Cómo en Rosario durante 2014 y 2015, ahora las fuerzas federales desembarcan en la provincia de Córdoba. Las disputas políticas y la manipulación del discurso fortalecieron el arribo de la Gendarmería. Mientras, las organizaciones sociales vislumbran una avanzada de la militarización de las calles.
Por Martín Stoianovich
Los desembarcos de las fuerzas federales en las ciudades de las grandes provincias del país forman parte de las políticas más mediáticas y polémicas de cada gobierno en materia de seguridad. Por los debates que se generan en torno a estos sucesos pero también por las consecuencias que, a corto y mediano plazo, empiezan a hacerse notar luego de cada arribo. Sucedió en la provincia de Santa Fe en 2014, con la llegada de la Gendarmería y la Prefectura impulsada por el entonces gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de Seguridad Raúl Lamberto. Ocurrió de nuevo en 2015 en tierras santafesinas y ahora, en la vecina provincia de Córdoba, se está dando un acontecimiento similar. La Gendarmería ya llegó a las sierras, aunque no se sabe bien para qué. Lo único claro es, por un lado, la polémica desatada en el escenario político y, por otro, lo que a primera impresión queda a la vista: la ocupación de las calles por parte de una fuerza militarizada. Organizaciones sociales de Córdoba mantienen la alerta en medio de un clima de incertidumbre.
En la provincia de Córdoba no se sabe para qué llegó la Gendarmería ni cómo se fueron tejiendo los pormenores del desembarco. En los últimos días de 2015 – cuando el actual gobernador Juan Schiaretti, del Partido Justicialista, inauguraba su segunda gestión provincial – ya comenzaba a hablarse del arribo de las fuerzas federales. La noticia fue el nuevo destacamento en la localidad de Río Ceballos, de la zona de Sierras Chicas, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital provincial, para profundizar la siempre encomillada pelea contra el narcotráfico. Por aquellos días, los medios de comunicación aseguraban la llegada de entre 300 y 500 efectivos de la Gendarmería para reforzar controles en los cruces de las rutas de la región que tienen conexión con el norte del país y las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Los días pasaron y los gendarmes comenzaron a andar por localidades como Río Ceballos, Villa Allende, Unquillo, Mendiolaza y Saldán. Y arrancó la polémica.
El intendente de Río Ceballos, Omar Albanese, tuvo que salir a explicar públicamente que el objetivo de la Gendarmería no es realizar el trabajo de la policía provincial. Destacó que están detrás del narcotráfico, que no llegaron para patrullar las calles, que actualmente hay unos setenta gendarmes en la ciudad y que para fin de año se espera un total de doscientos efectivos.
Albanese remarcó que la fuerza no llegó para patrullar. Pero admitió que “la sola presencia del asentamiento de Gendarmería ya da otra seguridad en la localidad”. Y quizás en este aspecto se encuentre uno de los principales motivos para promover la llegada de los gendarmes a las localidades cercanas a la capital. La ciudad de Córdoba, atravesada por la complicidad policial con el narcotráfico y por el reclamo de sus sectores medios y altos de mayor seguridad en las calles, se configura como un escenario viable para los ensayos de la militarización. La Gendarmería es, todavía, una fuerza que goza de buena reputación en las ciudades donde no frecuenta su presencia. Por eso también es un buen as que los gobiernos provinciales y locales tienen en cuenta a la hora de atender los reclamos de la sociedad en materia de seguridad y también mejorar la imagen de la gestión.
Hoy la Gendarmería en Córdoba es la carta del gobernador Schiaretti, del ministro de Gobierno y Seguridad Juan Carlos Massei, y de los intendentes de cada localidad. Una carta que todos quieren tener aunque no sepan cómo usarla. El panorama pinta una notoria desarticulación profundizada por las diferencias políticas. Y ya no es sólo Río Ceballos la localidad que hace las veces de sala de ensayo. También llegaron a Villa Allende, otra localidad de la zona, incluso ubicada algunos kilómetros más cerca de la capital provincial. Aunque, en esta oportunidad, el arribo se dio en otro marco: la Gendarmería empezó a patrullar las calles luego de una reunión del intendente del PRO, Eduardo Romero, con el presidente Mauricio Macri. Pero no quedó ahí, sino que durante los festejos por el 25 de Mayo, Romero – ex golfista internacional y amigo de Macri – desfiló por las calles de Villa Allende parado en la caja de una imponente camioneta de la Gendarmería.
– “Se incrementaron mucho los delitos y buscamos una solución”.
– “Hoy venía caminando y la gente me paraba y decía que está tranquila porque siente la presencia de la policía”.
– “Villa Allende no era una zona roja delictiva pero ahora sí”.
– “No se puede más con la inseguridad”.
Estas declaraciones hizo Romero a los medios de comunicación en medio de la polémica. Creó así un colchón discursivo que fortaleció la imagen de un intendente que aparenta atender las necesidades de sus vecinos, y así la repentina llegada de la Gendarmería a Villa Allende parece quedar justificada. Y las repercusiones no tardaron en llegar a los intendentes de las demás localidades de la zona que, como efecto dominó, comenzaron a exigir la llegada de Gendarmería para las otras ciudades. Esto sacó chispas en el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia y fue por eso que Massei le envió una carta a su par nacional, Patricia Bullrich. Le pidió coordinación para concretar este tipo de acciones y públicamente criticó el acuerdo informal entre Romero y Macri. En los últimos días Bullrich y Massei se reunieron para ratificar la llegada de quinientos gendarmes para trabajar sobre las rutas, como se había acordado hace algunos meses, y entonces el enojo del gobierno cordobés pasó rápido. Las polémicas estuvieron, el conflicto fue tenso pero, quizás por su naturaleza, se descomprimió sobre el final. Es que la meta del camino siempre fue una sola: el teatro antidisturbios. Y no hay funcionario que se oponga a las fuerzas federales en las calles.
Mucho Palo
“Una fuerza nacional militarizada para reprimir un robo de cartera”, tituló un informe periodístico del medio alternativo Mucho Palo Noticias en el cual se cuestionan las irregularidades de la llegada de la Gendarmería a Córdoba. El título surge de las declaraciones de Lucas Crisafulli, abogado y miembro del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, en una entrevista al programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. En esa entrevista, Crisafulli refiere a la idea de lo que indirecta -pero realmente- provocan estas políticas en el área de Seguridad. “Hay una decisión política de poner todos los esfuerzos y recursos en delitos pequeños, de esa forma, por un lado se demuestra que hay ‘toda una campaña de seguridad’ que se está haciendo, pero por el otro lado se deja impune a las economías delictivas más complejas”, explica.
Una mirada aplicable a los desembarcos de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe durante 2014 y 2015, cuya experiencia en esos dos años se basa en resultados concretos. No se combatió al narcotráfico como problemática ya reconocida como un entramado de complicidades de instituciones estatales con las bandas que buscan manejar el menudeo en distintos territorios. No disminuyeron en forma notoria los índices de homicidios vinculados al tema. Sólo se saturaron durante un tiempo determinado los territorios que desde las oficinas de las áreas de Seguridad provincial consideran más peligrosos. Y aparecieron los abusos de autoridad, las críticas públicas a la intervención de las fuerzas federales de la mano con los magros resultados respecto del supuesto verdadero motivo de los desembarcos. Por estos lados, los grandes operativos de la Gendarmería se extendieron en el tiempo de manera proporcional a lo que duró la confianza y la imagen positiva que la sociedad tenía sobre la fuerza. Todo enmarcado en la fecha de retiro que aseguraba el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a pesar de los intentos del socialismo para prolongar la estadía. Bastaron unos meses para dar por tierra la idea de que existe una fuerza incorruptible.
Desde la provincia de Córdoba, en contacto con enREDando, Lucrecia Fernández, periodista de Mucho Palo Noticias, coincide en que la llegada de Gendarmería se da en un marco de incertidumbre que no permite dilucidar cuál es el verdadero motivo de la operación. “No tenemos un índice de delitos alto, y los delitos que ocurren son menores. El escenario en el que se da el desembarco deja muchas dudas, no se entiende el porqué. No hay delitos complejos ni grandes problemas del narcotráfico. No hay una razón, más allá de que estemos o no de acuerdo, similar a la de otras regiones”, consideró. En este sentido, la diferencia con Rosario se manifiesta desde lejos: en la ciudad santafesina el primer desembarco de Gendarmería se dio en abril de 2014, cuando la tasa de homicidios estaba cerca de promediar un caso por día.
En Córdoba pareciera ser un despliegue invertido. Primero llegan los gendarmes con acuerdo del gobierno provincial, después un intendente aprovecha sus lazos con Macri para fortalecer su imagen logrando la llegada de gendarmes a su ciudad, luego habla de inseguridad, y por defecto sus pares de otras localidades también quieren gendarmes. La mayoría de la sociedad, por su parte, siempre dice que sí a la presencia policial. Lo que se necesita es una antesala que justifique, y de eso se encarga el discurso político y mediático.
En este sentido es que Fernández habla de las zonas liberadas como estrategia para moldear el discurso en la población. El ejemplo lo pone con los operativos de saturación policial desplegados en Córdoba capital durante el 2015. “Semanas antes la gente en los barrios se daba cuenta que estaban liberando zonas para generar un aumento en la sensación de inseguridad y poder aumentar la represión”, explica. Algo similar, según cuenta, ocurrió en el marco de la llegada de las fuerzas federales: “Cuando comenzó este proceso de la llegada de Gendarmería, como a la gente no le gustaba, empezaron a haber robos que antes no había, sobre todo en locales comerciales. Ahora hay un discurso socialmente aceptado de que la Gendarmería viene a resolver el problema de inseguridad que hay”.
Se traduce así una suerte de imposición a los cordobeses. ‘La Gendarmería tiene que estar’, pareciera ser el mensaje. “Evidentemente hay algo más”, dice la periodista de Mucho Palo. El informe publicado en los últimos días argumenta esta suposición. La ley nacional de Seguridad Interior establece reglas para la intervención de las fuerzas nacionales en casos excepcionales. Así lo dice: “El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos: 1- Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada. 2 – Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal. 3 – En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil”.
“Es preocupante que por un lado esto sigue reforzando el discurso de que ‘para más seguridad se necesitan más fuerzas represivas’ y por el otro que sin tener un conocimiento fehaciente de estadísticas y tipo de delitos, se destine por estos motivos una fuerza de seguridad que está para custodiar las fronteras”, describe el artículo de Mucho Palo. Por su parte, Fernández refuerza la preocupación: “No dicen por qué vienen acá, ni cuál es su función. Siempre es un problema cuando una fuerza represiva se interna en un territorio, pero es mayor si no está claro ni siquiera por qué vinieron o qué van a hacer”.
Base en la organización
Lucrecia Fernández como integrante de Mucho Palo es parte de la cobertura de la clásica Marcha de la Gorra, que cada año se realiza por las calles cordobesas como forma de visibilizar la pelea contra la estigmatización y represión policial a las juventudes de las barriadas populares. Cómo en Rosario, y en cada ciudad donde la desigualdad social se traduce en las relaciones de las distintas instituciones del Estado con cada clase, los pibes jóvenes de las barriadas son el blanco privilegiado del abuso policial. Y cada operativo de saturación, o desembarco federal en este caso, es un escenario propicio para el despliegue de este tipo de hechos. Por eso las distintas organizaciones sociales que trabajan en la materia están alertas ante los resultados inminentes de lo que llaman la “policialización del territorio”.
De antemano, Fernández destaca que también por aquellos lados la violencia policial es moneda corriente más allá de cada fuerza y el gobierno que la controle. “De la mano del Delasotismo (ex gobernador José Manuel De la Sota) hace muchos años venimos sufriendo la policialización de los barrios, con la policía de Córdoba, la Guardia de Infantería y la creación de nuevas fuerzas como el Departamento de Ocupación del Territorio”. Sin embargo, distingue la acentuación de este problema con la llegada de Gendarmería: “Es un proceso que se viene dando pero que de repente se encuentra con los gendarmes patrullando, lo que implica un avance de ese proceso de policialización”.
Sobre este punto, la periodista indica que el desembarco de la Gendarmería también implica para las organizaciones sociales la puesta en marcha de otro tipo de estrategias para entender el trabajo de esta fuerza federal. “Ahora pensamos como contrarrestar esto o qué herramientas construir frente a esto, cuando siempre las herramientas fueron en función de la policía de Córdoba y sus marcos legales. Esto nos pone a investigar, conocer otras experiencias y qué marcos legales tiene la Gendarmería”, explica.
