Trabajadores y trabajadoras de distintas áreas del Estado provincial vinculadas a la niñez y la adolescencia cuestionan la forma en que el Estado provincial interviene para buscar garantizar los derechos vulnerados en esta franja etaria. Políticas públicas y condiciones laborales, pilares fundamentales pero debilitados que configuran a las trampas de la inclusión.
Por Martín Stoianovich
Montaje: pibes y pibas del fin del mundo
Dibujo: El Tomi
Políticas públicas, condiciones laborales y prácticas con la población. Los trabajadores cuestionan. La compleja situación de los niños, niñas y adolescentes de las zonas más empobrecidas de Rosario y la región, sumada a la forma de intervención del Estado provincial en sus vidas, los invita a redoblar los cuestionamientos. Incluso por afuera del horario de trabajo. Se organizan y buscan problematizar, pero para proponer. “Crear nuevos paradigmas”, se escuchó en el encuentro del que trabajadores estatales vinculados a niñez y adolescencia participaron en la sede rosarina de ATE el pasado sábado 25 de junio. Para cada planteo realizado por quienes a diario se topan, desde una institución estatal, con las duras realidades de los más chicos, hay un ejemplo concreto que, partiendo de la particularidad de cada caso, invita a entender que no se trata de casos aislados.
De cara al Encuentro del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, a realizarse en noviembre en la ciudad, se realizó el debate “Las trampas de la inclusión”, coordinado por la secretaria adjunta de ATE, Lorena Almirón, y del cual participaron referentes como Adolfo Aguirre, coordinador nacional del Foro; Gustavo Lorenzo, abogado de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular; y Silvia Lampugnani, psicóloga, psicoanalista y coordinadora de un programa de la UNR referido a la materia.
Para recibir la jornada los trabajadores plantearon su “manifiesto”, el cual pormenoriza los distintos aspectos que influyen en el laburo cotidiano con niños, niñas y adolescentes. De la mayoría de ellos se desprende la vulnerabilidad y precariedad de la política estatal en la materia.
“Fortalecimiento de políticas represivas en lugar de políticas proteccionistas”, mencionan. Hablan del arribo de Gendarmería y Prefectura en los barrios, que tuvo su primer ensayo en abril de 2014 En aquellos territorios donde los pibes y las pibas sufren la mayoría de problemáticas que se exponen. A la cuestión de la militarización se suma la ampliación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, que no rehabilita, que no es un instituto. Los pibes, y los trabajadores, entienden que es una cárcel de menores. Los trabajadores hablan de “alternativa no punitiva” y la relacionan a “priorizar la inclusión de jóvenes con tránsitos complejos y complicados en instituciones atractivas y permeables con ofertas lúdicas, educativas, productivas, terapéuticas”.
Otro punto planteado hace referencia al énfasis que el Estado provincial, puntualmente el Ministerio de Desarrollo Social, pone en profundizar las medidas excepcionales por encima de las medidas de primer nivel. Esto refiere a la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que plantea políticas de primer nivel para intervenir en situaciones de vulneración de derechos, y de medidas excepcionales como continuación de una estrategia en caso de que las medidas de primer nivel se vean superadas por las complejidades de cada caso. Lo que plantean los trabajadores es que las medidas excepcionales suelen ser violentas y atacar la subjetividad de los chicos.
Los ejemplos los pone la realidad. Trabajadores dependientes del Ministerio de Desarrollo Social denunciaron en agosto de 2015 un caso puntual que exponía las distintas formas de violencias a las que están expuestos los jóvenes: antes y después de la intervención estatal. El chico, de 17 años por entonces, vivía en barrio Santa Lucía, al extremo oeste cruzando Circunvalación, más afuera que adentro de la ciudad. Había estado vinculado a una de las bandas que se disputaban el negocio de venta por menudeo de drogas en el barrio, momento a partir del cual su vida comenzó a estar en riesgos. Riesgos concretos: amenazas de muerte, tiroteos a su casa, amigos heridos. El chico tuvo que irse del barrio. El trabajo de las instituciones de primer nivel, en este caso el centro de salud y el Centro de Convivencia Barrial, no tuvo efecto en el resguardo de la vida del chico y entonces intervino el equipo de crisis de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia. La respuesta del Estado fue someter al joven a una gira por la ciudad: lo enviaron a un hotel, luego a una pensión, luego un hostel y finalmente a un Hogar de Protección al Menor. ¿Y su vida, sus amigos, su familia, sus proyectos, su escuela? ¿Su barrio? ¿Su identidad? Él, como varios de sus amigos, se tuvo que ir de Santa Lucía. El narcotráfico siguió instalándose aún cuando la complicidad policial es una denuncia en común del barrio.
«Esta salida obligada para resguardar la vida del pibe no tiene que plantearse en términos definitivos porque así la situación que da origen al problema no se modifica. La realidad es que no hay capacidad de respuesta, ni económica ni intelectual para estar al día en la problemática territorial. No hay decisión de llegar con políticas públicas a algunos sectores, porque implica muchísimo recurso, tiempo, y decisión política para sostenerlas», decía por entonces el trabajador consultado.
El “manifiesto” de los trabajadores estatales habla de otro aspecto que invade de realidad el discurso oficial. Las medidas excepcionales tienen un solo destinatario: los pibes y pibas pobres. “No se ven medidas excepcionales ni en la clase media, ni en la clase alta. Esto nos pone en la cuenta de que más que una vulneración específica de derechos hacia los niños y jóvenes por parte de las familias, se trata de una vulneración de derechos histórica hacia familias completas por un Estado que no llega. En el fondo, con estas medidas sancionatorias el estado termina criminalizando la pobreza”.
También hablan de la falta de articulación entre las áreas y niveles de gobierno. “No se puede operar como si cada área tuviera su ley. La falta de articulaciones formales lleva a que se trabaje en base a la confianza. Nos encontramos haciendo todo el tiempo apuestas personales, muchas veces efectivas pero improvisadas, para llegar a construir aunque sea un hilo en la red”, dice el documento. Y agrega: “Cuando afortunadamente intervienen varias áreas o niveles de gobierno, se producen intervenciones múltiples, difusas, vacantes o superpuestas, sin articulación orgánica entre ellas”.
Los ejemplos los pone la realidad. En octubre de 2015 trabajadoras de la Dirección Provincial de Salud Mental denunciaron un caso en el que la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia no respetaba las áreas del primer nivel de intervención. Y hablaban, también, de falta de articulación entre Salud y Niñez. Una niña de 15 años que estaba atravesando por una profunda crisis subjetiva recibió una medida excepcional que comprendió el internado en la clínica psiquiátrica privada IMPAR. También se repudió la decisión del Estado provincial de priorizar en el ámbito privado porque el costo por la internación era de 1600 pesos diarios. La chica estaba sobremedicada, conviviendo con adultos mayores, y su acompañante denunció falta de perspectiva de recuperación. En este caso, las áreas de primer nivel actuaron acorde a la ley 12.967, y cuando percibieron que la situación era insostenible idearon una estrategia de trabajo que implicaba el internado de la niña en un hospital público con acompañamiento y tratamiento específico para su situación. Pero no hubo articulación ni continuación de esa estrategia. La chica estuvo en IMPAR hasta que luego de la denuncia pública fue trasladada a otra institución en una localidad de la región.
En otro plano, los trabajadores se refieren a las condiciones laborales. El Ministerio de Desarrollo Social precariza. Un ejemplo es la figura del “acompañante personalizado”. Fue implementada en el año 2007 desde la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Es un puesto que ni siquiera figura en la ley 12.967. Lo que implica que no haya solidez ni en las condiciones laborales ni en las formas de trabajo e intervención. Pasan, a diario y en los territorios, horas junto a niños, niñas y jóvenes que atraviesan distintos conflictos. Actualmente en Rosario y la región son más de 200, no tienen contrato ni cobertura médica, cobran 60 pesos la hora sin pago doble en feriados, fines de semanas o turnos nocturnos, y tampoco les pagan los viáticos. “La labor del acompañante cumple un rol fundamental procurando garantizar dese los primeros cuidados del niño hasta su autonomía como sujeto de derecho”, dicen en un comunicado en el que expresan su situación. ¿Pero qué impacto positivo puede tener un trabajo en estas condiciones?
Lo que se refleja en estos reclamos es una seria de problemáticas relacionadas entre sí y que confluyen hacia un mismo punto. Niños, niñas y adolescentes de los sectores populares, de por sí víctimas del olvido histórico, con vidas en donde la educación, el juego, la salud, el hogar, la cultura y demás derechos básicos se plantan más como utopías que como realidades. Situaciones de extrema violencia y vulnerabilidad. El Estado, a medias, reconoce estas situaciones y crea leyes, letras y letras y profundas teorías que luego intenta aplicarlas con un sistema de desarticulación, desprotección y precarización. Son las formas modernas de oficializar la pobreza como destino. Son, al fin y al cabo, las trampas de la inclusión.
