Conferencia de prensa y movilización en un solo día en busca de que se esclarezca lo sucedido con la desaparición y muerte de Gerardo Escobar. Miles de personas pidieron justicia y señalaron la responsabilidad estatal, solicitando que se investigue a patovicas y policías del boliche en donde el joven fue visto con vida por última vez.
Por Martín Stoianovich
Miles de personas se movilizaron este jueves exigiendo esclarecimiento y justicia por la muerte de Pichón Escobar. Durante la mañana se realizó una conferencia de prensa en las escalinatas de Tribunales Provinciales y durante la tarde una marcha que partió desde la Fiscalía de Homicidios y culminó frente a la sede de Gobernación. Dos cuadras repletas de personas, entre organizaciones sociales, políticas, gremiales y familiares de víctimas de distintos hechos recientes de violencia en la ciudad de Rosario, manifestaron la disconformidad sobre el accionar del poder judicial. El reclamo se unificó sobre el caso Escobar pero se extendió también en el dolor de decenas de familias que lamentan la pérdida de seres queridos. Minutos antes de la movilización, uno de los abogados de la familia de Pichón recibió una citación del Ministerio Público de la Acusación, entendida por las organizaciones presentes como “un amedrentamiento”.
Este viernes se cumple una semana desde que Gerardo Escobar fue hallado sin vida en el río Paraná. Los días previos, los fiscales encargados de la investigación le aseguraban a la familia del chico que estaban haciendo todo lo posible para encontrarlo. Por aquellos días, mientras los informes brindados a los medios de comunicación hacían énfasis en el “andar errático” de Pichón, en sus tragos tomados en La Tienda y en su actitud “alegre” para socializar con otras personas, sus familiares se movilizaban por las calles rosarinas buscando al joven y manteniendo la esperanza. Los fiscales le daban fuerza al testimonio de un colectivero de la línea 103 que aseguraba que el chico se había subido al transporte y así se lo alejaba de la zona donde desapareció y donde finalmente fue encontrado su cadáver, a pocas cuadras del boliche en cuestión.
Surgía entonces, de la mano de la fiscal Marisol Fabbro, que interviene en la causa desde que fue reconocido el cuerpo, la idea de que Pichón se tiró al río en el marco de su salida nocturna. El informe de la autopsia negó signos de violencia, aunque el médico de parte del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que patrocina a la familia Escobar, admitió haber visto fuertes golpes en distintas partes de su cuerpo como señales de violencia. Así, surgieron dos hipótesis probables en torno al hecho: la que maneja la fiscalía acercándose a la idea de suicidio o accidente, y la que sostiene con firmeza el círculo de allegados de Pichón, suponiendo que primero lo desaparecieron, luego lo mataron y finalmente lo arrojaron al río. Los sospechosos en esta segunda mirada son los patovicas de La Tienda y los policías que hacen servicios adicionales allí. En los últimos días desde la Fiscalía trascendió que uno de esos policías está de licencia con carpeta médica.
La fiscal Marisol Fabbro asegura que no se descarta ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no se tomaron medidas que pongan el foco en lo sucedido en el boliche La Tienda, un cuestionado lugar sobre el cual recaen numerosas denuncias por violencia ejercida por sus patovicas. Sin ir más lejos, la Fiscalía continúa desestimando uno de los primeros datos de la causa, que indica que el celular de Escobar fue registrado cerca de la casa de uno de los patovicas. Asimismo, a pesar de que una de las pocas filmaciones dadas a conocer deja en evidencia que una serie de personas, entre ellas patovicas, persiguen a Pichón cuando sale del boliche, todavía no se avanzó sobre las otras cámaras de la zona que puedan arrojar datos sobre lo sucedido en los alrededores del boliche.
La Fiscalía no le da lugar al pedido de la familia Escobar y sus asesores legales, que sostienen que deben ser investigados hasta el esclarecimiento todos los trabajadores del boliche y los policías que hacen adicionales. Por el contrario, desde el Ministerio Público de la Acusación cuestionan esta hipótesis y toman medidas contra quienes la sostienen. Así fue que ayer, minutos antes de la marcha, se dio a conocer una citación desde dicho organismo al abogado de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Salvador Vera, quien está acompañando a la familia de la víctima. Dicha citación fue alcanzada por un policía al domicilio del abogado y además lleva el sello de la Comisaría 7ma, investigada por la misma Asamblea en torno al caso Franco Casco. “Nos parece un apriete, una manera de amedrentarnos, para desmovilizarnos y evitar que sigamos con nuestras críticas por lo mal que se está llevando adelante esta investigación. Es de gravedad que se cite a un abogado que está asesorando a la familia y no está obligado a prestar declaración testimonial”, sostuvo Guillermo Campana, también abogado de la Asamblea de Niñez.
Por su parte, los familiares de Pichón se aferran a la idea de que el pibe no se tiró al río y exigen el esclarecimiento del hecho. “Pareciera que nos quieren desviar el camino, hay parte de la historia distorsionada. Descartamos la hipótesis de suicidio, a mi hermano lo desaparecieron”, dijo ayer por la mañana Luciana Escobar, hermana de Pichón, en la conferencia de prensa. “Me parece que ellos saben cómo tienen que hacer su trabajo, o lo están haciendo mal o están cubriendo a gente que no sabemos quiénes son”, agregó en relación a la investigación de los fiscales. La Semana pasada, el SPPDP solicitó formalmente que como patrocinadores de la familia puedan tener acceso al material recabado en la investigación, pero sin embargo hasta el momento sólo pudieron acceder a lo relevado hasta el día 20. “Todas estas circunstancias poco claras nos preocupan, porque como dijimos en un primer momento, la policía está vinculada directa o indirectamente”, sostuvo ayer el defensor general Gabriel Ganón, para quien la causa debe pasar al fuero federal y ser investigada como desaparición forzada de persona. Durante la tarde, el SPPDP dio a conocer el pedido formal a la Oficina de Gestión Judicial de “planteo de excepción de incompetencia” sobre la Fiscalía, para que se remita la causa a la justicia federal.
Una vez concluida la movilización de ayer, se leyó un documento firmado por decenas de organizaciones sociales, políticas y gremiales a través del cual se exigía esclarecimiento y justicia por Pichón, apuntando principalmente sobre la Fiscalía y recordándole su cuestionado trabajo en torno al caso Casco en el 2014. “Nos preguntamos si la autoridad fiscal de la provincia, y los mismos fiscales a cargo de la pesquisa de los responsables del homicidio de Gerardo, pretenden revertir el lamentable, cómplice y criminal accionar que en la causa Casco y demostrar con diligencias investigativas concretas y serias el compromiso con el descubrimiento de la verdad, ya que se cuentan con muchos elementos para avanzar en la individualización de los responsables y sin embargo a más de dos semanas del hecho no se ha determinado aun, por ejemplo, la pertenencia a las fuerzas policiales de los adicionales y custodios del lugar, y lo mismo para determinar si intervinieron móviles policiales”, decía el escrito para más adelante agregar: “Las actuaciones de los sucesivos fiscales que fueron interviniendo en este caso durante el turno del fin de semana han demostrado la falta de compromiso para esclarecer los hechos. Le han dedicado más tiempo a responder públicamente las fundadas críticas y a hacer circular material pseudo probatorio, que a construir hipótesis sobre lo sucedido y trazar líneas de investigación que lleven a construir una razonable teoría del caso”.
Apoyo con fundamento
Durante la mañana de ayer en la conferencia y también por la tarde en la movilización desde Fiscalía de Homicidios a Gobernación, la familia Escobar estuvo acompañada por decenas de familiares de otras víctimas fatales en Rosario. Quienes ya conocen de la perseverancia necesaria para ir una y otra vez a las puertas de Tribunales a exigir un poco de justicia, también saben que el acompañamiento es un apoyo fundamental para que los brazos no se bajen y el reclamo permanezca. El abrazo de Alberto Perassi con la prima y la hermana de Gerardo simbolizó la solidaridad de quienes padecen la injusticia conociéndola desde cerca. También estuvieron Celeste Lepratti, hermana de Pocho, Juan Ponce, hijo de Mecha Delgado, Mónica Rivero, mamá de Any Rivero, Elsa Godoy y Ramón Casco, padres de Franco, Eduardo Trasante, padre de Jeremías y Jairo, y compañeros de militancia de Javier Barquilla, entre otras personas. Todos víctimas en primera instancia por la pérdida de un ser querido y luego por el lento, obstaculizado y cómplice proceso judicial.
Pero además de acompañar en el dolor y el sentimiento, hay similitudes entre muchos casos con algunos aspectos que hoy se acercan a una de las hipótesis posibles en el caso Escobar. Si bien la Fiscalía continúa inclinando su investigación hacia la idea de que Pichón se tiró al río y no murió como producto de un hecho violento, hay otras líneas que le dan fuerza a la hipótesis que indica que a Pichón lo mataron y lo tiraron al río. Tal como lo expresó la familia Escobar junto al defensor general ayer por la mañana, y las miles de personas movilizadas a la tarde, podría apuntarse a los patovicas y policías con servicios adicionales en La Tienda como implicados en el hecho. Esta hipótesis no surge de la nada sino que se fundamenta no sólo en sospechas y pruebas concretas sino también en los antecedentes de la fuerza policial que sirven como referencias a la hora de analizar su histórica vinculación al delito. Se expresa así el por qué del acompañamiento de familiares que pasaron por situaciones similares.
A Pocho Lepratti lo asesinó un policía de la Subcomisaría 20 cuando el militante social estaba en el techo de una humilde escuela de barrio Las Flores, pidiendo a la fuerza policial que deje de reprimir a los manifestantes en el marco del estallido de diciembre de 2001. A Pocho lo mataron con un disparo a poca distancia y mucha gente fue testigo, sin embargo la policía intentó encubrir a sus oficiales montando pruebas falsas, tiroteando su propio patrullero pretendiendo que se hable de enfrentamiento cuando detrás había una represión planeada y ordenada políticamente. Esteban Velázquez, el autor material del crimen fue condenado, pero los policías procesados por encubrimiento fueron absueltos en 2009. Finalmente, recién en febrero de 2015, la Sala III de la Cámara Penal confirmó la sentencia de dos años y ocho meses al ex jefe de la subcomisaría 20º, y dos policías que iban en la patrulla en la que estaba Velázquez.
Paula Perassi desapareció con 36 años en la localidad de San Lorenzo el 18 de septiembre de 2011. Alberto, su padre, denunció desde un primer momento a la policía por complicidad y no se cansó de señalar que la fuerza sabe qué pasó con su hija y dónde está su cadáver. En abril pasado se solicitó la detención de los imputados, y el pasado 20 de agosto fueron liberados. Entre ellos se encontraban los policías acusados de encubrimiento. Las críticas hacia el juez Adolfo Prunotto, quien tomó la medida, le valieron a Alberto Perassi una intimidación judicial. Paula sigue sin aparecer, y no hay nadie apuntado como responsable.
Mercedes Delgado murió en enero de 2013 cuando quedó en medio de un tiroteo de bandas vinculadas al narcotráfico. Mecha era militante social, y desde un primer momento sus compañeros y familiares denunciaron que su muerte se debió en parte a la complicidad policial que permite el desarrollo del narcotráfico y bandas que se disputan el negocio a los tiros por las calles del barrio. Juan Ponce, nunca dejó de recordar cómo la policía implícitamente dio tiempo a la familia del asesino de Mercedes para esconder pruebas y que Héctor Riquelme, autor material del crimen, se dé a la fuga. Estuvo prófugo durante más de un año, y hoy espera el inicio del juicio para ser condenado.
Jeremías Trasante estaba con Patom y Mono, dos de sus amigos, en una canchita de Villa Moreno en las primeras horas del 2012. Una banda de narcotraficantes los confundió con otras personas y los asesinó a los tres. Por el hecho fueron condenados cuatro hombres en diciembre de 2014, y actualmente una causa conexa investiga la complicidad y encubrimiento de tres policías. Eduardo Trasante, presente en la movilización de ayer, habló de la necesidad de “armarse de coraje y no callarse” a la hora de señalar las responsabilidades policiales. “Le pese a quien le pese, si tienen algún grado de responsabilidad, tienen que estar fuera de su cargo y presos”, señaló al respecto.
En octubre de 2014 Franco Casco llegó a Rosario desde Florencio Varela, pero nunca pudo regresar a su ciudad natal. Estuvo desaparecido y se supo que había estado detenido en la Comisaría 7º. Días después, como Pichón Escobar, fue hallado sin vida en el río Paraná. En un primer momento, la misma Fiscalía que investiga el caso Escobar, habló de accidente argumentando el estado de “desacato” del chico. Hoy, la investigación se realiza desde la justicia federal y se espera a que el personal de la comisaría en cuestión sea indagada por sus presuntas responsabilidades en la desaparición, tortura y asesinato del joven de 20 años. “Tenemos que estar con la familia de Pichón, por él, por mi hijo y por todos los otros chicos que pasan por esto, para que no vuelva a pasar. Queremos justicia”, dijo ayer Elsa Godoy mientras marchaba junto a la familia de Pichón.
