La comunidad de Baigorria exige la expropiación del predio en donde funcionó durante la última dictadura cívico-militar el centro clandestino de detención La Calamita.
Por Carina Toso
Fueron más de 150 los detenidos los que pasaron por La Calamita, uno de los cinco centros clandestinos de detención que formaba parte, durante la última dictadura cívico-militar, del circuito controlado por el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Está ubicado a quince cuadras hacia el oeste del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Fue el lugar elegido por Pascual Guerrieri, ex agente del Batallón inteligencia 601, como centro de tortura y detención para desarticular la columna norte de Montoneros y detener a militantes del ERP y delegados de fábricas del Cordón Industrial.
“Hace varios años que venimos luchando porque se concrete la expropiación de La Calamita. Estamos a pocos meses de que la ley pierda vigencia y no queremos que eso vuelva a pasar”, expresó Leo Pretto, miembro de Documenta Baigorria.
La situación formal es la siguiente: a fines de 2014 la legislatura santafesina aprobó la ley Nº13455 que expresa: “Declárese de interés general y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Quinta La Calamita, que comprende dos lotes ubicados en la zona rural de Granadero Baigorria”. Este proyecto fue presentado por la diputada Alicia Gutiérrez. Si para diciembre de este año esta expropiación no se realiza por parte del gobierno provincial la ley perderá vigencia, como ya pasó durante la gestión de Jorge Obeid, lo que obligó a iniciar el trámite desde cero.
La importancia de dicha expropiación está relacionada principalmente a las sospechas de que en alguna parte de ese predio podría haber cuerpos enterrados de quienes estuvieron detenidos clandestinamente en ese lugar. Por ahora, al ser una propiedad privada, no es posible realizar las excavaciones que permitan verificar esos enterramientos en todas las parcelas del predio. Solamente se excavó en una pequeña parte, cuando en el año 2006 el represor Eduardo “Tucu” Constanzo aseguró que había al menos dos cuerpos enterrados en los alrededores de La Calamita. Pero el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense no arrojó ningún resultado.
“En ese momento se señaló en un parte muy pequeña del terreno y se investigó pero no se encontraron cuerpos, eso no quiere decir que no haya personas enterradas ahí porque es un terreno muy grande, de unas diez hectáreas. Está el casco, donde cerca se hicieron las excavaciones, pero después hay mucho más espacio. Incluso hay un pozo de agua que en su momento fue tapado con cemento y nunca se destapó”, explicó Melina Bruno, también integrante de Documenta Baigorria.
Ante la preocupación de esta agrupación y otras organizaciones de derechos humanos, el gobernador Miguel Lifschitz se comprometió a “agilizar la expropiación” del inmueble y a convertirlo en un Museo de la Memoria a través de la firma de un acta compromiso. “No estamos conforme con eso, no hay un expediente iniciado, este acta no implica una formalidad que inicie nada. Es sólo su compromiso a intervenir. Ellos podrían haber iniciado un expediente directamente y es lo que tendrían que hacer para que se lleve adelante la expropiación”, dijo Melina y Leo agregó: “Tras esta reunión a mi me quedó una sensación negativa, no veo voluntad política de que vaya a haber un avance. Por supuesto que vamos a hacer todo lo que podamos de acá a diciembre para recordarles al gobernador y a su ministro de Gobierno el acta compromiso que firmaron, ellos eligieron ese modo de volver a dar su palabra para hacer cumplir la ley que está pendiente de diciembre de 2014”.
La Calamita hoy
En el casco de la estancia de La Calamita vive una familia. Según los propietarios están ocupando ilegalmente el lugar. Según Don Sosa, uno de los habitantes, es el casero puesto por los dueños para cuidar el lugar y el encargado de impedir que alguien cruce la tranquera. El resto del predio fue ocupándose de a poco por unas 40 personas que fueron construyendo casas precarias en esos terrenos por lo que suman a la expropiación un factor más a tener en cuenta: reubicar a esas familias, que no es un tema menor.
La propiedad sigue en manos de la misma familia que en los ’70: los Benzadón, los herederos de quien en plena dictadura, según relatan de Documenta Rosario, le alquilaron la casa a Ángel Rodenas y Antonio Wianstein, ambos en ese momento integrantes de la Comisión Directiva de Rosario Central, y que estos a su vez, le cedieron su uso Segundo Cuerpo del Ejército.
