Por El Foro Contra la Impunidad y la Justicia de Santa Fe
El Foro contra la Impunidad y por la Justicia nos dirigimos a integrantes de los poderes provinciales y nacionales, y a la opinión pública, para manifestarnos sobre la gravedad del ingreso y la actuación de las fuerzas de Gendarmería Nacional durante el conflicto gremial acaecido recientemente en la ciudad de Las Rosas-Santa Fe, y al mismo tiempo reclamar que se realicen las acciones que correspondan en aras de salvaguardar de acá en más la autonomía provincial, los derechos de la ciudadanía y la vigencia del Estado de Derecho.
A nadie pueden caber dudas acerca de que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha cometido un acto de flagrante violación de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, al haber ordenado la intervención de la Gendarmería Nacional en la Municipalidad y ciudad de Las Rosas, sin que mediara la correspondiente solicitud del gobernador de la provincia de Santa Fe. Hechos ocurridos durante el conflicto gremial que involucró al Intendente Javier Meyer y a los trabajadores municipales nucleados en FESTRAM. Dicha intervención contó con el agravante de la realización de tareas de Inteligencia ilegales por parte de efectivos de dicha fuerza.
El conflicto gremial que recorrió los primeres meses del corriente año en la ciudad de las Rosas, surge a raíz de resoluciones que tomó el Intendente, y que tal como lo denunció el gremio municipal afectaban duramente los derechos laborales de sus afiliados: reducciones y suspensión de liquidaciones salariales, etc. Sin que se diera respuesta a sus reclamos, y en defensa de dichos derechos, el Sindicato decide llevar adelante una huelga, que de ninguna manera es declarada ilegal. El conflicto intenta ser resuelto por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, a través de tres llamados sucesivos a Conciliación Obligatoria, que son acatados por la parte gremial, no así por el Intendente.
Es así que la huelga adquiere carácter provincial, con nuevas medidas de fuerza, en las cuales el Intendente enfrenta a los trabajadores y a sus representantes gremiales con declaraciones acusatorias impropias y agraviantes, el empleo de las fuerzas policiales para intimidar a los trabajadores, y finalmente la convocatoria a la Gendarmería Nacional para que supuestamente restablezca el “orden”. Actuación que es solicitada directamente por el Intendente a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sin la menor intervención de las autoridades provinciales, que se enteran de la presencia de esa fuerza federal en Las Rosas, a través de los medios de comunicación.
Con la presencia de Gendarmería, se producen graves agresiones y provocaciones contra los huelguistas, que habían instalado una carpa frente el edificio municipal, que son denunciadas por la representación gremial: “Incendios intencionales, amenazas de muerte a trabajadores y dirigentes, ruptura premeditada del suministro de agua, actos provocativos del Intendente Municipal, y personas de civil armadas que amenazan a los huelguistas, preparan el clima de violencia e intolerancia que el Jefe de Gobierno local necesita para generar represión y terminar un conflicto gremial en forma violenta” (declaración de FESTRAM a medios de comunicación del 15 de abril de 2016) Un hecho que agrava la situación fue la presencia de personal de civil de Gendarmería que realizaba tareas de “Inteligencia” en la ciudad, y se desplazaban en automóviles particulares, algunos incluso identificados con su chapa patente, tal como una camioneta Amarok patente NEW889. Situaciones que el sindicato ha denunciado a través de los medios de comunicación y ante las autoridades provinciales.
En las fotos que se agregan al final, tomadas sólo como muestra entre tantas otras, se evidencia la presencia intimidatoria de los gendarmes, que ocupaban el edificio municipal y sus adyacencias, tratando a los trabajadores y representantes gremiales como si fueran delincuentes, inclusive vigilando las propias reuniones y asambleas gremiales.
Más allá de estos hechos puntuales y sin restarles importancia, hay que poner en consideración la propia introducción de la Gendarmería nacional en Las Rosas. Al respecto la Ley de Seguridad Interior (N° 24059, arts. 5 y 24) es muy clara: esa fuerza sólo puede intervenir fuera de la jurisdicción nacional a pedido del gobernador de la provincia y ante situaciones de inseguridad que están perfectamente tipificadas, salvo en los casos de Intervención Federal a una provincia o declaración del Estado de Sitio.
Como surge de antecedentes recientes de la Provincia de Santa Fe, la intervención de Gendarmería en el territorio provincial sólo se puede dar en las condiciones acordadas con el Poder Ejecutivo Provincial, y ante muy grave sucesos de comisión de delitos que se correspondan con los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Interior. Más allá de las críticas que merece el accionar de la Gendarmería, sobre todo en los barrios más empobrecidos de nuestras ciudades, hay que destacar que así se gestionó en diciembre de 2013, ante la sublevación de las policías provinciales, y también en 2015 en Santa Fe, Rosario y otras ciudades de esta provincia. Aún en tales circunstancias, la Gendarmería mantuvo la coordinación de sus acciones con las autoridades provinciales, tal como está contemplado en el artículo 25 de esa ley.
Los testimonios de los involucrados y la amplia difusión periodística demuestran palmariamente que la Ministra Bullrich no se condujo dentro de lo que establece la Ley de Seguridad Interior, sino que directamente ignoró a las autoridades de la provincia de Santa Fe y decidió de por sí el envío de las fuerzas federales a la ciudad de Las Rosas, ante el pedido directo del Intendente Meyer. Situación que fue cuestionada por varios legisladores que intervinieron en el caso a través de pedidos de informes. También consta un pedido de una senadora nacional en su respectiva Cámara.
El Ministro de Gobierno, Pablo Farías, cuestionó también la presencia inconsulta de la Gendarmería en Las Rosas, planteando que si lo que estaba en juego era la seguridad del Intendente y del edificio municipal, eso podía ser garantizado plenamente por la policía de la provincia.
Patricia Bullrich, en declaraciones públicas, expresó que “la Gendarmería no fue a reprimir, fue a ayudar a que se pueda gobernar”, con lo cual pone en evidencia que se trató de una intervención con motivaciones políticas distintas a la atención de situaciones de graves delitos.
La actuación de la Ministra de Seguridad representa claramente una violación a la Ley de Seguridad Interior, y por lo tanto una acción delictuosa, que como cualquier otra requiere de la denuncia y la sanción correspondiente. Más aun por tratarse de una funcionaria pública que en ejercicio de sus funciones hace caso omiso de las leyes vigentes y viola la autonomía de una provincia, lo cual representa un agravante de carácter institucional que cuestiona los basamentos mismos de nuestra democracia y del sistema federal establecido por la Constitución Nacional. Este accionar se ha desplegado hostilizando a trabajadoras y trabajadores que ejercen derechos laborales y sindicales protegidos constitucionalmente como derechos fundamentales, lo que especialmente nos convoca a reclamar a los organismos y organizaciones de nuestra provincia comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos.
La impunidad no es sólo una negación de Justicia hacia los afectados y hacia la comunidad y un privilegio del trasgresor de las leyes, sino que también representa una amenaza de nuevos hechos delictuosos. En tal sentido los argentinos ya no nos podemos permitir dejar pasar sin sanción alguna a una grave violación de las leyes, ya que equivaldría a sentar un procedente que luego podría verse reproducido y hasta potenciado.
Los hechos aquí denunciados se suman a otras actuaciones lamentables e irresponsables de la Ministra de Seguridad, entre las que mencionamos las acciones represivas de la Gendarmería a una murga de Bajo Flores en la cual tergiversó los hechos y respaldó a los gendarmes involucrados, la represión violenta a trabajadores de Cresta Roja, la inacción y difusión de falsa información en el momento de persecución fugitivos en la provincia de Santa Fe, y la reciente declaración en la que introduce la figura de “terrorismo” para referirse a los “quemacoches”.
En función de lo expresado, solicitamos a las autoridades Provinciales y nacionales una acción enérgica, exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich, o que sea separada de sus funciones, y sometida a la acción de la Justicia a raíz de los delitos cometidos por abuso de autoridad y falta a sus deberes de funcionario público.
Fuente: Foro Contra la Impunidad y por la Justicia Santa Fe
INTEGRANTES DEL FORO CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA-Santa Fe
MADRES DE PLAZA DE MAYO
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
H.I.J.O.S. – REGIONAL SANTA FE
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS – SANTA FE
EL PERISCOPIO – EX PRESOS POLÍTICOS CÁRCEL DE CORONDA
TESTIGOS Y QUERELLANTES CAUSA BRUSA
MILITANTES DE DERECHOS HUMANOS
AMSAFE
ATE
ADUL
CTA DE LOS TRABAJADORES
SADOP
COORDINADORA NACIONAL AGUSTÍN TOSCO
LA TOSCO DOCENTE
CÍRCULO DE DIBUJANTES SANTAFESINOS
ASOCIACIÓN CIVIL TRAMAS – DERECHO EN MOVIMIENTO
ASOCIACIÓN MANZANAS SOLIDARIAS
CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN POPULAR
RED DE COMUNICADORES DEL MERCOSUR
SERVICIO DE EDUCACIÓN POPULAR
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE MARTÍN FIERRO FIQ.
AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL METAS – UTN SANTA FE
FRENTE ESTUDIANTIL DE TRABAJO SOCIAL
AGRUPACIÓN RAQUEL NEGRO
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EVITA
PARTIDO PARES
PARTIDO SI
PARTIDO COMUNISTA
FEDERACIÓN JUVENIL COMUNISTA
MOVIMIENTO EVITA
JÓVENES PARA LA VICTORIA
MUJERES PARA LA VICTORIA
MILITANCIA PARA LA VICTORIA
LA CÁMPORA
AGRUPACIÓN PACO URONDO
MOVIMIENTO JUANA AZURDUY
MOVIMIENTO PERONISTA MARIA AMARILLA
ANTONIO RIESTRA – Diputado Nacional – PARES – Mandato Cumplido
LEANDRO BUSATTO – Diputado Provincial – FPV
ALICIA GUTIÉRREZ – Diputada Provincial – Partido SI
