La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, presentaron el cuarto Informe Anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT).
Por Comisión Provincial por la Memoria
Con la presencia de familiares víctimas de la violencia institucional, organismos de derechos humanos, fiscales y defensores públicos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de estudios sobre sistema penal y derechos humanos (GESPyDH) presentaron el IV informe anual del registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT). Las cifras alarmantes de una política criminal que exacerba el punitivismo y viola derechos garantizados por la Constitución nacional y los tratados internacionales.
“Tenemos el deber de desarticular ese sistema de dominación que se ejerce mediante la tortura y se perpetúa bajo un estado de suspensión de conciencia que permite disolver la responsabilidad de los agentes penales en el colectivo”, expresó el Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, durante la presentación pública del IV Informe del RNCT. En línea con las advertencias que el organismo viene realizando sobre el agravamiento de las condiciones de detención, la muestra que compone este estudio constató la existencia de 2074 víctimas y 6843 casos de torturas y/o malos tratos en sólo un año; es decir, un promedio de más de tres hechos de tortura por víctima.
El RNCT se creó 2010 y es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica esta información, y genera un valioso material para comprender el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias gravosas. Desde entonces viene denunciado la práctica sistemática de torturas en las comisarías y unidades penitenciarias y la extrema vulneración de derechos que padecen las personas detenidas. En el marco del trabajo interinstitucional e interdisciplinario junto a la PPN y el GESPyDG, la CPM aporta su experiencia como organismo de monitoreo y control de los lugares de encierro y las políticas de seguridad en la provincia desde el año 2003.
Además de Pérez Esquivel, la presentación pública del IV Informe se realizó en el auditorio de la CPM con la participación del procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo, y la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui; la mesa estuvo coordinada por Natalia Rocchetti, coordinadora del equipo de Producción y análisis de la Información del CCT–CPM.
El evento también contó con la presencia de organizaciones y familiares víctimas de la violencia policial (FAVISIC, ACIFaD, Cooperativa Esperanza, Asociación Camino al Siglo XXII, Familiares de la Masacre de Quilmes, Familiares y Amigos de Florencia “la China” Cuellar, COVIC) y los miembros de la CPM Nora Cortiñas, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaun, Susana Méndez, Ana Barletta, Roberto Cipriano García y la directora general, Sandra Raggio.
Al momento de dar cuenta de los resultados expuestos en este estudio, el presidente de la CPM sostuvo la necesidad de seguir denunciando la tortura y advirtió que “la ausencia de este tema en la agenda política es un olvido intencionado”. Luego, dirigiéndose a los familiares presentes, Pérez Esquivel dijo: “La lucha de las familias es la fuerza y la esperanza de los que están encerrados resistiendo la crueldad de un sistema que busca quebrar el espíritu de las personas”.
En representación de los familiares, Noemí Santana de la Cooperativa Esperanza agradeció a la CPM por “escucharnos y brindarnos un espacio para alzar la voz. Tengo en estas palabras las vivencias de todos mis compañeros: las torturas, los traslados arbitrarios y el desprecio a los familiares constituyen graves violaciones a los derechos humanos”. Y agregó: “Aunque no esté legitimada, la pena de muerte existe en las cárceles y el gatillo fácil”.
Por su parte, Mugnolo sostuvo que: “Cuando empezamos con este informe, los organismos del Estado negaban la existencia de las torturas en las cárceles. Hace cinco años que hacemos este relevamiento y lo ponemos a disposición de la sociedad porque los relatos de las víctimas vuelven a poner en agenda el problema de las violaciones a los derechos humanos”.
En este sentido, Alcira Daroqui valoró la concepción metodológica que propone este trabajo al considerar la tortura en un sentido amplio que observe las múltiples condiciones en que se vulneran los derechos de las personas detenidas atentando contra su integridad y desconociendo las normativas nacionales e internacionales. “Ojalá el registro sea una herramienta en la lucha judicial aunque sabemos que hay una Justicia que avala y naturaliza la práctica de la tortura, ellos son partícipes necesarios en la comisión del delito y no podemos dejar de denunciarlo”, concluyó.
En el marco de la presentación del IV Informe del RNCT, y a modo de reflexión sobre el Informe, el pro secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, indicó que “este registro adopta desde su creación una clara definición política y ética: se construye desde el relato de las víctimas, visibilizando la tortura sistemática que acontece en los lugares de encierro y de parte de las fuerzas de seguridad. Estas cifras son la punta del iceberg, lo que alcanzamos a relevar, pero los casos son muchos más. La tortura se recrea todo el tiempo, asume formas creativas, profundamente gravosas. Y las tres instituciones que integramos el RNCT asumimos combatirla y enfrentarla de manera permanente. Este despliegue es lo que releva este trabajo, construido con rigurosidad científica, pero también con una profunda sensibilidad por el dolor de las víctimas.”
Torturas en contexto de encierro en Argentina: Los datos del IV informe
El Registro nacional de casos de tortura y/o malos tratos (RNCT) toma como referencia lo establecido en el Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se incluyen los hechos denunciados judicialmente y también los comunicados sobre los que no se ha efectuado denuncia penal, en función de los múltiples motivos que inhiben la formulación de tales denuncias y que producen un notable sub-registro de hechos.
En el trabajo de campo se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito federal se relevaron ocho unidades penales del Servicio Penitenciario, cuatro comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También, otras 15 unidades federales y alcaldías judiciales, unidades de servicios penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
Durante el relevamiento se entrevistó a 2074 víctimas que describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos. Casi el 70% de los denunciantes son hombres y tienen menos de 34 años. En promedio en los 2 meses previos a la entrevista, cada víctima padeció más de 3 de un máximo de 11 tipos de tortura y/o malos.
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el registro se efectuó sobre 24 lugares de encierro representados en cuatro tipos de agencias: establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), comisarías de la Policía Bonaerense, lugares de detención para personas menores de edad dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y hospitales neuropsiquiátricos.
Como resultado de este relevamiento específico del RNCT y de la reconstrucción de planillas de intervención del Comité contra la Tortura de la CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a partir de las denuncias recibidas, en 2014 se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Si bien las agresiones físicas siguen siendo la práctica violenta de mayor frecuencia (se registraron 1178 casos), no es menos significativa la práctica del aislamiento (1163), las malas condiciones materiales de detención (1121), la falta o deficiente alimentación (970), la falta de asistencia a la salud (898) y las amenazas (480).
En esta oportunidad, el IV Informe Anual del RNCT también contiene un apartado que releva las prácticas irregulares e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial y en centros de detención no penitenciarios de Buenos Aires y CABA. Como se ha remarcado en reiteradas oportunidades, las policías en su despliegue territorial producen y reproducen, sostienen y habilitan los malos tratos y las torturas.
Como se expone en el prólogo del RNCT, y tal como la CPM ha manifestado en reiteradas oportunidades, un Estado de derecho no puede permitir el dolor y las penurias que padecen las víctimas de la violencia institucional. Un Estado de derecho no puede permitir la tortura porque contradice los principios fundamentales de un Estado democrático.
La presentación del IV Informe tiene lugar en un momento político especial: el fin de un mandato y el traspaso de poder a otro gobierno. En ese contexto, la CPM refuerza su compromiso en la promoción y la defensa de los derechos y garantías constitucionales y espera que las nuevas autoridades –tanto a nivel nacional como provincial– asuman el desafío de trabajar en una agenda en derechos humanos que atienda estos reclamos, e implementen políticas efectivas destinadas a terminar con la tortura y el sufrimiento que padecen las víctimas del sistema penal.
