El diputado provincial Carlos Del Frade presentó en la Cámara de Diputados el informe «Geografía Narco: el negocio del sistema». Una radiografía que denuncia con nombres y apellidos, a las bandas que desarrollan el negocio en la provincia de Santa Fe. «Hemos asistido a una serie de asesinatos que a nuestro entender refleja un reacomodamiento del negocio narco en la zona de Rosario y el gran Rosario y que se está haciendo también en otras ciudades de Santa Fe, como esta ciudad capital.», sostuvo Del Frade durante su presentación en el recinto. Compartimos el prólogo y el informe completo.
Por Carlos Del Frade (Diputado provincial del Frente Social y Popular. Periodista)
Prólogo del Informe Geografía Narco: el negocio del sistema
Desde hace cuarenta años que la Argentina es una geografía narco por decisión política paraestatal de las dictaduras de Hugo Banzer, en Bolivia, y Jorge Videla, en estos arrabales del mundo tal como lo informó la señora Ayda Levi, la ex esposa del “rey de la cocaína”, Roberto Suárez Gómez, el proveedor de Pablo Escobar Gaviria. Negocio paraestatal siempre regulado por la DEA, según apuntaron las revelaciones de wikileaks, y las disposiciones políticas y judiciales de naciones como Canadá, México y Estados Unidos, según puede leerse en los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, desde 2001 al presente.
El presente, entonces, es consecuencia de complicidades políticas, judiciales, empresariales, financieras y culturales mediáticas que desde diferentes nichos estatales promueven el fenomenal negocio. A partir de los años setenta, por otro lado, los organismos internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico de Europa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo; sostienen que los principales cinco mecanismos de recaudación son el petróleo, la venta de armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas.
La consecuencia de ese modo de acumulación multinacional que tiene sus particularidades históricas y regionales según la evolución social de los pueblos, la pagan las chicas y los chicos menores de treinta años. Consumidores consumidos, soldaditos inmolados en los altares del dios dinero, corazón palpitante del capitalismo. Este informe da cuenta de algunos hechos que marcaron la segunda mitad del año 2015 y la primera de 2016, en los que aparecen noticias que profundizan esa matriz conceptual del narcotráfico como un negocio paraestatal que necesita siempre de nichos corruptos en administraciones gubernamentales, sean nacionales, provinciales, municipales y comunales, al mismo tiempo que se verifican, hasta el hartazgo, en las fuerzas de seguridad y comienzan a juzgarse en los tribunales provinciales y federales de la Argentina.
Las políticas que hablan de coordinación de fuerzas federales y provinciales no hacen más que repetir los esquemas ya impuestos en Colombia, México y Brasil, con el doloroso resultado de miles de jóvenes asesinados y, por otro lado, la metamorfosis del narcotráfico en nuevas formas de acumulación.
Una de ellas, ya anticipada en el informe sobre la evolución del negocio que hizo las Naciones Unidas el 26 de junio de 2015, en el que presentaban a la Argentina como un país productor y exportador de drogas sintéticas, realidad que apareció en los medios de comunicación masivos recién con las muertes sufridas en Costa Salguero, en el marco de una fiesta electrónica, en abril de 2016. Las recientes declaraciones del gobernador de la provincia de Córdoba que sostienen el dominio de barrios de una de las ciudades más importantes de América del Sur por bandas narcos merecen una atención muy especial.
Una confesión que no fue admitida por los poderes ejecutivos de otros estados importantes de la Argentina, como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán o Entre Ríos, por nombrar algunas de las geografías que aquí se repiten por su aparición en algunos medios de comunicación. Es hora de pedir un mayor compromiso desde los actores de los tres poderes republicanos: ejecutivos, legislativos y judiciales. Desde las diferentes provincias debemos ir mucho más allá del rol asignado según el deber ser de las leyes, decretos y ordenanzas.
Por eso este informe tiene el objetivo de pedir un mayor esfuerzo a los fiscales y jueces, a diputados provinciales, nacionales y concejales, como así también a los gobiernos que entiendan que ya no alcanza con protegerse bajo el escudo de las jurisdicciones y los límites de las actuaciones formales. Escrito desde Santa Fe, con la particularidad regional de su historia en los últimos cuarenta años, ponemos de manifiesto que la geografía narco de la Argentina responde a los lineamientos de los negocios del sistema capitalista pero que más allá de esta idea, hay actores que hoy permiten el reciclado del negocio desde las instituciones democráticas.
Tenemos la obligación de hablar en tiempo real. Asumir el compromiso de los que están atravesados por el miedo concreto que sufren por el conocimiento y la cercanía con los mercaderes de las armas y el narcotráfico. Poner la cara por ellos para que la política y los servicios públicos de justicia vuelvan a ganar el necesario respeto de cara a una sociedad que debe ser transformada en el presente.
Que este documento sea tomado como declaración pública ante quien corresponda para que se investiguen y denuncien las distintas formas de lavado de dinero que van desde los pases de jugadores de fútbol al negocio inmobiliario, desde los manejos de los puertos a los casinos sin controles externos que están en las geografías provinciales, desde los presupuestos oficiales que deciden compras millonarias a las operaciones bancarias localizadas en los estados subnacionales. Mirar para otro lado, callarse la boca son formas de complicidad. En estos hechos que vienen sucediendo entre 2015 y 2016 vemos la confirmación de la geografía narco como consecuencia de la continuidad de los negocios paraestatales del sistema.
