una decisión en cuanto a la detención del sacerdote, a pesar de que la Cámara de Casación Penal se había expedido sobre este aspecto.
“Las víctimas han esperado demasiado tiempo para acceder a un juicio, como para poner en riesgo la realización del mismo respecto de Zitelli en las puertas de la audiencia oral”, agregaron.
En cuanto a la modalidad de la detención, el pedido aclara sea en una cárcel común, sin ningún tipo de privilegio, ya que se espera que el abogado defensor del cura, Eduardo Romera interponga el pedido de prisión domiciliaria. Solamente se evaluaría aceptar esta condición en caso de “gravísimas situaciones de salud, debidamente acreditadas mediante junta médica con control de partes”.
Desde 1984, distintos organismos de derechos humanos, vienen denunciando el accionar del ex capellán en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de Dorrego y San Lorenzo, y su colaboración con las fuerzas represivas. Eugenio Zitelli, fue capellán de policía desde agosto de 1968 hasta diciembre de 1977, cuando fue ascendido al cargo de oficial principal y trasladado a la Unidad Regional IV de la provincia de Santa Fe.
Muchos de los detenidos en el SI en aquellos años, que hoy son testigos de varias causas por delitos de lesa humanidad, aseguraron que el cura fue visto en ese edificio tomando confesiones y llevando estampitas.
En 2012 Zitelli fue procesado por el juez federal Marcelo Bailaque por 14 casos de privación ilegal de la libertad en la causa conocida como Feced III. A mediados de agosto de 2015, tomó la decisión de llevar a juicio oral al ex capellán, junto a una decena de otros imputados en esta causa. Este proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) de Rosario.
“La responsabilidad de Zitelli en los tormentos es clara y a estas alturas del desarrollo de los juicios por el accionar genocida. En el caso particular de Zitelli, entendemos que el procesado debe ser imputado por los tres nuevos casos objeto del presente pedido, y detenido para garantizar que no se sustraiga a la acción de la justicia y ante el temor de una fuga”, concluyeron las abogadas de la APDH.
Actualmente Zitelli vive en el Instituto Cristo Rey de la localidad de Roldán, en libertad bajo fianza. En 2010 se había ordenado su prisión domiciliaria que cumplió en una casa de retiro de la iglesia en Zavalla, pero tras una presentación de su abogado, Eduardo Romera, y tras el pago de 50 mil pesos a su nombre, se le otorgó la excarcelación.
El Vaticano ordenó la apertura de los archivos de la iglesia sobre la dictadura
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el Vaticano anunciaron harán público parte del archivo eclesiástico del periodo comprendido entre 1976 y 1983, en el que rigió en el país la última dictadura cívico-militar.
Según informaron las agencias nacionales de noticia, el material se pondrá a disposición de «víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también de sus superiores mayores», anunciaron el Episcopado y El Vaticano en un comunicado conjunto. «De acuerdo con un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos referidos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores», se indicó.
«Es cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que podría haber hecho y pedimos perdón”, afirmó el presidente de la CEA, José María Arancedo.
Por su parte, desde Madres y Abuelas de Plaza de Mayo celebraron la apertura de estos archivos y consideraron que aportarán «verdad» y «luz» a su lucha.
«Es una respuesta que esperamos desde hace mucho tiempo» para «poder aportar a nuestra lucha más verdad, más luz y posibilidades de alguna señal que nos permita seguir encontrando a nuestros nietos», dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, agregó que muchos sacerdotes «fueron parte del terrorismo de Estado» porque «entraban en los campos del horror y salían de ahí sin decir una sola palabra de lo que veían». «No es solamente complicidad, es integrar ese mecanismo del horror que vivimos», esa época tan siniestra y tan dolorosa para todo el pueblo argentino», aseguró.
Responsabilidades de integrantes de la iglesia católica durante la dictadura
En el informe 2016 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el capítulo dedicado al análisis de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, realiza un apartado sobre las responsabilidades de la iglesia católica durante la última dictadura militar. Y aunque en las catedrales, puertas para adentro, no les gusta hablar de responsabilidad y complicidad, esas son las palabras correctas para analizar en muchos casos la participación de las altas cúpulas eclesiásticas por aquellos años de terror.
En dicho informe, afirma que según una investigación del historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede, unos “102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos”. Este número contrasta con los sólo nueve religiosos implicados en causas judiciales por delitos de la dictadura, entre ellos Eugenio Zitelli. Christian von Wernich es el único ex capellán condenado por delitos de lesa humanidad.
Hasta ahora, la iglesia católica no había aportado información que contribuya al esclarecimiento de los crímenes ni de la participación y la responsabilidad de sus integrantes. La única excepción fue la entrega en 2014 de dos documentos: una carta y un informe titulado “Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos”, los curas de Chamical asesinados el 18 de julio de 1976. Los escritos habían sido remitidos ese año por monseñor Enrique Angelelli a Pío Laghi, quien entonces estaba a cargo de la Nunciatura Apostólica en la Argentina. Los documentos fueron incorporados como prueba a través del Obispado de La Rioja, querellante en el juicio por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli realizado en esa provincia durante 2014, según detalla el informe del CELS.
