En los días del Bicentenario de la Independencia, y bajo el argumento de «facilitar y posibilitar las inversiones en el país», el gobierno nacional de Mauricio Macri flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros. Postales dolorosas de un país en venta.
Por Jorge Cadús (fuente Prensa Regional)
Foto: Radio Comunitaria La Lechuza
Facilidades se ofrecen
El Decreto 820/2016, con fecha 29 de junio del 2016, está firmado por Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los Ministros Germán Garavano (de Justicia y Derechos Humanos) y Rogelio Frigerio (Interior y Obras Públicas), y modifica los términos del Decreto Nº 274/2012 que reglamenta la Ley Nº 26.737.
Dicha Ley, sancionada por el Congreso de la Nación el 22 de diciembre de 2011, tiene como una de sus finalidades «establecer límites a la titularidad de tierras rurales por extranjeros en el territorio de la República Argentina».
Para el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, el decreto que reglamentaba esa Ley lo hizo «en forma parcial, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el tráfico comercial, en la práctica de los negocios y, en definitiva, en su aplicación concreta»; y por eso «resulta necesario efectuar algunas modificaciones adicionales» para que «se faciliten y posibiliten las inversiones en el país, se contemplen cuestiones no reguladas, y se aclaren otras que han traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial», como reza en sus considerandos el propio decreto del gobierno de Cambiemos.
Si bien la medida no modifica el límite para la extranjerización del 15 % del total como tope, desarticuló las exigencias y los controles que debe cumplir el capital financiero extranjero para adecuarse a la norma: la medida anula los controles de la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF) y de la AFIP, y quita sanciones para los intermediarios; al mismo tiempo que ofrece alternativas para eludir, a través de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas, y hasta ofrece instrucciones para sortear los impedimentos.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, fue el encargado de defender los cambios al sostener que «la normativa busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas».
El zarpazo a la ley que frena la extranjerización de tierras rurales cuenta con el respaldo explícito de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR); y según confirmaron varios medios periodísticos especializados en el tema, la propia redacción de la normativa «contó con la activa colaboración de los estudios de abogados que protagonizan como intermediarios el desembarco de extranjeros en el mercado inmobiliario rural». El presidente de la CAIR, Javier Christensen, aseguró que «era necesario que la ley se flexibilizase. Será necesario hacer más cambios».
Pulsos
Rápidamente, la Federación Agraria Argentina cuestionó la decisión del gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras sancionada en 2011, tras una larga lucha gremial que tuvo como protagonista a la entidad. Desde la cuenta oficial de Twitter de la entidad, su titular Omar Príncipe, cuestionó la decisión presidencial: «No le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de intereses extranjeros. Los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas».
Príncipe se preguntó «quién asesora al presidente de la Nación y qué intereses están detrás de este decreto, con el cual se avanza contra los pequeños productores»; al tiempo que recordó que mientras se agilizan los mecanismos para la venta de tierras a grandes inversores, todavía está pendiente la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar.
Por su parte, el Secretario Gremial de la entidad, Orlando Marino dijo: «acá pareciera que quieren poner un cartel de Remate a nuestras tierras, con los productores adentro. Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales, los pueblos del interior. En lugar de eso, nos encontramos con un Decreto que el propio gobierno presenta como facilitador de las inversiones externas y de la expansión del negocio agroindustrial. Venimos denunciando hace tiempo que el modelo de los agronegocios no es el de los pequeños y medianos productores. Una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración».
El Consejo Directivo Central de la entidad federada denunció, a su vez, que el Decreto 820/16 «es una verdadera afrenta, que permitirá profundizar la concentración; que promueve la llegada de capitales extranjeros para quedarse con nuestras tierras y recursos naturales».
El órgano directivo rechazó la medida por «alentar negocios inmobiliarios que harían subir los precios de los campos y expulsar a los agricultores al ubicar la tierra como una oportunidad de negocios para grandes empresas. La Federación Agraria, como hace más de un siglo y junto a la mayoría de los argentinos, defiende la tierra por darnos una forma de vida; es un bien no renovable con una función social vinculada al desarrollo rural, a garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. De todo eso hablamos cuando expresamos nuestro rechazo al Decreto», señalaron.
Desde el 16 al 23 de julio, FAA realizó asambleas zonales en cada uno de sus 16 distritos, a lo largo de todo el país, para discutir las posibles acciones gremiales: «en las últimas dos décadas, la Argentina perdió más de 100 mil productores agropecuarios, y no podemos permitir que se caiga ni uno más», señalaron.
Blanquear la tierra
La diputada nacional y referente del Movimiento Evita, Lucila de Ponti, remarca que «en una primera instancia hay que señalar que el presidente ha tomado esta práctica de modificar por decreto iniciativas y normativas que han sido discutidas por el Congreso, y es peligroso porque se avanza sobre todo con decisiones que terminan favoreciendo a los sectores más fuertes del capital concentrado de la Argentina».
Al mismo tiempo, la legisladora advierte que esta decisión de flexibilizar la posibilidad de la adquisición de tierras por capital extranjero «se da de la mano con la llamada Ley de blanqueo de capitales, sancionada hace pocas semanas en la Legislatura nacional, que permite reingresar en el país capitales que salieron evadiendo impuestos, y canalizarlos a través de la compra de tierras. Nosotros entendemos que la Ley de Tierras había sido un avance en ese sentido, y por supuesto que vamos a discutir este tema en una instancia del Congreso para volver atrás con el decreto de Macri».
A su tiempo, Verónica Benas, diputada provincial y una de las gestoras de la Ley de Tierras avasallada por el decreto de Mauricio Macri, señala: «estoy indignada, trabajamos mucho en la producción de esa norma que protegía la soberanía nacional, y este es un decreto insólito, porque no solamente flexibiliza los requisitos para la compra de tierras por capitales extranjeros sino que además le da consejos para sortear los artículos de la ley que plantea topes para la adquisición o la protección de cursos de agua. Es un decreto nefasto que abre las tranqueras al capital extranjero», y recuerda que «de los 16 millones de hectáreas en manos extranjeras que hoy tiene nuestro país, hay más de un millón de hectáreas están en manos de empresas offshore, radicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán, Hong Kong, Uruguay, Andorra».
Consultado por este medio, el referente de la Agrupación Grito de Alcorta, y voz reconocida a la hora de abordar estos temas, Pedro Peretti, consigna que «en realidad, este es el primer paso para lo que está impulsando la Asociación de Empresas Inmobiliarias Argentinas, que es la derogación de la Ley. Y para entender este zarpazo de urgencia por decreto que le pegan a la Ley hay que vincularlo con el blanqueo de capitales. Una cosa viene de la mano con la otra. Es una opción que parte de ese blanqueo de capitales, de plata sucia, de plata negra, de plata que escapó de cualquier tipo de control pueda volcarse a la tierra. Según la Cámara Inmobiliaria de la república Argentina, hay ya veinte millones de hectáreas ofrecidas para la venta. Esas veinte millones de hectáreas pueden ya pasar a manos extranjeras, o a manos de argentinos que tienen su plata en el extranjero, o de argentinos que forman parte de sociedades anónimas extranjeras».
«En el marco de este Bicentenario de la declaración de la Independencia hay que unir la invitación al Rey de España -el representante de una de las monarquías más corruptas del mundo-; el blanqueo de capitales y el levantamiento de la prohibición de compra de tierras por extranjeros con veinte millones de hectáreas ofrecidas», sintetiza de forma precisa Peretti.
Tranquera abierta
La legisladora provincial del Frente Social y Popular, Mercedes Meier, puso el decretazo de Macri en el contexto de la fenomenal transferencia de recursos de los sectores populares hacia el capital concentrado: «creo que ésta es una medida entre muchas que se vienen tomando en este gobierno remachando y fortaleciendo medidas de dependencias a las que nos han sometido gobiernos anteriores, pero sin tapujos. Quitar las retenciones a las minerías, los tarifazos que significan el paso de ingresos de nuestros bolsillos a la renta petrolera, la devaluación que fue muy importante para las ganancias de los monopolios cerealeros, y ahora esto. Flexibilizar la Ley de Tierras para que se puedan extranjerizar, poniendo en riesgo los recursos de agua en todas las provincias. Pero es totalmente coherente con el discurso y la política del gobierno de Mauricio Macri».
Para Meier, «seguimos cambiando oro por espejitos de colores».
«Siempre se quiso minimizar el impacto de la tierra que está en manos de extranjeros», afirma Peretti. Y confronta: «porque te dicen: bueno la superficie total de la Argentina son 220 millones de hectáreas, más o menos, y solamente en manos extranjeras hay un 6%. Sí, pero fijate qué cantidad: en manos de ciudadanos norteamericanos hay tres millones de hectáreas registradas, en manos de ciudadanos italianos hay dos millones 600 mil hectáreas registradas, y en manos de ciudadanos españoles hay dos millones y medio de hectáreas. En esas tres extranjerías tenemos casi ocho millones de las mejores tierras argentinas», refrenda el productor agropecuario.
Apretados
El artículo 9 del decretazo de Macri a la Ley de Tierras Rurales obliga a las provincias a remitir al Consejo Interministerial de Tierras rurales «sus propuestas de equivalencias dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia del presente Decreto»; al tiempo que reserva a ese órgano -integrado por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Defensa y del Interior, Obras Públicas y Vivienda- la facultad de fijar, incluir y modificar «las equivalencias de todas las provincias, de modo tal que dichos límites sean razonables».
Mientras tanto, el artículo 10 del decreto pone a media Santa Fe en alerta: determina que en la denominada zona núcleo quedan comprendidos los departamentos santafesinos Belgrano, San Martín, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General López, junto con otros partidos cordobeses y bonaerenses.
En ese sentido, Benas es contundente, y asevera que «el gobierno nacional aprieta a los gobiernos provinciales para que rápidamente determinen cuál es el equivalente a esas hectáreas porque de otro modo lo determina un Concejo que también conforma este decreto. Yo creo que la Provincia tiene que iniciar acciones legales para plantear la inconstitucionalidad de este decreto. Porque si no actuamos rápidamente creo que en Santa Fe puede ser grave el impacto».
«Por debajo de nuestro suelo circula el Acuífero Guaraní. Si no actuamos rápidamente, con esta laxitud de controles que permite el decreto de Macri, corremos el riesgo cierto de que se vendan a manos extranjeras nuestra tierras con los cursos de agua. Y la verdad es que esto es terrible», profetiza la dirigente de Pares.
Santa Faith
De acuerdo a los datos difundidos en julio del año 2013 por el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) de Santa Fe, la provincia tiene el 4,2% de su superficie rural en manos foráneas. En números fríos: del total de 12.832.375 hectáreas que componen la ruralidad provincial, existen hoy 536.000 hectáreas en manos de propietarios extranjeros.
A su vez, de ese total hay 141.000 hectáreas que pertenecen a personas jurídicas; mientras 395.000 son propiedad de «sociedades empresariales».
Horacio Palavecino, titular del SCIT, señaló entonces que «la provincia tiene tres manchas donde se ubican esos campos. Una está sobre el río Paraná en la zona de San Javier y Garay. Ahí no conocemos con precisión qué explotación se realiza pero aparentemente serían cotos de caza o negocios vinculados al turismo y a la pesca porque estamos hablando de partes que son zonas de islas. Después hay una gran mancha en el norte, en los departamentos Vera y General Obligado, que está en manos de propietarios españoles e italianos. Son grandes extensiones que se usan para obtener leña y para la cría de ganadería. En el sur, en el polo sojero, los campos están en manos de Cargill y Dreyfus donde se cosecha soja, esto es principalmente en el departamento General López».
La diputada provincial Mercedes Meier suma a los «inversores» un nombre conocido: «esas tierras extranjerizadas en nuestra provincia son principalmente en los departamentos General López, Garay y 9 de Julio. Y tienen que ver con la influencia de George Soros, que tiene una fuerte presencia en Venado Tuerto y San Javier».
Favores
«Está claro que hay una intencionalidad en el gobierno nacional de acceder a inversiones extranjeras rematando el patrimonio nacional, y además, ofreciendo nuestras tierras para dineros mal habidos, dinero que es producto del delito. Es decir: Argentina pone en venta sus tierras sin ningún control sobre el origen de esos fondos», sintetiza Verónica Benas.
La legisladora puntualiza que «acá hay intereses muy poderosos operando. Y estoy segura que este decreto es uno de los varios resultados que ha tenido la reunión de Mauricio Macri en la última Semana Santa con Joseph Lewis, el hombre que tiene cercado al Lago Deseado. Y es también una devolución de favores, porque Lewis es vocero de los intereses de los grupos inversores. No hay otra explicación racional para este decreto».
En ese mismo marco, Peretti previene sobre «el principal lobby que hubo en el 2011 para que no se sancionara la Ley de Tierras provenía de las grandes compañías madereras extranjeras, principalmente canadiense, que son las grandes terratenientes. Que creo que este es un decreto hecho a la medida de esas empresas, porque se modifican también las equivalencias, y esa es una de las demandas de estas compañías».
Y es contundente también a la hora de ejemplificar: «Hay que remarcar que por ejemplo en el Estado de Nebraska, el corazón agrícola de los Estados Unidos, el corazón del capitalismo, ni los extranjeros ni las corporaciones pueden comprar tierras. Sólo pueden comprar tierras los agricultores de rostro humano, las personas físicas que ejercen la actividad agrícola. Y eso es parte de la Constitución de Nebraska. Me parece que ése tiene que ser el ejemplo a tomar de cómo los demás países protegen la propiedad del suelo».
Mientras tanto, Mercedes Meier apunta al centro de la vida cotidiana en estos arrabales: «de la mano de esta Ley, entre otras cuestiones, viene el aumento del precio de la tierra, para producir y para vivir. Hoy ya acceder a un terreno en Venado Tuerto, en Rosario o en Alcorta, un terreno para vivir o para trabajar es casi imposible. Y está el ejemplo del Paraguay, que con la extranjerización de la tierra multiplicó el precio de la tierra. No tenemos fácil acceso los santafesinos, pero se les da la oportunidad a empresas que finalmente nos dejan sin tierra para producir, y para vivir».
