Rosario es la primera ciudad de la provincia en contar con una ley de cupo laboral para personas trans, travestis y transgénero. Un logro que merece el enorme reconocimiento de las organizaciones que trabajaron durante años para alcanzar la sanción del proyecto. Cinco personas al año podrán ingresar a trabajar en el Estado municipal. La clave: la lucha y tenacidad del campo popular para avanzar en políticas de Estado a favor de la igualdad.
Por María Cruz Ciarniello
El 19 de mayo pasado será recordado como un día diverso e histórico para muchísimas organizaciones sociales que desde hace años luchan por ampliar derechos para personas trans, travestis y transgénero.
Es que así lo fue: la larga sesión del Concejo Municipal de aquella tarde de jueves no fue una más. La aprobación del proyecto de cupo laboral se traduce en dos palabras: justicia y derechos. De eso se trató: de avanzar en un reconocimiento fundamental que redunda en inclusión social y en algo tan indispensable como el aire: la posibilidad de soñar con un otro futuro para quienes tienen una expectativa de vida que no supera los 40 años.
Rosario es la primera ciudad de la provincia y el país, en contar con una ordenanza que establece un cupo laboral para personas trans, travestis y transgénero en el ámbito público. También la Legislatura santafesina cuenta con un proyecto de ley presentado recientemente por el Frente Social y Popular para abrir el debate en el ámbito provincial.
Las palabras de una de las referentes de las organizaciones que en este último tiempo aportó su mirada para introducir mejoras al proyecto, explica con claridad el alcance de la iniciativa: “Muchos cuestionan el cupo laboral trans pero no conocen nuestras historias. Necesitábamos este avance para que nuestra comunidad pueda estar incluida en los espacios. La sensación es de felicidad porque son 5 compañeras al año que van a poder ingresar al Estado”, remarca Jackeline Romero, presidenta de la Red Diversa Positiva en un diálogo que mantuvo con enREDando.
De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Federación LGBT, el que se denominó “Orgullo en el trabajo”, más del 90 % de la población trans está excluída del mercado formal de trabajo. “En Rosario hay unas 300 personas trans, de las cuales el 90 por ciento no tiene empleo registrado. El 15 por ciento son hombres; y el 85 por ciento, mujeres, de las cuales el 80 por ciento se dedica al trabajo sexual. Un dato alarmante es que la expectativa de vida para esas personas es de 42 años”, había expresado el entonces presidente de la Federación y actual Subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón.
Aquella tarde, los abrazos fueron extensos. Las lágrimas, la emoción y la satisfacción de haber concretado lo que tanto se peleó, inundaron de felicidad el recinto del Concejo. Pocas veces se puede ser testigo de una lucha territorial que finalmente se traduzca en una política de Estado. La Ley de Identidad de Género sancionada en el año 2012 fue el logro fundamental para comenzar a desandar este camino. Un punto de inflexión. Es esta misma ley la que establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al desarrollo como persona conforme a esa identidad y a ser tratada de acuerdo a dicha identidad y ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten nombre de pila, foto y sexo. Implica fundamentalmente el respeto a las identidades autopercibidas así como también el acceso al sistema de salud a través de un programa de atención integral.
El reconocimiento es para las organizaciones del amplio colectivo de la Diversidad que supieron avanzar en consensos y en la construcción de una paciencia infinita que durante dos años, instaló el debate en las calles sin abandonar el trabajo legislativo.
Michelle Mendoza fue una de las mentoras de este proyecto. Referente del Movimiento Evita Diversidad le cuenta a enREDando la larga historia de una lucha que lleva más de 6 años. Fue en Rosario donde por primera vez se comenzó a instalar la necesidad de contar específicamente con un cupo laboral para las compañeras y compañeros trans. “Entendíamos que estratégicamente la forma de instalar la idea del cupo era hablando en términos de inclusión laboral”, dice Michelle. Así fue como elaboraron tiempo atrás, un protocolo de inclusión laboral que a pesar de su importancia, no logró el impacto necesario para el colectivo trans. Muy pocas personas lograron encontrar un empleo formal. Es por ello que decidieron impulsar hace dos años un proyecto de ley municipal. “Presentamos esta iniciativa donde solicitamos que a través de una discriminación positiva se pueda dar un paso más hacia la equidad entre todos los ciudadanos sin importar su sexualidad o identidad”, nos decía a fines de 2014, Michelle Mendoza.
El objetivo era que el Estado pudiera dar el ejemplo en inclusión laboral. Durante el 2015, la lucha prosiguió. Consensos, avances, contramarchas, diálogos con otras organizaciones. El 2016 debía ser el año en que por fin, la iniciativa lograra ser aprobada. El proyecto del Frente de Diversidad del Evita acompañado por la concejala Norma Lopez y Fernanda Gigliani que inicialmente proponía un cupo de no menos de 10 personas fue el que finalmente se aprobó, tras ser unificado con el que había propuesto la Asociación Civil Vox, con el apoyo de la concejala María Eugenia Schmuck.
“La lucha es parte de todos, creamos un consenso con las organizaciones, y muchas se fueron sumando para acompañarlo”, explica Michelle. Esa lucha también se dio dentro del recinto del Concejo donde debió discutirse arduamente en la comisión de Gobierno, frente a la presentación de un contra-proyecto por parte del oficialismo que fue rechazado por las organizaciones. Esta iniciativa propuesta por Horacio Ghirardi establecía la obligación de acreditar el género autopercibido en el DNI. Y por otro lado, la incorporación de antecedentes penales y policiales como condición excluyente. A su vez, el proyecto del oficialismo incluía un porcentaje del 1% anual sobre el total de ingresos a la planta permanente. Como apunta Michelle, se trataba de “pensar una política pública para una población excluida pero sin pensar en esa población”.
La Red Diversa Positiva fue una de las organizaciones convocadas para sumar su mirada y aportes al proyecto .Desde la organización, plantearon la necesidad de excluir los antecedentes penales relacionados con el trabajo sexual que realizan muchas compañeras trans. “Trabajamos codo a codo con las organizaciones y fue una guerra entre todas contra quienes no querían aprobarla. Nos sentimos felices de poder transitar un camino de igualdad”, dice hoy Jackie Romero.
Más del 80% de la población trans sufre cotidianamente la violencia policial e institucional en las calles. Persecución, detenciones arbitrarias, golpizas, causas penales inventadas. “Logramos que ese requisito pudiera ser modificado”, señala Jackie. “Nuestra realidad es que a pesar de los curriculum y capacitaciones no nos aceptan, nunca nos llaman. Y no tenemos otra salida para subsistir que la prostitución. Y lamentablemente muchas compañeras que están formadas y son profesionales tienen que ejercen la prostitución como subsistencia diaria para pagar un alquiler, un techo. Por lo menos, esto va a generar que muchas compañeras puedan dejar el trabajo sexual, las que quieran, y trabajar de lo que deseen”.
Por otro lado, para Michelle es fundamental que sea el Consejo Asesor el que tenga poder de decisión en la selección y contratación de las postulantes. Es que ese Consejo es integrado por las organizaciones que están junto a las compañeras trans en los barrios, en el territorio. “Nuestra intención era reflejar todo el trabajo realizado durante tanto años y que sea adaptado a la realidad rosarina”.
La creación de un Registro de Personas Trans que aspiren a tener un empleo será uno de los primeros pasos. De la elaboración de este registro participará el Concejo Asesor del Área de la Diversidad Sexual. “Lo más importante es que interviene el Consejo Asesor en el examen de las compañeras, y eso no existe en ninguna otra parte del país”, apunta Michele. El órgano de aplicación de la ley será el área de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario y también intervendrá la Oficina de Empleo y la Dirección Personal de la Municipalidad.
En definitiva, la ordenanza establece que se promoverá la inclusión de personas trans en los organismos descentralizados y aútarquicos municipales, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos empresariales donde la Municipalidad de Rosario tenga participación mayoritaria en el capital. Se promoverá también la inclusión en todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado o de renovación y/o modificación de los vigentes, debiendo establecerse cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente ordenanza. Gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos/as a las mismas obligaciones que establezca la legislación aplicable al personal municipal.
“Hoy un chico o chica trans que esta tratando de proyectar su futuro no tenia la posibilidad de pensar en un empleo formal, y esto permite la posibilidad de soñar. Acá no se está solo pensando qué vas a comer mañana, sino en poder soñar con otras cosas”, dice Michelle.
El voto a favor de 20 ediles y edilas se contrapuso con las abstenciones del bloque de concejales del PRO. Los argumentos que ofrecieron para presentar su desacuerdo con la ley son cuanto menos discriminatorios. Al respecto, Jackie Romero fue clara: “La mirada fascista del Pro, discriminatoria es tremenda. Inclusive dicen que es injusto el cupo porque otras comunidades quedan afueras. Sí, es cierto que no se cumplen las leyes como se tendrian que cumplir, por ejemplo con el cupo de discapacidad, pero hoy nuestra comunidad tienen organizaciones controladoras para que se cumpla este proyecto de ley.Tambien fue lastimoso lo que dijo la presidenta de la Comision de Salud porque dijo que es injusto para los enfermos de HIV. Las perosnas que vivimos con HIV no somos enfermas. Sabemos que la postura del PRO a nivel nacional es tratar de borrarnos del mapa.”
“Injusta e irresponsable”. Así calificaron la norma desde el Pro, quienes recibieron fuertes críticas de sus pares. “Hacía rato que no escuchaba equiparar la identidad sexual de una persona con una enfermedad”. “Eso es lo que se hizo aquí cuando se pidió un cupo para personas con HIV”, expresó Norma López. “Lo que acabo de escuchar me pegó una cachetada. No creo que sea una norma ni injusta ni irresponsable. Esto es un compromiso político y social que tenemos que tener los concejales con un tema que surge de la demanda de un colectivo”, sostuvo por su parte, la concejala del PPS, Lorena Gimenez. (Fuente: Rosario 3).
No sorprende la postura del espacio político que hoy gobierna a nivel nacional, si se tiene en cuenta que jamás acompañó la aprobación de leyes nacionales tendientes a la inclusión social del colectivo LGBTI.
De aquí en adelante, se espera que el Ejecutivo reglamente la ley. Para ello cuenta con una presión fundamental: la de todas las organizaciones de la diversidad que bregan por los derechos de una población fuertemente excluída. “La primera parte la tenemos ganada, ahora hay que trabajar para que el Ejecutivo la reglamente. Vamos a exigir reuniones semanales para que esto se pueda implementar lo más rápido posible”, cierra Jackie, quien destaca a Rosario como una ciudad pionera, trangresora y modelo si se la compara con muchas otras ciudades, incluso en la provincia de Buenos Aires cuya ley de cupo sancionada a instancias de la lucha de una referente como Diana Sacayán encuentra fuertes resistencias para ser implementada.
Será tarea, además, lograr que la provincia de Santa Fe comience a discutir el proyecto presentado por el diputado Carlos Del Frade. “Es necesario intervenir de manera legislativa para que el Ejecutivo garantice algo muy básico como es el cupo laboral, manifestamos en el proyecto que una proporción no menor al 3 por ciento deberá ser ocupada por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y que la Subsecretaria de Políticas de Género tiene que generar un registro elaborado y planificado con el asesoramiento de un consejo asesor del que las organizaciones tienen que ser parte. Queremos que se discuta en las comisiones pertinentes y hacemos un llamado para que convoquen a las organizaciones a discutir para que realmente se entienda el planteo. Lamentablemente la gran parte del cuerpo legislativo desconoce la realidad de las trans. Es necesario que se las empiece a escuchar porque son negadas sus voces”, decía Majo Gerez a enREDando cuando todavía el cupo laboral en el Concejo Municipal de Rosario no había sido aprobado.
