Roberto Martelón murió en la navidad del 2015 después de haber estado internado como producto de una fuerte golpiza sufrida en la Comisaría 15, donde lo detuvieron por orinar en un árbol. La investigación no avanza, no hay imputados y a sus familiares le rechazaron la petición para ser querellantes.
Por Martín Stoianovich
En la tarde del sábado 12 de diciembre de 2015, a Roberto Martelón, de 56 años, lo internaron en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en estado de agonía. Había pasado la noche en la Comisaría 15, detenido por “exhibición obscena” por la denuncia de una vecina que llamó al 911 cuando lo vio orinando en un árbol a las doce y media de la noche por la zona sur de la ciudad. Cuando entró al HECA, Roberto tenía fuertes heridas en la cabeza y en las costillas, e incluso un pulmón comprometido, por lo cual fue internado en coma farmacológico. Murió el 25 de diciembre y todavía no se sabe cómo fue que se dieron los hechos. La policía dice que lo agredieron dos internos en la celda donde estaba detenido. Por su parte el Servicio Público de la Defensa Penal, que representa a la familia de la víctima, señala a la policía como responsable: el personal de la comisaría lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. O en todo caso, siguiendo el relato policial, fue cómplice de la agresión recibida por los otros detenidos. En tanto, desde Tribunales Provinciales, donde se tramita la causa, rechazaron el pedido de la familia de la víctima para constituirse como querellantes.
“Lo único que queremos es que se haga justicia”, dice hoy Osvaldo Martelón, hermano de Roberto, a quien apodaban Patón y trabajaba como vendedor ambulante. Así, Osvaldo se suma al grito de quienes exigen justicia por un familiar asesinado. Porque no hay dudas de que a Roberto lo asesinaron, aunque aún resta por saber cómo fue y quiénes son sus responsables. Detrás de lo que hasta el momento se sabe acerca de lo sucedido, hay un manto de dudas y sospechas que todavía no muestran nada de esclarecimiento. La causa no ha avanzado en estos meses y eso preocupa a la familia.
Roberto vendía por los locales de la Avenida San Martín en la zona sur de la ciudad los productos que compraba en calle San Luis. Era conocido en el barrio por frecuentar cotidianamente. Aquella noche de diciembre, minutos antes de que lo detuvieran, había estado tomando unos tragos con viejos conocidos en un bar. Al rato, siguiendo su camino, frenó a orinar en un árbol y tuvo un cruce con una señora que terminó llamando al 911 para denunciarlo por “exhibición obscena”. Roberto siguió caminando hasta que fue arrestado en una estación de servicio ubicada en el cruce de San Martín y Uriburu. Allí fue trasladado por personal de la Policía de Acción Táctica a la Comisaría 15, de Sarmiento al 4300.
Cuando ingresó a la Comisaría, Roberto fue chequeado por un médico que constató su buen estado de salud. Después dirían que al momento de ser arrestado se encontraba borracho. Según la versión policial, habían pasado las seis de la mañana cuando el personal de la comisaría lo fue a buscar a la celda. Allí vieron que no reaccionaba y esperaron unos minutos más. En un segundo intento, según relata el parte policial, volvieron a intentar despertarlo y fue entonces cuando se dieron cuenta que estaba convulsionando y decidieron llevarlo al hospital.
Por estos días, el hermano y la cuñada de la víctima buscan reconstruir el hecho con la poca información a la que pudieron acceder. Cuentan que se enteraron que Roberto estaba grave en el HECA recién el domingo, es decir un día después, por una vecina que trabaja en hospital y les pasó el dato. La noche de ese mismo domingo fue el subcomisario de la 15 a la casa de los tres. “Todo lo que sabemos nosotros es por boca de él”, dice Patricia, la cuñada, en referencia al subcomisario. Ese día les contó que Roberto había entrado caminando a la Comisaría, que salió muy golpeado y que los responsables eran dos internos que habían ingresado esa misma noche. También les dijo que primero lo llevaron al Hospital Sáenz Peña, donde no había cama, luego al Provincial donde tampoco lo pudieron internar, para finalmente dejarlo en el HECA. El ingreso a este centro de salud está registrado a las tres de la tarde. Hay, entonces, unas nueve horas en blanco, donde el relato policial no sabe explicar qué sucedió. Tampoco se entiende por qué los familiares no fueron avisados a tiempo de todos estos hechos.
Para el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, la acusación de la policía sobre los otros dos internos como responsables de la agresión es inverosímil. “El tiempo de evolución de los golpes que tenía Martelón era superior al tiempo que tenían estas personas en la comisaría”, explica Ganón, para quien también en esta hipótesis la responsabilidad recaería en la policía, por no garantizar la integridad física de los presos. Tan frágil resulta esta línea que los dos detenidos recuperaron rápidamente la libertad y ni siquiera fueron acusados por la supuesta agresión a Roberto. Incluso, según indica Ganón, fueron ellos quienes al entrar a la celda alertaron de su grave estado de salud. “Lo vieron convulsionando y con un hilo de sangre que salía de la boca”, dice.
Con esta información, el fiscal Ademar Bianchini no pudo avanzar en la investigación. Hasta el momento no hay imputados por el hecho y ni siquiera se aceptó al hermano de la víctima como querellante en la causa. En una audiencia realizada el viernes 8 de abril, el juez penal de 1ra Instancia, Héctor Núñez Cartelle, rechazó la petición en coincidencia con Bianchini, al considerar que el hermano de la víctima no es heredero forzoso, que su cuñada no es pariente legítimo y que el patrocinio de la Defensoría Pública no es adecuada. Este último aspecto, fundamentado en la idea de que un futuro imputado podría solicitar los servicios de la Defensoría, fue criticado por Ganón, quien argumentó que hay fallos nacionales e internacionales que permiten el patrocinio.
Respecto de la negativa fundamentada en el vínculo familiar, Ganón recordó el reciente dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, basado en la desaparición forzada de Roberto Yrusta, que favorece la constitución de querellantes de familiares de víctimas de la violencia institucional. “El concepto de víctima tiene un carácter amplio que no puede ser restringido en función de conceptos o interpretaciones que tengan que ver con el derecho sucesorio, sino que todas las personas que sean allegados o cercanos a la víctima cuentan con la posibilidad de constituirse como querellantes”, dice un pasaje de dicho dictamen.
“Los fiscales no quieren que se vea y se exhiba lo que está pasando, y la complicidad política lo sigue convalidando. En esto también hay complicidad de la administración de justicia que a través de los jueces garantiza este tipo de prácticas y esta posición de los fiscales para garantizar la impunidad de los policías que cometen delitos”, sostiene Ganón. La intención del Defensor General es que la causa se caratule como privación ilegal de la libertad con torturas seguidas de muerte. Roberto Martelón fue en 2015 el último de las 18 víctimas fatales que tuvo Rosario en el año con la policía apuntada como principal responsable. Así también forma parte, con estos mismos integrantes y muchos otros, de la lista de casos que hasta hoy se mantienen impunes.
