El caso de Yamila en Rosario, Belén en Tucumán, Carla en Pilar, presentan factores comunes: médicos y médicas que violentan pacientes, acusan, denuncian a la policía, vulneran el derecho al secreto profesional. Una justicia que imparte condenas disciplinatorias, siempre apuntando a las mujeres pobres. En esta nota, la gran labor que desarrolla la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y la mirada de una abogada feminista, Analía Aucía.
Por Laura Charro
Foto: Desinformémonos
[dropcap]E[/dropcap]n marzo del año 2014 una joven llega al Hospital Avellaneda de la capital tucumana con fuertes cólicos estomacales. Allí sufre un aborto espontáneo. Dijo desconocer que estaba embarazada. No le creen. Una enfermera encuentra un feto muerto en uno de los baños del hospital y dice que es de la joven. A ella sí le creen. Lxs médicxs hacen la denuncia policial y vulneran el derecho al secreto profesional. La joven queda detenida. Nunca regresa a su casa, va directo del hospital a la cárcel. La justicia caratula la causa inicialmente como “aborto seguido de presunto homicidio” – una incoherencia semántica en sí misma – y luego como “homicidio doblemente agravado por el vínculo.” Nunca se pudo relacionar ese feto encontrado con el aborto espontáneo. No hubo autopsia. La condenan a 8 años de prisión. En agosto de 2016 – más de dos años después- y gracias a la acción del movimiento de mujeres a nivel nacional, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y el trabajo incansable de su abogada, queda en libertad y a la espera de que la Corte revise la condena. Su nombre ficticio se convirtió en bandera y consigna de lucha #LibertadParaBelén.
“Carla” tiene 20 años. En la madrugada del 31 agosto de este año llegó al Hospital Sanguinetti en la localidad bonaerense de Pilar por haber tenido una pérdida. Ingresa por guardia con hemorragias y dolores fuertes. Queda internada. El médico verifica que cursaba un embarazo. La denuncia a la Policía acusándola de haberse realizado un aborto y violando su deber ético y legal de guardar secreto profesional . La violentaron preguntando “¿dónde dejaste el feto? van a allanar tu casa para buscarlo”. El movimiento de mujeres se presentó de inmediato en el Hospital exigiendo cancelación de cualquier tipo de acción policial para Carla, quien ya tenía custodia policial estando internada.
Es de Rosario y hoy tiene 23 años. Su nombre es Yamila. Con un embarazo en curso y separada de su ex pareja por sufrir violencia de género, mantenía su embarazo en secreto. En ese momento tenía 19 años. Sufre una hemorragia que desemboca en un aborto espontáneo en su casa. Dolorida y en estado de shock cree que el recién nacido había perdido la vida. Su padre la encuentra y la lleva a un hospital de la ciudad. Realizan una denuncia y queda detenida. Pasa 8 meses en prisión. El Juez considera que no había delito y logra su libertad. En el 2014 se revisa la causa y en mayo del 2015 la jueza Delia Paleari considera que la joven sí había cometido un delito. Le ordena prisión domiciliaria. La está cumpliendo desde hace 10 meses. La nueva fiscal pide 18 años de cárcel, acusada de “abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo”. El movimiento de mujeres local exige su libertad inmediata.
Tres casos – de tantos otros-. Tres mujeres. A pesar de sus diferencias tienen llamativos factores comunes: médicos y médicas que violentan pacientes, acusan, denuncian a la policía, vulneran el derecho al secreto profesional. Una justicia que imparte condenas disciplinatorias, siempre apuntando a las mujeres pobres que acuden a hospitales públicos, desconociendo hasta las mismas legislaciones vigentes en materia de aborto legal en Argentina. A este panorama se agrega la constante puesta en duda de la palabra de la mujer ante abortos espontáneos- situaciones de absoluta vulnerabilidad física y psicológica de las mujeres – y la omisión absoluta por parte de la Justicia de algún tipo de responsabilidad del hombre partícipe de una situación embarazo. Aquel que parece en estos casos estar libre de toda acusación y responsabilidad, absolutamente fuera de la escena.
El secreto
El llamado “secreto profesional” es una obligación de los y las profesionales de la medicina, que se traduce en el derecho a la Confidencialidad dentro de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Con Belén, Carla y Yamila tanto “la debida reserva” mencionada en la ley como el “trato digno y respetuoso” son omitidos. En ninguna de dichas acciones hay ingenuidad.
“El profesional no tiene ninguna obligación de denunciar situaciones de aborto; todo lo contrario. Lo que tiene que hacer es respetar el derecho del secreto profesional que es lo que se viola en casi todas las situaciones que vienen saliendo a la luz. Hacen público algo que es un secreto, sobre todo con mujeres que llegan en condiciones, la mayoría, crítica, en donde se está en riesgo su vida”, dijo María Paula Botta al ser consultada por enREDando, médica generalista, integrante activa de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
La omisión de las leyes vigentes no es sólo un accionar de algunxs profesionales dentro de los efectores públicos de salud, es también propio de la Justicia que lo hace ante casos de abortos por causales o abortos legales. El Código Penal detalla situaciones específicas en las que una mujer puede llevar adelante un aborto, de forma segura y sin estar cometiendo delito alguno. Esta negligencia del ámbito judicial apunta a la criminalización de las mujeres. Pero no de todas las mujeres. Otra vez, las acusadas son las mismas: las mujeres pobres.
Por su parte, Analía Aucía, docente y Directora del Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la UNR, al respecto de las posturas y debates que se generan en torno a la temática del aborto y en entrevista con enREDando, remarca: “cuando se está en contra del aborto legal, se está a favor del aborto ilegal. Porque el aborto nunca se va a dejar de practicar. La interrupción del embarazo es tan antigua como la existencia de la humanidad. No es que estar en contra de generar las políticas de salud y jurídicas para que se puedan llevar a delante las interrupciones legales del embarazo va a frenar las prácticas. No. Eso no ocurrió nunca ni va a ocurrir.”
Una cuestión de suerte (o dinero)
“Las mujeres que pueden pagar un servicio privado – para realizarse un aborto – lo hacen por ese circuito y tienen los resguardos de ese circuito protegido de salud. Esas prácticas dejan muchas sumas de dinero a profesionales que lo practican en el ámbito privado”, explica Analía y agrega “el aborto está solo penalizado en argentina para las mujeres pobres. Las mujeres que recurren a los servicios públicos de salud alegando algunas de las causales que están permitidas en el Código Penal se encuentran con una diversidad de respuestas según el profesional que le toque. Es una cuestión de suerte. Y la salud y los derechos no pueden ser una cuestión de suerte porque están regulados y las leyes están para cumplirlas.”
María Paula, en esta misma línea y desde su experiencia cotidiana como profesional de la salud, dice que “siguen siendo las mujeres pobres las que abortan clandestinamente, las que se criminalizan, las que se mueren y las que en peores condiciones terminan. Otras mujeres pagan diez o quince mil pesos en sanatorios privados. Y ahí desaparecen los objetores. Los mismos que objetan en el sistema público, en el privado son quienes hacen los abortos y los hacen mal. Usan métodos que no tienen que usar, aplican medicaciones que no tienen que hacer y las mujeres sufren mucho.”
Compromiso profesional en red
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se conforma a nivel nacional el 28 de Septiembre del año 2014, en el marco de Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina. Está integrada actualmente por 580 profesionales de todo el país de los cuales 40 aproximadamente se encuentran en Rosario.
En constante articulación con las mujeres militantes de Socorristas en Red, se comprometen desde la acción y en sus espacios de trabajo cotidianos en el ámbito de la salud, para llevar adelante las estrategias necesarias que garanticen el derecho de las mujeres al aborto legal, sin maltratos, denuncias o estigmatización en los Hospitales públicos y Centros de Salud. Participan en las reuniones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, exigen mayor capacitación al respecto en las universidades, referencian a las mujeres a los Centros de Salud donde hay colegas que garantizan derechos y funcionan como red nacional de denuncia ante malas prácticas de profesionales en la atención de mujeres como Belén, Yamila o Camila.
Quienes integran la Red – como María Paula – cuentan con la información necesaria para derivar a las mujeres a lugares donde haya profesionales que garanticen el derecho a la práctica del aborto establecida en el Código Penal y en el protocolo correspondiente del Ministerio de Salud de la Nación del año 2015. En el panorama provincial y municipal “si bien, en la mayoría de los Centros del Salud hay médicos y médicas que garantizan la interrupción legal, hay también objetores de conciencia declarados y encubiertos. Entonces, en relación a la accesibilidad, podes cruzarte con quien la garantice o no. Si no la garantiza hay algunxs que derivan a quienes lo hacen y otrxs que dicen que “lo que estás haciendo es matar una vida…”, lo cual es una barrera que siempre termina explotando en otro lugar. Las mujeres ya van conociendo en los Centros de Salud quienes o no garantizan el derecho al aborto”.
El trabajo militante y necesario de la Red aun tiene camino por recorrer. María Paula explica que “si bien seguimos diciendo que el aborto es legal por causales, sabemos que hasta que no sea voluntad de la mujer hay un montón de limitantes que nos impiden llegar a todas las mujeres y que puedan decidir realmente. Seguimos siendo las médicas y médicos lxs que definimos si la mujer entra o no en un causal y no la mujer.”
