A dos meses del asesinato y desaparición del joven de 23 años hay cinco imputados pero pocos avances en cuanto a la participación policial en el hecho. Mientras se continúa exigiendo el cambio de carátula a desaparición forzada de persona, crecen las críticas al Ministerio Público de la Acusación.
Por Martín Stoianovich
La Multisectorial por justicia por Gerardo Escobar, integrada por sus familiares y organizaciones sociales, políticas y gremiales, lanzó un comunicado cuestionando al Ministerio Público de la Acusación por su rol en la investigación por la desaparición y muerte de Pichón. A más de dos meses de la última vez en que fue visto con vida, y con cinco personas imputadas, los avances en la causa son prácticamente nulos. Denuncian que se desestima la hipótesis manejada por los abogados querellantes, en la cual se señala a la policía santafesina como partícipe del hecho y por lo cual se continúa reclamando el cambio de carátula a desaparición forzada de persona. Además, remarcan que los fiscales no entregan a la querella las pruebas recolectadas hasta el momento. A las diez de la mañana de este miércoles se movilizarán a la Fiscalía Regional para reclamar compromiso y esclarecimiento.
En la mañana del pasado 21 de agosto los familiares de Pichón Escobar se reunieron con la cúpula del Ministerio Público de la Acusación en una de las oficinas del edificio de calle Montevideo 1968. Allí el fiscal regional Jorge Baclini aseguró que su equipo estaba trabajando arduamente para encontrar a Pichón con vida, mientras su tío Rubén respondía que le estaban “ocultando algo”. Por entonces, los familiares ya apuntaban contra los patovicas y la policía, pero los fiscales preferían darle fuerza al testimonio de un colectivero que afirmaba que Pichón se había subido al colectivo en estado de ebriedad y se había bajado desorientado en 27 de Febrero y Paraguay. Horas después de aquel encuentro en la Fiscalía fue hallado el cadáver del joven, flotando en el Río Paraná en una zona cercana al boliche La Tienda, donde había sido visto por última vez. Así, el paso del tiempo comenzó a marcar un contraste continuo entre las versiones del MPA y la realidad de los hechos.
Luego de que se encontrara el cadáver, la investigación pasó a manos de los fiscales de homicidio Marisol Fabbro y Rafael Coria, y los contrastes continuaron apareciendo. Esta vez a través del médico forense Raúl Rodríguez, quien aseguraba no haber visto signos de violencia en la autopsia. A los pocos días se dieron a conocer las imágenes de una cámara de vigilancia en las que se veía a un patovica golpeando a Pichón, prueba a raíz de la cual fue imputado por homicidio. Junto a él detuvieron a dos patovicas más y dos policías, a quienes se los imputó por encubrimiento agravado. Sobre este aspecto, recientemente a través de un informe de diatomeas se comprobó que Pichón no murió ahogado, y así quedaron sin fuerza las conclusiones del forense Rodríguez.
En el transcurso de la causa, el juez Luis María Caterina rechazó el pedido de cambio de carátula entendiendo que los policías no participaron en el hecho como parte de la institución. Mientras tanto, desde aquel 21 de agosto sus familiares junto a la Multisectorial continúan exigiendo este avance por considerarlo fundamental para el esclarecimiento del hecho y la aplicación de condenas justas a los responsables. A su vez, los abogados querellantes, Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet, en distintas oportunidades exigieron a la Fiscalía que se entregara la totalidad de las pruebas recabadas, y la respuesta del MPA fue a través de un llamado a declaración al abogado Vera por sus críticas públicas a los fiscales, gesto considerado como hostigamiento por el entorno de la familia Escobar.
A dos meses de aquellos hechos, las críticas a la Fiscalía continúan apareciendo como producto de los pocos avances en la investigación. “No sólo ha paralizado la investigación, sino que tampoco investiga la hipótesis de participación policial en la desaparición de Gerardo, luego de ser golpeado por el patovica de La Tienda”, dice el escrito difundido por la Multisectorial. En el mismo comunicado denuncian que el MPA no entregó a la querella que representa a la familia los datos arrojados por los GPS de los móviles policiales, ni el material de llamados al 911. “No ha notificado a la querella de medidas probatorias en las que ha solicitado participar y tampoco se han ejecutado las medidas necesarias para preservar elementos probatorios como las cámaras de seguridad privadas, ni el peritado de las cámaras de video vigilancia borradas o adulteradas”, agregan.
En la misma línea, también hay críticas para el ministro de Seguridad Raúl Lamberto: “Tampoco ha puesto a disposición estas pruebas, teniendo a su alcance la posibilidad de hacerlo si existiese la voluntad de que se esclarezcan los hechos”. “Se ve ante este accionar que tanto por parte del Poder Judicial, a través de la Fiscalía, como del poder político, representado en el Ministerio de Seguridad, hay un acuerdo cómplice para encubrir el caso que cuestiona de conjunto el accionar policial en una provincia donde la impunidad, el gatillo fácil y las relaciones policiales con el narcotráfico son moneda corriente”, continúa.
Para los abogados querellantes, Gerardo fue detenido ilegalmente y luego de la golpiza trasladado a una seccional de la policía. “Esta postura proviene de testigos que involucran y ubican en forma directa o indirecta la participación de la policía en la desaparición, tortura y muerte de Gerardo Escobar”, afirma el comunicado. Las pocas medidas de pruebas encaradas por la Fiscalía en torno a esa hipótesis, son el motivo por el cual se elevan estas denuncias y se continúan planificando movilizaciones para impedir el estancamiento de la causa y la liberación de los imputados. La participación de agentes policiales en el hecho implicaría una profunda investigación que sacaría a la luz las prácticas ilegales de la policía santafesina más allá de los individuos implicados. Este aspecto permite a los integrantes de la Multisectorial concluir que detrás de los pocos avances en la causa existe la intención de encubrir la participación de una institución estatal en el hecho.
Para avanzar sobre esta hipótesis, el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, realizó una presentación junto a los abogados querellantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La medida se tomó con el fin de “solicitar medidas cautelares a los fines de evitar que continúe el proceso irreparable de destrucción de pruebas sobre lo ocurrido en el caso que investiga la desaparición y muerte de Gerardo Escobar”, tal como indica un comunicado difundido por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Además, en el mismo se hace referencia a una serie de hostigamientos sufridos por Luciana Escobar, hermana de Pichón. “Señala haber recibido llamadas telefónicas anónimas varias veces al día”, dice el escrito e indica que son sucesos que pueden ser interpretados como amenazas contra la familia.
