El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la declaración de Emergencia en Seguridad Pública y avisó que los sectores populares serán militarizados para combatir el narcotráfico. ¿Qué esconde esta avanzada represiva del gobierno nacional?
Por Martín Stoianovich
Conexiones seguras de electricidad y gas. Cloacas. Agua potable. Calles pavimentadas. Líneas de transporte público con pleno ingreso y circulación. Trabajo digno, salud y educación pública garantizada. La población de los sectores populares de todo el país todavía carece de estas necesidades básicas. Ni siquiera están en la agenda política. Lo que sí se anuncia con bombos y platillos es el masivo – y reiterado – desembarco de las fuerzas federales a las barriadas de las grandes ciudades. Así lo anticipó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco de la declaración de Emergencia en Seguridad Pública a nivel nacional, al avisar que entrarán a “las villas donde el poder está en manos del narcotráfico y no del Estado”. De esta manera, la intervención estatal en las barriadas populares continuará siendo a través de los ministerios de Seguridad y sus facetas más represivas. El gobierno nacional se desliga de la complicidad de las instituciones del Estado con el narcotráfico, y sigue referenciando a los sectores populares como responsables del negocio. Mientras tanto no cesa la pelea de las organizaciones sociales contra la criminalización de la pobreza y la avanzada de la militarización en los barrios.
“Patricia Bullrich prometió que ‘las Fuerzas entrarán a las villas, donde el poder esté en manos de los narcos’, porque no tiene permiso para prometer que las Fuerzas entrarán a los countries, donde los narcos estén en manos del poder”, publicó La Garganta Poderosa en las redes sociales como respuesta a las declaraciones de Bullrich. El panorama no ha cambiado. Los gobiernos continúan minimizando al narcotráfico reproduciendo un discurso que lo reduce a una problemática acerca de la cual no se profundiza sobre su origen y permanencia. Por el contrario, se apunta a determinado sector social como responsable del contexto de violencia que genera la consolidación de las bandas que controlan el pequeño comercio. El narcotráfico es uno de los grandes negocios clandestinos a través de los cuales el sistema capitalista se mantiene en pie garantizando la concentración de poder en la mano de quienes manejan sus estructuras. A su vez, se procura así el control social sobre los sectores populares y se crea el estigma sobre quienes aparecerán como responsables. El comercio de drogas en las villas y barrios periféricos es realmente el último eslabón de una cadena que se solidifica en su extremo superior con la complicidad política, judicial y policial que nunca se ve realmente amenazada. Pero el discurso que llega a la sociedad ha creado una escueta imagen del narcotraficante: pibes que calzan viceras y sobreviven en los arrabales desde donde se distribuye la droga (que alcanzará las más caras oficinas de los más altos estratos sociales).
Las barriadas populares son el escenario predilecto del narcotráfico. Porque allí se pueden esconder las complicidades del poder. Porque los pibes, desesperanzados de ir a la escuela o tener un trabajo digno, son seducidos por montones de billetes a cambio de su vida en riesgo. Porque en los barrios la policía libera zonas para que se pongan en marcha la usurpación de casas, la construcción de búnkers y las peleas entre pequeñas bandas que responden a los intereses de arriba. Las barriadas populares, además, son el escenario predilecto del narcotráfico porque el narcotráfico en sí mismo es una fábrica de muertes. Y en los barrios el discurso oficial no cuenta las muertes, y tampoco las cuestiona. Rolando Mansilla tenía 12 años cuando en junio de 2015 fue asesinado cuando custodiaba, desde el techo, un búnker de droga del barrio Ludueña de Rosario. Lo llamaron soldadito y lo volvieron a matar con el silencio que, detrás del crimen, esconde un complejo entramado de complicidades.
La provincia de Santa Fe, con Rosario a la cabeza, se transformó en una sala de ensayo. El gobierno provincial puso en marcha en diciembre de 2012 la Ley de Emergencia en Seguridad 13.297, a través de la cual se destinaron excesivas cantidades de dinero a la compra de los insumos necesarios para la militarización: camionetas, camiones hidrantes, autos, motos, escudos, cascos, bastones, armas, municiones, cámaras de videovigilancia. Los balances del gobierno provincial relacionan a la aplicación de esta ley, y sus consecutivas prórrogas, con el narcotráfico y sus consecuencias notorias entre el contexto de violencia y la cantidad de homicidios. Y a primera vista los indicadores de la realidad hablan por sí solos: desde la aplicación de la ley, en el Gran Rosario en 2013 hubo 271 muertes violentas, 250 en 2014 y 224 en 2015. La leve disminución de estas cifras es tan insignificante que podría atribuirse a las balas que no llegaron a destino. Mientras tanto en estos períodos hubo sucesivos desembarcos de fuerzas federales que llegaron para anestesiar el reclamo de “mayor seguridad” por parte de la sociedad. En las sombras del discurso compartido de los ministerios de Seguridad provincial y nacional permanecieron, intentando ser silenciadas, las voces de los pibes que padecen la represión en carne propia: gatillo fácil y detenciones arbitrarias para decorar las políticas en materia de Seguridad.
El actual gobierno nacional profundiza la estrategia represiva que históricamente sufren los sectores populares a través de las fuerzas de seguridad, pero esta vez formalizándola con el decreto de la Emergencia en Seguridad Pública. En contacto con enREDando, Eugenia Cozzi, investigadora e integrante de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR, analiza el panorama que queda al descubierto con las recientes maniobras del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Las políticas de seguridad aparecen sobrecriminalizando y desprotegiendo. Caen siempre sobre los sectores populares y en particular sobre los jóvenes, a través de diversas prácticas de hostigamientos, que van desde detenciones por averiguación de identidad, cacheos, allanamientos hasta ejecuciones sumaria”, explica Cozzi.
La desprotección de la que habla refiere a “la desatención policial, judicial, política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios populares, en una situación de infra-protección que resulta de la distribución diferencial tanto de la victimización como de las reacciones institucionales y sociales frente a ella”. “Las políticas de seguridad deben ser respetuosas de los Derechos Humanos y deben ser efectivas para abordar seriamente el fenómeno y no de forma contraproducente para agravarlo”, agrega la investigadora. En la misma línea indica que las políticas de seguridad focalizan sólo los eslabones más débiles de los mercados ilegales, superando ya al narcotráfico para incluir por ejemplo a la venta de armas. “Al focalizar sólo una parte del fenómeno, la otra queda invisibilizada y aparece así el problema de la seguridad que pasa sólo por los sectores populares”, explica Cozzi.
De esta forma el panorama es preocupante. “Este tipo de políticas agrava más el problema, va a haber mayor tasa de homicidios porque se genera mayor violencia con las fuerzas provinciales y federales con un discurso que los habilita a todo tipo de práctica”, apunta Cozzi y aclara que la violencia institucional “no tiene que ver con un policía sino con prácticas institucionales y un contexto político que habilita esas prácticas”.
Para Cozzi es fundamental cuestionar el discurso oficial que se construye sobre el concepto “narcotráfico”, porque son estos los que esconden los verdaderos entramados del fenómeno. Sobre este aspecto toma posición el Centro de Estudios Legales y Sociales en su texto “La construcción de una agenda regresiva en torno de la ‘cuestión narco’”. En los siguientes apartados especifican el análisis.
– “El narcotráfico, las redes ilegales y los problemas de violencia y delito en los barrios no pueden tratarse en forma indiscriminada, como si fueran el mismo y único problema. La comprensión de estos fenómenos no debería seguir eludiendo que el paradigma prohibicionista es el gran aliado del fortalecimiento empresarial del tráfico de drogas, de su financiamiento y de su lógica violenta. De la misma manera, tampoco la connivencia entre las fuerzas de seguridad y las redes ilegales se reduce a la intervención de las policías en el negocio del narcotráfico o a la protección que le brinda a organizaciones o grupos de mayor o menor escala. Se trata de un deterioro institucional previo a la extensión de los fenómenos asociados a las drogas y que en otros momentos daba lugar a la articulación de la policía con otros mercados ilegales que en general no estaban asociados a índices elevados de violencia en los territorios, como el juego y la prostitución”
– “El uso de la ‘lucha contra el narcotráfico’ como un fetiche discursivo y la falta de precisión en los diagnósticos tienen efectos más allá de lo retórico y consecuencias sociales que luego son difíciles o imposibles de reparar. Mientras vemos que la capacidad del Estado para intervenir en los crímenes asociados a bandas grandes que incluyen el accionar de sicarios es limitada y deficiente, los discursos políticos continúan identificando a los barrios pobres como el centro del ‘flagelo’ del narcotráfico. El riesgo que se corre ante estas crisis es que el endurecimiento del discurso y su lugar prioritario en la agenda lleve a orientar la política hacia esos territorios para dar alguna respuesta y al mismo tiempo mantenga el estatus quo sobre la situación de las fuerzas de seguridad, los sistemas de inteligencia y los servicios penitenciarios”.
También contra la resistencia popular
El mayor impacto de la declaración de Emergencia en Seguridad Pública lo brindó el punto que especifica el permiso para derribar aviones que podrían estar vinculados al narcotráfico. Pero entre líneas se puede ver un plan que no se detiene en esta posibilidad. Además de este punto y la visible criminalización de la pobreza, la militarización de los sectores populares también esconde la persecución a las organizaciones sociales y políticas que allí se gestan y se fortalecen junto a los jóvenes y trabajadores. Más allá de la “pelea contra el narcotráfico”, la declaración apunta contra “asociaciones ilícitas, organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, y fraude contra la Administración Pública”. En este amplio abanico se puede ubicar la polémica detención de la dirigente Milagro Sala en Jujuy, quien encabezaba la manifestación de la organización Tupac Amaru con demandas al gobernador. Mientras el amplio campo popular comienza a padecer la certera aplicación de la llamada ley antiterrorista, aprobada en el Senado de la Nación por mayoría del kirchnerismo en diciembre de 2011, también surgen las manifestaciones de resistencia.
Raúl Zibechi, escritor y militante, menciona en su artículo titulado “La militarización en democracia”, cuáles son los intereses de los gobiernos que, no sólo en Argentina sino en todo Lationamérica, ejercen sus prácticas represivas. “La concentración de riqueza va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta”, menciona el escritor. Además habla de esta tendencia como camino hacia “el secuestro de los derechos y la criminalización de la protesta”, como una estrategia “intrínseca al sistema que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular”. El PRO está preparando la plataforma para mitigar, de manera represiva pero en el nombre de la ley, la inminente resistencia de los sectores populares a la aplicación de políticas cada vez más alejadas de los derechos de la población.
En la misma línea de Zibechi analiza este contexto la investigadora Claudia Korol en su libro “Criminalización de la pobreza y la protesta social”. “Las nuevas modalidades represivas entre las que son centrales la criminalización de la pobreza y la protesta social, no son ‘vestigios del pasado dictatorial no desmantelado’, sino mecanismos de control ‘sumamente actuales’ y funcionales a los patrones de acumulación del capitalismo del Siglo XXI”, explica. A su vez menciona la fuerte relación entre este fenómeno y el camino librado que brindó parte del “plano cultural y comunicacional”. “Se posibilita y viabiliza la criminalización social, con las demandas ciudadanas que reclaman ‘mayor seguridad’, con la pretendida homogeneización cultural realizada por la globalización capitalista, que estigmatiza a ‘los otros’, a ‘los diferentes’ como peligrosos, y con el discurso sobre la seguridad que producen las usinas ideológicas del imperialismo”. En este paquete, como blanco de esta avanzada represiva, se ubican los y las jóvenes y trabajadores de las barriadas populares pero así también los movimientos sociales que fueron surgiendo de la mano de las demandas de estos sectores.
En otro material, titulado “Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado”, Korol expresa que estos movimientos “nacen de las prácticas sociales de quienes, siendo conscientes de su opresión, van buscando e intentando maneras diversas de luchar que apuntan a suprimirla”. “Por ello no es posible pensar en las emancipaciones desde afuera del movimiento social que protagoniza la resistencia”, agrega.
“Nuestra democracia está todavía prisionera de las estructuras que la niegan. Está la pobre atada de pies y manos, y los dueños del poder nos dicen que nada tiene de sospechosa esta parálisis”, ha escrito Eduardo Galeano en un análisis, siempre actual, sobre las reiteradas avanzadas represivas contra las jóvenes y frágiles democracias de Latinoamérica. Ante este contexto, las distintas expresiones del campo popular redoblan su apuesta para salir a las calles a profundizar sus reclamos, pero también la organización como camino ineludible no sólo hacia la resistencia sino también hacia la recuperación y conquista de sus derechos.
