El juicio oral por las muertes de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi comenzará el próximo 17 de junio en los Tribunales Federales de Rosario. Estos asesinatos fueron dos de los últimos que se produjeron durante la dictadura cívico-militar. El juicio se suma a otros dos en curso en la provincia: la Causa Acumulada en la ciudad de Santa Fe, dentro de la cual se incluyó la apropiación y sustracción de identidad de Paula Cortassa; y la segunda parte de la causa Saint Amant, a cargo del TOF1 de Rosario.
Por Carina Toso
A Osvaldo Cambiaso le decían “El Viejo” y a Eduardo Pereyra Rossi, “Carlón”. La muerte los sorprendió a ambos en la agonía de la última dictadura cívico-militar en el país. Eduardo tenía 33 años y era miembro de Montoneros. Osvaldo había nacido en el ’41 en Soldini, era ingeniero químico y profesor en la Universidad Nacional del Litoral. Fue detenido en el ’75 por ser peronista y montonero, y liberado en el ’81 por presión de organismos de derechos humanos debido a su delicado estado de salud: era hipertenso y tenía un soplo en el corazón.
El sábado 14 de mayo de 1983 fueron secuestrados en el bar rosarino Magnum, ubicado en Córdoba y Ovidio Lagos. Mientras planeaban en ese momento la reorganización de Montoneros, cinco hombres armados y vestidos de civil se bajaron de un furgón sin patente. Entraron al bar y fueron directo a la mesa donde ellos estaban. Después de golpearlos los subieron al vehículo, que se fue del lugar escoltado por dos Ford Falcon.
El comunicado oficial que se difundió el 17 de mayo decía que Osvaldo y Eduardo habían muerto tras ser “abatidos en un enfrentamiento con la Policía Bonaerense”. El operativo había estado a cargo, según esta versión, del oficial inspector Luis Abelardo Patti.
Más tarde, la autopsia realizada al cuerpo de Cambiasso arrojó que murió “tras recibir un balazo en la nuca disparado a menos de un metro de distancia”. El examen forense realizado al cadáver de Pereyra Rossi demostró que había sido torturado con una picana eléctrica antes de ser asesinado de un tiro.
En ese momento varios policías quedaron detenidos, pero meses después fueron sobreseídos.
En 2010, el juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruso, reabrió la causa por el secuestro y asesinato de los dos militantes, después de cinco años de insistencia por parte de los familiares y del fiscal Patricio Murray. Fue un fallo inédito ya que se declaró la denominada “Cosa juzgada írrita”, que significa la anulación de los sobreseimientos dictaminados.
El último tramo hacia el juicio y castigo
El próximo 17 de junio, más de 32 años después, la causa llegará a juicio oral. El mismo estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario (TOF2) integrado por los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe.
En febrero pasado el inicio del proceso oral se postergó por la incorporación de dos nuevos imputados, Jorge Rodolfo Rodríguez y Carlos Alberto Lucena. En total suman 12 imputados, entre ellos el último presidente de facto, Reynaldo Bignone, y el ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti. La lista se completa con el suboficial retirado de la Policía Bonaerense, Juan Amadeo Spataro, y los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri, Luis Muñóz, Juan Andrés Cabrera, Ariel Zenón Porra, Walter Pagano, Carlos Sfulcini y Antonio López.
“Esta causa es emblemática. Fue el último hecho de secuestro, tortura y homicidio de la dictadura. Todo el proceso de búsqueda de justicia por estas muertes estuvo viciado, hubo serias amenazas y atentados”, explicó Nadia Schujman, abogada que representa a Gladys y Ethel Cambiaso, hermanas de Osvaldo y parte querellante en este juicio.
“Vamos a probar que las muertes no se dieron en un enfrentamiento armado sino que ambos fueron secuestrados, torturados y asesinados en un operativo conjunto entre el I y II Cuerpo del Ejército. Ante este nuevo juicio tenemos la expectativa, como en todos los otros, de que se condenen a todos los imputados con las penas máximas”, agregó la Schujman.
Ante el TOF2 pasarán unos 70 testigos, entre ellos Nilda Garré, Federico Storani, Luis Zamora y Marcelo Parrilli, quienes fueron abogados patrocinantes de la familia Cambiasso.
Patti lo verá por T.V.
A pesar del desacuerdo de la querella, el TOF2 de Rosario resolvió que el ex comisario Luis Abelardo Patti siga este juicio oral por teleconferencia desde el penal de Ezeiza, donde ya cumple condena por cargos similares. La misma medida se dispuso para otros tres procesados en el caso: Carlos Antonio Sfulcini, Ariel Zenón Porra y Walter Pagano.
Por otro lado, se resolvió que los imputados Bignone, Spataro, Guerrieri, Rodríguez y Lucena, quienes poseen el beneficio prisión domiciliaria, fijen domicilio en Rosario para el juicio u opten por seguirlo desde los penales de Ezeiza o Marcos Paz. Juan Cabrera (preso en Córdoba) y Luis Muñoz (detenido en San Luis) serán trasladados a alguno de estos penales, donde también seguirán las instancias del juicio a través de videoconferencia.
Por último, el tribunal dispuso que Ariel Antonio López, el último de los acusados, mantenga la prisión preventiva domiciliaria en Rosario para asistir a las audiencias orales.
Dos juicios en curso: megacausa en Santa Fe y Saint Amant II
El pasado 10 de abril comenzó en la capital santafesina el juicio oral por la “Causa Acumulada”. Se trata de 24 causas por delitos de crímenes de lesa humanidad ocurridos en esa ciudad entre febrero de 1976 y agosto de 1977 que incluyen 45 muertes, secuestros, asociación ilícita, torturas y la supresión de identidad de Paula Cortassa.
El Tribunal está integrado por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci. La acusación está a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal. Las víctimas son 52. En su mayoría fueron asesinadas y desaparecidas. Los testigos suman 185 y se calcula que la causa durará un año.
Este juicio engloba, entre otros casos, la apropiación y la sustracción de identidad de una menor y es la primera vez que se juzga este delito en la provincia. Se trata del caso de Paula Cortassa (Carolina Guallane). El hecho ocurrió el 11 de febrero de 1977 en una casa ubicada en calle Castelli 4531. Un grupo de tareas del área 212 ingresó al domicilio y secuestró a Blanca Zapata y su esposo Enrique Cortassa. Blanca estaba embarazada de siete meses. Ella fue asesinada y Enrique continúa desaparecido.
En la casa también se encontraba Cristina Ruiz, quien también fue asesinada.
Sus dos hijos fueron entregados a sus abuelos, mientras que Paula Cortassa, de apenas 18 meses de vida, estuvo cerca de diez días en la “ilegalidad”.
Paula fue adoptada por la familia Guallane y a mediados de la década del ‘90 decidió ir tras su identidad. En 1998, con 23 años, supo su verdadero nombre, Paula Cortassa, aunque decidió seguir llamándose María Carolina Guallane.
El expediente por todos los casos fue a juicio en 2012 y desde entonces murieron dos imputados: el ex policía Héctor Colombini, condenado a 23 años de prisión en 2009 en la “causa Brusa”, y José María González, primer interventor militar de la dictadura en Santa Fe, condenado a perpetua en 2011 por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini.
A fines de mayo de este año, falleció también el represor Jorge Roberto Diab, principal imputado en esta megacausa. Tenía 77 años y cumplía una condena una condena de prisión domiciliaria.
Diab, quien fue teniente coronel del Ejército, fue condenado en octubre del año pasado a 16 años de cárcel en la causa que investigó la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencias y amenazas” y “tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos”.
Tras la muerte de Diab, los imputados en este juicio son cuatro: Juan Calixto Perizotti, coordinador del Área 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada entre 1977 y 1983, acusado de 16 homicidios y 4 secuestros; Domingo Morales, ex jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia por tres homicidios; y el ex juez de menores Luis María Vera Candioti, que junto al coronel retirado Carlos Enrique Pavón, están acusados por la apropiación y la sustracción de identidad de Paula Cortassa.
Otro de los juicios orales en curso que está dentro de la jurisdicción de los Tribunales Federales de Rosario es el de la causa conocida como Saint Amant II, que se encuentra en su etapa de alegatos, a pesar de las interrupciones que sufrió este proceso judicial.
La segunda parte del juicio Saint Amant comenzó en abril del año pasado y el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario (TOF1), integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, se constituyó en Pergamino, San Pedro y San Nicolás para tomar las testimoniales de las víctimas y sus familiares.
Durante las audiencias se ventilaron casos de homicidio, tormentos, amenazas y secuestros, todos reunidos en 15 causas de las tres ciudades bonaerenses.
Manuel Fernando Saint Amant ocupó la jefatura del Área Militar 132 con sede en San Nicolás y jurisdicción sobre los partidos del noreste de Buenos Aires, desde donde coordinó la represión ilegal contra opositores políticos, explicó el fiscal.
La Fiscalía ya presentó sus alegatos y pidió cuatro condenas de prisión perpetua y penas de 7 a 25 años para los restantes nueve imputados. El fiscal Federico Reynares Solari pidió al TOF1 una pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua y absoluta para Saint Amant. Igual castigo solicitó para el ex teniente coronel Norberto Ricardo Ferrero, el mayor Antonio Bossié y el suboficial mayor Daniel Fernando Quintana.
Reynares Solari pidió además 25 años de prisión para el comisario Edgardo Mastandrea, 18 años de reclusión para los imputados Carlos Enrique Rocca y Guillermo Miguel Adrover, dos policías bonaerenses; y 15 años para el oficial principal Roberto Guerrina. Por último, requirió 8 años de cárcel para el comisario Clementino Rojas y 7 años para los acusados Julio Almada, Luis Antonio Sinigaglia, Juan Alberto González y Miguel Ángel Lucero, ex agentes de la fuerza de seguridad bonaerense durante la dictadura.
Los juicios en cifras
Según el informe anual 2015 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que ofrece cifras relacionadas a juicios e imputaciones por crímenes de lesa humanidad hasta el 31 de diciembre de 2014, se finalizaron 21 juicios orales. Se dictaron 19 sentencias firmes, es decir confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, y 64 dictadas por tribunales orales.
De los sentenciados por estos delitos el 41 % recibió la pena de prisión o reclusión perpetua, el 0,5 % fue condenado a entre 26 y 50 años de prisión, el 28 % entre 16 y 25 años, el 28,50 entre 4 y 15 años y el 2 % hasta tres años de cárcel.
El 28 % fue condenado por torturas, el 30 % por privación ilegal de la libertad, el 9 % por apropiación de menores, el 6 % por delitos contra la propiedad, el 1,5 % por delitos contra la integridad sexual, el 19 % por homicidio, el 3,5 % por asociación ilícita y el 3 % por otros delitos.
Entre los civiles imputados por delitos de lesa humanidad hasta fines de 2014, 32 son profesionales de la salud, 5 abogados, 72 personal civil de inteligencia, 9 sacerdotes, 22 integrantes de la CNU/SIDE, 17 son empresarios, 42 apropiadores, 4 periodistas, 21 funcionarios del Poder Ejecutivo y 70 funcionarios del Poder Judicial.
Fuentes: enREDando – Télam – Infojus.
