Brian tiene 16 años. Fue baleado por la policía pero sobrevivió, aunque su testimonio en contra de su agresor significó que comenzara a ser víctima de reiterados hostigamientos. El juez Alejandro Negroni dio lugar al pedido de la defensoría pública y consideró que la situación del joven es grave.
Por Martín Stoianovich
Dibujo: Tomás Muller
La vida de Brian F. estuvo a punto de terminar demasiado pronto cuando a sus 15 años, en agosto de 2015, un policía retirado le dio cuatro tiros. Estuvo internado en coma pero sobrevivió y pudo contar su versión, que difiere de la construida por el propio policía que, como suele suceder, dice que hubo un previo intento de robo y que por lo tanto actuó en legítima defensa. Pero la suerte de haber sobrevivido se cruzó con las consecuencias de declarar en contra de la policía. Desde aquel día de agosto, Brian sufrió allanamientos, golpizas y tres detenciones ilegales por parte de agentes de la Comisaría 18. Por esta serie de hostigamientos, el Servicio Público de la Defensa presentó un hábeas corpus que fue rechazado en diciembre por el juez Hernán Postma. La medida fue apelada y este martes, luego de una larga espera, el juez Alejandro Negroni dio lugar al hábeas corpus y consideró que Brian fue víctima de una detención ilegal. Esta medida se suma a la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace unas semanas se pronunció en relación al caso y exigió al Estado nacional a preservar la vida del joven.
Brian tenía 15 cuando fue atacado por primera vez. Luego, en otro episodio y tal como lo cuenta el defensor general de la provincia Gabriel Ganón, un policía le dijo que iban a esperar a que cumpliera 16 años para detenerlo y dejarlo preso. Hoy, Brian ya cumplió los 16 y por lo tanto entró en edad punible. Y los riesgos de caer en una nueva detención ilegal son certeros. Hay precedentes que argumentan esta posibilidad y por eso hoy el chico está con miedo y casi no sale de la casa. Los distintos episodios llevaron a que la defensoría pública interviniera en el caso, y que también tomaran cartas en el asunto la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Seguridad y la comisión de Derechos Humanos del Senado de la provincia.
“Se permite ver un marco de situación grave de la que puede ser objeto el menor Brian F.”, dijo el juez Negroni antes de aceptar la presentación del hábeas corpus. Por su parte, Ganón remarcó la importancia de la resolución pero así también criticó al Ministerio Público de la Acusación, que participó de la audiencia a través de la unidad de Violencia Institucional. “Venimos puntualizando que los jóvenes punibles y ni punibles son detenidos sin que se den los presupuestos legales para la detención. Los jóvenes no punibles son detenidos por caprichos de la policía. Lo viene sufriendo Brian desde hace mucho tiempo y se comprobó desde la audiencia que la detención de él y su mamá fueron absolutamente ilegales”, sostuvo el defensor.
El hecho que puntualmente abordó la audiencia presidida por Negroni ocurrió el 23 de diciembre de 2015, justo el mismo día en que se realizó la audiencia en la que Postma rechazó el primer hábeas corpus argumentando que la libertad del chico no corría peligro. Desde la defensoría indican que aquel día los policías de la 18 entraron sin orden de allanamiento a la casa de Brian en barrio San Francisquito y lo detuvieron acusándolo de un robo. En el operativo también cayó Mabel, mamá de Brian, por oponerse a la detención y por supuestas amenazas contra los policías. Ambos estuvieron detenidos durante varias horas y luego fueron puestos en libertad.
El asesor del Juzgado de Menores, Daniel Papalardo, presente en la audiencia, consideró que en este hecho la policía dejó ver irregularidades en el acta hecha a partir del aparente robo por el que se acusaba a Brian. Por su parte, Negroni consideró que la detención fue ilegal. “No se advierten los motivos legales sobre los cuales la ley autorizaría una aprehensión a un menor no punible y no se ven traducidos los requisitos indispensables para hablar de flagrancia”, analizó. También remarcó que ese día ninguna autoridad policial, como lo indica el código procesal de menores, se comunicó con el Juzgado o la Dirección de Niñez para dar aviso de la situación.
Un largo camino de hostigamientos
No hay exageración al decir que la vida de Brian pendió de un hilo aquel 22 de agosto de 2015. Después de estar internado dos meses y de recuperarse a medias, porque sigue arrastrando consecuencias físicas, el chico contó que iba en moto con un amigo cuando fueron atacados desde atrás con disparos de arma de fuego por Hugo F., un ex policía de 51 años. Brian quedó tirado en el suelo y su amigo logró zafar del ataque que no había terminado. El ex agente se acercó a Brian y volvió a gatillar. En total, el chico recibió cuatro disparos. Brian contó que no hubo más tiros porque una vecina alcanzó a intervenir y logró que el policía no siguiera disparándole.
A los pocos minutos llegaron policías de la 18 en coincidencia con los familiares de Brian. Según relatan las notas de El Ciudadano, allegados a Brian aseguran que cuando el patrullero se llevó al chico al hospital, los familiares del policía manipularon la escena, plantando un revolver, corriendo la moto desde la esquina hacia la puerta de la casa del agresor y gatillando con el arma plantada al frente de la vivienda. El objetivo sería claro: modificar la escena para inclinar la hipótesis del hecho a favor de la idea de que había existido un intento de robo.
Luego del episodio del 23 de diciembre, se dieron otros hechos similares. El 15 de enero pasado Brian fue detenido al no frenar su recorrido en moto ante un control policial. Según cuenta la defensoría, aquel día los agentes lo persiguieron, lo hirieron con balas de goma, luego dispararon con balas de plomo al frente de la vivienda del chico y finalmente se lo llevaron a la 18. Allí, contó luego el chico, le dijeron que lo iban a matar si no retiraba la denuncia a la policía.
El hecho más reciente es escalofriante por las coincidencias que se pueden deducir a través de las relaciones y distintos puntos en común. El 28 de abril pasado Brian fue trasladado a la 18 donde estuvo preso atado a los barrotes de la celda, acusado nuevamente de haber cometido un robo. Brian contó que en el patrullero, camino a la comisaría, le preguntaron si él era Brian Maciel. Él les dijo que no. Maciel era uno de los mejores amigos de Brian, quien horas después de esa detención fue asesinado por la espalda por otro policía retirado -también llamado Hugo, pero de 54 años – que, para sumar otro punto, reportó un intento de robo en el propio barrio San Francisquito. Según relatan desde la defensoría, varias horas después de la detención los policías dieron aviso a la Fiscalía y fue entonces que Brian, ya con 16, tuvo que pasar la noche en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR). Allí, denuncian, estuvo alojado sin comida hasta el día siguiente hasta que fue puesto en libertad por la jueza de menores.
El rol de la Fiscalía y la sombra del gatillo fácil
A Brian lo mató la policía. No a este joven de 16 años que pudo sobrevivir a los disparos a quemarropa. Pero sí a su amigo, el otro Brian, el de 18 años. También de San Francisquito. En aquel 22 de agosto de 2015, Brian F. podría haberse sumado a la lista de los quince jóvenes asesinados por la policía en Rosario durante 2015. Brian Maciel, por su parte, sí fue tachado de lo que podría ser la lista negra de la policía. Porque de eso se habla en los barrios, y de eso hablan los pibes que son perseguidos y hostigados por la policía. De listas negras que integran aquellos jóvenes que tuvieron o no alguna relación con algún o varios policías. A Brian F. le dijeron que lo iban a matar, y tuvo que intervenir el Estado para evitarlo, al menos por ahora. Según se puede deducir del relato de Brian F., a Maciel lo buscaba la policía horas antes de que fuera asesinado.
Elías Martínez tenía 18 años cuando fue asesinado por la policía en barrio Rucci el 29 de agosto pasado, una semana después de que Brian F. fuera baleado por el ex policía. Por aquellos días, un vecino de Martínez aseguró que el joven había denunciado que estaba en la lista negra de la policía por un crimen del cual lo habían acusado y por el cual había sido liberado.
El gatillo fácil de la policía se consolida, una vez consumado el hecho, cuando el poder judicial investiga siguiendo la versión policial. Incluso cuando las historias de pruebas plantadas y versiones manipuladas saturan las crónicas policiales, los rumores barriales e incluso algunos fallos judiciales. El gatillo fácil tiene una etapa en el policía que dispara y una posterior, pero también una antesala que colabora en la construcción de la impunidad.
Si Brian F. moría aquel 22 de agosto, su testimonio no se hubiera escuchado y las palabras de los allegados que vieron a los familiares de la policía plantando pruebas hubieran sido sólo rumores. Suficientes para alimentar aquel irónico discurso que dice “cuando los matan son todos buenos”. Pero también suficientes para que los medios de comunicación destaquen la versión policial que también es la oficial porque la Fiscalía suele dar el puntapié de la investigación a través de lo que la policía dice que vio en la escena de los hechos. Entonces, quizás la hipótesis del intento de robo con enfrentamiento armado y uso legítimo de la defensa, hubiera sido potable. Como en los casos Fiori, Godoy, Zamudio, Ojeda, y otros pibes que no pudieron sobrevivir a las balas policiales para dar su testimonio y sus muertes todavía hoy se tiñen con la duda y la falta de esclarecimiento. Porque en fin, más allá de los antecedentes de cada pibe, la investigación de los hechos debe avanzar hacia el esclarecimiento y dilucidar así si hubo o no accionar ilegal de la policía. O, en todo caso, dejar en claro de qué manera actuó la policía como institución estatal. No se trata de conjeturar. Pero en el estancamiento de las investigaciones los casos de gatillo fácil sólo quedan en las sombras, y lo que se legitima entonces es la repetición de los hechos y no su condena.
La antesala del gatillo fácil también requiere del rol que, por acción u omisión, cumplen las otras instituciones del Estado que no son la policía e intervienen sobre estas situaciones. Después del episodio del 22 de agosto de 2015, el único imputado fue el propio Brian por el intento de robo del cual se lo acusaba. La investigación de los hechos recayó en la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, quien escuchó a todas las partes pero aún ni siquiera imputó al policía agresor. Por el hecho del 15 de enero interviene la fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci, y todavía se esperan notificaciones. En la audiencia de este martes, esta unidad del MPA no presentó avances concretos en los distintos hechos denunciados por la defensoría pública pero aseguraron que profundizarán las investigaciones.
“Lamentamos que el MPA sigue sin tomar con seriedad la investigación de este tipo de episodios que ponen en peligro la vida de muchos jóvenes de la ciudad”, analizó Gabriel Ganón al término de la audiencia. “Estamos intentando encontrar respuestas del Estado provincial, encontramos receptividad en el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Niñez, pero no así en el Ministerio de Justicia, que termina encubriendo este comportamiento de ciertos fiscales, funcionarios y jueces de menores que legalizan este tipo de situaciones”, agregó.
“El MPA debería trabajar con seriedad, vinimos esperando que la Fiscalía nos pusiera al tanto de cómo venían las investigaciones por la seria de hechos de la que había sido Víctima Brian, y ese policía que le dio tiros en el piso no se encuentra imputado”, indicó respecto del rol de la Fiscalía. El caso de Brian tiene particularidades que lo separan de otros casos de violencia institucional. Sobrevivió al gatillo fácil. Y viene esquivando a la impunidad.
