El gobierno de Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial un nuevo decreto que implica un severo retroceso para la democracia. Se trata del Decreto 721/2016 que deroga la norma que había establecido el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984 y la cual fijaba un control civil sobre las Fuerzas Armadas. Fuerte repudio y preocupación de los organismos de derechos humanos.
Por Carina Toso
“Es un retroceso para la democracia”, fue la frase más repetida en los últimos días por parte de funcionarios, ex funcionarios y organismos de derechos humanos tras difundirse en el Boletín Oficial la derogación del decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín, y la modificación del Decreto 101 de 1985, que fijaba un control civil por parte del Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas. El descontento se extendió entre comunicados y editoriales en las redes sociales y los medios.
Así, el decreto nacido casi al mismo tiempo que el regreso de la democracia tras la última dictadura cívico-militar quedó reemplazado por el Decreto 721/2016 que considera que “resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas, en el marco de la conducción civil de la Defensa Nacional”, por lo que la modificación consiste en darle mayor autonomía a dichas Fuerzas para designaciones, destino de personal, retiros y ejercicio de facultades disciplinarias, atributos que hasta ahora estaba en manos del Ejecutivo y el Ministerio de Defensa. Y uno de los puntos más graves es que habilita a la reincorporación de militares que por distintos motivos fueron apartados del ejército.
Según expresa el propio decreto quedarán en manos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas las siguientes decisiones:
– Designación de los oficiales en los cargos que no constituyen la conducción superior de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
– Disposición de los cambios de destino de los oficiales.
– Designación y disposición de los cambios de destino de los suboficiales.
– Aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas o institutos de reclutamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas.
– Aprobación de las calificaciones de egreso de las Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y otorgamiento de los títulos correspondientes.
– Disposición de las bajas y los retiros obligatorios de los oficiales jefes y oficiales subalternos.
– Aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas o institutos de reclutamiento de suboficiales de las Fuerzas Armadas y otorgamiento de los grados que correspondan.
– Otorgamiento de los ascensos de los suboficiales.
– Aprobación, renovación y rescisión de los compromisos de servicios suscriptos por los oficiales y los suboficiales.
– Disposición de los retiros y las bajas voluntarios de los oficiales y los suboficiales.
– Disposición de las bajas y los retiros obligatorios, y las reincorporaciones de los suboficiales.
– Otorgamiento de las licencias y disposición de los cambios de las situaciones de revista de los oficiales y los suboficiales.
– Designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas.
– Designaciones a los agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino.
– Resolución de los recursos presentados por los oficiales jefes y subalternos contra resoluciones de los Jefes de los Estados Mayores Generales como definitiva y última instancia, agotando así la vía administrativa, con exclusión de las materias reguladas por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
El punto que habilita a que personal militar retirado pueda ser parte nuevamente de la fuerzas como docentes, siembra una duda enorme sobre si es un primer paso hacia una especie de “anmistía” para que aquellos procesados por delitos de lesa humanidad puedan reinsertarse amparados por esta normativa. Teniendo en cuenta también que el decreto le otorga a las Fuerzas Armadas la defensa de sus acusados, aunque no está claro que implicancia podría tener sobre los juicios por delitos de lesa humanidad.
El repudio de los organismos de derechos humanos
Un día antes de que el Decreto de Macri fuera publicado en el Boletín Oficial, el presidente estuvo presente en el acto por la conmemoración de la creación del Ejército Argentino. Allí dijo: “Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones, tenemos juntos enormes posibilidades de desarrollo”. También afirmó que “las Fuerzas Armadas vienen de años en los cuales el Estado los ignoró, los abandonó, y eso trajo problemas”. Al otro día les otorgaba alto grado de autonomía en la toma de decisiones.
Ante la difusión de esta normativa muchos organismos de derechos humanos dieron a conocer su repudio. En un comunicado conjunto Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S Capital expresaron: “Repudiamos la decisión del presidente Mauricio Macri de devolver a las Fuerzas Armadas grados de autonomía de los que gozaba antes del regreso a la democracia. Desde entonces, con la experiencia del horror atravesado durante años y años de dictaduras, la sociedad supo construir mecanismos de gobierno y control civil para impedir que atentaran contra la institucionalidad democrática del país”.
Y agregaron: “Más preocupante aún es que se autoriza a las Fuerzas la designación de los responsables de la formación de los nuevos oficiales y suboficiales, lo que representa un grave retroceso en el paradigma de formación en valores democráticos a los nuevos militares.
Esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de Derechos humanos que se fueron construyendo durante los últimos años. En todos estos años de lucha y reclamo por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, hemos aprendido que la única manera de garantizar la democracia es a través de la Memoria, la Verdad, la Justicia y el control civil de las Fuerzas Armadas”.
Por su parte organismos de la provincia de Córdoba también expresaron su postura: “En aquel momento el Doctor Alfonsín estipuló que distintos ámbitos estratégicos en definiciones sobre políticas nacionales de defensa, dejaran de estar bajo el autogobierno de las Fuerzas Armadas y pasaran a tener un control político a cargo de civiles, específicamente mediante el Ministerio de Defensa. Esta medida, esencial para la construcción democrática luego de padecer un siglo de golpes de estado (uno más cruento que otro), no fue anulada por ninguno de los gobiernos posteriores. Era hasta ahora una política de estado sostenida durante 32 años por su importancia estratégica, apuntando a que las Fuerzas Armadas no abandonen a sus funciones constitucionales y se levanten contra la Democracia. Entendemos que la gravedad de esta decisión no puede ni debe ser analizada como parte de una disputa entre oficialismo u oposiciones de ayer u hoy, sino que pasa por reconocer que es un puntal de la construcción democrática el que pretende demoler este decreto. Por ello llamamos a absolutamente a todos los gobernantes, en los distintos niveles del estado y de las distintas fuerzas políticas, a los diputados y senadores, y a la ciudadanía en general a que se expresen para que esta medida se revierta”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), su presidenta Norma Ríos dijo: “Con esta determinación se retrocede a la época en que los militares hacían lo que querían, es permitir un libre albedrío entre los comandantes en jefe. Pero hay algo más importante para denunciar y es que el presidente está poniendo a cubierto que no le alcanzan las fuerzas policiales y las de gendarmería para hacer frente a la lucha popular que tarde o temprano se va a dar en las calles ante toda la situación social y económica que se está generando”.
Las teorías sobre el control civil
En un informe realizado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner por Sol Gastaldi para la Escuela de Defensa Nacional (que depende del Ministerio de Defensa de la Nación) y titulado: “Repensando modelos de control civil para las democracias latinoamericanas” explica varios puntos teóricos de por qué fue acertada la decisión del ex presidente Alfonsín en generar los decretos hoy derogados en aquel contexto de recuperación de la democracia tras la cruel dictadura cívico militar: “En Argentina la configuración del modelo de control civil se enmarcó en la necesidad de establecer parámetros de institucionalidad en la relación civil-militar ante la dificultad para alcanzar la efectiva subordinación militar tras la recuperación de la democracia. Cuando la brecha civil-militar es profunda –y tal como sucedió en Argentina tras la transición–, puede darse lo que el modelo del “principal-agente” denomina “riesgo moral”, es decir, que los militares no cumplan con una orden. Por tanto, en aquellos casos donde las relaciones civiles-militares se estructuran sobre preferencias que tienden a ser divergentes, resulta favorable la implementación de un modelo de control civil institucionalizado. En otros términos, las instituciones pueden resultar instrumentos de gran utilidad para reducir la probabilidad del riesgo moral”.
En su conclusión el informe agrega: “Argentina orientó el control civil sobre las fuerzas armadas hacia un modelo institucionalizado, el cual fue resultado de un proceso de ingeniería institucional que llevó veintitrés años. La institucionalidad existente en materia de defensa y asuntos militares constituye el pilar fundamental de la subordinación militar, que permitió a la vez consagrar el modelo más avanzado de la región en materia de control civil”.
