El fiscal Adrián Spelta notificó el acuerdo con la defensa de tres de los policías imputados para concretar un juicio abreviado con penas de tres años por abuso de armas. La familia de la víctima se opone e insiste en la necesidad de avanzar en un juicio oral y público hacia el esclarecimiento del hecho.
Por Martín Stoianovich
Otra vez la familia Herrera en las escalinatas de los Tribunales Provinciales. Desde que la Policía de Acción Táctica mató a Jonatan, de 23 años, el 4 de enero de 2015, las manifestaciones fueron innumerables. Porque en la causa hubo demasiadas irregularidades en poco más de un año, porque la familia entera sufre amenazas y porque pareciera ser que el desenlace de la historia se aleja de la justicia que buscan por el joven asesinado cuando lavaba un auto en la puerta de su casa. Junto a una multisectorial integrada por distintos partidos políticos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos, realizaron una nueva conferencia de prensa para manifestar duras críticas y exigir una reunión con el fiscal regional Jorge Baclini.
Aquel 4 de enero, varios uniformados de la Policía de Acción Táctica descendieron de un colectivo de línea para intervenir en una persecución por un robo ocurrido a metros de la casa de Jonatan. El supuesto ladrón se encontraba reducido por personal del Comando Radioeléctrico pero sin embargo los agentes de la PAT realizaron cerca de cincuenta disparos. El blanco fue Jonatan, que sólo intentaba refugiarse detrás de un árbol. Recibió tres disparos y no pudo sobrevivir. Por el hecho quedaron imputados cuatro policías, uno por homicidio calificado y el resto por tentativa. Tres permanecen en prisión preventiva y uno con prisión domiciliaria.
La causa es investigada por el fiscal Adrián Spelta, quien al paso del tiempo ha manifestado distintas miradas sobre los acontecimientos. Por estos días la querella está dividida en dos. Por un lado la madre del hijo de Jonatan, representada por los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman. Por otro, la mamá de la víctima representada por las abogadas Cintia Garcilazo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y Analía Abreu de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud.
Según los representantes legales de la familia Herrera, de los tres disparos que recibió Jonatan, dos fueron mortales pero sólo se pudo comprobar la procedencia de uno de ellos. Fue ejecutado por el policía Ramiro Rosales, hiriendo de muerte en la zona de la arteria femoral. Por eso a Rosales le cabe la figura de homicidio calificado por ser funcionario público.
La familia Herrera cuestiona el rol de Spelta puesto que con el paso del tiempo fue cambiando su postura. Durante una audiencia a fines de septiembre el fiscal anticipó que pretendía acusar a Rosales para aplicar la pena de prisión perpetua y para el resto una condena de entre 10 y 15 años por la tentativa de homicidio. Pero la causa giró y no fue en beneficio de los Herrera. Este mismo miércoles, horas después de la conferencia de prensa, las abogadas de la madre de Jonatan recibieron una notificación de la Fiscalía que pretende confirmar lo que desde antes de fin de año es una posibilidad: el juicio abreviado para los tres imputados por tentativa, sobre los cuales además se cambiaría la imputación.
“Esta Fiscalía ha aceptado los términos del acuerdo abreviado ofrecido por la defensa de los imputados Alejandro Gálvez, Francisco Rodríguez y Luis Sosa, en la persona de la Dra. Sara Marcos”, dice el escrito. El abreviado comprendería cambiar la imputación a “abuso de armas agravado por la función o cargo de miembro integrante de las fuerzas policiales”, y se cerraría con una pena de tres años de prisión efectiva.
“Sostenemos que esta decisión violaría los derechos de la víctima impidiendo de esta forma, ejercer la acusación alternativa que permite el código. De esta manera, se estaría vulnerando el principio de congruencia y búsqueda de la verdad debido a que aún restan realizarse innumerables medidas probatorias”, expresó el documento leído en las puertas de Tribunales por María Elena, mamá de Jonatan. Por otra parte, Garcilazo anticipó que realizarán un pedido de nulidad ante la Oficina de Gestión Judicial para que el juez resuelva si se avanzará sobre el abreviado.
Para esta parte de la querella no está certeramente definido qué policía realizó el otro disparo que hirió de muerte a Jonatan, impactando en su cabeza, por lo cual la figura de homicidio agravado podría caber para cualquiera de los cuatro imputados. Por eso insisten en la necesidad de avanzar con los cuatro imputados al juicio oral y público. “Es una causa de violencia institucional donde están en juego los Derechos Humanos, por lo cual podríamos hacer presentaciones internacionales”, consideró Garcilazo.
Además indicó: “No nos parece una opción el juicio abreviado. Es una desnaturalización del sistema, que pone en pugna la oralidad y la trasparencia para que toda la sociedad pueda conocer la verdad”. En los tiempos de estreno de la nueva justicia penal, el gobierno de la provincia especificó los fundamentos del juicio abreviado. “Se procura una solución rápida y eficaz, que respete los derechos y garantías de todos los involucrados en el conflicto penal, y que satisfaga los legítimos intereses de la sociedad que demanda la sanción penal del infractor a la norma”, explica un informe elaborado por la Dirección Provincial de Formación Cívica y Capacitación de los Operadores Judiciales, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. En este sentido, los derechos y garantías de la familia Herrera no están representados por la intención de concretar el abreviado.
“Yo quiero un juicio oral y público para que se descubra la verdad, y que caiga quien tenga que caer, no importa quién sea”, manifestó María Elena al frente de la conferencia de prensa.
Por su parte, el documento leído indicó: “Aún en estos casos de violencia institucional en los que se investigan graves violaciones a los Derechos Humanos, la investigación y sanción de estos hechos, no sólo garantizan el derecho de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia, sino que además fortalece su no repetición. Pensamos que es grave que el fiscal, en su rol como funcionario del Estado, trate de cerrar en un juicio abreviado un caso emblemático de violencia institucional que tanto padecen los jóvenes de barrios populares y que afectan permanente y sistemáticamente los Derechos Humanos de toda la población”. En la conferencia de prensa, junto a la multisectorial y la familia Herrera estuvieron presentes los concejales Eduardo Toniolli, Norma López y María Eugenia Schmuck, quienes llevaron su respaldo por las denuncias realizadas.
Esta situación debe resolverse antes del 15 de febrero, fecha en la que concluye la prórroga de la prisión preventiva de los tres imputados detenidos. También habrá novedades sobre la unificación de las querellas, solicitada por Spelta, pero rechazada por la familia Herrera por no compartir los intereses con la madre del hijo de Jonatan.
Por otro lado, la denuncia pública también abarcó, nuevamente, al Director del Instituto Médico Legal, Raúl Rodríguez, por considerar que realiza su trabajo sin imparcialidad. Rodríguez fue médico de la policía durante 30 años y además fue cuestionado por sus intervenciones en los casos de desaparición forzada y homicidios de Franco Casco y Gerardo Escobar, por los cuales también se acusa a la policía de la provincia. En aquellas oportunidades aseguró que no había signos de violencia sobre los cadáveres, aspectos que fueron desmentidos a lo largo de cada investigación.
La familia Herrera continúa haciéndole frente a las distintas expresiones de la impunidad. Dentro de la causa judicial yendo en contra de las intenciones de simplificar el asesinato de un pibe de 23 años, y por fuera resistiendo el día a día ante amenazas de grupos vinculados al narcotráfico por las cuales toda la familia debió abandonar su hogar en barrio Tablada. Desde la multisectorial consideran que el único camino para lograr la justicia es la permanencia en la calle, para denunciar las irregularidades y para exigir que se respeten los derechos de la familia Herrera en su búsqueda de justicia.
