Finalmente los padres de Carlos Godoy, asesinado por la policía el 24 de mayo de 2015, podrán ser querellantes en la causa. Ahora buscarán desmentir la versión policial que habla de enfrentamiento en un intento de robo. Aseguran que al pibe lo ejecutaron estando indefenso.
Por Martín Stoianovich
Allá por fines de mayo del 2015, Vicente Godoy subía las escaleras que unen el final de la calle Garzón con el puente de Avenida Sorrento que cruza el Arroyo Ludueña en el límite entre los barrios Empalme Graneros y Parque Casas. Subía despacio y contando cómo la policía mató a su hijo Carlos Godoy, de 25 años, en la mañana del 24 de aquel mes. Se detenía en la mitad de las escaleras de treinta escalones y señalaba la mancha de sangre que había dejado el pibe al recibir el primer disparo. Según el relato policial fue en un enfrentamiento por intento de robo, pero la familia y los vecinos del barrio contradicen esta versión y aseguran que fue una ejecución. La causa, a poco de cumplirse un año del hecho, no muestra ni una línea de avance. Por aquellos días Vicente se preguntaba por qué la policía había matado a Carlos y contaba que la familia estaba sola pidiendo justicia y que en la Fiscalía de Homicidios no le daban información. Durante los meses siguientes, se haría la misma pregunta infinidades de veces y acusaría al poder judicial tantas otras más por no permitirle constituirse como querellante para intervenir en la causa que, para él entre comillas, investiga el asesinato de su hijo. Recientemente, el Juez de la Cámara de Apelaciones, Carlos Carbone, revocó la resolución del Juez de primera instancia Hernán Postma, que había rechazado el pedido de Vicente y Deolinda, mamá de Carlos, para ser querellantes.
Suena el teléfono. “Nos aceptaron para la querella, al fin esta buena noticia”, dice Vicente después de saludar. Lleva en su tono de voz algo de alivio que se acopla a la tranquilidad con la que dialoga cotidianamente. Cuenta que no sabe cómo va a seguir la causa y que tampoco sabe quién los va a patrocinar. Porque la resolución de Carbone los aceptó como querellantes pero por otro lado ratificó el fallo de Postma de no admitir la representación legal del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón. El motivo es, como en muchas otras causas, que el Servicio de Defensa Pública está para representar a los imputados. En caso de que la familia Godoy no pueda pagar un abogado, puede recurrir al Centro de Asistencia Judicial (CAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. En este sentido, Carbone pidió que se remita una copia de la resolución al CAJ para que esté al tanto de las actualizaciones.
El argumento del juez Postma para el rechazo de la querella se sujetaba a un aspecto estrictamente técnico: los padres de la víctima no son herederos forzosos. Carbone, en su resolución, empareja la situación y supone que el “sentimiento de dolor” es del mismo tenor que el del pequeño hijo de Carlos, que tiene cuatro años. “El nuevo Código Civil y Comercial no es tan limitativo recogiendo los criterios judiciales que tildaban de irrazonable el cepo más allá de los herederos e incluso reconoce a los convivientes de la víctima con legitimación para reclamar daños por su muerte, no obstante mantener el orden de prelación hereditaria para los ascendientes”, indican desde la Defensoría Pública que remarcó Carbone en su resolución. Por el pequeño Benjamín, hijo de Carlos, será querellante su mamá con la representación de la abogada Analía Abreu.
La tranquilidad de la familia Godoy al saber que podrán intervenir en la causa se debe a que en lo que va de la investigación no se pudo avanzar hacia el esclarecimiento del hecho que, en principio, es lo que por lo menos están exigiendo. En las pocas páginas del expediente se manifiesta el acuerdo del fiscal de Homicidios Miguel Moreno con el relato policial. Por este lado, los policías José Arturo Villalba, agente del Comando Radioeléctrico, y Daniel Alberto Sabater, agente de la Policía de Seguridad Vial, aseguran que mataron a Carlos en un enfrentamiento iniciado por el pibe en medio de un intento de robo. Los policías iban a hacer horas extras en la mañana de aquel 25 de mayo, cuando cruzando en moto el puente de Sorrento vieron algunos movimientos extraños: un auto haciendo una maniobra brusca, “como esquivando algo” según declararon. Cuando la calle quedó despejada, vieron a dos personas que se cruzaron por la avenida y tiraron un tronco al pavimento. Los policías frenaron y dieron la voz de alto. Según relatan fueron agredidos con disparos de arma de fuego. “No les queda otra opción que repeler la agresión con sus armas provistas”, describe el expediente. Siempre según la reconstrucción de los policías, los dos ladrones intentaron fugarse, uno lo logró y el otro, que resultaría ser Carlos, recibió un disparo mientras bajaba la escalera.
Pero la familia Godoy y los vecinos del barrio, que lo conocen de toda la vida, aseguran que el relato es falso. Varios vecinos, que dicen haber presenciado los hechos, ofrecen otra versión. No desmienten que había dos personas que intentaron robar, e incluso un testigo da el nombre de pila de los presuntos ladrones, pero aseguran que Carlos no tenía nada que ver. El pibe salió temprano de la casa de su suegra, donde había pasado la noche, para ir a verificar que en su casa estuviera todo en orden. Para esto tenía que cruzar el puente y, según cuentan los vecinos, bajando la escalera recibió el primer disparo por parte de uno de los policías que le apuntó afirmándose a la baranda del puente. El mismo policía bajó las escaleras, alcanzó a Carlos y lo remató en el suelo mientras el chico se protegía con sus brazos y pedía por favor que no lo mataran. En el expediente un testigo dice que este policía se puso un guante blanco para disparar, que luego lo pateó y finalmente le plantó un revolver a pocos metros, arrojando también algunas vainas al piso. “Lo terminó de matar como si fuera un perro. Esto ya estaba como planeado, como se fugaron los que robaron, agarraron al primer perejil que pasó por ahí”, asegura una vecina del barrio.
El informe policial describe que en la escena del hecho se hallaron cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros sobre el pavimento del puente, y dos vainas servidas de calibre 11.25 alrededor de donde Carlos cayó muerto. Además indica que en el pantalón del chico se encontraron tres cartuchos intactos del mismo calibre del arma que encontraron a metros del cadáver.
En el bolsillo de Carlos también había un recibo de sueldo. Tenía dos trabajos. De lunes a sábado de 8 a 14 hacía tareas de maestranza en una distribuidora de alimentos ubicada en Provincias Unidas al 700, donde trabajaba hacía tres años aunque lo había blanqueado en agosto de 2014. Por la tarde trabajaba en un taller mecánico. Así Vicente asegura que su hijo nunca había robado, que era un pibe tranquilo y que dedicaba su vida al pequeño Benjamín.
Los meses que pasaron sin que los padres de Carlos pudieran ser querellantes desfavorecieron las medidas de pruebas que se podrían haber tomado en todo este tiempo. Sólo queda avanzar sobre el silencio que reinó hasta hoy. Al momento, la causa no tiene imputados ni detenidos. “Moreno ordenó que con los dos empleados policiales no se tome ninguna medida, solamente se los notifique que se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo calificado, resistencia calificada a la autoridad agravada por el uso de arma de fuego y homicidio. Que a las armas se le realicen pruebas balísticas y sean reintegradas”, describe el legajo de la causa en un parte firmado por el Comisario Principal Ramón Ríos, Segundo Jefe de la Jefatura Judicial Región IV.
Fotos: Miguel Stoianovich
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