Una chica de 15 años estuvo desaparecida por una semana. La familia hizo la denuncia en una Comisaría pero la policía nunca se movió. Cuando apareció, contó que fue abusada sexualmente. Otro caso que pone sobre la mesa las falencias del Estado a la hora de garantizar los derechos de las niñas.
Por Martín Stoianovich
Imagen: Desalambremos esta vida
Un grupo de periodistas y una organización barrial. Cada uno cumpliendo su trabajo cubrió, también, la responsabilidad del Estado. Porque cuando María Luján V., de 15 años, desapareció sin dejar rastros en barrio San Cayetano, fue una organización barrial la que acompañó a la familia a impulsar una denuncia que en la comisaría del barrio había sido encajonada. Y porque fueron los periodistas de un diario de la ciudad los que pusieron el tema en la agenda. Cuando la Fiscalía Regional tomó cartas en el asunto y activó el protocolo de búsqueda, ya era demasiado tarde. La chica apareció una semana después y confesó que el padre del chico con el que se había ido abusó sexualmente de ella y que fue otra chica la que reconoció su rostro por las fotos de la búsqueda y pudo salvarla. El caso puede ser visto como uno más entre la gran cantidad de chicas jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad, pero también como un caso testigo del accionar del Estado que muestra su faceta más estigmatizante y machista cuando las víctimas son pibas y pobres.
María Luján se fue de su casa el lunes 11 junto a un joven que había conocido por las redes sociales hacía muy poco tiempo. Como no volvió, sus familiares hicieron la denuncia en la Comisaría 32. Denuncia que no prosperó, que fue encajonada, que no fue tenida en cuenta por los funcionarios públicos que atendieron a los familiares. La Comisaría nunca informó a la Fiscalía sobre el hecho, es decir que rompió el protocolo de búsqueda de menores en su primer paso. La Fiscalía se enteró del caso recién el viernes 15 cuando Alejandra Fedele, referente del Movimiento Evita, acompañó a la familia en medio de la incertidumbre por no saber cómo ni dónde buscar a la niña. El día siguiente, una nota del diario El Ciudadano puso el tema en agenda. El fiscal Adrián Spelta activó entonces distintos mecanismos para dar con el paradero de María Luján. Según explicaron desde la Fiscalía, alcanzó con que se difundiera una foto para que una prima del chico que se había ido con María Luján la reconociera luego de haberse cruzado con ambos el jueves por la noche. Esta mujer fue a la casa del joven, ubicada en Moreno al 5900, y dio con María Luján. Ella enseguida reveló que había sido abusada sexualmente por el padre del chico, un hombre de 57 años, el martes pasado por la noche.
Este lunes María Luján apareció luego de que la otra chica la ayudara a escapar. Desde la Fiscalía Regional aseguran que la División Asuntos Internos investigará al personal de la Comisaría 32, ahora en sospecha por no haber cumplido con sus funciones. El hombre al que acusaron de violación y sus dos hijos están prófugos. María Luján, por su parte, está sumergida en la angustia del abuso, pero también del abandono.
En contacto con enREDando, Alejandra Fedele no puede omitir relacionar este caso al de Guadalupe Medina o Milagros Sánchez. De 12 y de 14 años respectivamente, las dos fueron halladas sin vida y con signos de haber sido abusadas sexualmente. Ambas en dos de los barrios más pobres y excluidos de la ciudad. Milagros en 2015, Guadalupe en 2016. Dos nombres más para la lista de más de veinte femicidios de menores de 28 años que hubo en Rosario en estos dos años. La mayoría de ellas de barrios pobres, donde faltan las herramientas para garantizar derechos, y donde también faltan las herramientas para denunciar y reclamar por esos derechos vulnerados.
Fedele cuenta que la familia de María Luján se acerca al Movimiento Evita a través de una conocida, luego de que en la Comisaría 32 no se avanzara en nada para la búsqueda de la chica. “Intervienen las organizaciones que están en el territorio porque hay un Estado ausente”, dice la dirigente. El análisis después se profundiza: el Estado no está ausente, sino que su presencia en el barrio es tan precaria que pareciera invisible. Una precariedad invadida de machismo y estigmatización. Porque, tal como cuenta Fedele, el caso de María Luján se enmarca en el de otras chicas. “Las comisarías no toman las denuncian, cuando una mamá denuncia que su hija menor no volvió, interpretan que la chica ya va a volver. Piensan cualquier cosa menos en lo que deben hacer, que es seguir el protocolo de búsqueda de personas para que la nena pueda aparecer”, explica Fedele.
La violencia machista también la garantiza el Estado. “Cagalo a palos y tiralo a las vías”, le dijeron en la Comisaría 12 de barrio Ludueña a una mujer que había denunciado en reiteradas ocasiones a su ex pareja por distintos tipos de abuso. “Se fueron generando leyes que contemplan aspectos de la violencia a la mujer, pero el patriarcado como sistema de dominación está tan arraigado culturalmente que se reproduce en las instituciones del Estado. Hay una incompatibilidad entre la letra y cómo se materializa”, decía por entonces a enREDando María José Gerez, secretaria de Género de la CTA Autónoma y referente de Patria Grande en Rosario.
“La gente de los barrios lo que más cerca tiene para denunciar es la comisaría, y muchos no saben que hay una Fiscalía, que además los fines de semana no toma denuncias”, cuenta Fedele y deja así entrever una problemática sistémica y de clase. Los pobres no tienen herramientas para denunciar, o al menos para que esas denuncias prosperen. Tampoco tienen herramientas para conocer cómo proseguir si en la comisaría del barrio no toman las denuncias, o a su vez cómo dar a conocer este incumplimiento por parte de los funcionarios públicos. Entonces aparece el imprescindible trabajo de las organizaciones barriales.
“Hay dos opciones cuando se hace una denuncia y se guarda en un cajón: o hay complicidad o no hay ganas de hacer nada. Hay una responsabilidad sobre la policía, que son funcionarios y tienen que cumplir con su deber”, analiza Fedele por ahora conforme con que se esté investigando la participación de la policía en el hecho. “Sería importante que les hagan una sanción para que no lo vuelvan a hacer. Que sea un antecedente por los miles de casos en donde se ha ido a denunciar y no se investiga o a veces ni se quiere tomar la denuncia”, agrega.
“Mucha gente no conoce dónde tiene que ir para que se cumplan sus derechos”, insiste la dirigente. Los derechos humanos se han establecido en convenciones, constituciones y más papeles. ¿Pero basta con la promulgación de un derecho? ¿Y el derecho a la información? ¿Se trata sólo del derecho a tener acceso a los medios de comunicación para informar o enterarse de que hubo otra chica violada, asesinada, desaparecida? ¿O se trata de tejer las redes necesarias para fortalecer el acceso a los derechos, la garantización de los mismos o las denuncias de sus vulneraciones? La respuesta quizás la tenga el Estado. Pero calla tanto que está como ausente.
