El pasado 25 de mayo Guadalupe Medina, una niña de 12 años, apareció violada y asesinada por estrangulamiento en una precaria vivienda de nuestro barrio. Se apunta a que los autores del hecho son los jóvenes que formaban parte de lo que los medios de comunicación llaman “La banda de Pandu”. Con el paso de los días, el fiscal que entiende en la causa, Florentino Malaponte, ordenó la detención de un joven de 16 años a quien se lo acusa de haber participado en el hecho. Luego se entregó a la justicia otro joven, apodado Chueco, a quien se le dictó prisión preventiva y se le imputó el delito de abuso sexual seguido de muerte. Lo mismo sucedió con otro apuntado, conocido como Wititi, a quien se le imputó el mismo delito.
Consideremos que el femicidio de Guadalupe es parte de la violencia machista que repudiamos aún con más fuerza en el marco de una nueva movilización bajo la consigna de “Ni una menos”. Pero también entendemos que el femicidio de Guadalupe se da en el marco de desprotección y exclusión del cual son víctimas las y los jóvenes de los sectores populares. Guadalupe por estos días. Joana, Milagros, Marilin, Patricia, Pamela, Dalma, Tamara, y más de veinte pibas durante el 2015. Todas menores de 30 años. Todas de distintos barrios periféricos: donde no llegan los dispositivos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que asegura tener el gobierno provincial.
Los padres de Guadalupe habían pedido ayuda a la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Le dieron la espalda. A Guadalupe la abusaron sexualmente y la mataron. Y repetimos: Así funciona el Estado que abandona a nuestros pibes y pibas hasta la muerte.
No sabemos si conocen la geografía de nuestro barrio, se lo explicamos con un ejemplo: es muy parecido a una cárcel. La casilla donde fue abusada y asesinada Guadalupe se puede comparar con la celda de algún pabellón, donde de noche no circula nadie y está bien oscuro. La policía, tanto en el barrio como en las cárceles, conocen la existencia de estos lugares donde las torturas y los abusos son frecuentes. Las marcas sobre el cuerpo de Guadalupe son las marcas de la cultura tumbera, que se reproduce también fuera de los muros del encierro.
Como parte de las organizaciones que militan a diario en Villa Banana, denunciamos que el femicidio de Guadalupe no empieza ni termina con este brutal episodio. Exigimos justicia, que se esclarezcan los hechos y se condene a los responsables de este aberrante femicidio. Pero también exigimos una investigación seria sobre lo que venimos denunciado hace años: las pequeñas bandas que intentan controlar el negocio de las drogas en los barrios, sea “La banda de Pandu” o cualquiera de ellas, lo hacen con la complicidad y participación de la policía. Puntualmente las comisarías 13 y 19. Además de brindarle protección e impunidad a estas bandas, estas dependencias son un depósito para nuestros pibes, donde son llevados para ser amenazados, humillados y torturados, como también hemos denunciado en más de una ocasión.
Cuando hablamos de violencia, decimos que es necesario terminar con la violencia de las bandas vinculadas a la venta de drogas. Pero sobre todo decimos que es necesario terminar con la violencia del Estado, el que ustedes encarnan. Violencia explícita a través de sus fuerzas represivas, y violencia implícita a través de la complicidad con distintos negocios ilegales, y a través de las demás instituciones del Estado que no atienden las urgencias de los pibes, las pibas y sus familias. Es urgente para nuestro barrio la aplicación de dispositivos de salud que aborden el consumo problemático y las adicciones y es urgente, también, políticas que fomenten el empleo digno para los pibes y las pibas, que permitan construir un proyecto de vida.
Hay que decirlo: los responsables del cruento femicidio de Guadalupe, también son pibes. Su único vínculo con el Estado es a través de la policía, como víctimas de su violencia o como parte de su entramado delictivo. Nunca a través de la educación, la salud o la protección de sus derechos como niños, niñas y jóvenes. Aunque no por ello son menos responsables, lo que implica que deban cumplir con lo que justicia dictamine. Estos pibes, fueron y son parte de un entramado que responde a la banda de crimen organizado más importante de toda la provincia: La policía santafesina. En la casa donde fue hallado el cuerpo de Guadalupe, ya había aparecido un pibe ahorcado y hay denuncias de vecinas que habían sido abusadas en la misma pieza. Esto la policía lo sabía y daba luz verde para que estas cosas sucedan. Así como da luz verde a los intentos de revanchismo de algunos vecinos, en el mejor de los casos, que solo aumentan el miedo y la violencia en el barrio. Decimos en el “mejor de los casos” porque hay quienes ven en la persecución de los asesinos de Guadalupe un territorio que queda libre y pronto a ser conquistado para el desarrollo de las mismas actividades delictivas. Siempre bajo el amparo de la 13 y la 19.
Las organizaciones sociales que estamos en el barrio junto a los vecinos también disputamos el territorio, también preconfiguramos y organizamos la cotidianeidad de las cosas que allí suceden. Y construimos, entonces, las armas para enfrentar a quienes intentan hacer de nuestra casa una zona guerra. Nuestra arma es la urbanización. Abrir calles e iluminarlas, es más seguridad para el barrio, acondicionar espacios productivos y deportivos para los jóvenes es más seguridad para el barrio; y finalmente, también lo es, investigar, denunciar y castigar a la policía criminal y asesina.
Exigimos y necesitamos otra intervención del Estado, no solo del Ministerio de Seguridad, sino primordialmente un conjunto de políticas que promuevan y protejan la vida de los pibes y las pibas del barrio, y que no la castiguen. Solo entonces podremos decir que se hizo justicia por Guadalupe.
Causa Organización Popular
Comunidad Rebelde
Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud
