El abuso sexual en la Iglesia es una problemática de la que poco se habla. La desprotección a las víctimas, el miedo a denunciar, la indiferencia de la sociedad, el encubrimiento de la institución eclesiástica y la inacción de la Justicia: las partes de un credo que perpetúa al dolor.
Por Lorena Panzerini
“Denuncia por abuso sexual contra el presbítero Luis Brizzio. A quien me pueda escuchar”. Así arranca el primero de una serie de correos electrónicos que Andrés -el nombre fue reemplazado- envió desde Rosario a cuanta dirección del Vaticano encontró en internet, la madrugada del 5 de noviembre de 2014. Más atrás, en 2002, los padres de 35 niños que concurrían al Jardín Nuestra Señora del Camino de Mar del Plata también se expresaron por escrito. “Ojalá, no hubiésemos tenido que escribir esta carta, porque si así fuera, nada de esto hubiera ocurrido”, reza la nota publicada en Indymedia, por aquellos días, junto a la foto del cura acusado de encubrir a un profesor de educación física, por abusos. Similar fue la denuncia de Julieta Añazco, en 2013. “Les escribo para denunciar a un cura”, dice el mensaje de Facebook que envió al diario El Día, de La Plata, el 1 de julio de ese año. Hoy, siente que lo escribió una niña.
Por esos días, Julieta estaba inquieta, ansiosa. Había empezado a recordar aquellos tristes sucesos y necesitaba compartir sus sentimientos, sensaciones y el dolor con otras víctimas que también pudieran descargarse. Animada por su terapeuta, Liliana Rodríguez, mandó los primeros correos para encontrarse con personas que hayan pasado por lo mismo. Quería reunir a todas aquellas víctimas de abuso sexual del clero. Ella fue sometida durante los años ‘80, ‘81 y ‘82. Tenía entre 8 y 10 años. Otras chicas denunciaron al cura Giménez. Habían pasado lo mismo. Una de ellas relató en la Justicia cómo el cura la enjabonaba al bañarse. Julieta recuerda, con lagunas, que se metía en las carpas durante la noche. Si bien muchos de esos casos fueron denunciados en los años 1985 y 1996, el “encubrimiento de la Iglesia evitó que avanzaran”. Algo similar ocurrió con los otros casos que patrocina y acompaña la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, conformada como réplica local de SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), de Estados Unidos.
El abogado Carlos Lombardi, quien había tenido respuesta favorable en un caso contra el Arzobispado de Mendoza, donde la Corte Suprema de esa provincia falló a favor del denunciante, también fue buscado por Julieta para empezar a tejer esa red de contención. Desde entonces, Julieta, Liliana, Carlos y la abogada Estefanía Gelso, con otros profesionales, conformaron el espacio que acompaña y asesora a todos quienes se acercan por haber sufrido abusos de parte de autoridades de la Iglesia.
Consultados por Enredando, desde la organización aseguraron que no se sostienen con aportes económicos y no tienen una sede fija. Justamente, es una Red porque la componen numerosas personas de Argentina y Latinoamérica (víctimas, familiares y profesionales). “Se sostiene con el trabajo profesional de acompañar y asesorar a las víctimas, haciendo planteos ante las autoridades que correspondan (del estado y la iglesia), gestionando reclamos, haciendo visible el flagelo”, describió el abogado Lombardi, quien trabaja en los casos de Brizzio y Giménez –entre otros-, en la esfera canónica.
El letrado habló desde la experiencia y las leyes: “El abuso eclesiástico tiene las mismas características que cualquier abuso sexual de menores. Es decir, una relación de poder, de subordinación entre el autor (padre de familia, docente, sacerdote) y la víctima que tiene determinados indicadores psicológicos que lo hacen presa de aquellos. La experiencia es lisa y llanamente asqueante por el modus operandi mafioso que aplica la Iglesia en cualquier parte del mundo, aún en la actualidad. Todo es secreto y siguen encubriendo a los abusadores desde el momento en que no han modificado las normas jurídicas que avalan ese proceder”. Todo ello, a pesar de la “tolerancia cero” con los abusadores, predicada por el Papa Francisco.
La psicóloga Rodríguez, también activista feminista y de derechos humanos, señaló que “el proceso terapéutico es un camino que atraviesa momentos de mucho dolor psíquico, angustias, broncas, silencios, huídas. Incluso, a veces van acompañados de otras sintomatologías, de avances y retrocesos; pero también de mucho aprendizaje, desarrollo de estrategias de autocuidado, de búsqueda de vínculos saludables, de recuperación de aspectos de su vida que han estado postergados o adormecidos”. En ese sentido, planteó que “cuando el abusador es un cura, las cuestiones de poder se exacerban y multiplican, porque lo es también la institución Iglesia, que deniega justicia, que es cómplice y retroalimenta mecanismos de protección que aseguren la impunidad del abusador. Desconoce a la víctima y sus derechos. Pone en duda su historia. La salida de las situaciones traumáticas no es de a uno, sino con otros y otras. La terapia no es el todo; aunque sí una parte importante”. Para el equipo de profesionales de la Red, “no hay casos, sino causas de lucha”.
Rodríguez agregó: “Siempre debemos tener en cuenta que estos temas impactan necesariamente en los grupos familiares y de amigos, que también son damnificados indirectos, atravesados por el dolor, la impotencia, el no saber cómo ayudar, pero a su vez muchos son motores para la búsqueda de justicia. El hecho social de que el Papa sea argentino, es lo que ha motivado a muchos y muchas a escribirle en un intento de ser escuchados y hacerle saber, lo que en definitiva siempre supo, aún antes de ser Papa, como supo de la dictadura y de los desaparecidos”. Al mismo tiempo, señaló que “para las víctimas es importante que se visibilice el tema, que la gente pueda preguntarse, que tome recaudos con sus niños y niñas, que se rompa la idea de que es imposible que un cura abuse. Cuando de niños o adolescentes no pueden hablar, porque los invade la vergüenza, el temor a represalias, a que no les crean porque creen que solo les pasa a ellos, hay una situación traumática que los acompaña y se manifiesta de distintas formas: con trastornos emocionales o fìsicos, con dificultades de relacionarse socialmente. Hasta que en algún momento, por detonantes diversos, aparecen imágenes, recuerdos, preguntas, que al principio parecen aisladas, y producen angustia, se rechazan, se intenta olvidarlas. Depende de la historia de cada sujeto, pero no importa el tiempo cronológico que le lleve porque también intervienen muchas variables. Pero cuando comienza ese proceso ya no se detiene”.
Entre los casos que asesoran y acompañan, consideran que los tres mencionados más arriba son paradigmáticos en la temática. Los califican como un “descomunal abuso de poder y denegación de justicia”.
Caso por caso
Meses antes de ese pedido de ayuda que Julieta Añazco hizo a través de un mensaje de Facebook, volvieron a su memoria los abusos que sufrió cuando asistía a los campamentos de verano con el padre Héctor Ricardo Giménez. Durante años tuvo bloqueados esos recuerdos. El mensaje comenzó a recibir respuestas de otras víctimas, que conocían al sacerdote. “Es un abusador de menores desde siempre. Estuvo detenido en el año 1997 y cumplió una condena de 8 años. Yo jamás pude hablar, hasta hoy”, seguía el texto desesperado de la mujer que hoy tiene 44 años. “No creo que pueda denunciarlo formalmente; pero sí quisiera un escrache. No por mí, sino por que debe haber muchísimos niños, hoy hombres, que seguro no pudieron hablar, todavía; y por los niños que vendrán…”. En la causa hay unas 20 víctimas afectadas por el mismo cura, pero sólo dos se animaron a reclamar al obispado de La Plata. Aún no hay imputados y el cura no ha sido llamado a declarar. “Logramos que no prescribiera la causa”, recordó Julieta sobre el logro que llegó después de que se tomara la misma decisión en un caso testigo: el del cura Ilarraz, de Paraná, Entre Ríos, acusado de abusar de niños y niñas de por lo menos tres generaciones. Julieta es asesorada también por abogadas de La Ciega y apoyada por Las Azucenas, organización de mujeres de La Plata.
En 2002, los padres de treinta y cinco niños y niñas de entre 3 y 5 años que asistían al Jardín de Infantes del colegio Nuestra Señora del Camino de Mar del Plata, denunciaron al profesor Fernando Melo Pacheco, quien tras ser investigado, terminó absuelto por la Justicia. En su reclamo, los padres apuntaron desde el primer momento al cura párroco Alejandro Martínez, quien era director del colegio; y a la máxima autoridad de la Iglesia de Mar del Plata, monseñor Arancedo –quien luego fue nombrado arzobispo de Santa Fe-. El abogado Lombardi señaló que “Arancedo, actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, no hizo absolutamente nada, siendo trasladado, luego, a Santa Fe para reemplazar a Edgardo Storni (fallecido), también denunciado e investigado por abusos”.
En tanto, la víctima del cura Brizzio tenía 37 años cuando denunció en el Arzobispado de Santa Fe al presbítero de Esperanza, por hechos de su adolescencia, cuando pertenecía al grupo de jóvenes de la iglesia de la localidad de Gálvez. La noche que envió los primeros correos al Vaticano no lograba dormir. Hacía unos días había googleado el nombre del sacerdote que dirigió el grupo de jóvenes del que participaba y lo vio rodeado de adolescentes en una foto de la localidad de Eperanza. La respuesta llegó tres meses después, desde el Arzobispado de Santa Fe, con la promesa de una investigación canónica que no prosperó: un año después, tras citar a declarar a toda su familia a la ciudad capital, una comisión del Vaticano resolvió que la víctima no era menor de edad en la época que denunció los abusos. “Yo tenía entre 16 y 17 años cuando ocurrió; y así hubiera sido mayor de edad, Brizzio cometió un abuso. La tolerancia cero de la que habla el Papa es una mentira”, dijo el denunciante a Enredando.
Los detalles del relato producen escalofríos: “Mis padres comenzaron a participar de un grupo de encuentros matrimoniales en la Iglesia Católica de Gálvez. Yo me uní al grupo de jóvenes que dirigía Brizzio. Recuerdo que teníamos a cargo grupos de niños, con los que realizábamos campamentos. El sacerdote era alguien cercano, un amigo. Un día me invitó a un pueblo vecino donde daría misa. Tras esto, charlamos de lo que me pasaba. Él parecía atento. En un momento insistió en contenerme. Se paró; me paré, y comencé a notar que se frotaba sobre mi cuerpo. Luego siguieron algunas caricias en los genitales”. Ese fue el primero de tres hechos denunciados por la víctima, quien además acusó a las autoridades eclesiásticas a cargo en aquella época en la provincia, ya que su padre llevó la queja hasta el denunciado exobispo Storni, quien solo gestionó un traslado para Brizzio; y a las actuales autoridades, como el vicario general del Arzobispado de Santa Fe, Javier González Grenón y el propio arzobispo.
A modo de resumen, Lombardi lamentó: “En todos los casos sufrimos el abuso de poder y denegación de justicia por la sola razón de que las víctimas no tienen derecho a defenderse. Todo lo cocinan los curas, en sus oficinas, con sus procedimientos y entre ellos”.
