Familiares del joven de 23 años, hallado sin vida en el río Paraná el 2 de noviembre, se acercaron a la Fiscalía de Homicidios junto a organizaciones sociales para exigir el esclarecimiento del hecho, por el cual acusan a la policía. Están siendo patrocinados por la Defensa Pública de la provincia, desde donde hablan de un posible caso de desaparición forzada.
Por Martín Stoianovich
La escena se repite. La Fiscalía de Homicidios investiga los hechos a través de la versión de la policía. La familia de la víctima la contradice y apunta contra la misma policía. La certeza nuevamente es una sola: hay otro pibe muerto. Un pibe menos entre tanto grito que exige el cese de muertes violentas en la juventud. Alejandro “Kiki” Ponce, de 23 años, es el tercer joven que aparece sin vida flotando en el río Paraná en poco más de un año. Su familia, como la de Franco Casco y Gerardo Escobar, acusan a la policía como responsables. Se cumplen dos meses y no hay esclarecimiento. Desde la Fiscalía desestiman la hipótesis de la responsabilidad policial, pero por el contrario, desde la Defensoría de la provincia hablan de un nuevo caso de desaparición forzada.
Alejandro desapareció el viernes 30 de octubre y fue hallado sin vida el 2 de noviembre. Alrededor de este suceso se tejen dos versiones contrapuestas. Luis, hermano de Alejandro, es uno de los testigos principales. Cuenta que aquella tarde estaban pescando en la orilla del río por la zona de los Silos Davis cuando apareció un grupo de policías que comenzó a amedrentarlos. Los chicos se tiraron al agua y comenzaron a ser agredidos a piedrazos por parte de los policías. Luis recibió un fuerte golpe en la cabeza que le dejó una herida profunda y alcanzó a volver a la orilla, para luego ser detenido en la Comisaría 3ra. Mientras tanto, Alejandro, que no sabía nadar, pidió por favor que lo ayudaran a volver. Fue en vano. Por aquellos días Luis relató a los medios de comunicación: “Cuando llegué a la orilla me agarró un policía, y veo que mi hermano había salido un poco y ya tenía el agua casi en las rodillas. Otro policía estaba cerca de él en la barranca, como a cinco metros. Ahí es cuando me llevan y yo le pregunto dónde estaba mi hermano, y uno me contestó ‘dejá de gritar que tu hermano se fue corriendo’”. También contó que a un cuidacoches que intentó ayudar lo amenazaron con dispararle. Por estos días, la familia de Alejandro acusa a los policías de haberlo dejado ahogarse, cuando deberían haberlo socorrido.
La versión de la policía, que es la misma que replica el fiscal Miguel Moreno, asegura que Alejandro y Luis habían robado a dos adolescentes por la zona del parque, que fueron perseguidos por seis policías y que se tiraron al río para darse a la fuga. En sus pocas declaraciones a los medios de comunicación, Moreno insistió en destacar que los jóvenes estaban robando sin dar explicaciones sobre la muerte de Alejandro. También aseguró que la Prefectura fue avisada apenas los jóvenes se arrojaron al río. Por otro lado, el informe del Instituto Médico Legal descartó lesiones internas o externas e indicó que la causa de la muerte fu “asfixia por sumersión”. Esta serie de medidas le bastó a Moreno para considerar que no hay material para sospechar del accionar policial en el cual intervino personal de la policía motorizada y del Comando Radioeléctrico. Suponen que Alejandro murió ahogado intentando fugarse, poniendo en riesgo su vida por su propia cuenta.
El relato de la familia permite, al menos, preguntarse porqué ningún policía hizo algo para salvar a Alejandro. Su prolongado grito de auxilio se extinguió con su propia vida. “Morite negro de mierda”, dicen sus familiares que era la respuesta constante de los policías que miraban desde la orilla.
En la mañana de este miércoles la familia Ponce se concentró junto a sus abogados y organizaciones sociales en la puerta de la Fiscalía de Homicidios para solicitar una entrevista con Miguel Moreno. “El fiscal nunca me llamó, no sé por qué no me llama si conmigo se puede hablar y nos podemos entender. Perdí un hijo yo, y los tipos andan como si nada”, contó Mirta, mamá de Alejandro, mientras lucía una remera con el rostro de su hijo. Describió su disgusto porque su familia no es tenida en cuenta para la investigación, puesto que en dos meses no fueron citados a declarar. Además agregó que el día del hecho había cuidacoches mirando, pero que fueron amenazados de muerte por la policía y por temor ya no quieren declarar. “Queremos justicia, que se investigue. Es otro pibe más, cuántos casos hay de pibes que la policía los mata”, señaló Mirta entre lágrimas.
Hablan de desaparición forzada
“La policía ocultó información de lo que había pasado, nadie lo fue a buscar y terminó falleciendo ahogado en el río como consecuencia de la actitud de la policía”, explicó el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien representa a la familia. Por su parte, la mamá de Alejandro contó que hicieron la denuncia antes de que apareciera el cadáver, y que en Prefectura le dijeron que no lo estaban buscando, en contraposición al acta policial del 30 de octubre. La búsqueda por agua comenzó el domingo 31 y el cadáver fue hallado un día después. Según Ganón, transcurren dos días en los que la policía no informó sobre sus procedimientos. “Por las características que tuvo, podría tratarse de una desaparición forzada, porque la familia hizo una denuncia y la policía no contó lo que había sucedido ese día”, sostuvo el defensor.
De esta forma, la familia Ponce está comenzando a atravesar un camino repleto de obstáculos hacia el esclarecimiento del hecho. Al momento, la situación es desoladora. Hay una serie de elementos que posee la familia y podrían ser fundamentales para la causa, pero son desestimados por la Fiscalía. La reunión de este miércoles con Moreno no dejó resultados positivos. “Nunca fueron incorporados los elementos ni hubo voluntad. Nos vamos con una sensación amarga porque pareciera que esto ya está cerrado con una hipótesis de convalidación de la actuación de la policía”, expresó Ganón. “Dejó que la policía investigue de la forma que quería, y que se fueran acomodando cada una de las fichas para convalidar la hipótesis policial. A pesar de que el fiscal no lo dijo, se percibe que tiene una posición tomada. Lo lamentamos pero vamos a seguir trabajando para que se sepa la verdad”, agregó. Moreno sólo se comprometió a recibir el testimonio de los familiares, para que den cuenta de su versión de los hechos y los pasos realizados entre la desaparición de Alejandro y el hallazgo de su cadáver.
Otro obstáculo que atraviesa la familia Ponce está vinculada a la solicitud que hicieron junto con Ganón para constituirse como querellantes en la causa. El pedido todavía no fue contestado, por lo cual todavía no pueden acceder al legajo de la investigación. “Hay una oposición permanente a que la defensa pública se constituya como querellante en estos casos. Creemos que es muy necesario que en casos de violencia institucional la defensa tome la representación de las víctimas por varios motivos. Porque es un derecho reconocido por tratados internacionales y son casos de gravedad institucional que dificulta mucho la participación de abogados particulares”, sostuvieron desde la Defensoría. Estas negativas se vienen repitiendo en otras investigaciones en donde la policía está involucrada por su violento accionar. Es una forma de mantener apartados de la investigación a quienes buscan esclarecer los hechos en los que se acusa a la policía como principales responsables.
