A un año y medio del asesinato por linchamiento de David Moreira, su mamá, volvió a Rosario a exigir justicia. La causa espera el avance de pruebas decisivas para llegar al juicio.
Por Martín Stoianovich
David Moreira murió tres días después de la golpiza que le propinaron más de cincuenta personas en la tarde del 22 de marzo del 2014. Tenía 18 años, le gustaba jugar a la pelota, había dejado la escuela para trabajar de albañil y colaborar económicamente en su numerosa familia. Lo patearon en el suelo mientras vecinos se negaban a llamar a la policía o una ambulancia. Hay un video que registra cómo, indefenso, intentaba levantarse mientras dos personas le pegaban en su cabeza. Esos dos individuos están imputados por homicidio agravado, aunque la causa puede cambiar de caratula a homicidio en riña, a riesgo de concluir con una pena muy leve. Los acusados gozan de prisión domiciliaria, y sobre las otras decenas de personas que participaron del asesinato, no hay pruebas que puedan implicarlos. El detalle de que aquella tarde David había intentado robar una cartera, parece justificar que a un año y medio del hecho todo el proceso conduzca a una leve resolución cercana a la impunidad.
La imagen de David herido de muerte y tendido en el suelo se reprodujo por redes sociales y medios de comunicación con el pie de foto que hablaba de un delincuente linchado. Gran parte de la opinión pública celebró, y funcionarios políticos se llamaron al silencio. Lorena Torres, mamá del chico, derramó lágrimas en distintas movilizaciones exigiendo una justicia que todavía hoy se empeña en adormecerse. El dolor y la angustia ocasionados por la pérdida de David invitaron a la familia a mudarse a Uruguay. Para esta fecha en que se cumple el primer año y medio, Lorena volvió a Rosario a exigir justicia y encontrarse con el fiscal de la causa, Florentino Malaponte.
No hubo mayores novedades por parte del fiscal. “Estamos en un período intermedio en el que se están produciendo pruebas y sobre la base de esas pruebas promovería la acusación directamente para la audiencia preliminar y la realización de un juicio oral”, explicó el abogado querellante Norberto Olivares. Se espera que la causa no atraviese el cambio de carátula y que las nuevas pruebas en marcha no sólo confirmen la figura de homicidio agravado sino que además sume nuevos imputados. Cerca de treinta testigos aportaron datos, y sobre algunos de ellos se espera avanzar. Una prueba fundamental es una conversación telefónica de la madre de uno de los imputados en donde admite la participación de su hijo. Si bien se solicitó una pericia fonométrica sobre la voz de la señora, esta se negó a participar invocando una garantía constitucional que la protege. De todas formas, Olivares adelantó que la conversación es una prueba que incriminará al imputado.
Lorena mantiene la tranquilidad y su voz suave. Cuenta que viajó nerviosa y se muestra algo decepcionada por los escuetos avances que le presentó Malaponte. Pero intenta mantener la esperanza: “Siempre hay una chispita por encender, que es lo que nos mantiene a seguir peleando y esperando que se pueda llegar a juicio”. La mamá de David entiende que la impunidad en la causa de su hijo podría implicar una puerta abierta para que un caso similar vuelva a repetirse, y por eso no sólo exige justicia para tranquilizar el dolor de la familia. “Si logramos condenar a alguien, va a servir de ejemplo para que no se repita”, cuenta.
En la movilización de este jueves en la puerta de Tribunales, donde asistieron algunas organizaciones sociales y referentes políticos, también se hicieron presentes los docentes de la Escuela 456 “Carlos Pellegrini” de barrio Empalme Graneros. Los maestros, luciendo carteles con la leyenda “Basta de matar a nuestros alumnos”, recordaron a David como un joven tranquilo y amable. Sobre este acercamiento, Lorena valora “saber que hay un polo opuesto a tanta agresividad”. “Los docentes que lo recuerdan me hacen sentir bien. Es el recuerdo que yo tengo de mi hijo y no me lo va a quitar nadie”, dice.
En la jornada también estuvieron presentes Pedro Salinas, concejal electo por el Frente Ciudad Futura, y Celeste Lepratti, concejala electa por el Frente Social y Popular. “Es imprescindible que está convocatoria tenga la perspectiva de interpelar la justicia. Este tipo de causas suelen quedar circunscriptas a estos pasillos donde no se mueve nada, en manos de jueces y fiscales que no son muy afectos a someterse al reproche público de la ciudadanía”, declaró Salinas. Además, incitó a continuar la movilización para “no dejar de pelear por la justicia institucional que necesariamente tiene que dar respuesta a los reclamos tan reiterados y dolidos de la ciudadanía”. Lepratti, por su parte, remarcó la necesidad de “insistir siempre y señalar a los culpables por acción u omisión”. Sobre los asesinatos encubiertos bajo el manto de la “justicia por mano propia”, alentó a “no perder la humanidad, vivir y relacionarse de otra manera y apostar a construir una justicia entre todos”.
La herencia de la injusticia
David Moreira no pudo terminar la escuela y se vio obligado a renunciar a su derecho a la educación para trabajar en malas condiciones siendo menor de edad: un problema que afecta a buena parte de la juventud argentina. Antes de aquel 22 de marzo de 2014, los conciudadanos que terminaron asesinándolo quizás se hayan cruzado a David o a muchos pibes como él en la diaria cotidianidad individualista. Pero los pibes humildes, menores y flaquitos, son invisibles cuando van en la caja de una camioneta a trabajar en una construcción, o cuando intentan ayudar a su familia con la venta ambulante de alguna necesidad casual de clase media. A David, los vecinos de Azcuénaga lo vieron cuando intentó robar, y decidieron matarlo.
“Ningún pibe nace chorro”, fue la pintada que renació por las calles rosarinas los días posteriores al crimen de David. Una insignia que intenta despejar la deshumanización de la sociedad mientras otra gran parte exige mano dura y se organiza en grupos de redes sociales para actuar en nombre de la justicia por mano propia.
No es casual que a poco menos de un año y medio del hecho no se haya identificado con certeza a los agresores. La misma sociedad que festejó el hecho, firmó un pacto de silencio y hoy gran parte del barrio Azcuénaga escuchó poco y no vio nada. Los mismos vecinos amenazaron al fiscal Malaponte y cortaron la calle exigiendo la liberación de los imputados cuando estaban detenidos. Los resultados de esta presión social están a la vista.
Norberto Olivares considera que es necesario continuar el pedido de justicia por el caso Moreira en particular, pero que además es imprescindible abordar la problemática desde una perspectiva global. En este sentido, apunta a la justicia: “La impunidad es ejemplificadora”.
Ejemplo 1: El primer día de marzo de 2015, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, Silvio Cáceres, de 30 años, rompió el vidrio de un auto para robar un estéreo. Cuando los vecinos advirtieron la escena, comenzó la persecución que se extendió unos doscientos metros. Instantes después se desató una golpiza que terminó con la vida de Cáceres. El fiscal a cargo, Pablo Vieiro de la Unidad Funcional de Instrucción 10 de Luján consideró que los golpes recibidos por la víctima se realizaron cuando ya estaba reducido.
Ejemplo 2: José Luis Díaz, de 23 años, intentó robar a un chico con un arma de juguete. Los vecinos que socorrieron a la víctima del robo, sujetaron a Díaz y se convirtieron en victimarios: lo golpearon y lo ataron de manos a un poste. El hecho sucedió en el barrio Quebrada de las Rosas en la ciudad de Córdoba, el 11 de junio. Díaz murió luego de trece días en estado de coma farmacológico. El relato de la tía del joven, madre de crianza, es similar al de Lorena Torres: “Si estaba robando tenían que agarrarlo y entregarlo a la policía. No tenían que haberlo atado, ni golpeado y matado como lo mataron, como a un perro”. Tiempo después, los familiares de la víctima denunciaron amenazas por parte de uno los asesinos.
