Durante una conferencia de prensa esta mañana, el ministro Aguad anunció la intervención -por un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri- de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). “La rebelión justifica la intervención, porque estamos ante un caos” aseguró. Por rebelión se refería el ministro a la permanencia de Martín Sabatella como presidente del organismo, designado legítimamente de acuerdo al artículo 14 de la ley 26.522 sancionada en el año 2009.
Fuente: Nodal
La medida recientemente tomada es consistente con el proceso de hostigamiento político que el gobierno de Mauricio Macri ha sostenido desde el primer día contra el actual titular del AFSCA, Martín Sabbatella, con la intención de lograr su renuncia o poder expulsarlo de su cargo. Aguad ha declarado que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno” y agregó “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”.
Afirmó también que la intención del gobierno es la de avanzar sobre la convergencia tecnológica y de controles, por lo que si bien el decreto indica que la intervención duraría 180 días, intentará acelerarse el proceso, cuyo objetivo es “crear una red nacional de comunicaciones que llegue a todo el país”.
Respecto a la situación del organismo, el ministro observó que “está todo paralizado y judicializado, no hay la famosa “convergencia”, la “pluralidad de voces”, todo eso está paralizado, y lo queremos poner en funcionamiento.”. Luego se refirió a su director, “Sabbatella es un militante político, y se ha utilizado la ley para atacar a ciertos medios y privilegiar a otros. Este no es el espíritu de este gobierno.”
El interventor será Agustín Garzón, quien es abogado egresado de la UCA y posee un Master de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Desde el mes de octubre de este año ha sido legislador porteño en reemplazo del renunciante Enzo Pagani, donde participó de la comisión de presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Es coordinador de Profesionales PRO y es un funcionario cercano al jefe de gabinete de ministros Marcos Peña. No se le conocen antecedentes académicos ni laborales en materia de comunicación.
Hacia el final de la conferencia, el ministro manifestó que “no pretendemos nombrar funcionarios que perduren en el tiempo para el próximo gobierno, cada gobierno tiene derecho a nombrar sus funcionarios”. Este punto entra en contradicción con el artículo 14 de la ley, que indica que “El presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional.”
Esta mañana, Martín Sabatella aseguró que “intervenir es violar la ley”, y que “una intervención al AFSCA sería un atropello brutal”, afirmando que recurrirá a la justicia ante este atentado contra el marco legal de la norma.
La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente en Argentina, fue votada por el Congreso Nacional en octubre de 2009 y contó con un amplio consenso de la gran mayoría de los actores del sector. Comúnmente conocida como Ley de Medios, las limitaciones en la propiedad de licencias de los grupos concentrados no han podido ser implementadas, por la aplicación de medidas judiciales que protegieron particularmente al Grupo Clarín. El conglomerado mediático es propietario del principal sistema de TV por cable, canales de aire y productoras de contenidos, radios y servicios de internet. (Más información enhttp://www.nodalcultura.am/2015/06/radiografia-de-los-tres-grandes-conglomerados-mediaticos-de-america-latina/
En palabras de Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la ONU, “Argentina tiene una ley de avanzada. Es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo”. El punto que más conflicto produce al Grupo Clarín es la regulación de la propiedad del espectro de radio y televisión, que corresponde al Estado Nacional.
La ley define varios criterios de asignación de las frecuencias en tres ejes (nacional, provincial y municipal). Contempla así tres tipos de licenciatarios: públicos, sin fines de lucro y privados. Para cada sector se asignan un tercio del las licencias a otorgar. Es así como la ley asegura el derecho a la expresión socialmente igualitaria.
El segundo criterio central es el de limitar la propiedad de licencias para impedir que se conformen o permanezcan oligopolios mediáticos que dominen el mercado de la comunicación.
Asimismo, la ley 26.522 define en sintonía con la legislación internacional que los sistemas de TV por cable y satelitales no podrán ser productoras de contenidos. De esta forma se limita la capacidad de los operadores de poner y sacar señales de acuerdo se compita o no con el contenido que producirían.
Para entender cual es la posición del nuevo gobierno respecto del marco regulatorio de las licencias, es interesante la declaración del ministro Aguad del día 12 de diciembre de este año, “los medios van a competir libremente en el mercado, y trataremos de ayudar a los más pequeños”.
