Desde el inicio de la gestión Cambiemos en el gobierno, diariamente se escuchan números de trabajadores que pierden sus puestos en distintas dependencias estatales tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. En la última semana, se produjo una nueva ola de despidos, pero la reacción de los trabajadores fue inmediata con movilizaciones, asambleas y toma de ministerios. En el caso de Hacienda, la protesta generó que el anuncio de aumento de tarifas en el transporte público deba realizarse en la Casa Rosada.
Este jueves 31 de marzo vencía el plazo establecido por el decreto 254/2015 para la revisión de contratos realizados entre 2013 y 2015, por lo que se esperaba una inminente nueva tanda de despidos que se fue concretando con el correr de las horas.
Ante esta situación, los trabajadores del Ministerio de Hacienda se concentraron desde la mañana para efectuar un ingreso colectivo al edificio de la calle Hipólito Yrigoyen al 200, donde se encontraba una importante cantidad de medios a la espera de la conferencia de prensa en la que se iba a anunciar un incremento en el boleto del colectivo y los trenes del área metropolitana.
La mayoría de los trabajadores despedidos pertenece a la Secretaría de Política Económica, a Progresar (programa que fue prácticamente desmantelado) y a la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (DNEPE); sumando en total 160, 100 de la sede central y 60 de dependencias provinciales. La protesta en el hall de Hacienda llevó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a demorar el anuncio del tarifazo hasta el mediodía y a mudar la sede de la conferencia, que finalmente se llevó adelante en la Casa Rosada.
Paradójicamente, el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió este miércoles telegramas de despidos, que según la junta interna de ATE alcanzan los 250 trabajadores que se desempeñaban en sede central, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El subsecretario de Coordinación de esa cartera, Santiago Ricardes, informó a una delegación de ATE que se trata de una no renovación de contratos. Sin embargo, entre quienes recibieron los telegramas de despidos se encuentran empleados con antigüedad. Muchos formaban parte del Programa Asistir, que se dedica al patrocinio y asesoramiento legal a trabajadores con bajos recursos.
Esta situación generó que alrededor de 700 personas se concentraran en la mañana de este jueves en la puerta del organismo donde se llevó adelante un ingreso masivo. En asamblea se resolvió efectuar bloqueos, retención de tareas y cortes de calle a la espera de la reincorporación de los despedidos. Las protestas se desarrollaron no solo en las sedes centrales de la Ciudad de Buenos Aires sino también en distintas dependencias provinciales.
En Cancillería, fueron echados 73 trabajadores, pero las autoridades se negaron a entregar el listado de despedidos. En las últimas horas, desde la Junta Interna de Delegados de ATE del organismo habían rechazado públicamente expresiones periodísticas de la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, quien había señalado: “sobran el 20% de los administrativos de nuestro Ministerio”.
En la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), 7 trabajadores fueron informados que sus contratos no serán renovados. En tanto, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fueron despedidos empleados de limpieza, ya que se contrató a la empresa La Mantovana, con el objetivo de tercerizar el servicio.
En una entrevista realizada por ANRed, Demián García Orfanó, delegado de organización en la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Hacienda e integrante de “ATE desde abajo”, afirmó: “hay dos decretos que están poniendo en la cuerda floja el trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras. Por un lado, el decreto 254/2015 que plantea que todos aquellos que tenían contratos por un año dentro del marco de empleo público que hubieran sido contratados con posterioridad al 2013 tenían los contratos sólo por tres meses. Dentro de estos entran aproximadamente 25.000 trabajadores. Por otro lado, el decreto 336/2016 haría que se caigan a partir del 1 de abril todos los convenios con universidades. Mediante estas pasantías se contrata gente por medio de monotributo, se fragua la relación laboral haciéndolo pasar por una asistencia técnica entre una universidad y un organismo del Estado. Los únicos contratados que no van a caer son aquellos que se hayan iniciado nuevamente antes del 1 de marzo, lo que genera que no se sepa cuáles efectivamente han comenzado desde cero ya que deben pasar por los Ministerios de Modernización y Educación. Además, no hay registros centralizados del número real de monotributistas”.
En el mediodía de este jueves, trabajadores de la Biblioteca Nacional, Desarrollo Social, la ex ESMA, el Museo Malvinas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Acumar, el Ministerio de Planificación, Conectar Igualdad, entre otros, marcharon al Ministerio de Modernización para dar cuenta del rechazo a los permanentes despidos.
Los despidos también se dan a nivel local. Esta semana artistas-docentes, trabajadores del Programa ABC, se movilizaron al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar su desmantelamiento. Explicaron que a través de la reducción de escuelas participantes, se deja sin empleo a 20 docentes. A su vez, 12 técnicos fueron echados del Ministerio de Agroindustria por el cierre de la sede en la localidad chubutense de Gaiman. 13 trabajadores de la Dirección de Niñez y Juventud del Municipio de Morón fueron despedidos en los últimos días, sumándose a otros 5 empleados que habían perdido sus puestos en enero.
“Desde el 1ero de enero un grupo de trabajadores y trabajadoras contratados estamos ejerciendo nuestras funciones a contrato vencido y sin cobrar honorarios. Renovamos los contratos recién a mediados de marzo, a días de su vencimiento. Aún seguimos sin cobrar. Claramente esto demuestra la metodología de ‘despidos encubiertos’ que comenzaron a implementar. Estos despidos implican un vaciamiento de las políticas de niñez y juventud y un consecuente achicamiento del Estado. Los equipos han sido reducidos significativamente, quedando los dispositivos a cargo de un grupo mínimo de trabajadores, muchos de ellos recientemente ingresados, con desconocimiento del funcionamiento de dichos dispositivos. (…) Hacemos responsable de esta política de vaciamiento al Secretario Fernando Cid, a la directora Antonella Belleri y a la coordinadora Mónica Pazos”, afirmaron los trabajadores a través de un comunicado..
Los decretos mencionados por el delegado Demián García Orfanó dan cuenta que la principal política de empleo PRO, los despidos, puede continuar. De todas formas, en las últimas horas los trabajadores confirmaron que se encuentran organizados y dispuestos a defender las fuentes laborales.
