El juez Gonzalo López Quintana dictaminó un acuerdo abreviado para uno de los cuatro policías implicados en el asesinato de Jonatan Herrera, ocurrido el 4 de enero de 2015. Alejandro Gálvez fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de arma de fuego agravado por ser miembro de la fuerza pública. La querella que representa a la mamá de la víctima apelará la decisión.
Por Martín Stoianovich
En el día en que se cumplió un año y cuatro meses del asesinato del joven Jonatan Herrera por parte de agentes de la Policía de Acción Táctica, el juez Gonzalo López Quintana aceptó el proceso abreviado para uno de los cuatro implicados. Se trata de Alejandro Gálvez, quien estaba favorecido desde septiembre pasado con prisión domiciliaria. Luego de este acuerdo pactado entre el fiscal Adrián Spelta con la defensa del imputado y el apoyo del fiscal regional Jorge Baclini, Gálvez fue sentenciado a tres años de prisión por abuso de arma de fuego agravado por ser miembro de la fuerza pública. Sara Marcos, abogada del policía, solicitó además que se le otorgue libertad condicional, pedido que fue rechazado para que finalmente lo decida un juez de ejecución penal. La querella que representa a María Elena Herrera, mamá de la víctima, apelará la resolución.
Detrás del acuerdo abreviado que favorece a Gálvez con una pena disminuida a la que espera la familia Herrera, hay un complejo relato construido por la fiscalía de homicidios. En esta última audiencia Spelta volvió a relatar los hechos, indicando que sobre este policía puntualmente no hay elementos para probar que haya ejecutado disparos mortales. Aquel 4 de enero de 2015, pasadas las tres de la tarde se desató una persecución de agentes del Comando Radioeléctrico sobre un hombre que presuntamente había robado en una juguetería. Cuando la corrida había terminado y el supuesto ladrón ya se encontraba reducido, cuatro agentes de la PAT que viajaban en un colectivo de la línea 133 obligaron al chofer a frenar el vehículo. Bajaron para intervenir en el hecho y lo hicieron disparando sobre lo primero que vieron. Tres disparos dieron en Jonatan Herrera, de 23 años, quien estaba lavando un auto en la puerta de su casa.
Según relató el fiscal Spelta, las investigaciones de los hechos determinaron que Gálvez, junto al policía Ramiro Rosales, dispararon desde adelante del colectivo y los agentes Francisco Rodríguez y Luis Sosa lo hicieron desde atrás. Spelta indica que de los tres disparos que recibió Jonatan, dos le produjeron heridas mortales. Sólo uno de ellos fue ejecutado desde la parte delantera, y su autor fue Rosales, hoy imputado por el delito de homicidio calificado agravado y a la espera de un juicio oral y público para ser condenado. Para el fiscal, de esta afirmación se deduce que Gálvez no fue autor de ninguno de los disparos que hirió a Jonatan. La mala puntería del policía alcanzó para que el fiscal considerada que no hubo tentativa de homicidio, delito que la querella que representa a la mamá de la víctima pretende adjudicarle a Gálvez y que hasta el momento le cabe a los otros dos imputados, que también esperan el juicio oral y público.
Este acuerdo estaba previsto. Desde hace meses las abogadas querellantes Analía Abreu y Cintia Garcilazo pretenden declinar una decisión del tribunal y de la Fiscalía que hasta el momento parece difícil de torcer. En etapas anteriores la querella pidió la nulidad del abreviado que luego fue rechazada, apeló esta decisión, que también fue rechazada, y luego un juez de segunda instancia rechazó la queja. A raíz de esta resolución, lo que queda para la querella es apelar y esperar que sea revisada por un juez de segunda instancia.
Las abogadas querellantes explicaron en varias ocasiones cuál es el motivo del rechazo al juicio abreviado para Gálvez. Sucede que de los dos disparos mortales que recibió Jonatan Herrera, se confirmó la procedencia de uno solo, el de Rosales. Para Spelta, a raíz de la investigación se determinó que desde el sector en el que estaba Gálvez no se produjo otro disparo mortal. Sin embargo, para Abreu y Garcilazo hacen falta realizarse nuevas medidas probatorias para poder determinar la procedencia del otro disparo, por lo cual se estaría violando el principio de congruencia. A Gálvez, al menos le podría recaer la figura de tentativa de homicidio, como a los otro dos imputados.
Previo a la audiencia, desde la multisectorial de organizaciones sociales, políticas, académicas y gremiales que acompañan a la familia Herrera, indicaron: “Manifestamos nuestra preocupación y nos oponemos a la admisibilidad del juicio abreviado ya que constituye un gravamen irreparable a derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional y en distintos instrumentos internacionales como derecho de defensa, a la verdad y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, nos oponemos porque podría resultar un obstáculo para que se conozca la verdad de lo sucedido. En tanto aún resta mucha prueba por producirse y si en el juicio oral y público contra los otros tres imputados, se ventilan nuevas pruebas que implicaran a Gálvez, nada podría hacerse al respecto, dado que él habría llegado a un acuerdo por un delito menor, como es el de ‘abuso de armas’”.
Respecto de la resolución de López Quintana, la abogada Analía Abreu dijo: “Es obvio que vamos a apelar esta resolución para discutir la nulidad de este procedimiento. Nosotros sabemos que estamos alejados de tener una instancia digna de poder discutir los pormenores de un acuerdo abreviado”. En esta línea, criticó los recursos que la justicia provincial ofrece para oponerse a los juicios abreviados firmados con el acuerdo de la Fiscalía. “Los dispositivos que la ley nos concede son presentar nuestra disconformidad ante el fiscal regional. El que revisa es el mismo órgano acusador al que nosotros le impugnamos una irregularidad”, sostuvo. La familia Herrera pareciera estar en una encrucijada judicial que empantana el camino a la justicia que se merece por el asesinato de Jonatan.
Pero, como si no fuera suficiente, todo pudo haber sido peor. La abogada de Gálvez, Sara Marcos, solicitó al juez la ejecución diferida de la sentencia, indicando que su defendido ya cumplió el plazo estipulado para solicitar la libertad condicional. Gálvez fue detenido el 12 de enero de 2015, y se le otorgó la prisión domiciliaria el 12 de septiembre, por lo cual su defensora consideró que era oportuno pedir un nuevo beneficio. Spelta y López Quintana se opusieron a este reclamo argumentando que la apelación de la querella al acuerdo abreviado impide que la condena de Gálvez quede firme, y por lo cual deberá ser un juez de ejecución penal quien determine la libertad condicional, luego de que se resuelva la apelación del abreviado.
La familia Herrera está atravesando un nuevo episodio de dolor de los tantos que vivieron luego del asesinato de Jonatan. El prolongado abrazo entre lágrimas de María Elena y Marcelo al fin de la audiencia es una demostración del sentimiento que provoca la impunidad. Sin ánimos para formular declaraciones a los medios de comunicación, pero con la certeza de tener fuerza para seguir adelante, los padres de Jonatan aseguran que no bajarán los brazos. Las organizaciones que acompañan junto a otros familiares de víctimas de la policía, saben que los obstáculos padecidos por la familia Herrera son los mismos que hay en todas las causas en donde se investiga una de las facetas más represivas del Estado en cualquiera de sus niveles: el gatillo fácil contra los pibes de los sectores populares.
