Se cumple un nuevo mes de la última vez en que Franco Casco fue visto con vida, antes de ser detenido por la policía de la Comisaría 7ma. Su familia y organizaciones sociales y políticas pelean por justicia mientras el caso se enmarca en un contexto de violencia policial cada vez más complejo.
Por Martín Stoianovich
Aquel 7 de octubre de 2014, Elsa Godoy esperó hasta cerca de las diez de la mañana a su hijo Franco de 20 años en la terminal de trenes de Retiro. La tía del chico, que lo había alojado en Rosario, le había dicho por teléfono que Franco llegaría cerca de las seis de la mañana. Pero no fue así. El tren llegó y aunque Elsa esperó hasta que bajara el último pasajero, no volvió a ver a su hijo. Al rato, desde Rosario le confirmaron que el joven había salido de la casa de sus tíos con su equipaje rumbo a su Florencio Varela natal. Sería el comienzo de una historia que todavía no termina: los días posteriores Elsa y Ramón Casco, padre del chico, lo buscaron por todo Rosario siguiendo paso a paso la poca información que le daban en la Fiscalía, en comisarías y hospitales. El dato certero era que había estado detenido en la Comisaría 7ma, una de las más cercanas de dónde salen los trenes a Retiro, y que supuestamente había sido liberado. El desenlace de esta primera parte ya es conocido: después de que su familia junto a organizaciones sociales y políticas de la ciudad exigieran la aparición con vida de Franco, a 25 días de su desaparición fue hallado su cadáver flotando en las aguas del río Paraná.
Desde aquel momento, incluso antes, cuando todavía se mantenía la esperanza de encontrar al chico con vida, se daría inicio a una interminable pelea contra el discurso oficial y las versiones policiales acerca de lo que había ocurrido con Franco. Mientras los policías de la 7ma y el fiscal Guillermo Apanowicz aseguraban que el chico había firmado su libertad en el libro de guardia de la comisaría, su madre Elsa aseguraba que esa firma que le mostraban estaba adulterada, que no era la de su hijo. Mientras Elsa pegaba por la zona de la comisaría carteles con la foto de su hijo, algún interesado en que no se conociera el rostro del pibe seguía sus pasos despegándolos. Mientras desde la policía aseguraban que Franco había sido detenido el martes 7 por resistencia a la autoridad y luego liberado, su madre presentía que el hecho había ocurrido el día anterior y que la policía sabía dónde estaba. Mientras el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, daba el visto bueno al rumor que decía haber visto a Franco pidiendo ropa y comida en una capilla, empleados de la Prefectura daban aviso del hallazgo de su cadáver. Mientras miles de personas se movilizaban por las calles de la ciudad, primero exigiendo aparición con vida y luego justicia y esclarecimiento, el gobernador Antonio Bonfatti hablaba de “oportunismo militante” en los medios de comunicación.
Nueve meses esperó Elsa Godoy en su vientre a Franco para que naciera, y nueve meses y un poco más hace hoy que no lo ve. Elsa primero esperó que Franco volviera, luego espero que apareciera, y ahora espera que haya justicia. Elsa se fue haciendo fuerte en esto de esperar. “Estoy convencida de que me tengo que quedar acá, no me quiero mover de acá”, dice hoy ya instalada en Rosario, empezando una nueva vida con el único objetivo de conseguir justicia por la desaparición forzada y crimen de su hijo.
La causa judicial por el hecho desde diciembre pasado está a cargo del juez federal Carlos Vera Barros. Intervienen además el fiscal Santiago Marquevich y tres querellas. Los abogados Guillermo Campana, Nicolás Vallet y Salvador Vera de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud en representación de Elsa Godoy. La Defensoría General de la Nación representada por Matilde Bruera en nombre de Ramón Casco, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de Santiago Bereciartúa. En estos meses, la causa pudo avanzar y tal como lo explicaron las querellas en declaraciones recientes, se aproximan los llamados a indagatorias al personal de la Comisaría 7ma.
La hipótesis que tiene la causa es sólo una, que a Franco lo mató la policía. A partir de allí se desprenden las medidas de pruebas tomadas para confirmar la responsabilidad penal de los policías. El pasado 2 de julio en un procedimiento extendido durante algunas horas, fue allanada nuevamente la Comisaría 7ma, con la participación de la Gendarmería, la Dirección de Apoyo Técnico a la Investigación Fiscal y los querellantes Vera y Bereciartúa. El objetivo de esta medida es hallar material que confirme el día de detención de Franco. Por eso fueron secuestradas computadoras, libros de guardia y teléfonos celulares de los policías que prestaban servicio aquel 6 de octubre, día en que para los abogados querellantes y la Fiscalía Federal fue detenido el joven. El mismo día, pero por la mañana, se allanó el Club Náutico de Rosario, donde supuestamente fue hallado el cadáver de Franco. «Se hizo una inspección ocular para identificar el lugar donde fue hallado el cuerpo, y verificar si fue movido o la escena del crimen fue alterada», explicó al respecto Salvador Vera en contacto con enREDando. Estas medidas fueron aceptadas por Vera Barros puesto que los allanamientos anteriores arrojaron material probatorio que fundamentaban un nuevo procedimiento, es decir que por el momento la causa parece ir por buen camino.
Para este miércoles se espera la realización de una nueva autopsia que podría brindar los datos certeros que las anteriores no lograron. «Se busca trabajar sobre algunas cuestiones que la autopsia realizada en la investigación provincial no arrojó, porque no se trabajaron, porque se ocultaron o se omitieron. Hay muchos elementos que debieron haberse informado y no se hizo», remarco Vera en este sentido. Sobre esta medida, durante este lunes se realizó la exhumación del cuerpo de Franco de la mano del Equipo Argentino de Antropología Forense para ser trasladado al Instituto Legal de Capital Federal a la espera de la próxima autopsia.
Mientras tanto transcurre la causa judicial por este caso, Rosario y sus alrededores no descansan en cuanto a los casos de violencia policial. El miércoles pasado dos oficiales del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez fueron condenados a veinte años de prisión por el asesinato de otro joven. El día de ayer en barrio Ludueña un hombre de 36 años fue asesinado por la policía en otro hecho de dudosas características. Dudas que se reflejan materialmente: el relato policial habla de un disparo, y el cadáver presenta cinco heridas de bala. En lo que va del año, ya son varios los asesinatos cometidos por distintas fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales. La pelea, en todos estos casos, sigue siendo la misma que la de la familia Casco: la versión policial que siempre culpa a la víctima ya extinta, contra la versión de los familiares que en la mayoría de los casos habla de gatillo fácil. Por su parte, las organizaciones sociales y políticas que acompañan enmarcan estos hechos en un complejo contexto de violencia social. La existencia de abuso de poder no se puede negar y se dejan ver en la cotidianidad de cada barrio periférico, escenarios predilectos para este tipo de prácticas. En este marco, la muerte es el resultado desmedido de la manera sistemática y violenta con la que trabajan a diario las fuerzas de seguridad.
