Una mujer policía fue imputada por homicidio calificado en la causa que investiga el crimen de Jonatan Herrera. Un giro inesperado por un avance que para la familia de la víctima debería haberse dado hace tiempo.
Por Martín Stoianovich
“Yo quiero un juicio oral y público para que se descubra la verdad, y que caiga quien tenga que caer, no importa quién sea”, comentaba María Elena Herrera en febrero de este año. Lo hacía, como tantas veces en los últimos meses, en la puerta de los Tribunales Provinciales exigiendo justicia por su hijo Jonatan, asesinado por la policía el 4 de enero de 2015. María Elena no se cansó de pedirle al fiscal Adrián Spelta que profundizara las medidas para esclarecer el crimen de su hijo. A más de un año y medio del hecho nuevos avances en la investigación indicaron que, además de los cuatro agentes de la Policía de Acción Táctica implicados en el caso, hay una policía del Comando Radioeléctrico que sería la autora de uno de los dos disparos mortales que recibió Jonatan. En una audiencia durante este martes presidida por el juez Gonzalo López Quintana, Spelta imputó a Gladys Galindo, de 35 años, por homicidio calificado agravado por abuso de la función de policía. Ante un avance teñido de dudas surge la pregunta: ¿Por qué no se investigó antes al Comando Radioeléctrico?
En la tarde de aquel 4 de enero el Comando Radioeléctrico perseguía a un presunto ladrón en la zona de Ayacucho y pasaje Villar, en barrio Tablada. Jonatan, que lavaba el auto en la puerta de su casa, quedó en medio de un tiroteo al cual se habían sumado agentes de la Policía de Acción Táctica que viajaban en un colectivo de línea. A pesar de pretender resguardarse detrás de un árbol, el chico recibió tres disparos y murió. A los pocos días cuatro agentes de la PAT fueron detenidos.
En septiembre pasado, cuando la familia Herrera era querellante con el patrocinio de los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman, el escenario de la causa que investiga el asesinato de Jonatan era totalmente diferente al actual. Por entonces, el fiscal Spelta indicaba que las medidas tomadas en el marco de la investigación sólo habían detectado la trayectoria de uno de aquellos tres disparos, el del agente Ramiro Rosales. Todo indicaba que a los otros tres, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, se le imputaría el delito de abuso de arma de fuego. Hasta se hablaba de un acuerdo abreviado para estos últimos tres, mientras que sólo Rosales iría a un juicio oral y público. Esta situación significaba para la familia Herrera reducir el asesinato de Jonatan a un hecho con esclarecimientos muy pobres. No había justicia a la vista. Por eso decidieron desvincularse de sus abogados y se refugiaron en el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas que enfrentan, tanto en la calle como en los Tribunales, a la violencia que ejerce el Estado a través de sus distintas policías. Surgió entonces el asesoramiento jurídico de las abogadas Analía Abreu y Cintia Garcilazo, junto a una serie de masivas movilizaciones exigiendo avances concretos en la investigación.
Con el paso del tiempo, el fiscal Spelta consideró que las evidencias recolectadas alcanzaban para declinar la primera impresión que se tenía sobre los cuatro imputados. Así se llegó al 2016 con el acuerdo abreviado para Gálvez con la pena de tres años de prisión por el delito de abuso de arma de fuego agravado por la función, por ser el único que en sus disparos no impactó a la víctima. A Rosales se lo acusó por homicidio calificado y se pidió la pena de prisión perpetua, mientras que Sosa y Rodríguez fueron acusados por tentativa de homicidio, con penas de doce años solicitadas por la Fiscalía, y de catorce por parte de la querella que representa a la mamá de la víctima. Luego de la audiencia preliminar realizada el pasado 16 de junio, se espera que por estos días López Quintana defina en qué situación se llegará al juicio oral.
De los tres disparos que recibió Jonatan, dos lo hirieron de muerte. Uno en la zona de la ingle, disparado por Rosales. El otro en la cabeza, y hasta estos días se desconocía de qué arma había salido. Spelta argumentaba que el mal estado del proyectil impedía definir su procedencia. Pero en la mañana de este lunes fue detenida Gladys Galindo, debido a que nuevas pericias determinaron que el disparo que Jonatan recibió en la cabeza provino del arma de esta agente del Comando Radioeléctrico. Las pericias balísticas y la reconstrucción también indicaron que el otro balazo que recibió el chico fue en el pie y salió del arma de Rodríguez, mientras que Sosa también disparó en dirección a la víctima.
Para la familia Herrera se llegó a esta situación gracias a la movilización en las calles, aún cuando marchar y exigir justicia ante las cámaras implique soportar las críticas de los abogados defensores que apuntan contra la exposición mediática de una mujer a la cual la policía le mató a un hijo. Exposición que le valió amenazas y todavía hoy le cuesta temor por no contar con el respaldo necesario que le pide al Estado provincial. “Sentimos bronca e impotencia, sabíamos que hay más implicados en la causa. Fue muy tardía la investigación, se quedó en los cajones y ahora salió a relucir lo que estábamos esperando”, dijo a enREDando María Elena luego de la audiencia. Y agregó: “Esto tendría que haber sido de entrada, no de a poco y a largo tiempo como se hizo”.
El asesinato de Jonatan Herrera se convirtió, a través del impulso de la multisectorial de organizaciones sociales y políticas que acompaña a la familia, en un caso paradigmático de la violencia institucional en Rosario. Por la impunidad con la que actuó la policía y por el proceso de justicia que comenzó a construirse. En los primeros días después del hecho, el ex policía y hoy abogado José Luis Giacometti, ahora representante de la nueva imputada, vinculaba el crimen a una “acción inexperta” de chicos que “cumplieron con su deber quizás cometiendo errores”. Por otro lado, en el barrio las voces bajas no escuchadas por la Fiscalía hablaban de la participación del Comando Radioeléctrico. Incluso mencionaron que un agente de esta división intentó plantar un arma al presunto ladrón cuando ya estaba reducido y que no pudo concretar la acción por la presencia de los propios vecinos. Ahora se pone sobre la mesa un accionar policial que descarta por completo “acciones inexpertas” y que por el contrario muestra una práctica sistemática, que es el abuso de poder. Gladys Galindo tiene 35 y no sólo “ocho días de experiencia” como dijo Giacometti en sus declaraciones de enero de 2014 refiriéndose a los integrantes de la PAT.
Entonces, vale la pena repetir la pregunta: ¿Por qué no se investigó antes al Comando Radioeléctrico? Fuentes cercanas a la causa aseguran que la investigación de Asuntos Internos a los agentes del Comando Radioeléctrico que participaron del hecho fue cerrada a los pocos días del asesinato de Jonatan.
La Fiscalía argumenta que recién ahora se pudo dar con las herramientas tecnológicas para avanzar en la pericia balística. Por su parte, la querella que representa a María Elena se limita a recibir la buena nueva. “Rescatamos como positivo que en el campo jurídico se impulse todo el pedido de la investigación para mantener posible el juicio”, analizó al respecto Cintia Garcilazo, quien también valoró el trabajo de las organizaciones como motor para impulsar los avances por afuera de los Tribunales. Esta situación también permite que los abogados defensores refuercen el pedido de desvinculación de los policías Sosa y Rodríguez. Al respecto, María Elena no duda: “Yo le pedí a mi hijo lo justo. Que no quería que alguien esté preso si no tuvo nada que ver, pero lo que puedo decir hoy es que todos dispararon y no lo pueden ocultar. Si no tuvieron nada que ver no hubieran querido arreglar con un abreviado. Da bronca que en este año y medio de lucha recién ahora se descubran cosas que tendrían que haber salido a la luz hace rato”.
