El Comité de la Organización de las Naciones Unidas especializado en el tema consideró que la muerte de Roberto Yrusta en 2013 se enmarca en las características de este tipo de delito. El fallo insta al Estado argentino a investigar el hecho e indemnizar a los familiares.
Por Martín Stoianovich
El crimen de Roberto Yrusta en la cárcel de Coronda en el año 2013, después de haber sido torturado en una prisión de Córdoba y trasladado sin aviso, dejó un manto de dudas que nunca se despejaron. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal elevó al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas una demanda contra la justicia provincial a raíz del estancamiento en la investigación del hecho. El defensor general Gabriel Ganón insiste desde entonces que se trata de un caso de desaparición forzada porque, entre otros motivos, sus familiares no supieron del paradero de Yrusta por siete días. La justicia provincial, por su parte, rechazó en reiteradas ocasiones el pedido de constitución de querellantes por parte de Ganón y las hermanas del fallecido. Durante el cumplimiento de su condena por un robo, Yrusta denunció reiteradamente que había sido víctima de torturas. El Comité de Desapariciones Forzadas aceptó el pedido del SPPDP, consideró que por sus características se trató de un caso de desaparición forzada y solicitó al Estado argentino que definitivamente avance en la investigación para esclarecer el hecho y que además se indemnice a los familiares.
“El punto más saliente es una crítica muy fuerte hacia el comportamiento de las autoridades judiciales y ejecutivas del gobierno de la provincia por no haber investigado estos gravísimos hechos de la desaparición forzada de Yrusta”, sostuvo Ganón en una conferencia de prensa este jueves. Asimismo, indicó que la incertidumbre continúa por falta de respuestas por parte del poder judicial: “A pesar del pronunciamiento seguimos teniendo obstáculos que lo único que buscan, negando que la defensa pública intervenga en estos hechos de violencia institucional, es impedir que estos hechos se esclarezcan y garantizar así la impunidad de las autoridades penitenciarias y policiales que cometen delitos”.
“Lamentamos tener que haber recurrido a organismos internacionales por la negación de brindar justicia a las víctimas de hechos de violencia institucional que ocurren con carácter sistemático en la provincia de Santa Fe”, expresó Ganón. Según la legislación provincial, la defensoría pública no tiene permitido constituirse como querellante en estos casos, aspecto que desde el SPPDP consideran absurdo. El reciente dictamen del Comité, por su parte, consideró legítima la intervención del servicio público como querellante en causas de violencia institucional.
Las víctimas fatales de la violencia institucional suelen ser en su mayoría personas de bajos recursos económicos, y así también sus familiares, por lo cual se torna difícil el acceso a un asesoramiento jurídico privado. Para esto, luego de la reforma del Sistema Procesal Penal, se creó el Centro de Asistencia a la Justicia para el asesoramiento público de las víctimas. Lo que sucede es que por tratarse de un dispositivo dependiente del poder judicial, los familiares de las víctimas muchas veces prefieren otro tipo de asesoramiento que no se codee con los intereses de la Fiscalía. Ganón sostiene que ante esta situación es imprescindible que en la provincia de Santa Fe las personas puedan elegir si ser asesorados por el CAJ o por el SPPDP. “Santa Fe tiene que ajustar su legislación a la nacional y a la de otras provincias, para que la defensa pública represente a las familias de víctimas de violencia institucional”, analizó Ganón.
Cómo se dieron los hechos en el caso Yrusta
Roberto Yrusta había sido condenado a ocho años de prisión, en diciembre de 2005, por robo y portación de arma de guerra y posteriormente detenido en el Complejo Carcelario nº 1 de la localidad cordobesa Bouwer. En 2012, poco tiempo antes de cumplir su condena, denunció al personal del Servicio Penitenciario cordobés por torturas por parte de los guardias. Incluso declaró públicamente en un programa televisivo de aquella provincia, donde volvió a denunciar los malos tratos de los que había sido víctima. Este episodio recrudeció los hostigamientos que continuarían hasta su muerte.
Según explican desde el SPPDP, Yrusta solicitó traslado a la provincia de Santiago del Estero para resguardarse después de las denuncias que había hecho. Allí tenía familiares cerca. Sin embargo, hicieron caso omiso a su pedido y, sin avisarle, en enero de 2013 lo trasladaron al penal de la ciudad santafesina de Coronda. Allí, según las investigaciones posteriores, fue alojado en una celda aislada, en la jerga carcelaria conocidas como “buzones”, donde volvió a ser torturado. En todo este período, sin obtener noticias sobre su paradero, los familiares de Yrusta exigieron información a los servicios penitenciarios de distintas provincias. Pasaron siete días de incertidumbre hasta que pudieron volver a verse y las acusaciones de torturas y malos tratos siguieron siendo el reproche principal de Yrusta.
Fue el 7 de febrero de 2013 cuando la familia del detenido recibió un llamado telefónico del Servicio Penitenciario Santafesino en el que avisaban que el muchacho, entonces de 32 años, había sido hallado sin vida en su celda. La autopsia del equipo médico forense de Santa Fe encontró en el cadáver de Yrusta señales de asfixia “causada por la compresión brusca del cuello con un objeto de características elásticas”, elemento que según el SPPDP no fue hallado junto al cuerpo. Cuando sus familiares pudieron ver el cadáver, notaron que no había signos de ahorcamiento. Se encontraron con un cuerpo totalmente golpeado, de pies a cabeza e incluso con marcas de balas de goma. Por entonces, faltaban 10 meses para que Yrusta recuperara definitivamente la libertad.
Iniciado el proceso judicial, su familia comenzó a padecer obstáculos al momento de buscar constituirse como querellantes. Intentaron que las hermanas de la víctima pudieran acceder a este beneficio con el patrocino de Ganón, pero el pedido fue rechazado en distintas ocasiones. “Las hermanas de Roberto Yrusta oportunamente acudieron a las oficinas de este Ministerio Público de la Defensa porque es el único organismo independiente con capacidad de representar víctimas o familiares de víctimas de violencia institucional en la provincia de Santa Fe”, indica un comunicado brindado desde el SPPDP.
Ante esta situación, durante el 2014, la familia Yrusta junto a Ganón, presentaron una demanda ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas apuntando contra el Estado Santafesino. En febrero de 2015, el Comité admitió el pedido considerando los aspectos que fundamentan la desaparición forzada de Yrusta y el precario accionar del poder judicial de la provincia. Entre ellos, los siete días transcurridos desde el traslado en donde los familiares perdieron el contacto con el detenido, la falta de información brindada a la familia sobre este suceso, la negativa a la constitución de querellante y la ausencia de investigación sobre la desaparición.
Según informó el SPPDP, luego de admitir el pedido, el Comité de Naciones Unidas elevó sus demandas al Estado Argentino. Entre ellas solicita que se reconozca como víctimas a las hermanas de Yrusta y se les permita participar como querellantes en la investigación, que el hecho que gira en torno a la muerte de Yrusta se investigué más allá de la necesidad de conocer la causa del deceso, que se repare e indemnice a la familia, y que se procese, juzgue y castigue a los responsables del hecho. Asimismo, se pidió al Estado argentino que en término de seis meses se presente un informe sobre las medidas que se comiencen a tomar de cara a la investigación para el esclarecimiento de lo sucedido.
