Las madres de los pibes asesinados por la policía en distintas provincias dieron su testimonio en el Festival a 1 año de la desaparición forzada de Pichón Escobar. Entre ellas, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, encendió palabras llenas de fuerza y contundencia. «Tenemos que seguir con la frente en alto. Esto se tiene que acabar, por todos los pibes. Porque siempre digo, Luciano y los chicos no están muertos, ellos morirán cuando nosotros dejemos de luchar.”
Por María Cruz Ciarniello
«Les vamos a respirar en la nuca. Nos vamos a caer pero también nos vamos a levantar» expresó el domingo pasado, a un año de la desaparición forzada de Gerardo Escobar, la mamá de Luciano Arruga. Mónica Alegre se presentó sobre el final de su exposición. “Soy una mamá orgullosa de un negro villero que se negó salir a robar para la policía”. Su tono de voz enérgico silenció a una plaza colmada. Es que sus palabras además de ser taxativas fueron una inyección de fuerza para las otras mamás que compartieron el panel sobre Violencia Institucional en democracia. “Vamos mamás, no me lloren, no me bajen los brazos, porque tenemos que seguir con la frente en alta. Esto se tiene que acabar, por todos los pibes. Porque siempre digo, Luciano y los chicos no están muertos, ellos morirán cuando nosotros dejemos de luchar.”
El caso de Luciano Arruga es emblemático. La violencia policial, la complicidad judicial y su lenta respuesta, todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos se enmarcan en lo que fue la desaparición forzada de Luciano Arruga. Tuvieron que pasar cinco año y ocho meses para que finalmente su cuerpo pudiera ser encontrado. Saber qué pasó con Luciano, después de todo. Luciano, el pibe de Lomas del Mirador, fue encontrado en el cementerio la Chacarita. Estaba enterrado como NN luego de haber sido atropellado por un automóvil. Pero lo suyo no fue un accidente aunque así intenten disfrazarlo.
A Luciano lo mató la policía. Lo desapareció primero, lo torturó. Fue obligado a trabajar para delinquir. Para ser parte de una maquina que explota, exprime, utiliza y desecha a los jóvenes de los barrios populares, de las villas. Muy pocos pueden zafar. Muchos otros, cientos, mueren en ese intento por escapar de las redes delictivas que teje y desteje la policía a su antojo, bajo la mirada cómplice de un poder judicial clasista y racista. Luciano lo intentó. Se negó a robar para ellos y por esa razón fue asesinado.
Pero su historia –la misma que parió una lucha tan emblemática como su desaparición- no es la única. Por el contrario, se repiten situaciones y mecanismos perversos de actuación policial y judicial. En Buenos Aires pero también aquí, en la ciudad del río Paraná.
Franco, Pichón e Ismael: el rio los trae
Nancy Sosa es la mamá de Ismael, el pibe que fue arrojado sin vida en las aguas del lago en Villa Rumipal, Córdoba. Su único delito fue ser joven. Salir a divertirse, disfrutar de un recital de la Renga y tratar de defender a otros pibes verdugueados por la policía de la provincia de Córdoba, otra de las malditas policías que carga con altas estadísticas por violencia, asesinatos y abusos.
La última vez que se lo vió a Ismael con vida fue durante el primer control policial. Dos días después aparece muerto.
Nancy habla y su relato intenta encontrar las respuesta que la fiscalía le niega. Ella es la impulsora de una investigación hecha a pulmón. Nancy viajó desde Merlo, pcia de Buenos Aires, hasta Córdoba para tratar de saber qué pasó con su hijo aquella noche. Y de tanto buscar, de tanto insistir, Nancy pudo recoger algunas respuestas. Las mismas que encuentran otros familiares de otros pibes muertos bajo balas policiales, en supuestos accidentes que no son tales, golpeados hasta el hartazgo.
A su hijo también lo mató la policía, asegura Nancy. Ya sin vida lo tiraron al Lago para que su cuerpo no deje evidencias. No lo lograron. El cuerpo de Ismael fue encontrado dos días después flotando en el Embalse Río Tercero. “El estuvo desaparecido pero lo matan esa misma noche, y lo tiran al lago. Hay testigos. Después lo sacan del agua, lo llevaron para el lado de Calamuchita, lo quisieron poner en una morgue, lo dejaron afuera para que se descomponga el cuerpo, volvieron a tirarlo al agua, el cuerpo flota y lo encuentra un hombre”, relata con detalles Nancy. Aferrada a una carpeta, la mamá de Ismael comparte junto a otros familiares la jornada en Rosario. Y al igual que ellos, organiza y moviliza en su barrio, los reclamos de justicia por Ismael. La causa judicial está archivada, y la lucha de toda su familia es poder reabrirla. “Yo empecé a investigar mucho, mi hijo tenia golpes, me dijeron que eran de las piedras del agua, pero el lago no tiene movimiento, es artificial, no tiene movimiento. Mi hijo no murió ahogado, a él lo mató la policía justamente por no callarse, por reclamar sus derechos. Después salieron a decir que mi hijo estaba borracho y drogado, se le hicieron los estudios y no estaba así. Yo fui a Córdoba, yo fui al lago, yo me recorrí todo, hable con la gente, la gente tiene miedo, no quieren hablar, pero los vecinos del lugar saben que hubo muchos chicos lastimados.”
Con Ismael hicieron lo mismo que con Franco Casco y Gerardo Escobar: el “algo habrá hecho”, es la marca registrada de la versión policial, y la primera que se difunde en los medios masivos. Si no hay movilización detrás o una familia dispuesta a salir a desmentir las versiones estigmatizantes, esa es la voz que se impone. Y el caso se archiva fácilmente. El poder judicial en casos donde hay una clara actuación de las fuerzas represivas del Estado juega una carta fundamental: la de ser su cómplice. No hay fiscales que se pongan del lado de las víctimas ni de los familiares aunque su deber sea el de investigar y encontrar respuestas para que finalmente haya justicia por el crimen.
“Que las denuncias por hechos como el de Luciano Arruga, que recaen sobre la policía, no lleguen a “palacio” son demasiado frecuentes como para considerarlas error o exceso. Si logran ingresar, será poco probable que sobrevivan a la indolencia del archivo o al desperdicio de un tiempo que en Tribunales se mide en plazos, pero que las víctimas cuentan en angustia. Incluso, a veces, encuentran un ahínco adicional: ceños fruncidos de sospecha sobre las víctimas, para encubrir victimarios”, escribió Ileana Arduino en un contundente artículo publicado en la revista Anfibia. Y dice más: “En lo que muchos de nosotros, provistos de más soportes y comodidades quedaríamos exhaustos, vemos mujeres, -la abuela de Walter Bulacio, Rosa la mamá de Miguel Bru, Vanesa la hermana de Luciano, Raquel la mamá de Mariano Wittis- sostener dignamente sus reclamos, construyéndose al calor de la lucha en verdaderas referentes, con liderazgos de una lucidez que raramente se detendrá, al igual que su capacidad de solidaridad y compromiso con la acción política. Personas que hasta entonces tampoco han tenido vidas apacibles logran mover el límite infranqueable de distintas estructuras de poder que sólo les había reconocido interlocución para la persecución y el castigo. Pareciera que sus reclamos fueran un desafío al que se les responderá con intenciones repelentes, agudizando la angustia y la desesperación”.
Hace un año atrás Pichón Escobar desaparecía tras ser visto por última vez a la salida de un boliche, el bar la Tienda, en la zona céntrica de Rosario. A Gerardo, de 23 años, lo golpeó uno de los patovicas del lugar. Eso muestras las cámaras de seguridad de la zona. Con fundamentos, la querella sospecha también de la policía que cumplía adicionales en el bar y de personal que esa noche desempeñaba tareas en la Comisaría 3era. Hay fuertes indicios y un testigo que indica que hasta allí fue llevado Pichón, golpeado y torturado en la dependencia policial.
El caso Escobar tuvo demasiados obstáculos. Fue desaparición forzada pero hubo que dar una larga lucha para lograr que la investigación pase al fuero federal.
Días atrás, el revés de la justicia llegó: el juez federal Marcelo Bailaque dictó el sobreseimiento de los 5 imputados en la causa. Los abogados de la familia de Pichón apelarán el fallo, recusarán al juez. En las calles se dará la otra batalla: este miércoles habrá una masiva movilización hasta los Tribunales Provinciales. “Es una decisión arbitraria la de este juez, tiró por la borda todo lo que hicimos. Volvemos a cero pero tenemos la fuerza necesaria para pelearla. Transformamos toda esta tristeza en lucha para que en algún momento pueda decir que hice justicia no solo por mi hermano sino para otros pibes. Si uno se organiza no va a haber ningún juez que nos pueda cerrar la puerta”, dijo Luciana Escobar, su hermana. Ella se puso al hombro la lucha por justicia. Y no está sola.
A Luciana la acompaña su familia, los amigos y compañeros de trabajo de Pichón y toda una militancia organizada. Lo mismo ocurrió con Vanesa Orieta, referente en la batalla por encontrar a los responsables por la desaparición y asesinato de Luciano Arruga, su hermano.
Imposible no encontrar similitudes. No es casualidad. Los hechos se parecen porque el patrón es el mismo: “hay un plan sistemático para desaparecer a los pibes”, dicen muchos militantes barriales. Y esto muestran las realidades en las grandes provincias pero también en los pueblos, sumidos en la indiferencia o en el miedo a dar testimonio. A Clemente Aronna lo asesinaron en Venado Tuerto. A Adrián Pacheco en Rafaela. En General Roca, provincia de Río Negro, fue asesinado Pablo Vera con un tiro en la nuca efectuado por un policia de la provincia. Su edad marca el límite: 23 años. Atahualpa Martínez tenía 19 años. Lo mataron por la espalda, tras salir de un boliche en la localidad de Viedma.
Franco Casco era de Florencio Varela. Llegó a Rosario para visitar a familiares y acá murió asesinado por la policía de la Comisaría 7ma. ¿Qué pasó con Franco? Estuvo días desaparecido hasta que finalmente se confirmó lo peor: Franco apareció sin vida flotando en el río Paraná. Su crimen fue anterior al de Pichón pero estremece el poco lapso de tiempo y la misma impunidad: arrojar un cuerpo al agua, ya sin vida. Impunidad que solo un aparato represivo es capaz de ejecutar.
Pero en este Festival hubo una ausencia que dolió profundamente. No estaba Elsa, la mamá de Franco. Elsa fue una luchadora que peleó hasta el último de sus respiros. Pero tal como escribió el periodista Martín Stoaianovich hay dolores que no cesan ni con las más grandes de las esperanzas.
“No lo tengo más”
“A mi hijo le tiraron un adoquín en la cabeza”. Estremece la crueldad, el ensañamiento. Así, de esta forma, murió Alejandro Ponce, un pibe de 23 años que se rebuscaba la vida lavando y cuidando coches. Mirta es su mamá, una joven mamá que extraña con desesperación la llamada diaria de su hijo a las 8 de la noche. “La policía mata porque dicen que estaban robando, que estaban drogados, siempre ponen excusas. Mi hijo tuvo la muerte más cruel que pudo tener, lo ahogaron, le tiraron piedras y el fiscal no hace nada”. Otra vez la actuación lenta y perezosa de un poder judicial que decide no buscar culpables. Que la causa se archive es la respuesta fácil para este tipo de casos. Según la querella que representa a los padres de Alejandro, esa tarde él y Luis, su hermano, fueron obligados a arrojarse al río por los policías que los perseguían. Fueron agredidos con piedrazos, amenazados y no recibieron auxilio, sobre todo Alejandro, a pesar de pedir ayuda desde el río al no saber nadar. Luis pudo nadar y sujetarse a una estructura de hormigón que hay en los primeros metros del río, y desde allí recibió piedrazos que le cortaron la cabeza. El chico volvió a la orilla, donde fue detenido y trasladado a la Comisaría 3ra. Hoy asegura que en ese momento preguntó por su hermano cuando dejó de verlo, y los policías le dijeron que se había fugado. “Dale, ahógate hijo de puta”, dice que los policías le gritaban a su hermano minutos antes. La deducción en esta hipótesis es clara: a Alejandro Ponce la policía lo dejó ahogarse mientras reclamaba auxilio. Las heridas en la cabeza de Luis Ponce fueron constatadas por un médico de la División de Medicina legal de la Unidad Regional II, y por un médico de la guardia del Hospital Provincial del Centenario, en donde le practicaron suturas. Esto deja en evidencia la agresión a piedrazos por la que acusan a la policía.
Mirta se aferra a la hermandad. A la unión, a esa gran familia que están sabiendo construir junto a otrxs. “Nos damos fuerzas entre todos”, dice. A su lado, María Elena, la mamá de Jonatan Herrera –asesinado por la policía santafesina mientras lavaba su auto- suelta una frase que duele: “mi hijo no era un polígono para ellos”. María Elena no se cansó de pedirle al fiscal Adrián Spelta que profundizara las medidas para esclarecer el crimen de su hijo. A más de un año y medio del hecho nuevos avances en la investigación indicaron que, además de los cuatro agentes de la Policía de Acción Táctica implicados en el caso, hay una policía del Comando Radioeléctrico que sería la autora de uno de los dos disparos mortales que recibió Jonatan.
Pasa el tiempo y, asegura María Elena, el dolor se agiganta más. “Una madre nunca se va a olvidar de todo esto”. Tampoco lo hará Laura Ávalos. Tenía un solo hijo: Brandon de apenas 16 años. A Nano lo alcanzó una bala policial cuando celebraba el comienzo de este 2016. Cerca de las 4.30 de la madrugada se desató una pelea entre algunos presentes que del cruce de botellas y piedras pasó a los disparos. Según la investigación, Emiliano Martín G., un policía de 26 años de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, disparó al menos siete veces. Uno de esos balazos impactó en la cara de Brandon, quien murió minutos después en el Hospital Roque Sáenz Peña. “Acá estamos pidiendo justicia”, dice su mamá, llena de dolor. 16 años tenía Nano, y unas ganas enormes de jugar al fúbtol en primera.
“Creo que la pérdida de un hijo no tiene explicación”, dice Luciana, la hermana de Pichón. De ellas aprende, asegura. “Dan un claro mensaje de que la única manera de conseguir algo es salir, organizarce, luchar, unirnos. La policía mata, desaparece a todos pibes que tienen menos de 23 años. Y hace la misma metodología, la víctima termina siendo el victimario. Ellos ya tienen un plan sistemático”.
Las palabras, intensas, seguras, reparadoras, de Mónica Alegre, vuelven a sonar con fuerza. “Todos tenemos derecho a una justicia digna, a que no se nos oculte la verdad. . Nosotros vamos a hacer la justicia, digna y pacíficamente. Que sepan que ellos se llevaron la vida de nuestros hijos, que los vamos a ver ahí, sin poder mirarnos a los ojos porque yo los he visto a los 8 policias, no les guardo odio, les tengo lastima, porque yo los puedo mirar a los ojos, los miré asi y ninguna de esas 8 lacras me miró los ojos. Ya está, tengo la justicia, puedo andar con mi frente en alto y ellos no porque tienen la manos manchadas de sangre, esa es mi justicia y por eso es que voy a seguir”.
Cae la tarde y la Plaza del Foro, frente a la mole de cemento que guarda los peores resabios de la impunidad –los Tribunales Provinciales de Rosario – va despidiéndose entre música y abrazos. Termina el Festival a 1 año de la desaparición de Pichón. Se acerca la movilización, una nueva marcha para empezar de nuevo. Habrá muchas más, y nuevos encuentros donde estarán presentes las mamás de los pibes, las que inspiradas en las Madres de la Plaza, caminan con la frente en alto por sus hijos, buscando justicia.
