Los fiscales federales Marcelo Degiovanni y Miguel Palazzani confirmaron que el hecho se investigará como desaparición forzada de persona. Además de los patovicas de La Tienda y los dos policías imputados, hay fuertes sospechas sobre el accionar del personal de la Comisaría 3ra.
Por Martín Stoianovich
Los fiscales federales Marcelo Degiovanni y Miguel Palazzani, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), confirmaron que la muerte del joven Gerardo “Pichón” Escobar será investigada como desaparición forzada de persona. Luego de largos meses de expectativa, la causa finalmente será investigada por la justicia federal de la ciudad de Rosario. Los avances ya están en agenda: los fiscales pidieron que se tomen declaraciones indagatorias a todos los imputados por el hecho, entre los que hay dos policías de la provincia de Santa Fe y tres patovicas del boliche La Tienda. La hipótesis que llevó a la causa a esta etapa pone el ojo en la participación policial y apunta a develar el rol que tuvo el personal de la Comisaría 3ra desde la madrugada del 14 de agosto en que Pichón desapareció hasta que fue hallado sin vida en el río Paraná una semana después.
Degiovanni y Palazzani sostienen que es necesario que, por sus características, el hecho se investigue como desaparición forzada de persona. “La privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad de informar sobre el paradero de la persona”, son para los fiscales indicadores de un caso de desaparición forzada. Y estos indicadores se presentan en esta causa.
En las últimas audiencias en los Tribunales Provinciales, en las que Luciana Escobar –hermana de Pichón- como querellante en la causa solicitó el cambio de fuero, quedaron expuestas las firmes sospechas que recaen sobre la institución policial. Incluso los fiscales Rafael Coria y Marisol Fabbro, que en un principio se opusieron a este pedido, terminaron por aceptar que los avances de la investigación abonan a la principal hipótesis sostenida por los abogados querellantes. Aquella madrugada, en un principio Pichón fue golpeado en la calle por un patovica de La Tienda luego de salir del boliche, escena que queda expuesta en un registro de imágenes de la cámara de seguridad de un edificio de la zona. Luego, habría sido trasladado a la Comisaría 3ra, detenido por algunas horas para finalmente ser arrojado sin vida al río Paraná. La investigación por venir buscará detallar los tiempos en los que cada uno de estos hechos tuvo lugar. Así la participación policial ya no queda reducida al encubrimiento por parte de los dos agentes que aquella noche hacían adicionales en el boliche y hoy están imputados en la causa. La sospecha recae contra la policía por la participación del personal de la 3ra y por el ocultamiento de pruebas desplegado durante la semana en la que Pichón estuvo desaparecido.
Las evidencias que consolidan esta hipótesis son varias. Una de ellas es el testimonio de una persona que la noche en la que Pichón desapareció estaba detenido en la 3ra. El testigo relata que aquella noche ingresó un detenido y que durante un rato se escucharon golpes y gritos. Pero el cuaderno de guardia de la comisaría no registra ninguna detención en ese período, por lo cual así crecen las sospechas sobre el personal de dicha dependencia.
Pero además, hay otros testimonios que dan a entender la existencia de un acuerdo entre la Comisaría 3ra y la seguridad de La Tienda para desplegar operativos violentos en conjunto en determinados casos. Hay declaraciones que relatan hechos similares a los sucedidos aquella noche, con la excepción de que no hubo víctimas fatales. Y hay más evidencias que comprometen tanto a la policía como a los patovicas de La Tienda. Entre ellas se encuentran los informes de los GPS de los móviles de la 3ra y la relación de Cristian Vivas, el patovica imputado por homicidio –que golpea a Pichón en el registro de la cámara del edificio vecino- con la Policía, por llamados realizados que registra su teléfono desde la zona del río Paraná días antes de que Pichón aparezca sin vida cerca de ese lugar. Además un análisis de diatomea confirmó que Pichón fue arrojado al río sin vida, y otro estudio determinó que entre los golpes que el joven recibió hasta su muerte transcurrieron entre tres y seis horas, lo que se ajusta a las sospechas de que en ese transcurso de tiempo estuvo detenido en la 3ra, donde continuó siendo golpeado y torturado.
Por otra parte el teléfono de Pichón Escobar es otro objeto de análisis en la investigación. Los abogados querellantes sospechan que el aparato pudo haber sido extraído del cuerpo antes de ser arrojado al río, y luego puesto en el cadáver nuevamente una vez que fue hallado. Incluso detallaron que peritos expertos sostienen que, en caso de estar tantos días sumergido en el agua, el aparato no hubiera podido encenderse ni brindar información. Esta hipótesis podría comprometer al Ministerio Público de la Acusación, como así también un episodio que gira en torno a otra cámara de vigilancia de la zona. Se trata de un aparato ubicado en un edificio de calle Sarmiento, entre Tucumán y Catamarca, por donde según testigos caminó Pichón luego de ser golpeado por Vivas. Cuando el MPA envió a la policía a solicitar las filmaciones al lugar, le argumentaron que el aparato solo retiene información por quince días. Pero habían pasado catorce, sin embargo el MPA no volvió a reclamar por este material que podría haber arrojado información relevante. Las sospechas de encubrimiento y complicidad contra el MPA siempre estuvieron en el entorno de la familia Escobar.
Ahora la investigación deberá profundizar, desde la justicia federal, sobre estos aspectos y sobre la búsqueda de nuevas evidencias que aporten a la hipótesis de participación de la policía de la provincia de Santa Fe. En este sentido, los fiscales Degiovanni y Palazzani destacaron: “Para cumplir con la obligación estatal de brindar un recurso judicial efectivo, que garantice la tutela de las víctimas en este caso que constituye una gravísima violación a los derechos humanos en la que está comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino – no sólo por el hecho que damnificó al joven Escobar, sino por la especial obligación de investigar eficazmente dicha violación- sumado a que se dan los requisitos establecidos por la doctrina de la CSJN […] creemos que no hay duda de que el hecho debe investigarse bajo la calificación de desaparición forzada de personas”.
