El juez federal Marcelo Bailaque se declaró incompetente en la causa que investiga la desaparición forzada y el asesinato de Gerardo Pichón Escobar. La fiscalía provincial, jueces de primera y segunda instancia, y fiscales federales, habían aceptado el cambio de carátula. Para la querella que representa a los familiares de la víctima, el juez no consideró el total de las evidencias.
Por Martín Stoianovich
Un nuevo obstáculo en la causa de Pichón Escobar. El juez federal Marcelo Bailaque se declaró incompetente para encabezar la investigación por la desaparición forzada y asesinato del joven de 23 años, hecho por el cual hay imputados tres patovicas del boliche La Tienda y dos policías. La decisión de Bailaque se contrapone a las resoluciones de los jueces de primera y segunda instancia de la justicia provincial, Luis María Caterina y Georgina Depetris respectivamente, que aceptaron el cambio de carátula a desaparición forzada de persona, para que se investigue en el fuero federal. Incluso va contra la adhesión de la Fiscalía provincial y la decisión de los fiscales federales Marcelo Degiovanni y Miguel Palazzani, titular de la Procuvin, que a fines de marzo aceptaron la causa por considerar que hay material suficiente para investigar el entramado de complicidad entre la seguridad privada de La Tienda, los policías que realizaban adicionales allí y el personal policial de la Comisaría 3ra, donde se sospecha que Escobar estuvo detenido y fue torturado antes de ser asesinado y arrojado al río Paraná. Por parte de la familia de la víctima buscarán la apelación en la Cámara Federal y en caso de que se rechace lo harán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución del Juzgado Federal de Rosario nº 4, que encabeza Bailaque, se opone a la mayoría de evidencias que había recolectado la investigación hasta el momento y con las cuales se había llegado a esta instancia de considerar que se daban las condiciones para investigar el caso como desaparición forzada de persona. “No se encuentra discutido en la doctrina que para la configuración del delito de desaparición forzada se debe encontrar la participación del Estado y el impedimento de ejercer los recursos legales y garantías procesales de quien ha sido privado de su libertad. Debe concurrir en consecuencia, el supuesto de clandestinidad en la privación de libertad, resultando la participación del Estado no sólo una mera conjetura”, sostiene Bailaque en sus argumentos. De esta manera, considera que el material recolectado hasta el momento no se ajusta a los requisitos para el cambio de carátula.
El magistrado pone en duda el material que convenció a la justicia provincial de las grandes posibilidades de que Escobar haya estado detenido en la Comisaría 3ra momentos después de haber sido golpeado por el patovica Cristian Vivas, único imputado por homicidio hasta el momento. Sobre este aspecto, cuestiona el testimonio de una persona que estuvo detenida en la 3ra aquella noche del 14 de agosto del 2015. Bailaque sostiene que dicho testimonio no hace referencia a que Pichón haya estado detenido, sino que sólo menciona “haber visto ingresar esa noche a un chico” y que los policías de la seccional hablaban de la búsqueda de Pichón por parte de sus familiares. “Esa mención de ningún modo puede ser considerada suficiente como para inferir a partir de ella que Gerardo Escobar haya estado en esa comisaría, porque la misma sólo revela un comentario que podría haber hecho cualquier persona”, define el magistrado sobre este aspecto.
Sin embargo, de la investigación encarada por la Fiscalía provincial y la querella, se desprenden fuertes posibilidades de que Pichón haya estado detenido en un lugar apartado del resto de los internos. Esto surge del mismo testimonio que Bailaque desestima, que además menciona haber escuchado golpes y gritos durante unos minutos. El juez prefiere ajustarse al testimonio de otros detenidos, que dicen no haber visto ni escuchado nada, para explicar que “no es tan firme la conclusión de que estaba en ese lugar”.
Una de las conclusiones que promovieron el cambio de carátula que ahora es rechazado por Bailaque, es que la seguridad privada de La Tienda solía realizar operativos en conjunto con el personal de la Comisaría 3ra para detener y trasladar a personas que podrían estar haciendo disturbios en las inmediaciones del boliche. El testimonio de una pareja que hace unos años padeció una situación similar, para Bailaque se utiliza “equivocadamente”. Además de la agresión física y el traslado a la Comisaría 3ra, el punto en común entre estos relatos es que se trató de detenciones arbitrarias sin registro en los libros de guardia y sin aviso a las autoridades provinciales. Acá se manifiesta una irregularidad clave para la querella: en el libro de guardia de la 3ra no se registra ninguna detención aquella noche, a pesar del lo que sostiene el interno que asegura que ingresó un joven que luego fue golpeado. Sobre este punto, que pone en sospecha el accionar del personal de la 3ra respecto de los procedimientos irregulares en las detenciones, Bailaque hace mención: “Justamente la circunstancia de que no se le haya dado ingreso a esa persona no es indicativa de que haya habido un ingreso clandestino”.
Otro punto de relevancia en la investigación, es la falta de información arrojada por los GPS de los patrulleros de la 3ra, lo que permite sospechar que en uno de ellos se habría trasladado a Escobar luego de ser fuertemente golpeado por Vivas. “La ausencia de elementos probatorios firmes que sirvan para apoyar esa presunción utilizada la tornan carente de virtualidad probatoria”, analiza Bailaque, para quien “una presunción debe apoyarse en otros elementos probatorios y no en la premisa de imposibilidad de descarte”.
Por otro lado, Bailque sostiene que del análisis realizado por la justicia provincial tampoco surge “cómo y cuándo se produjo la privación de la libertad seguida de la negativa a brindar información sobre la detención”. En este sentido indica que sólo “se analizan las circunstancias de la muerte de la víctima, siendo que dicho desenlace sólo resulta ser un agravante de la conducta inicial”. Por último Bailaque también se aferra a que los informes forenses no han determinado la causa de la muerte de Pichón y que sólo aseguran que ocurrió en un plazo de entre seis y ocho días anteriores al hallazgo del cuerpo, lo que le hace suponer que “tal conclusión pericial ubicaría el deceso en proximidades a la fecha en la que se lo vio con vida por última vez”. Este aspecto le vale al magistrado para afirmar que “se descartaría la existencia de una privación de libertad” con las características que se ajusten a la figura de desaparición forzada de persona.
Lo que se percibe entonces es una oposición rotunda del juez federal Bailque a todas las evidencias recolectadas hasta el momento que llevaron a que la causa avance al punto de que la justicia provincial declare su incompetencia. Ante cada posibilidad de poner en duda estas evidencias, Bailaque inclina la balanza en contra del pedido de cambio de fuero, que antes de ser aceptado en la justicia provincial, primero se constituye como el principal reclamo de los familiares de Escobar y la Mulstisectorial de organizaciones sociales y políticas que la acompañan en la búsqueda de justicia.
“Parece un abogado defensor”
“Nos enteramos por la prensa que Bailaque había resuelto su incompetencia. Es una decisión totalmente contraria a las de primera y segunda instancia de la justicia provincial, y de las fiscalías provincial y federal, que iban en consonancia con lo que planteamos desde la querella que se trata de una desaparición forzada”, expresó en diálogo con enREDando el abogado Guillermo Campana, integrante de la querella que representa a la hermana y la madre de Pichón Escobar. Los pasos a seguir por parte de la querella son la apelación del fiscal Degiovanni ante la Cámara Federal y en caso de que se rechace elevar el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“No se necesitan pruebas, porque se reservan para el juicio. Lo que se necesita son indicios suficientes para tener una sospecha de que pudo haber existido desaparición forzada de persona”, analizó Campana en relación a la resolución de Bailaque, para quien la participación del Estado es “una mera conjetura”. “Es una resolución arbitraria, porque se selecciona la evidencia con la cual quiere fundamentar. No toma en consideración otras evidencias”, acusa el abogado querellante. Sobre este punto, amplía que la definición de Bailaque no menciona algunos aspectos fundamentales de la investigación:
– “El celular del patovica Cristian Vivas registra dos llamadas salientes y dos entrantes en la zona portuaria, el 17 de agosto, unos días antes del hallazgo del cadáver de Pichón en la misma zona”.
– “El celular de Pichón registrado, la primer mañana de su desaparición, en la zona donde vive Cristian Vivas”.
– “La definición de la jueza Depetris sobre el modus operandi, del acuerdo previo y existente entre la policía y el boliche para gestionar la seguridad de toda la zona”.
– “Hay dos policías imputados y tampoco lo toma en cuenta”.
– “La pericia dice que uno de los golpes tiene una evolución de al menos tres horas hasta que muere Pichón, y en ese momento en algún lugar tuvo que haber estado”.
– “No considera que el cuerpo haya ingresado muerto al agua”.
– “No utilizó el fallo Ávalos, que es un antecedente similar”.
Así se manifiesta la disconformidad de la querella que representa a la familia Escobar. “Parece un abogado defensor, dice lo mismo que han dicho los defensores”, explica Campana.
Pero pareciera ser que no es casual que Bailaque rechace este cambio de carátula. Ya lo hizo en la causa por la desaparición forzada de Franco Casco, que finalmente fue admitida por el fuero federal. Sobre este aspecto, Campana, también querellante en la causa Casco, señala al juez argumentando que “no tiene intención de investigar casos de violencia estatal con funcionarios policiales implicados”. Mientras se espera la apelación ante la Cámara Federal, la preocupación de la familia Escobar y sus allegados pasa por el estancamiento de la investigación en el cual se entró desde que la justicia provincial se declaró incompetente, a la espera de que se sorteen los obstáculos puestos en el fuero federal.
