No habrá juicio abreviado para uno de los policías involucrados en el asesinato del joven de 23 años, ocurrido en enero de 2015. La medida sienta un precedente para los demás casos de homicidios en donde están involucradas las fuerzas de seguridad. Un paso más logrado por la organizaciones sociales, políticas y académicas que cuestionan el accionar policial y judicial.
Por Martín Stoianovich
En la audiencia del pasado lunes 5 de septiembre la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocó el acuerdo abreviado que en mayo pasado había firmado el juez Gonzalo López Quintana para condenar a uno de los policías involucrados. Alejandro Gálvez, un agente de la Policía de Acción Táctica de 22 años, había recibido la pena de tres años de prisión por el delito de abuso de arma agravado por la función pública, tras un acuerdo impulsado por el fiscal de Homicidios Adrián Spelta y apoyado por el fiscal Regional, Jorge Baclini. El reciente fallo de la Cámara Penal se instala como un alivio para la familia Herrera, que viene hace tiempo exigiendo el juicio oral y público para todos los involucrados en el hecho. De esta forma buscan garantizar el esclarecimiento del asesinato de Jonatan, sucedido el 4 de enero de 2015. Pero, sobre todo, la negativa a este abreviado se planta como un precedente para el resto de los casos de homicidios en donde está involucrado el Estado a través de sus fuerzas de seguridad. Ahí se afirma lo destacable de este hecho, impulsado en parte por la movilización de organizaciones sociales, políticas, gremiales y académicas, que lograron incidir en las decisiones judiciales y políticas.
Aquel día de enero Jonatan fue asesinado por balas policiales mientras se escondía de un tiroteo activado por el Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica tras una breve persecución a un presunto ladrón. Jonatan, que estaba lavando el auto en la puerta de su casa, fue alcanzado por tres balas y murió a los pocos minutos. Por el hecho se acusó a otros tres agentes de la PAT, además de Gálvez, que en un principio fue imputado por tentativa de homicidios y luego se le cambió la calificación. A Ramiro Rosales se le imputó homicidio calificado, por ser el autor de uno de los disparos mortales, delito por el cual se le pidió pena de prisión perpetua. Por su parte, Luis Sosa y Francisco Rodríguez, fueron acusados por tentativa de homicidio con pedido de doce años de prisión para la Fiscalía y de 14 años por parte de la querella que representa a la mamá del joven. El paso del tiempo, atravesado por reclamos por falta de investigación, llevó a que Spelta sumara otra imputación, la de la agente del Comando Radioeléctrico, Gladys Galindo, debido a que nuevas pericias balísticas determinaron que el otro disparo mortal que recibió Jonatan podría venir de su arma.
El abreviado para Gálvez significaba -para la familia Herrera, la querella y la multisectorial de organizaciones que la acompaña- un freno al esclarecimiento del hecho. Y una posibilidad de consumar la impunidad si los ribetes judiciales durante el juicio oral y público que se avecina terminan por develar la responsabilidad de cada involucrado. “Resolver la situación del agente Gálvez, originariamente imputado por el delito de Homicidio, a través de un juicio abreviado y por otro delito al investigado (abuso de armas agravado) afecta gravemente el derecho de la víctima a una efectiva averiguación y reconstrucción de la verdad”, dijo la querella en la apelación al abreviado firmado por López Quintana. “Nadie dispara contra la nada”, agregaron además dejando en claro uno de los datos que arrojó la investigación: en la línea de tiro de Gálvez el único blanco posible era Jonatan Herrera. El análisis del juez Daniel Acosta aclara la postura que devino en la revocación del abreviado: “La Fiscalía describe que no ha quedado acreditado que el encartado (Gálvez) hubiera disparado hacia la víctima, pero reclama una condena por un delito que prevé el disparo contra una persona”. “Se han plasmado numerosas contradicciones”, consideró Acosta en los fundamentos adheridos por la jueza Carina Lurati para declarar inadmisible el abreviado, a pesar de la abstención de Carlos Carbone.
Si vale la pena resaltar estos aspectos es porque realmente este suceso puede servir como precedente para otros casos en donde se investigan asesinatos a manos de la policía. Las trabas en las investigaciones, muchas veces impulsadas siguiendo las versiones de la policía autora de los hechos, son moneda corriente en los llamados casos de gatillo fácil. Los abreviados, por lo tanto, son una de las herramientas para evitar ahondar en el esclarecimiento de estas prácticas que esconden el accionar más cuestionable de las fuerzas del Estado y su aparato judicial.
Bajo esta postura desde la multisectorial de organizaciones que acompaña a la familia Herrera, que trabaja a la par del equipo jurídico, intentaron interpelar a las autoridades judiciales con distintas iniciativas. Por un lado una fallida reunión con el fiscal Regional Jorge Baclini, quien terminó adhiriendo al abreviado buscado por Spelta. Pero por otro lado, a partir de reuniones con el fiscal General Julio De Olazábal, se dieron a conocer instrucciones dirigidas a los fiscales sobre el uso de acuerdos abreviados en casos de violencia institucional que van en consonancia con el caso Herrera. El planteo de De Olazábal es que no se deberían cambiar las calificaciones de los imputados si se va a buscar un acuerdo.
“Estamos consiguiendo lo que desde un principio pedimos. Estoy un poco más tranquila porque sé que las cosas se están haciendo como corresponde. Tenemos una tarea muy dura de ahora en adelante para luchar y conseguir la verdad de ese día”, dijo después de la última audiencia María Elena Herrera, mamá de Jonatan. Cintia Garcilazo, abogada querellante, por su parte declaró que “sin la lucha de las organizaciones en estos casos y sin la bandera de la familia Herrera el caso se resolvería de otra forma”. “Vamos por lo que sigue que es llegar al juicio oral con la mayor cantidad de policías posibles respondiendo por el crimen de Jonatan”, agregó.
Cambiando el paradigma de la administración de justicia en casos de Violencia Institucional
El contexto de violencia que vive Rosario desde hace algunos años vino con el crecimiento de una de sus tantas aristas: el asesinato de jóvenes pobres a manos de las fuerzas de seguridad. Más de treinta en los últimos dos años y medio y prácticamente nulos esclarecimientos sobre la mecánica de los hechos. Escenas manipuladas con pruebas plantadas, o simplemente falta de investigación, son los relatos que se ponen en común en los familiares de las víctimas. Aspectos que se traducen en la impunidad como descripción del estado en que quedan esos hechos.
Desde la vuelta de la democracia hubo organizaciones sociales y políticas recopilando casos de violaciones de los derechos humanos y denunciando las prácticas del terrorismo de Estado ya perpetuadas en la historia reciente. Y así fue creciendo el lazo con familiares de víctimas, superando obstáculos y apostando a la unidad para fortalecer la pelea contra la impunidad. Un proceso que con la misma dinámica se vuelca en otros ámbitos. Por un lado el rol comunicacional desde los medios alternativos -y también desde el destacable trabajo de periodistas en los grandes medios- para declinar las versiones oficiales mimetizadas en el relato policial. Pero también desde lo institucional, en los pocos cargos públicos que aportan a la pelea desde adentro.
“En Santa Fe queremos una defensa pública autónoma y comprometida con los Derechos Humanos”, decía el cartel que mostraron –entre otros actores- los familiares de los pibes asesinados por la policía en los últimos años. Fue en apoyo al defensor general Gabriel Ganón, sobre quien pesa un pedido de destitución por parte del senador provincial Lisandro Enrico. En este proceso de aumento de casos de violencia institucional en la provincia de Santa Fe, la defensoría pública se afirmó como un referente en el relevamiento de datos y asesoramiento a víctimas y familiares de víctimas. “Les fastidia que les hayamos tendido la mano a las víctimas para que puedan ser escuchadas, porque han estado siempre silenciadas”, dijo Ganón en una reciente conferencia en la que recibió también el apoyo de funcionarios locales, provinciales y nacionales, refiriéndose a un entramado político, judicial y policial que podría estar detrás del pedido de destitución.
Estos aspectos, desde la negativa al abreviado de uno de los policías que mató a Jonatan Herrera, hasta el apoyo de los familiares de las víctimas de la violencia institucional a la defensoría pública, hablan de la continuidad de un proceso de organización. Que el trabajo de los distintos movimientos sociales junto a los familiares de las víctimas repercuta en planos institucionales, pone sobre la mesa un necesario cambio de paradigma en la administración de justicia en casos de violencia policial.
