La Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados nació en Rosario en el año 2012 y nuclea a profesionales de diferentes provincias del país. Es una red totalmente autogestiva que pone el Derecho al servicio de las comunidades afectadas por las fumigaciones tanto aéreas como terrestres. Crean protocolos de denuncias, asesoran cómo actuar y adónde deben dirigirse los vecinos que de forma autoconvocada intentan hacerle frente al devastador avance de los agronegocios. 

Por María Cruz Ciarniello

María Victoria me recibe en su oficina de calle Salta, macrocentro rosarino. Una amplia mesa de trabajo y el mate ya preparado marcan el pulso del lugar que muy lejos está de parecerse a un tradicional estudio de abogados. Sin embargo, de eso se trata. Allí nos encontramos con una abogada que rompe con todos los esquemas: María Victoria Dunda hace del oficio una herramienta colectiva que posibilita defender a quienes más desprotegidos están: en este caso, las comunidades que habitan en los pueblos fumigados.

Además de médicos y científicos responsables y comprometidos que vienen articulando acciones, tanto en el plano legal como médico, para frenar el irrestricto avance de las fumigaciones terrestres y aéreas, existen abogad/as que también aportan sus saberes al servicio de los pueblos y de los vecinos autoconvocados.

Se trata de profesionales que han conformado la Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados el 4 de diciembre de 2012, luego de una primera reunión que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario. Una red para interactuar, canalizar denuncias, para responder a situaciones en las que las comunidades se encuentran fuertemente desamparadas.

Compromiso, solidaridad y acción son sus pilares constitutivos. Desde ese tríptico de valores intentan desarrollar y consolidar la red, aportando sus conocimientos desde el Derecho, transformando la disciplina en una herramienta activa de transformación.

¿De qué manera lo llevan adelante? Desde el diálogo y la acción. El recorrido por los pueblos afectados por los agrotóxicos les ha permitido adquirir otro tipo de saberes: aquellos que profundizan en los territorios, que rescatan los testimonios y las denuncias de vecinos que no saben qué hacer ni cómo actuar.

María Victoria Dunda integra la red a nivel nacional, y es referente en la provincia de Santa Fe. Además, es una militante tenaz que participa en otros espacios como el grupo autoconvocado El Paraná No se Toca.

La red tiene como finalidad específica dos cosas, cuenta Victoria: “tener un canal de denuncias para asistir, registrar y ayudar a los vecinos con el tema de las fumigaciones y armar un protocolo de denuncias para que puedan tener acceso a realizar estas denuncias.”

Contundente en sus afirmaciones y también en sus convicciones, María Victoria explica no solo los motivos que dieron nacimiento a la red, sino además, lo que sucede en muchos pueblos fumigados de nuestra provincia. ¿Qué leyes los amparan? ¿ por qué no se cumplen las ordenanzas vigentes? ¿ A quienes o a qué organismo se puede recurrir para realizar una denuncia si están fumigando tu escuela o a escasos metros de tu casa?

Como sucede en muchos otros reclamos  el acceso a la justicia es, para víctimas y afectados, sumamente dificultoso. “Elaborar las denuncias es bastante complejo porque tampoco la policía está muy entrenada sobre este tipo de denuncias, y lo que sucede en los pueblos es que se dá una relación cercana y resulta difícil denunciar a tu propio vecino, es muy complicado. Y también dentro de estos pueblos pequeños el poder económico lo tienen los productores en gran escala. Entonces, que un vecino que es mas humilde económicamente vaya a la comisaría para realizar una denuncia contra el productor, en un pueblo es muy difícil”, remarca Dunda.

¿Cómo avanzar frente a estas situaciones? Es fundamental hacer visible cuáles son los mecanismos de denuncias. “Vimos que es primordial  plantear la forma en cómo se debe llevar a cabo una denuncia y cómo se deben recolectar las pruebas. Muchas veces se violan ordenanzas vigentes y que configuran delitos penales en base a lo que establece la ley de Residuos Peligrosos N 24.051, cuando se modifica la ley, se establecen delitos penales en el artículo 55 y 56, y claramente se establece que las contravenciones son delitos penales. Es decir que no cumplir con lo que establece una ordenanza es un delito penal, y esto es lo que lleva, por ejemplo, a las Madres de Ituzaingó a iniciar el juicio en Córdoba.”

El mencionado artículo 55 de la ley establece que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.”

Las Madres de Barrio Ituzaingó en Córdoba fueron y siguen siendo un claro ejemplo de resistencia. Le decían “las locas” pero fueron ellas quienes de manera autoconvocada y frente al alarmante aumento de casos de cáncer y malformaciones que comenzaron a contabilizar y lamentar en Ituzaingó, barrio ubicado en las afueras de la capital cordobesa, se presentaron ante la justicia para denunciar penalmente a un productor agropecuario y un aeroaplicador quienes finalmente fueron condenados en un juicio emblemático. Aunque el fallo judicial en el 2012 no logró colmar todas las expectativas, el proceso marcó un punto de inflexión: fue el primer juicio oral contra productores sojeros acusados penalmente por fumigar en áreas urbanas.

¿Cómo funciona la red?

“La red de abogados es totalmente autogestiva”, nos cuenta Victoria. A través del sitio web lograron hacer público tres protocolos de denuncias que ellos mismos elaboraron para que puedan descargarse y difundirse ampliamente. “Son protocolos para que los vecinos puedan utilizar tanto en la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires”.

“Nos cuesta juntarnos”, aclara la abogada dando cuenta de las dificultades que toda agrupación autogestiva suele tener. Sin embargo, las redes también actúan para posibilitar esos vínculos y estar en permamente contacto. La Red de Abogados trabaja activamente junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la Campaña Paren de Fumigarnos.

El aporte del derecho es doble, señala el grupo de abogados de diferentes provincias del país: por un lado, lograr regulaciones más protectorias, apoyar y contribuir al cambio de metodología de la clasificación de sustancias y propiciar decisiones judiciales que tiendan a  garantizar un ambiente cada vez más sano y condenen a los contaminadores. Y por el otro, dicen, la red pretende ser creativa. ¿En qué sentido? Posibilitando la construcción de un andamiaje jurídico – institucional que promueva y apoye las producciones alternativas al modelo de los agronegocios.  “Si el modelo vigente cuenta  con  un  andamiaje  jurídico-institucional  consolidado,  la  construcción  de  un  modelo alternativo  requiere  de  creatividad  para  edificar  o  redescubrir  su  propio  sistema  jurídico-institucional.”

“El tema es ver cómo y dónde producimos con este sistema de producción. Si es dependiente de los venenos, ya sea a través de semillas transgénicas como no, porque hay una agricultura que sí es dependiente de los agroquímicos como las hortalizas, los frutales, y se le echa un montón de veneno. En ese sentido, donde se puede hacer esa producción y donde no. Cuidar el periurbano y alejar las fumigaciones de los pueblos y de las escuelas rurales. Hay que sentarse hablar, encontrar acuerdos, realizar ordenanzas en ese sentido y que la población se comprometa a hacer otro tipo de agricultura. Por ejemplo, en Zavalla hay una ordenanza de 800 mts de resguardo, sacaron todos los silos alrededor del pueblo, están apuntando a la agroecología”, dice Victoria. En su visita a los pueblos, lo que observa es, por un lado, mayor conocimiento de los efectos que provocan los agroquímicos, pero por el otro, una gran falta de accesibilidad a la justicia, “ya sea porque no se pueden realizar las denuncias o porque realizadas las denuncias no se llega a buen término.”.

La red, integrada por abogados de Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, asesora a vecinos y también a abogados particulares. Consultada sobre la cantidad de denuncias que recepcionan, Victoria Dunda aclara que son muchísimas porque precisamente, no hay organismos públicos que las tomen y puedan actuar en consecuencia. “Nosotros no trabajamos sobre casos individuales sino que actuamos en lo colectivo, como lo es la salud del ambiente, pero hacemos un asesoramiento de cómo actuar, con respecto a su derecho a la salud y al medioambiente. Abordamos lo urgente pero el seguimiento de cada caso queda en manos de un abogado particular lo que no impide que nosotros podamos asesorarlo si es necesario”.

¿Cuáles son algunos de los procedimientos para que una persona pueda realizar una denuncia contra una fumigación ilegal? Victoria  Dunda explica con claridad: “Debe realizar al denuncia en la comisaría o en el Tribunal de Faltas. Si en el momento de la fumigación está incumpliendo la normativa vigente que contempla la distancia, los vientos, la cuestión atomosférica, se debe recurrir de manera urgente a la Comisaría. . El sumariante se debe presentar para tomar el acta y parar el mosquito, pedir la receta agronómica para saber que está tirando, pedir el número de matrícula que debe tenerlo, tomar esas pruebas, constatar el acta y enviarla al juzgado penal. Si no viene el oficial de justicia, se debe buscar un escribano publico que realice lo mismo. Eso es en materia penal. En materia civil, se deben obtener las pruebas que es lo más complejo. El fumigador debería previamente haber tramitado la autorización con 24 horas de anticipación en la Comuna, si no, se  puede recurrir allí para constatar qué está aplicando, si la Comuna no lo tiene está en falta y entonces la fumigación es ilegal. Si existe la autorización, debe estar archivada la receta agronómica, y además, debería haber un veedor al momento de aplicarla. Si nada de eso sucedió, todo es ilegal, hay que realizar la denuncia civil y penal por incumplimiento de funcionario público”, resume Dunda quien además aconseja a que los vecinos se autoconvoquen, se junten y actúen en conjunto.

El rol del Estado

¿Cómo interviene el Estado? Muchas veces, de manera ausente que es también una forma de estar presente. “Nosotros tenemos una facultad de Agronomía que no enseña la agroecología o los ecosistemas o una agricultura no dependiente de los químicos, entonces varios ingenieros agrónomos hoy no tienen muchas alternativas de sus saberes para elegir”, remarca Victoria.

“Hay una ausencia del Estado en todos sus niveles”, agrega. “Desde el Ministerio de Salud que no realiza un estudio epidemiológico para saber cómo están las comunidades y lo está haciendo la universidad pública con los campamentos sanitarios con cifras escalofriantes. El último que se realizó fue en María Juana y las cifras son alarmantes: cuatriplica la media de casos de cáncer en la nación y es el único dato que tenemos. No hay ningún estudio científico del Ministerio de Salud de la provincia. El Ministerio de  la Producción es quien debería controlar todo el funcionamiento de las fumigaciones, la inscripción de los mosquitos, está ausente sin aviso. Tiene 7 ingenieros agrónomos en toda la provincia para fiscalizar”.

Victoria hace referencia a lo que sucedió hace poco tiempo en Totoras cuando un maestro del CEA (Centro de Educación Agroecológico N° 4) denunció una fumigación intencional dentro del predio de su casa. “Participamos en una reunión en el Concejo de Totoras y ahí estuvo presente el Ministerio de la Producción, y no pudimos conocer ni una sola acción directa desde el Ministerio cómo órgano aplicador de la ley de fitosanitarios, frente a todas las contravenciones que se cometieron. Fuimos al campo del CEA con la gente del Ministerio de la Producción, constataron que hubo fumigaciones allí pero no sabemos qué pasó, tanto el Ministerio de la producción y el Ministerio de salud en sus acciones que les corresponden están ausentes.”

Por otra parte, Dunda destaca la conformación de un Comité Interministerial de Salud Ambiental que fue creado a partir de los sucesivos reclamos del Centro de Protección a la Naturaleza y la Campaña Paren de Fumigarnos. Esta Comisión fue la encargada de emitir las resoluciones que prohíben las fumigaciones en espacios públicos. “Es muy importante que esté la letra pero lamentablemente no hay una fiscalización concreta en los territorios”.

Con respecto al nivel de conciencia ambiental que están comenzando a tener los vecinos, Dunda señala: “la gente sabe que si están fumigando y a uno de sus hijos le agarra un Epoc es porque hay algo en el ambiente que lo está provocando”, y remarca con preocupación: “No hay salud sin ambiente sano y si yo al ambiente le estoy mandando veneno vamos a tener una población envenenada que es lo que vemos con los campamentos sanitarios.”

Acciones a nivel local y nacional

Además de asesorar, recibir denuncias y recorrer pueblos de la provincia de Santa Fe, la Red ha realizado diversas acciones en conjunto con otras organizaciones de la provincia, como el Cepronat. Una de ellas fue la presentación de un recurso administrativo ante el Ministerio de la Producción de la provincia solicitando la prohibición del 2-4 D, un potente componente del Agente Naranja. “Sabemos que Chemical está haciendo alteraciones genéticas resistentes y tolerantes al 2-4 D, por ende, si una soja es resistente lo que implica automáticamente es que nos van a rociar con ese herbicida”.

El Ministerio finalmente se expidió y emitió, un año después, una resolución anunciado la prohibición en su forma gaseosa del segundo herbicida más utilizado en toda la Argentina y su restricción en la aplicación aérea y terrestre en su formulación “sal dimetil amina”.

También presentaron un reclamo ante el gobierno de la provincia de Santa Fe para que proteja a las escuelas rurales. “El monocultivo de soja junto con el maíz aumentaron a escala exponencial el área de cultivo, deforestaron muchísimo y quedaron las escuelas en medio de los campos sin ningún tipo de protección, las fumigan con aviones, y la única respuesta del municipio o el productor es encerrarlos en el momento de la fumigación, los nenes empiezan a  vomitar y a nadie le importa. Es una emergencia sanitaria de la que nadie da respuesta. A nosotros nos preguntaban en la Comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados, estuvimos dos horas hablando de esto, fuimos con científicos de la Campaña, y nos preguntaban dónde está el pueblo fumigado, y nosotros decimos que el pueblo es rehén del modelo, salvo que lleguen a extremos muy grandes.”

En la presentación se solicitó la prohibición de la fumigación aérea donde existan escuelas rurales y la restricción de 1000 metros para la fumigación terrestre, entre otras medidas tendientes a defender no solo la salud de los niños que concurren a las más de 700 escuelas  rurales de toda la provincia, sino también de docentes y no docentes. “Esto no significa que deban cerrarse, no perseguimos ese fin”, aclara Dunda.

Por otra parte, continúa la lucha en el recinto de la legislatura santafesina para lograr la demorada modificación de la mal llamada ley de fitosanitarios que ya perdió 3 veces estado parlamentario. El proyecto pasó por tres comisiones: medioambiente, agricultura y la constitucional. Dunda reconoce que uno de los principales impedimentos para que el proyecto sea aprobado se debe al gran conflicto de intereses que priman al momento de poner freno a las fumigaciones. “El dios dinero es el que manda”, opina. “Los aeroaplicadores hacen mucho lobby a favor de su actividad. Nosotros no tenemos problemas con la actividad aérea sino con el veneno que se tira. El problema no es que los aviones funcionen sino a costa de qué. Nuestra ley de Ambiente N° 11717 dice que para la fabricación de fitosanitarios es necesario realizar estudios de impacto ambiental de categoría 3. Ahora, su aplicación al medioambiente no está categorizada en ningún nivel. No se necesita ningún impacto ambiental. Esto es una incoherencia total”.

La expectativa es que este año, el proyecto modificatorio de la ley de fitosanitarios sea nuevamente presentado en la Legislatura, y al haber recorrido ya las tres comisiones en las que fue aprobado por mayoría, directamente pasaría al recinto para su tratamiento. Lo que se plantea son “medidas exclusivamente precautorias”. “Que se prohíban las fumigaciones aéreas es fundamental”, remarca Victoria y aclara: “El problema es cuánto vuela esa partícula en el aire. Solo el 30% se utiliza, el 70% se pierde, ¿qué pasa con eso, adonde va? Son residuos peligrosos. Ese 70% que se tira en el aire, no solo es un gasto económico sino que va al agua, al aire, y a la tierra, y a la salud de la población. ¿Quien y cuando se van a hacer cargo de eso?

A nivel nacional, la Red de abogados se articula con otros movimientos sociales que se oponen al proyecto de ley de Semillas que impulsa el gobierno nacional  y a la ley de agroquímicos que se intentó pronunciar el año pasado. Recientemente la Organización Mundial de la Salud se pronunció con respecto a la toxicidad del glifosato: su informe reconoce que tiene altas probabilidades de provocar cáncer en los seres humanos. La noticia recorrió el mundo entero. Aquí, en nuestro país, Andrés Carrasco, uno de los científicos más ninguneados por la academia, hacía tiempo había constatado los efectos devastadores del agroquímico diseñado por la multinacional Monstanto.

Para Victoria, a partir de la declaración de la OMS, el Senasa debería directamente prohibir el uso del glifosato, respetando lo que establece la Ley General del Ambiente y su principio precautorio. “En caso de duda científica lo que hay que hacer es justamente no hacer; prohibir. Hace tiempo que la gente nos viene diciendo en los pueblos que ya no se mueren de viejo, sino jóvenes y de cáncer. El conocimiento de  científicos comprometidos como Carrasco y tantos otros nos vienen hace tiempo alertando sobre los efectos nocivos de todo esto, y ahora la OMS lo dice sin jugársela demasiado, solo advirtiendo su probabilidad, pero ya con esto, y a partir de lo que dice la ley, el Senasa debería prohibirlo”.

Alternativas

La red de abogados se plantea una misión fundamental: hacer que el Derecho sea también una herramienta creativa que permita establecer marcos jurídicos para promover otro tipo de agricultura y vínculo con la tierra: la producción agroecológica y orgánica es una vía que puede perfectamente ser potenciada para alimentar a las ciudades y poblaciones urbanas. “Hay que pensar una Argentina con economías regionales, con productores actuando en comunidad por un fin común”, proyecta la abogada y militante Victoria Dunda.

Su esperanza no es utópica. Es fundamental que las universidades públicas comiencen a fomentar la agroecología como una alternativa viable para la producción de alimentos sanos. Y se pregunta: ¿Qué debería producirse para alimentar a la población del gran Rosario según las necesidades concretas de alimentación y no de las pautas de comercio que determina que uno es según lo que tiene. ¿Cuánto consume de huevos, carnes, hortalizas, la ciudad de Rosario? ¿Se puede producir para responder a esto? La respuesta es sí ¿en dónde? En todas estas áreas. Hoy si la Argentina no se pone a pensar con seriedad como va a autoalimentarse, no va a poder seguir siendo ese semillero del mundo y eso lo vamos a pagar todos nosotros”.

Desde la Red de abogados intentan que el Derecho sea una herramienta puesta al servicio de quienes más lo necesitan, no solo como fin, sino y sobretodo, como un medio para intentar transformar un panorama desalentador: se estima que más de 28 millones de hectáreas son rociadas con 300 millones de litros de glifosato por año. La soja y el maíz transgénico han transformado el paisaje y la vida de los pueblos rurales. También se envenena frutas, hortalizas, yerba mate, girasol, pinos y se calcula que alrededor de 13 millones de personas por año, están en riesgo de ser afectadas por los agroquímicos.

Contacto:

abogadxspueblosfumigados@gmail.com