El Ministerio Público de la Acusación organizó en la sede local de Gobernación una jornada de capacitación en violencia institucional, de la cual participaron fiscales, jueces y funcionarios de la provincia. Afuera se concentraron familiares de víctimas fatales de la violencia policial, entregaron una carta a las autoridades y se entrevistaron con el fiscal general de la provincia.
Por Martín Stoianovich
El fiscal general de la provincia de Santa Fe, Julio De Olazábal, vio a Benjamín y le acarició la cabeza. Benjamín con sus cuatro años apenas pasaba la altura de las rodillas de las personas que se amontonaron alrededor del funcionario. Eran familiares de víctimas del gatillo fácil de la policía que se enteraron de una jornada de capacitación en violencia institucional organizada por el Ministerio Público de la Acusación en la sede local de Gobernación. No estaban invitados, pero se acercaron para llevar algunos reclamos. Benjamín es el hijo de Carlos Godoy, asesinado a los 25 años en mayo de 2015 en el barrio Empalme Graneros. El niño estaba con sus abuelos, los padres de Carlos, que fueron a decirle a De Olazábal que la investigación del fiscal Miguel Moreno, de la unidad de Homicidios, no avanzó prácticamente nada. Lo mismo hicieron otros familiares, de al menos siete casos distintos, para manifestar la preocupación por la forma en que se investigan en la provincia los asesinatos a manos de la policía, que en los últimos dos años ya superaron las tres decenas. “Tenemos que reconocer que hay un problema institucional, que viene de la historia de la policía”, admitió De Olazábal.
La jornada organizada por el MPA, titulada “Estrategias para el abordaje de la problemática de la violencia institucional”, se realizó en el Salón Blanco de la sede local de Gobernación. Expusieron, además de De Olazábal, otros fiscales, jueces y funcionarios provinciales, con el cierre del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. La jornada de capacitación estuvo apuntada al abordaje de las prácticas abusivas que las distintas fuerzas de seguridad aplican sobre la población, ya sea en contexto de prisión o en la vía pública. Desde temprano, afuera del edificio de calle Santa Fe al 900, se fueron juntando los familiares de las víctimas de la expresión más violenta de la violencia policial: el gatillo fácil y las desapariciones forzadas.
Se encontraron los familiares de Carlos Godoy, Jonatan Herrera, Jonatan Ojeda y David Vivas, todos jóvenes de barrios populares, víctimas fatales de las balas de la policía provincial. También estuvieron los familiares de Alejandro Ponce, Gerardo Escobar y Franco Casco, los últimos dos víctimas de desapariciones forzadas que hoy tienen sus causas en el fuero federal. La presencia fue en forma de apoyo y con la crítica apuntada en la misma línea que los otros familiares: la justicia provincial no es eficiente cuando es el propio Estado, a través de sus agentes policiales, el que comete los asesinatos. Fiscales que no atienden a las consultas de los familiares, investigaciones que se tornan dudosas, la policía que planta pruebas, los juicios abreviados como expresión más cercana de una condena, fueron los puntos en común de los reclamos.
“Esperamos que detecten la presencia de todos los familiares presentes, para que de una vez los fiscales empiecen a trabajar como corresponde. Que no se insista con los juicios abreviados, que es una manera de resolver rápido sin que la gente se entere lo que está pasando cuando se mata a un chico”, dijo María Elena, mamá de Jonatan Herrera, antes de entrar a Gobernación. “Buscamos que los fiscales dejen de hacer arreglos a escondidas y dejen de ocultar cosas y empiecen a trabajar con la verdad, que es la única forma, a pesar de dolor, de saber que en Argentina hay una justicia real”, agregó.
Los familiares estuvieron acompañados por sus abogados querellantes, todos integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales que a raíz de estos hechos fueron juntándose en multisectoriales para trabajar los casos de manera conjunta. Así se fueron conociendo los familiares con la idea de afrontar juntos los obstáculos que hay en cada caso. “Nos parece fundamental que los familiares actúen en unidad, porque solicitando una reunión entre decenas de familiares se tiene una fuerza muy relevante. La unidad es clave a los fines de avanzar en todas las causas, que tomen visibilidad, fuerza e impacto social, que es la forma de poder avanzar en el proceso de construcción de justicia”, analizó Salvador Vera, abogado querellante en casos como el de Gerardo Escobar y Franco Casco.
La promesa oficial
Mientras continuaba la jornada de capacitación, De Olazábal bajó al hall de Gobernación y atendió a los familiares. Los escuchó y admitió el “problema institucional” de la policía. “No tengo ningún compromiso político, no hay complicidad ni intención mía de ocultar nada. Vamos a tratar de hacer todo lo posible”, sostuvo después de que los familiares expusieran sus reclamos.
A los medios de comunicación que se fueron arrimando, el fiscal general les ofreció un análisis de la situación que enmarca a la relación entre el MPA y la policía, y cómo afrontarla más allá de los casos puntuales. “El caso concreto duele, a la familia y a la víctima, pero acá tenemos que reconocer que hay un problema más grande, institucional, que viene de la historia de la policía. Esto hay que modificarlo, y una forma es castigando a los que han cometido excesos y para el futuro crear una fuerza de investigación distinta para estos casos”, sostuvo. Sobre este último aspecto se explayó anticipando la intención de crear una fiscalía especializada en violencia policial que dependa de la Fiscalía General y no de la regional, como la de Corrupción y Violencia Institucional que encabeza la fiscal Karina Bartocci.
Según explicó De Olazábal, la idea de crear esta fiscalía especializada -que no estaría vinculada a la policía en las investigaciones- tiene su raíz en que es la propia policía la que ejecuta las medidas investigativas en los casos de homicidios donde está implicada la fuerza. “Se puede comprobar que si se tiene mucho contacto con las fuerzas policiales se terminan estableciendo lazos de confianza que no son buenos”, analizó. En parte, el discurso del fiscal marca una postura: no habla de complicidades sino de lazos de confianza, concepto que queda chico cuando decenas de familiares hablan de pruebas plantadas o removidas, actas manipuladas y causas que se estancan al corto paso del tiempo.
A su vez, el fiscal general admitió que el juicio abreviado “a veces oculta deformaciones”. Puntualmente se refirió al caso de Jonatan Herrera, en donde uno de los imputados puede cerrar una condena baja por abuso de arma cuando la investigación hasta el momento no avanzó para esclarecer la participación del agente en el hecho. Por eso los familiares de Jonatan piden que se llegue al juicio oral y público con todos los implicados. “Yo expresamente he dicho que no se pueden modificar los hechos”, dijo De Olazabal en relación al repentino cambio que sufrió esta causa.
Carta a Zaffaroni e informe de la situación
“Los familiares de víctimas de violencia institucional abajo firmantes le escribimos para manifestarle nuestra profunda preocupación por la grave situación de violencia institucional que se vive en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en la ciudad de Rosario. Asimismo, para hacerle saber nuestra preocupación por el desarrollo y el estado actual de las causas judiciales en donde se investigan los homicidios de nuestros familiares perpetrados por agentes de la policía de la provincia de Santa Fe”, dice la carta firmada por cada familiar en la que se le pide una reunión a Eugenio Zaffaroni, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En otro documento, realizado para entregarle a De Olazábal, se expresan las organizaciones sociales y políticas que acompañan a varios de los casos más recientes y resonantes:
“Desde esos espacios denunciamos la grave situación de violencia institucional en el Departamento Rosario. Se trata de un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte.
Este fenómeno también se caracteriza por una inadecuada e insuficiente respuesta judicial, tanto por parte de los jueces como del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por un lado, hay investigaciones que directamente no se trabajan. En otras se incumplen los estándares internacionales para la adecuada detección, investigación, producción de pruebas y sanción de estas graves violaciones a los derechos humanos. El resultado es la impunidad. El inadecuado abordaje por parte del MPA hace posible que estos hechos se sigan repitiendo. El Ministerio Público de la Defensa (MPD), entre otras acciones, viene denunciando y litigando estos casos en los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas y en el interamericano”.
En el mismo escrito, se ofrece un repaso por algunos de los casos:
– Franco Casco: 20 años – Víctima de desaparición forzada, asesinado por la policía santafesina en octubre de 2014 – Centro de Rosario.
Franco había llegado desde Buenos Aires para visitar a su familia de Rosario. Estuvo algunos días en la ciudad y cuando tenía que volver a Buenos Aires, el 6 de octubre de 2014, fue detenido por la policía de la Comisaría 7ma. Policías de la comisaría, fiscales y funcionarios del gobierno provincial aseguraban que Franco había sido liberado y que se lo había visto deambulando por la calle. Pero su cadáver apareció veinte días después en el río Paraná.
La causa se tramita en el fuero federal bajo la figura de desaparición forzada de persona. Todavía no hay policías imputados pero todo apunta a la responsabilidad del personal de la 7ma.
-Gerardo Escobar: 23 años – Víctima de desaparición forzada, asesinado por patovicas y la policía santafesina en agosto de 2015
Pichón salió del boliche La Tienda en la madrugada del 14 de agosto de 2015 y nunca más se lo vio. Un registro de una cámara de seguridad vio cómo el patovica Cristian Vivas lo golpeaba en el suelo. Una semana después su cadáver fue hallado en el río Paraná.
La investigación en la causa, que ahora se lleva adelante en el fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada, se inclina a una hipótesis: a Pichón lo levantó un patrullero de la Comisaría 3ra, que realizaba operativos en conjunto con la seguridad del boliche, lo llevaron a la seccional, lo golpearon y torturaron hasta matarlo y luego lo tiraron al río. Están detenidos dos policías que hacían adicionales en el boliche (Luis Alberto Noya y Maximiliano Amicelli), y tres patovicas (Cristian Vivas, César Ampuero y José Carlino). Mientras tanto se espera que se esclarezcan las responsabilidades del personal de la Comisaría 3ra.
– Carlos Godoy: 25 años – Asesinado por la policía santafesina el 24 de mayo 2015 – Barrio Empalme Graneros
Carlos fue asesinado en el Puente Sorrento, a pocas cuadras de su casa. Los policías que lo mataron dicen que hubo un intento de robo con posterior enfrentamiento. En la causa declaran testigos que aseguran que no hubo enfrentamiento y que Carlos fue rematado en el suelo, y le plantaron el arma. El fiscal Miguel Moreno dejó en libertad a los dos policías involucrados: José Arturo Villalba, agente del Comando Radioeléctrico, y Daniel Alberto Sabater, agente de la Policía de Seguridad Vial.
– Alejandro Ponce: 23 años – Víctima de desaparición forzada el 30 de octubre de 2015 .
Alejandro había robado a unos jóvenes en la zona del parque, y fue perseguido junto a su hermano por la policía. El hermano sobrevivió y cuenta que se tiraron al río pero que quisieron volver a tierra. Él pudo subir, pero Alejandro no sabía nadar. La policía le tiró piedras y no lo ayudó a subir. Su hermano fue detenido y llevado a la Comisaría 3ra, donde le dijeron que Alejandro se había dado a la fuga. Su cadáver fue encontrado tres días después en el río Paraná.
El fiscal Miguel Moreno, sin embargo, adhiere a la versión policial y asegura que, de no haberse constituido la madre de Alejandro como querellante, cerraría la causa.
– Brandon Cardozo: 16 años – Asesinado por la policía santafesina el 1º de enero de 2016
Brandon estaba festejando con amigos la llegada del año nuevo en la fiesta callejera a la que había ido. En medio de la noche se desató una pelea entre bandas que terminó con disparos. Uno de ellos dio en el mentón de Brandon, que llegó sin vida al Hospital Roque Sáenz Peña. A los pocos días del hecho, un policía se acercó a Fiscalía para declarar y mencionó que un colega suyo había sido el autor de los disparos.
Fue entonces que se detuvo a Emiliano Martín Gómez, un policía de 26 años de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, que fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Desde la querella que representa a la madre de la víctima buscan cambiar la calificación a homicidio calificado por su cargo de policía. Por su parte, el imputado se declara inocente asegura que el policía que lo delató miente y sería el autor del disparo mortal.
-Maximiliano Zamudio: 16 años – Asesinado por la Prefectura Naval el 27 de mayo de 2015 – Barrio Tablada
A Maximiliano lo mató un prefecto con tres tiros de un arma no reglamentaria. El cabo dijo que Maxi con otro pibe le quiso robar y que se defendió porque el otro le dijo a Maxi que le dispare. No encontraron ningún arma a Maximiliano y los testigos aseguran que el chico estaba solo. La mamá de Maxi y los testigos dicen que el prefecto lo remató en el suelo.
El fiscal Miguel Moreno considera que no hay peligro de entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga, por lo cual desde un primer momento decide dejar al prefecto libre y en ejercicio de sus funciones.
– Jonatan Herrera: 23 años – Asesinado por la policía santafesina el 4 de enero de 2015 – Barrio Tablada
El 4 de enero de 2015 fue asesinado como consecuencia de una balacera en la que intervinieron agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico (CRE), mientras lavaba su auto en la vereda de su casa. Cuatro policías de la PAT fueron imputados por la muerte de Jonatan, uno por el delito de homicidio y tres por tentativa de homicidio. Tiempo después los abogados que primeramente representaban a la familia Herrera y el fiscal Spelta intentaron convencerla de concluir la investigación y atribuir responsabilidades por la muerte de Jonatan mediante un juicio abreviado para tres de los imputados por “abuso de armas”. La familia Herrera revocó entonces el poder otorgado a sus abogados y nombró nuevas abogadas querellantes. A partir de ahí la causa comenzó a tener una mayor visibilidad pública, a través de la conformación de la Multisectorial “Justicia por Jonatan Herrera”. Spelta desistió de celebrar juicio abreviado contra dos de los imputados y los acusó a ambos por tentativa de homicidio agravada. Celebró con la defensa de uno de los imputados un juicio abreviado por abuso de armas, resolución que fue apelada por la querella. El pasado 27 de junio una agente del CRE que también intervino en la balacera fue detenida e imputada de ser la autora de uno de los disparos que recibió Jonatan.
– Jonatan Ezequiel Ojeda: 17 años – asesinado por la policía santafesina en Octubre de 2015 – Barrio Itatí
Jonatan era un joven de barrio Itatí, el 18 de octubre de 2015, a las 7 de la mañana, regresaba de bailar junto a sus amigos y el agente policial Martín Robledo comenzó a perseguirlo con su automóvil mientras le disparaba; como consecuencia, resultó gravemente herido y finalmente muere producto de los disparos recibidos. Jonatan sufrió previamente hostigamiento sistemático de parte de este policía, quien, además, lo amenazó de muerte. Jonatan se encontraba inconsciente con una herida de bala en el pómulo izquierdo cuando Adriana, su mamá, intentando acercarse al cuerpo de su hijo, observó como el policía intentó poner a su lado un monedero de color negro y un arma. Sin embargo, familiares y conocidos se lo impidieron. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico (CRE) al lugar del hecho, los efectivos decidieron proteger a Robledo para que las personas que se habían acercado no lo lastimaran. Para ello, además, dispararon escopetazos. Robledo fue imputado por homicidio simple, y permanece en libertad a pesar tener ocho causas abiertas por otros delitos. Asimismo, no hubo avances significativos en la investigación judicial.
