Hacia fines del año 2012, Uruguay declaraba la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y con ella, se avanzaba en un logro fundamental en América Latina para abrir paso al reconocimiento de un derecho esencial en las mujeres. A casi tres años, el balance es positivo pero el protocolo vigente en la ley es criticado por los movimientos de mujeres, los médicos objetores siguen teniendo peso y hay un Estado que disuade. Aquí, en Argentina, la ley por el Aborto Legal es una deuda pendiente.
Por Laura Charro para enREDando
Camila Csery es militante de la colectiva feminista Mujeres en el Horno, de la ciudad de Montevideo. En una entrevista que mantuvo con enREDando, cuenta que la tarea principal del movimiento es la Línea Aborto, Información Segura 0800-8843. “Asesoramos, informamos y contenemos en instancias de pre y pos aborto a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. No somos ni tenemos apoyo estatal”, explica. “Si bien existe la ley y asesoramiento, hay un hueco importante en el que las mujeres se sienten solas. Muchas veces pasan por una soledad emocional donde no encuentran contención.”
Según Camila, la Ley vigente 18.987 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”-sancionada en el año 2012- ha tenido muy poca difusión y se la considera “disuasiva”. El Estado no ha realizado la esperada promoción y campaña pública de las características de la ley, para que todas las mujeres sepan qué pasos deben seguir si desean abortar, cuáles son los plazos previos estipulados, y qué derechos les son inalienables. “Muchas de las mujeres que llamaban a la línea en un principio no sabían que existía una ley y cómo acceder a ella”, aclara.
Además del problema de la falta de difusión, la actual ley de Interrupción Voluntaria en Uruguay cuenta con una serie de etapas previas por las que debe atravesar una mujer antes de realizarse un aborto. Hay un plazo de cinco días de “reflexión” obligatorios en los que la mujer puede arrepentirse y suspender la intervención. Además, los médicos – donde se incluyen los objetores de conciencia- deben informarle las alternativas posibles para reemplazar un aborto, como la adopción. Dentro de este protocolo obligatorio altamente criticable, hay fallas recurrentes y denunciadas por los movimientos sociales, como el retraso de diez o quince días en la intervención por parte de algunas instituciones de la salud, poniendo en riesgo las condiciones adecuadas para un aborto -dentro de las primeras 12 semanas de gestación- y, por sobre todo, el derecho a decidir de la mujer.
“No es la ley que queremos pero es la que tenemos y la queremos conservar” nos dice Camila, quien entiende que haber logrado que 6 mil mujeres en el primer año y 8 mil en el segundo accedieran al Misoprostol – droga que posibilita la realización de un aborto seguro- y que no se registre ningún caso de muerte materna en los casi tres años de promulgación de la ley, son logros importantes y positivos como balance general.
Asímismo, la posibilidad de legalización y consecuente análisis de cifras que ahora son oficiales, permite derribar mitos creados alrededor de la práctica del aborto. Por ejemplo, el promedio de edad de las mujeres es de 27 años, muchas ya son madres y deciden no volver a serlo y el 80% usa métodos anticonceptivos. Con lo cual se rompe con la idea de que las adolescentes son quienes, en su mayoría, recurren al aborto y que utilizan la práctica como método anticonceptivo.
Los médicos objetores de conciencia, por su parte, se resisten al derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Presentaron un Recurso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuestionando los artículos de la reglamentación de la ley que les prohibían incidir sobre la voluntad de la mujer, debiendo sólo habilitar el inicio del trámite de interrupción de embarazo. Los médicos se niegan a acatar la ley por cuestiones morales o religiosas y el Tribunal les da la razón. “¿Por qué un médico me tiene que decir a mí cuales son las alternativas al aborto?, ¿o acaso cualquier mujer no sabe que puede dar a su hijx en adopción, si lo desea? ¿Por qué tengo que dar en adopción un hijx? No lo quiero tener y punto.” Manifiesta, clara y contundente, Lilian Celiberti, feminista, coordinadora de la organización uruguaya Cotidiano Mujer y representante en la Articulación Feminista Mercosur, en relación a la vigilancia disciplinaria de la medicina sobre nuestros cuerpos mediante la acción de los médicos; batalla ideológica y cultural que aún está pendiente.
Lilian, a pesar de su postura crítica ante la ley, reconoce su importancia y existencia, en disidencia con algunas posturas feministas locales: “considero que es mejor que exista la ley a que no exista. Hay otros feminismos que hacen también un análisis crítico de la ley, los cuales comparto, pero se la lleva a un lugar de no defensa en esos espacios y creo que ahí hay una diferencia que la acepto y respeto, pero no es la mía. Yo no quiero estar en el lugar de decir “cuanto peor, mejor”. Yo quiero que existan condiciones para qie la gente sea más libre aun cuando sea pactado o regulado.”
La autodeterminación sobre nuestro territorio- cuerpo es aun un tema en disputa. Seguimos siendo las mujeres el campo de batalla en la lucha contra el patriarcado más férreo. En un nuevo 28 de Septiembre, seguimos en acción por la despenalización del aborto en toda Nuestra América y el Caribe. Porque es un derecho concreto y aun no conquistado el de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, deuda de la gran mayoría de las democracias Latinoamericanas.
Inclusive en Uruguay, donde parecen abrirse las puertas a los derechos con políticas nuevas y reformas necesarias, Celiberti plantea una cuestión de fondo ineludible: “hay un Estado que a través de sus múltiples organismos reproduce el retaceo de los derechos que se van conquistando. Te los dan por un lado y te los quitan por otro. Se generan más derechos pero la disputa sobre la interpretación de esos derechos está en un campo minado.”
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