La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Rosario, dio a conocer un material en el cual se detallan los pasos a seguir en casos de detenciones y abusos de autoridad. Una propuesta que surge para contrarrestar el miedo de las víctimas y el desamparo estatal.
Por Martín Stoianovich
¿Y ahora qué hago?
Escena 1: Un pibe, que no llega a los 16 años, es detenido. Su madre se entera, y junto a su hermana lo van a buscar a la comisaría del barrio. Allí, el Comisario les dice que el chico no está. Se va para adentro a corroborarlo, y desde el interior de la seccional se escuchan golpes, gritos y amenazas. Ellas se desesperan, saben que el chico está ahí pero el Comisario continúa negándolo.
Escena 2: Un policía cachea a un menor sobre una pared del barrio. Lo abre de piernas y con golpes en los tobillos lo agrede y le niega la libertad de pasear por la calle. Luego se repite el mecanismo con varios de los chicos que hay en escena. “Les voy a borrar la sonrisa de la cara a todos”, grita el oficial repetidamente.
Escena 3: Hay un joven detenido, que pide llamar a un familiar para dar aviso de su situación. También pide un vaso de agua o algo de comida porque hace días que está ahí. Todos sus reclamos son ignorados. No hay diálogo y persiste la amenaza.
Es sábado 6 de junio, y una numerosa cantidad de jóvenes se reúnen en la esquina de Pasaje Independencia y Valparaíso, el punto de Villa Banana donde tiene su sede la organización Causa. Vinieron también desde Ludueña y Santa Lucía, con otras organizaciones barriales que conforman la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. El día elegido para el encuentro, como así también el contexto general de los barrios rosarinos, no son mera coincidencia. Se están cumpliendo los primeros ocho meses desde que Franco Casco fue visto con vida antes de aparecer muerto luego de estar detenido en la Comisaría 7ma de Rosario. La Asamblea, que a través de su equipo jurídico representa a la madre de Franco como querellante en la causa judicial por desaparición forzada de personas, recuerda al chico todos los meses sosteniendo el pedido de justicia. Además hay un día a día que amerita organización. Los casos de abusos de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad son una problemática actual que afecta principalmente a la juventud de las zonas más vulnerables de la ciudad.
Las escenas relatadas líneas arriba se corresponden con el guión de la obra de teatro montada por los pibes y los integrantes de la organización y se ajusta a los relatos diarios que nacen desde los barrios rosarinos. Detenciones arbitrarias y permanencias prolongadas en comisarías, derechos denegados, agresión verbal y física. Policía de Acción Táctica, Gendarmería, Policía provincial y Federal. Escenas reales y cotidianas que no distinguen uniformes. «¿Y ahora qué hago?» era la pregunta que cerraba cada actuación. Ante esta realidad, la Asamblea construyó el «Protocolo contra la violencia estatal» para organizaciones sociales y jóvenes en casos de detenciones o procedimientos policiales y lo presentaron en una jornada de juegos y guiso popular.
Guillermo Campana, abogado integrante de la Asamblea, sostiene: “El Protocolo es el producto de un trabajo que se viene haciendo para actuar frente a la creciente militarización y ocupación de los barrios por la policía y por la Gendarmería. Le dimos formato para que sea una herramienta que sirva a las organizaciones sociales, y a las pibas y los pibes de los barrios, que puedan tenerlo encima y lo puedan utilizar frente las actuaciones de las fuerzas represivas”. Según explica Campana, son varios los detalles principales a tener en cuenta ante este tipo de situaciones. Sobresale la necesidad de reconocer la inconstitucionalidad de la permanencia de menores de dieciséis años detenidos en comisarías, y por otro lado la averiguación del motivo de la detención en caso de mayores de dieciséis para prevenir arbitrariedades que desembocan en amenazas a los jóvenes o la inserción de los mismos en las redes delictivas que manejan diversas fuerzas. También se resalta la importancia de dirigirse a un centro de salud público una vez firmada la liberación del detenido, para constatar las frecuentes consecuencias de las agresiones físicas y dar así sustento a las futuras denuncias. Para esto, la Asamblea brinda un número de teléfono (0341 153909615) de guardia las 24 horas para asesorar o intervenir cuando sea necesario.
Entre el silencio y la desinformación intencional
Una estadística oficial la brinda el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, asegurando que durante 2014 se dieron a conocer 328 denuncias por apremios ilegales en diversas fuerzas, nacionales y provinciales, que patrullan la ciudad. Pero los rumores, que quedan en rumores por distintos motivos, cuentan muchos casos más. El miedo a denunciar, como la desinformación y la falta de conocimiento de argumentos firmes para evitar los abusos, son el principal obstáculo para que a fin de cuentas los números de las denuncias no se ajusten totalmente a una realidad que parece ser mucho más alarmante.
El miedo por las amenazas, la desinformación sobre cómo acceder a la justicia, y hasta la desconfianza misma a la justicia, se conjugan para darle forma a una sensación final: No sirve de nada hacer la denuncia. “Que las personas no conozcamos nuestros derechos, qué hacer frente a un accionar que la mayoría de las veces es ilegal, forma parte de la intención de sojuzgar y decisión política de controlar y mantener la presencia violenta del Estado en los territorios”, analiza Campana. “El miedo a denunciar forma parte del mismo amedrentamiento, es una cuestión cultural que tiene que ver con algo totalmente intencionado, que además de golpearnos no actuemos haciendo la denuncia”, refiere el abogado. De esta manera, entre desconocimientos y temores se logra ocultar una realidad a la que le cuesta trascender los límites de las barriadas. Los resultados están a la vista: la falta de denuncias permite a los funcionarios hablar de los llamados “casos aislados” y negar así la verdadera estrategia sistemática que se esconde detrás de los hechos puntuales.
“El Protocolo surge como resistencia a la presencia violenta del Estado en los territorios que no se condice con lo que nosotros pretendemos, que es que se garanticen los derechos, principalmente de los pibes y pibas, pero en general de toda la población. La presencia del Estado viene de la mano de la policía y la Gendarmería y no de la mano de las obras públicas, de políticas sociales que son las que realmente pueden contribuir a que los derechos se ejerzan y se garanticen”, argumenta Campana. “Desde las Abuelas de Plaza de Mayo hasta acá, la experiencia de organizarse para buscar justicia es ejemplar. Hay que apuntar a la construcción popular de justicia, desde una denuncia por una persona, hasta la búsqueda de justicia en todos los casos. Si nos quedamos en naturalizar la injusticia, ahí sí estamos perdidos”, agrega.
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