Diversas organizaciones bregan porque el Estado garantice la inserción laboral de travestis, transexuales y transgénero, estableciendo un cupo anual para el ingreso en la administración pública, entendiendo que “es una realidad en que hay discriminación y estigmatización, por ende no hay igualdad de condiciones al momento de ser contratados o contratadas”.
Por Eugenia Rodriguez
Una de las banderas de lucha que reivindican las organizaciones de diversidad tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado del Cupo Laboral trans.
Se trata de una demanda cada vez más visible en las calles, con campañas de participación social que buscan encontrar –a pesar de los obstáculos- un camino favorable en la provincia de Santa Fe.
A fines de 2014 se presentaron en el Concejo de Rosario dos proyectos que pugnan por este derecho, argumentando la necesidad de que el Estado responda a las demandas laborales de una población fuertemente discriminada y fuera del mercado formal.
Por su parte, en este 2016 tuvo lugar la presentación en la Legislatura de la provincia de un proyecto semejante que se sostiene a partir de entender que “es una cuestión de justicia, porque es una política digna de una sociedad democrática, y para que realmente se respete la libertad en todas sus dimensiones”. Así lo aseguraron desde el Frente Social y Popular, impulsores del proyecto en la Cámara de Diputados.
La demanda parece tomar fuerza en la calle, aunque la pelea no es fácil ni corta, ya que son notables las barreras que surgen al momento de generar una verdadera ampliación de derechos.
A nivel local
El Concejo Municipal comenzó a discutir desde fines de 2014 dos proyectos de ordenanza que impulsan el reconocimiento del cupo laboral para personas trans en el Estado local. Una de las iniciativas fue elaborada por el Frente de Diversidad del Movimiento Evita junto con la agrupación Putos Peronistas. El otro, por la Asociación Civil Vox. El proyecto del Frente de Diversidad establece la incorporación obligatoria en un número no menor de diez personas trans por año. El otro proyecto establece un cupo de 1 por ciento para las personas trans que ingresen a la planta municipal, y que se incluya en ese cupo a las personas que hayan tramitado el DNI. Sobre ese punto, desde el Frente Diversidad afirman: “Nosotros no estamos de acuerdo con ello, porque el DNI no define identidad. Muchas compañeras no tuvieron la posibilidad de tramitarlo, y tendrían que esperar seis meses para anotarse y poder luego acceder a un trabajo”. No obstante, más allá de algunas diferencias, ambas iniciativas apuntan a un mismo objetivo: generar trabajo digno para las personas trans, una de las poblaciones más vulnerables dentro del colectivo LGTB.
Actualmente y tras la unificación de dichos proyectos, la iniciativa se está tratando en la comisión de Gobierno de la Legislatura local.
“Fuimos con un proyecto de conjunto con la mayoría de las organizaciones. Los puntos más fuertes son el ingreso de diez personas al año como mínimo, que no dependa de tener o no DNI, y que no se tengan en cuenta antecedentes penales”, contó el referente del Frente de Diversidad del Evita, Julián Fernández.
Al momento del debate en esta comisión, cuando parecía que prosperaba su tratamiento, el concejal Horacio Ghirardi del oficialismo, presentó un contra proyecto que abrió la polémica.
“El edil Ghirardi primero pidió una prórroga en el tratamiento para -según dijo- informarse más sobre el tema. Luego se presentó con un proyecto propio, una contra propuesta que parece algo más copiado que de producción propia, y que dice que el ingreso anual sería del 1 por ciento de las incorporaciones a planta permanente, es decir que el año que no haya ingresos en planta permanente, lo que sabemos que de hecho no ocurre todos los años, no se aplicaría la normativa. Además, hay posibilidades de que se den porcentajes menores a ese 1 por ciento por lo que no entraría nadie”, aclaró Fernández.
Asimismo agregó que uno de los puntos del proyecto presentado por el Partido Socialista busca establecer como requisito tener realizada la renovación del DNI, lo que va en contra de la propia Ley de Identidad de Género (26743) sancionada el 9 de mayo de 2012, en la que la noción de identidad autopercibida se erige desde el respeto hacia las diferentes formas de construcción del género, sin conllevar de forma indispensable el cambio de DNI. Por otra parte, “se fija como requisito en el proyecto oficialista que quienes obtengan el trabajo no tengan antecedentes penales, lo que es absolutamente excluyente considerando también que es la propia fuerza policial la que continuamente hostiga a las personas trans”, quienes junto a los jóvenes de los sectores populares, son quienes más sufren la violencia institucional.
Cuando el proyecto logre avanzar en la comisión de Gobierno, será tratado en la comisión de Derechos Humanos, donde las expectativas de apoyo son favorables.
A nivel provincial
El pasado 13 de abril fue presentado en la Legislatura provincial un proyecto de Cupo Laboral Trans.
Desde la banca del diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) impulsan esta iniciativa que busca “seguir avanzando en las deudas pendientes con la comunidad trans, es importante comenzar por derechos concretos que permitan generar otra realidad”.
Al respecto, Majo Geréz, integrante del Frente y secretaria de Género de la CTA en Rosario, señaló: “El proyecto se elaboró mediante un trabajo entre distintas organizaciones, la Comisión de Orgullo de Rosario, activistas trans de la provincia a las que les acercamos el borrador y se materializó el pasado 13 donde hicimos una mesa de trabajo para abordar el proyecto de manera general”.
Según la activista feminista, la iniciativa “recoge el reclamo de la comunidad trans de todo el país y tiene que ver con mejores condiciones de vida de un colectivo que es de los más vulnerables, ya que si bien la Ley de Identidad de Género permitió un avance al reconocerlxs según su identidad autopercibida, siguen habiendo deudas pendientes”. Geréz se refirió a que “se estima, de acuerdo a estadísticas de las mismas organizaciones, que las personas trans cuando manifiestan su identidad son expulsadas desde muy jóvenes de sus hogares, por eso generalmente no tienen terminados los estudios, ejercen la prostitución como única salida laboral -un 92 por ciento en Rosario manifiesta haber estado en esa situación-, no tienen cobertura médica, obra social, y sufren violencia y discriminación en la vía pública, sumado a que tienen un promedio de vida de 35 años”.
Ante eso entienden que “es necesario intervenir de manera legislativa para que el Ejecutivo garantice algo muy básico como es el cupo laboral, manifestamos en el proyecto que una proporción no menor al 3 por ciento deberá ser ocupada por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y que la Subsecretaria de Políticas de Género tiene que generar un registro elaborado y planificado con el asesoramiento de un consejo asesor del que las organizaciones tienen que ser parte”.
Sobre uno de los ejes de debate en Rosario vinculado a los requisitos para acceder al puesto, el proyecto provincial en consonancia con el local establece que “el registro de aspirantes tiene que establecer un orden de prioridades y que son solamente los datos personales y antecedentes educativos y laborales”.
En cuanto a la conformación del Registro Único de Aspirantes, Geréz dejó claro que “tiene que estar integrado por la Subsecretaría de Diversidad y un concejo superior a crear, que establezca un orden de prioridades según datos personales, antecedentes educativos y laborales” y agregó que se incorpora un artículo aparte “que dice que los privados que contraten a personas travestis, transgénero y trans, gocen del derecho de computo de una deducción especial de la base imponible de los impuestos brutos”.
“Queremos que se discuta en las comisiones pertinentes y hacemos un llamado para que convoquen a las organizaciones a discutir para que realmente se entienda el planteo. Lamentablemente la gran parte del cuerpo legislativo desconoce la realidad de las trans. Es necesario que se las empiece a escuchar porque son negadas sus voces”, subrayó.
Vale destacar que tanto el proyecto presentado en el Concejo como el presentado en la Legislatura provincial fueron elaborados a partir de un trabajo territorial que permite conocer las diversas realidades para trabajar por abordajes y respuestas integrales.
La agenda pendiente del movimiento de mujeres
La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, visitó el pasado 7 de abril Rosario y se reunió con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
Majo Geréz fue parte de este último encuentro y contó a enREDando las líneas abordadas en el mismo, entre ellas, la elaboración y próxima presentación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que busca profundizar la aplicación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (26485) sancionada en 2009 y en base a la que se crea el Concejo Nacional.
“Tuñez manifestó que discutió el Plan con los gobernadores y que estarían de acuerdo, así como que los legisladores van a tener que incluir el presupuesto necesario, mencionó que se construyeron 24 refugios nuevos y que el Concejo Nacional no tuvo despidos como la mayoría de los ministerios de Nación, por lo que tiene un equipo de 30 personas para articular con las organizaciones”, contó Geréz.
Por su parte destacó entre las principales inquietudes planteadas por las organizaciones, la continuidad del plan nacional Ellas Hacen que depende de Argentina Trabaja, un programa que articula con cooperativas pero que desde la gestión del nuevo gobierno nacional dejará dicha articulación para pasar a sostenerse mediante privados.
Según Tuñez el accionar del Consejo Nacional se orientará principalmente a “la violencia de género en un sentido para nosotras restringido, nada que tenga que ver por ejemplo con salud sexual y reproductiva, frente a lo que planteamos la preocupación ante el vaciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”, explicó la responsable de Género de la CTA local. Además, indicó: “Relativizamos la posibilidad de erradicar la violencia hacia las mujeres en un contexto de ajuste y crecimiento de la feminización de la pobreza, se hace más difícil salir adelante para las mujeres cuando acceder a un trabajo y una vivienda es casi imposible, cuando se profundiza la violencia social, hay desmantelamiento de programas clave y hay anuncios como que en septiembre se terminarían las jubilaciones para amas de casa. Todo esto lo planteamos como problema a pesar de que entendemos su buena voluntad y militancia, pero un Consejo Nacional aislado de todas las políticas generales del gobierno del cual depende nos genera muchas dudas sobre cómo va poder materializar las políticas para erradicar la violencia”.
La reunión incluyó también la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, demanda histórica del movimiento de mujeres y que buscará este año nuevamente avanzar en el Congreso Nacional. “Le contamos que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto vamos a presentar por quinta vez el proyecto en el Congreso y que necesitamos de su apoyo, sin embargo no hubo respuesta ya que manifestó que su situación como funcionaria la pone en otro lugar”, anticipó Gerez. Finalmente, en cuanto a la organización del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en octubre en Rosario, dijo: “Se abrieron canales de diálogo, llevamos el presupuesto estipulado y la necesidad de obtener recursos del Estado”.
