En la guardia del Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila hace meses que se está generando una tensión debido a la creciente llegada de derivaciones que se realizan desde cárceles de la zona. Custodios, armas, esposas y malos tratos se instalan en los pasillos del hospital cada vez con más frecuencia. Mientras, el paciente es rehén de determinaciones que tanto la Justicia como el Servicio Penitenciario toma periódicamente sin criterio médico. Trabajadores denuncian la violación a lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental y rechazan la instalación de un pabellón penitenciario.
Por Carina Toso
Era sábado. Un guardiacárcel llegó con un interno derivado desde la cárcel de Piñero. Lo recibieron en la sala de guardia del Hospital. No había otra opción. Este interno pasó todo el fin de semana esposado, sin poder bañarse ni moverse demasiado. Cuando una médica intentó intervenir para que le retiren las esposas, el custodio se negó y la amenazó.
Hace tiempo, en una situación similar, otro interno logró escapar de la vigilancia. Desde ese momento, el Servicio Penitenciario decidió que la forma de mantenerlos adentro y sin posibilidad de fuga era con las esposas puestas. “Encima los tienen despiertos”, criticó uno de los agente.s Cuando llegó el coordinador de la guardia, las amenazas subieron de tono. “Usted no es nadie para decirme qué hacer, muéstreme sus documentos o llamo a la policía”, redobló el custodio al nuevo pedido de que le quiten las esposas al paciente. Acá se da una disparidad en las distintas miradas sobre esa persona que llega a un dispositivo de salud mental desde una cárcel: para el médico es un paciente que generalmente ingresa bajo el diagnóstico de “descompensación psicótica”, para el custodio es un detenido que cometió un delito.
Actualmente hay siete pacientes derivados desde cárceles a esta institución, eso implica 14 custodios por turno, dos por cada uno. “Los custodios no dejan hacer el trabajo a enfermeras y médicos, ellos hacen rancho aparte, no colaboran, se van a fumar al patio y los esposan en las camas para no tener problemas. Un día una situación en la que una enfermera vio como un interno intentaba robarle el arma a un custodio mientras este dormía con la mochila abierta a su lado. No es seguro para nadie que estén armados adentro del hospital y tampoco es adecuado que los pacientes estén esposados. Ni siquiera dejan que las mucamas entren a limpiar donde están ellos. Y esto empeora cada día”, aseguró uno de los médicos que pasa muchas de su horas de trabajo en la guardia.
Una violación a la Ley de Salud Mental
La posibilidad de que un pabellón penitenciario se instale dentro del Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila, ubicado en Suipacha y Santa Fe, puso en alerta a los trabajadores de este espacio que desde hace meses vienen afrontando situaciones de riesgo ante la creciente cantidad de derivaciones de internos de las distintas cárceles rosarinas.
Este pabellón fue la propuesta del juez Juan Andrés Donnola en respuesta a un recurso de Habeas Corpus presentado por el Ministerio Público de la Defensa que a la vez fue motivado por una denuncia realizada desde la dirección del hospital.
El Habeas Corpus fue presentado por el Defensor General de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, después de que un interno fuera trasladado, a mediados de mayo, al establecimiento por considerarse que necesitaba asistencia psiquiátrica. Esta persona fue mantenida durante todo el fin de semana esposado y se consideró que esta acción “agravó su situación de detención y salud integral”. A esto se suman malos tratos por parte de los agentes del servicio penitenciario que acompañaron al interno. Este panorama se repitió en varios casos similares en los últimos meses.
“Tal como surge de la solicitud de los directivos del Hospital Agudo Ávila, nos encontramos ante una situación irregular en franca contraposición con las normas internacionales de tratamiento de reclusos. Esta situación, deberá ser corregida de inmediato y no puede estar sometida a criterios de oportunidad políticos, sino que representa una obligación insoslayable para el Estado Provincial”, afirma el Defensor en el Habeas Corpus presentado.
“La respuesta a esta presentación por parte de Donnola fue la creación de una mini cárcel para pacientes derivados del servicio penitenciario dentro del hospital. En primer lugar que a pesar de que la nueva ley de salud mental no se está aplicando en toda la provincia, esta propuesta va totalmente en contra de la normativa, después de este caso, hubo otros de internos esposados a la cama. Seguimos viendo como tanto desde la Justicia como desde el Servicio Penitenciario siguen actuando sin criterio. Por eso presentamos un recurso de apelación al fallo de Donnola que intenta dar una solución pero a fin de cuentas no es clara ni correcta”, expresó Ganón al ser consultado por enREDando.
Para el Defensor General, el poder judicial no está haciéndose cargo de estos casos, por el contrario, las soluciones que ofrecen no están acordes a las necesidades ni de los pacientes ni de los trabajadores de la institución que deben lidiar día a día con esta realidad: guardias armados, internos esposados y tensión en la relación entre todas las partes. “No hay voluntad de mejorar el servicio para los presos que necesitan este tipo de asistencia, más allá de la voluntad de Salud Mental, la falta de predisposición es de la administración de la justicia”, agregó Ganón.
La mirada de los trabajadores
En un comunicado presentado por un grupo de trabajadores del área de Salud Mental de ATE Rosario, los mismos expresaron: “Rechazamos el trato indigno de cualquier ciudadano cualquiera sea su condición. Así como rechazamos la instalación efectiva del servicio penitenciario en el ámbito de efectores de salud entendiendo que la lógica de atención de salud es necesariamente otra a la del encierro, considerando esta posibilidad un grave retroceso para el ámbito de la salud integral”.
Laura Coll, delegada de ATE aseguró que “se hace necesario recordar que los fines de las instituciones de salud tienen como objetivo prioritario garantizar el derecho a la salud y dar tratamiento específico y cuidado a las personas, en dispositivos pertinentes. Así como velar por el uso clínico de la internación”.
Por esto, los trabajadores de este hospital declararon hace varias semanas atrás un estado de alerta y movilización permanente y exigen en primer lugar ,condiciones de trabajo que garanticen la adecuada asistencia a los pacientes. Esto implica “la formación de los trabajadores en servicio para el abordaje de las nuevas problemáticas, cobertura de cargos vacantes respetando funciones, reemplazo de licencias y políticas de cuidado de la salud de los trabajadores”.
En segundo lugar, reclaman la plena implementación de la ley Nacional de Salud Mental N° 26657. Esta ley sugiere el “armado de dispositivos sustitutivos de atención en la red asistencial pública, revisión de las derivaciones de los monovalentes al privado, definición epidemiológica de plazas de internación en salud mental en la red pública, explicitación del plan de transformación de los monovalentes, atentos a las anteriores consideraciones, constitución del Órgano de Revisón provincial autónomo, entre otros puntos”.
En los últimos días, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, dejó sin efecto la resolución que establecía un límite máximo de camas antes del 10 de septiembre de este año, con la finalidad de reducir las internaciones en los hospitales monovalentes y psiquiátricos públicos y privados, agravando aún más el cumplimiento a la Ley. La Asociación Pensamiento Penal cuestionó la resolución ministerial y sostuvo que “la reducción de camas de los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los sobrevivientes de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”. Son muchas las voces que repudian además, a quien es hoy el encargado de aplicar la ley, Andrew Blake, ferviente opositor a la norma.
En el caso concreto de las situaciones de tensión generadas entre el personal del Agudo Ávila y el personal del servicio penitenciario, la preocupación se centró en gran parte en el incumplimiento del protocolo formulado por anteriores direcciones que regula el ingreso del servicio penitenciario y policial, bajo dos condiciones que cuidan la lógica de salud: custodios de civil y sin portación de armas. Según los trabajadores del área de internación, en otro momento esto fue respetado y se pudo acompañar el tratamiento de muchos pacientes en condición de detenidos.
Trabajadores de ATE también se reunieron con la Directora de Salud Mental Provincial, Melisa Pianetti, a quien le solicitaron que se cumpla con el protocolo de salud ante el ingreso de personal del Ministerio de Seguridad acompañando pacientes y la articulación del trabajo con el poder judicial, médicos forenses, con acompañamiento de la Dirección, para trabajar criterios clínicos de internación. “Recibimos el compromiso de la directora de comenzar a trabajar en el tema pero estamos ante la dificultad de que todavía no hay ideado un plan para implementar las transformaciones pendientes, en el marco de la ley nacional de salud mental”, expresó la delegada de ATE en el Agudo Ávila, Laura Coll.
Actualmente son siete los pacientes ingresados por orden de la justicia y derivados de cárceles de la zona. Para Coll uno de los problemas es que “muchas de estas derivaciones no se realizan con criterio de internación, sino que se está dando una seguidilla de órdenes compulsivas y no estamos seguros de que todos necesiten estar acá, es necesario que la justicia comience a realizar una lectura más completa de la situación”.
Equipos de salud mental en cárceles
Los trabajadores de la salud también sostienen que estos hechos que se repiten en los hospitales vinculados al accionar del personal penitenciario, hace repensar la necesidad de revisar las condiciones de trabajo y asistencia con las que cuentan los trabajadores de Salud Mental en las cárceles de la provincia. Estos equipos llamados Dispositivos Interdisciplinarios de Salud, reclaman condiciones de funcionamiento y coordinación. Ejercen sus prácticas en un campo complejo, que implica la intersección de lo punitivo y de lo clínico.
Dichos dispositivos fueron constituidos cuando se cerró el llamado “Corralito”, espacios que funcionaban en las cárceles, mediante un complejo proceso y en la apuesta de un abordaje digno e interdisciplinario a las personas detenidas con padecimiento subjetivo. “Estos equipos se encuentran en una situación muy errática: con falta de recursos para constituirse interdisciplinariamente y lograr un abordaje de acuerdo a lo que ha sido planificado, en la difícil situación de trabajo en contextos de encierro, con personas en situación de detención”, afirmaron en el comunicado.
“Estas situaciones son las que ponen una vez más de manifiesto la importancia de un plan provincial que articule lo existente, en una lógica respetuosa de los derechos humanos; avance en la ampliación de la red de dispositivos sustitutivos, sin la cual no puede contemplarse la internación, de acuerdo a la ley 26657, como última instancia de atención en situaciones con criterio de crisis subjetiva; y de origen a la demorada constitución del Órgano de Revisión provincial que cuente con los principios de autonomía y contralor de todo lo que aparezca como trato indigno”, concluyen los trabajadores.
