Para la querella desde un principio, y ahora para la Fiscalía, el caso de Pichón Escobar tiene todas las características de una desaparición forzada. La jueza Georgina Depetris no tuvo en cuenta las nuevas pruebas y negó el cambio de carátula, pero se expondrán nuevamente ante un juez de primera instancia. Además, se extendió la prisión preventiva de los cinco imputados.
Por Martín Stoianovich
Gerardo Escobar desapareció en la madrugada del 14 de agosto luego de salir del boliche La Tienda, y fue encontrado sin vida en el río Paraná una semana después. Durante esos días, sus familiares comenzaron a apuntar contra los patovicas del boliche y la policía que hacía adicionales en el lugar, pero la investigación judicial iba detrás de otras hipótesis. Luego aparecieron videos que registraban la agresión y fueron detenidos e imputados tres patovicas y dos policías. A tres meses del hecho, el avance de la investigación continúa llevando a la única hipótesis que maneja la querella que representa a la familia Escobar: «lo de Pichón es desaparición forzada porque la policía está involucrada». En las audiencias de los últimos días se dio a conocer la probable participación de la Comisaría 3ra en el hecho, y la Fiscalía admitió que están dadas las condiciones para que próximamente se cambie la carátula y se concrete el paso de la causa a la justicia federal. La jueza Georgina Depetris rechazó el cambio de tipificación, argumentando que las nuevas pruebas en la causa deben ser presentadas ante el juez de primera instancia que rechazó el cambio. Además, extendió la prisión preventiva de los cinco imputados por veinte días más, mientras se esperan avances fundamentales.
El pasado 2 de septiembre el juez de primera instancia Luis María Caterina, junto a los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria, rechazaron el pedido de cambio de carátula que había realizado el defensor general de la provincia Gabriel Ganón. Argumentaron que no estaban dadas las condiciones para considerar la participación policial como institución en la desaparición y muerte de Pichón, pero dejaron abierta la posibilidad de que a futuro los avances en la investigación revirtieran la medida. Durante los meses de septiembre y octubre, tanto a partir de pruebas recolectadas por la Fiscalía y por la querella, la hipótesis de la participación de la Comisaría 3ra en los hechos cobró fuerza. Se presume que, luego de ser golpeado (en las imágenes que se registran en cámaras de videovigilancia) Pichón fue trasladado a la seccional ubicada en Dorrego 161, golpeado, torturado y asesinado, para luego ser arrojado al río.
Las nuevas pruebas no fueron tenidas en cuenta por Depetris, la jueza de segunda instancia que en la audiencia de apelación al rechazo del cambio de carátula argumentó que ese material debería ser presentado ante Caterina en una audiencia de primera instancia. Asimismo las mismas pruebas fueron utilizadas por la jueza este lunes para considerar necesaria la extensión de la prisión preventiva de los imputados. Esto, cuanto menos, se planta como una contradicción porque, más allá de los pasos estrictamente procesales, queda la sensación de que tanto la jueza como los fiscales coinciden en que la causa debe pasar al fuero federal. Desde la querella que representa a los familiares de Escobar, el abogado Guillermo Campana adelantó: “Habiendo declinado la Fiscalía la competencia, vamos a realizar de conjunto una nueva presentación en primera instancia y el juez va a tener que obrar en consecuencia de lo que estamos aportando, que son argumentos sólidos para entender que hubo desaparición forzada y no un simple delito de homicidio”.
Una de las pruebas fundamentales que consiguió en estos dos meses la querella, es el testimonio de una persona que estuvo detenida en la Comisaría 3ra la noche en que Pichón desapareció y cuando, por lo tanto, se presume que pudo haber sido trasladado a la seccional. Según relató esta persona, aquella noche se ingresó a un detenido y se comenzaron a escuchar golpes y gritos. A partir de los días siguientes, cambió la relación entre los policías y los internos. Tal como contó el testigo, fueron “engomados”, es decir encerrados sin poder salir al patio, y la explicación que dio la policía hizo referencia a un “quilombo” que tenían por el caso Escobar. En este sentido, el abogado querellante Salvador Vera indicó: “Son las prácticas de la institución policial de privar de la libertad y liberar sin blanquear las detenciones, que nos sitúa en un contexto típico del marco en el cual se producen las privaciones ilegales de la libertad”. Según la investigación, en la comisaría 3ra se detiene a personas, les pegan y luego las liberan sin dar ningún tipo de informe a las autoridades judiciales. Otros testimonios sirvieron para profundizar un aspecto esencial en cuanto a la tipificación de desaparición forzada de persona: los patovicas de la tienda actúan de manera conjunta con los policías de la 3ra, en un acuerdo entre la seccional y los dueños del bar. Estos testigos aportaron datos de golpizas recibidas en distintos momentos en la zona del boliche, siempre con los patovicas y policías como agresores.
Sobre este tema también aporto pruebas la Fiscalía. Tal como explicó la fiscal Fabbro, a través de la declaración de testigos se puede deducir que “ante cualquier mínimo disturbio, era muy desproporcionada la reacción de la seguridad del bar, y en seguida llegaban móviles del comando o la comisaría”. Uno de estos testigos aportó un relato en primera persona que se asemeja mucho a la hipótesis que la querella sostiene respecto de lo que pudo haber pasado con Pichón. Un joven fue golpeado hasta el desmayo en la puerta de La Tienda, y despertó en la 3ra, donde fue llevado a un cuarto y golpeado fuertemente. Por otra parte, el testimonio de un detenido en la misma seccional acerca todavía más a esta modalidad. “En la 3ra hay dos piezas, también un penal transitorio donde suelen meter a los que entran y es ahí donde suelen pegarle a los pibes, siempre se escuchan gritos”, dice el relato leído en la audiencia por Fabbro.
Pero además de las declaraciones, hay otros puntos que comprometen al personal de la Comisaría 3ra. Tanto la querella como la Fiscalía aportaron datos respecto a los geo posicionamientos de los móviles policiales. Resulta llamativo que dos coches no reportaron informes, ni tampoco problemas técnicos que pudieran haberlo impedido, y otro informe registra que un móvil permaneció estático en la puerta de la seccional toda la noche del jueves 14 de agosto. Los abogados querellantes critican que se haya tardado dos meses en brindar esa información y cuestionan su veracidad.
Por otra parte, en la audiencia de este lunes, cuando se discutía la prisión preventiva de los acusados, la querella aportó nuevos datos que comprometen a Cristian Vivas, el único patovica que por ahora fue imputado por el homicidio de Pichón. Esta persona, de cuyo domicilio se secuestraron varios celulares y dos chalecos antibalas de la policía, en su teléfono personal tiene más de trece contactos de la policía de la 3ra. Además, a través de un informe brindado por la empresa telefónica que utiliza Vivas, se pudo constatar que el 17 de agosto estuvo posicionado en la zona portuaria, donde fue hallado el cadáver de Pichón cuatro días después. Allí realizó dos llamadas y recibió una entre las ocho de la noche hasta pasada las doce. Estos elementos fueron considerados por la querella como suficientes para remarcar la apariencia de responsabilidad del imputado, como así también su peligrosidad procesal. Además, por distintos motivos se consideró de igual manera la situación de los otros cuatro imputados, acusados de encubrimiento, por lo cual seguirán bajo prisión domiciliaria.
Las consecuencias de los estancamientos
A pesar de las intimidaciones judiciales por parte del Ministerio Público de la Acusación al abogado Salvador Vera, tanto la querella como las organizaciones sociales y políticas que conforman una multisectorial junto a la familia Escobar, denunciaron en varias oportunidades a la Fiscalía por promover el estancamiento de la causa. Muchos de los aspectos sobre los cuales se fundamentaban las críticas a los fiscales, hoy se materializan en los pocos recursos que tienen los abogados defensores para reclamar la libertad de los imputados.
Desde un primer momento se cuestionó a los patovicas del lugar, a través del testimonio de un amigo de Pichón que había nombrado a Cristian Vivas. A su vez, se registró señal del celular de Pichón cerca de la casa del patovica, y por tal motivo se allanó la vivienda, pero Vivas no fue detenido al no hallarse el teléfono de la víctima, y fueron desestimados los otros aparatos y los chalecos antibalas. Pero con el paso de los días, Vivas fue detenido cuando se tuvo acceso a la filmación en donde se lo ve golpeando a Pichón. Hoy, estos materiales refuerzan la hipótesis de la desaparición forzada que a tres meses del hecho los fiscales comienzan a ver como posible.
Para los abogados defensores, la filmación en que se registra la agresión alcanza para comprobar una golpiza, pero no el homicidio por el cual se imputa a Vivas, y menos el encubrimiento que recae sobre los otros cuatro. Otro aspecto está relacionado a los informes médicos sobre el cadáver de Pichón, a través de los cuales en un primer momento se había intentado descartar la hipótesis de muerte violenta, por falta de fracturas óseas. Si bien los informes del médico de parte de la defensoría general hablan de fuertes golpes internos en la cabeza y en la zona genital, hasta ahora no se puede confirmar la causa de la muerte. Sólo se sabe que murió por asfixia y se supone que pudo haber sido como producto del llamado “submarino seco”, una práctica histórica de la policía. De todas maneras, se esperan nuevos avances a través de una junta médica que en los próximos días intentará definir estos puntos. Este escenario, al cual se llega a pesar de los fuertes cuestionamientos al médico forense Raúl Rodríguez, ex empleado de la policía, permite que todavía el defensor de Vivas, Lepoldo Montiel, sugiera que Pichón murió ahogado, luego de escapar de la golpiza, a la cual se refiere como “incidente”, y siga insistiendo en que el joven murió por estar alcoholizado.
La Fiscalía menciona que se trabaja sobre el registro fílmico de más de 80 cámaras de videovigilancia, del cual hasta el momento sólo sirven los dos minutos en los que se lo ve a Pichón siendo golpeado agresivamente. Todavía resuenan los reclamos de primera hora de la familia Escobar exigiendo el secuestro de todas las cámaras, conociéndose que se trata de material fácilmente manipulable. Incluso los antecedentes en el caso Franco Casco, otra prueba de las falencias de la Fiscalía, dan cuenta de que las filmaciones pueden borrarse automáticamente con el paso de pocas horas.
