Carlos Godoy, de 25 años, fue baleado por dos efectivos que se trasladaban en moto en el barrio Empalme Graneros. La versión oficial hasta el momento habla de enfrentamiento ante un intento de robo, pero su familia sostiene con argumentos firmes que se trató de un nuevo caso de gatillo fácil.
Por Martín Stoianovich
“Donde están aquellas ramas había un volquete, hasta ahí alcanzó a llegar y lo remataron”, dice Vicente, padre de Carlos Godoy, de 25 años, asesinado a manos de la policía en un confuso episodio. Ocurrió en la mañana del pasado 24 de mayo en la intersección de Garzón y el puente que eleva a la Avenida Sorrento cruzando el arroyo Ludueña y dividiendo los barrios Parque Casas y Empalme Graneros. La versión oficial, guiada por el relato policial, dice que la víctima intentó robar y luego de un enfrentamiento armado fue abatido a balazos. Sin embargo, por las características de lo sucedido, para la familia, amigos y testigos del hecho, se trata de un nuevo caso de gatillo fácil.
El día después del hecho, las crónicas policiales hablaron de un asalto a dos efectivos de la policía, uno del Comando Radioeléctrico y otro de Seguridad Vial, que se trasladaban en moto por la Avenida Sorrento. Según el posterior relato de la policía, dos jóvenes interrumpieron el paso de los vehículos con un tronco en un presunto intento de robo, momento a partir del cual se desató un enfrenamiento con armas de fuego que terminó con uno de los jóvenes heridos, y el otro muerto. Las pruebas que presentan los policías para justificar el supuesto enfrentamiento son los disparos en el chaleco antibalas de uno de ellos y el arma, hipotéticamente de Carlos Godoy, encontrada junto a su cadáver.
Pero la versión sostenida por la familia y por los testigos que ya prestaron declaraciones al fiscal Miguel Moreno que investiga el caso, deja ver las características comunes de los típicos casos de gatillo fácil con pruebas plantadas por la misma policía. Carlos había amanecido aquel domingo en la casa de su suegra, en barrio Parque Casas, y debía cruzar el puente de Sorrento hacia Empalme Graneros para llegar a su vivienda, también ubicada a pocas cuadras. Una joven, vecina de la suegra de Godoy, cuenta que vio cómo fueron los hechos en un primer momento. Dice haber visto un intento de robo pero asegura que Carlos no tenía nada que ver y que sólo transitaba bajando la angosta escalera que dirige a calle Garzón. Allí fue donde recibió el primer disparo por la espalda, rodó por las escaleras hasta el suelo para luego intentar huir sin éxito hasta que a los pocos metros fue alcanzado por uno de los policías. Otro testigo cuenta que vio cómo el uniformado dio el disparo mortal en la nuca a Carlos, cuando ya estaba tirado en el piso. Los otros aparentes implicados, en lo que parece ser la única coincidencia entre las dos versiones, lograron escapar. “Uno se hizo el muerto y salió corriendo para los rancheríos del otro lado”, comenta un testigo.
Para la familia Godoy es un caso de gatillo fácil. También sostienen que el arma es una prueba plantada y que los disparos en el chaleco fueron ejecutados por la propia policía. No sería la primera vez en la que la policía intenta encubrir un asesinato plantando pruebas falsas con la intención de desviar la investigación hacia la hipótesis de enfrentamiento. Tampoco sería la primera vez en la que el poder judicial le de fuerza a esa versión como la oficial. Es esto lo que está sucediendo en este momento, y por eso el descontento de la familia Godoy con el fiscal Moreno, quien en sus declaraciones a los medios de comunicación prefirió mantener la idea del enfrentamiento aguardando los resultados de las primeras autopsias para confirmar si se detectó pólvora en la mano de la víctima.
“Bajaron a un delincuente”, cuenta Vicente Godoy que le dijeron en la seccional 20 cuando fue a preguntar sobre lo sucedido sin conocer todavía que la víctima fatal era su hijo. Recién pasadas las cinco de la tarde pudieron reconocerlo. “En esta familia son todos delincuentes”, dice otro familiar que comentaban entre ellos los efectivos de la seccional. La familia Godoy tiene parentesco con el joven Franco Casco, también asesinado por la policía santafesina en un caso que hoy se investiga en la justicia Federal como desaparición forzada de persona.
Gabriel Ganón, defensor general de la provincia de Santa Fe, estuvo a cargo de la defensa de la familia de Franco Casco cuando la causa permanecía en la justicia provincial, y actualmente representará a la familia Godoy. “Vamos a sostener la versión que nos trajo la familia, que está reflejada en la crónica periodística que publicó El Ciudadano, que deja en claro que es una ejecución sumaria. El muchacho el único delito que cometió fue ser joven y pobre”, consideró el defensor en contacto con enREDando.
Corte de calle y reclamo por justicia
La mañana del miércoles 3 de junio se tiñe de humo negro sobre el puente de la Avenida Sorrento desde el cual se puede percibir desde lo alto la inmensa cantidad de chaperíos que forman a los asentamientos precarios de la zona lindera al arroyo Ludueña. Un basural que se esparce por el lugar hace más angosto al camino que lleva al puente. En la escalera que baja a Garzón, donde Carlos Godoy recibió el primer disparo, todavía puede verse el charco de sangre. Arriba, sobre el pavimento de Sorrento, está la familia cortando la calle con gomas ardiendo y dejando en lo alto pancartas que hablan de gatillo fácil y exigen justicia y esclarecimiento.
Deolinda, mamá de Carlos, llora junto a Vicente. Ambos son pastores y cuentan que andan por el barrio hablando con el piberío para evitar el temprano contacto con las drogas y el mundo del delito. Cuentan que su hijo era laburante, que trabajaba de mañana en una distribuidora de alimentos y de tarde en un taller mecánico. Agregan que los patrones de Carlos ya declararon en la causa para dejar en claro que el joven “era trabajador y no un delincuente”. “Nosotros somos humildes y pobres, pero tenemos educación sana, somos transparentes”, dice Vicente.
La señora se quiebra cuando cuenta que a su hijo le destrozaron los ojos y la boca. “Le toque los ojos cerrados y no tenía nada adentro, y en la boca tampoco”, relata entre lágrimas. Mientras tanto, la compañera de Carlos mantiene una pancarta pidiendo justicia. A Benjamín, el hijo de tres años que tuvo la pareja, lo dejaron en su casa aunque por estos días ya pregunta por su papá.
La sistemática costumbre de matar a los pibes
Jonathan Herrera, Jonathan Belotti, Dante Fiori, Maximiliano Zamudio y Carlos Godoy son cinco casos de jóvenes asesinados por la policía en lo que va del 2015. Todos ellos con edad de 25 años para abajo y habitantes de barriadas populares. Salvo el caso Herrera, de quien no se pudo ocultar que sólo se encontraba lavando un auto al momento de recibir las balas de la Policía de Acción Táctica, los otros son víctimas en supuestos enfrentamientos. En los cuatro hechos, la versión policial habla de los jóvenes como impulsores del tiroteo ante la identificación de los policías, en cada uno de los casos vestidos de civil. “Usan siempre el mismo relato falso. Se les terminan quemando los papeles y es insostenible en el sentido común de la sociedad”, analiza Gabriel Ganón, para quien “no es casual que siempre sean jóvenes pobres los que mueren a mano de la policía”.
Por otro lado también es llamativo, y cuanto menos cuestionable, el accionar del poder judicial. “El comportamiento judicial preocupa porque el fiscal que interviene no está haciendo nada para esclarecer los hechos, sino todo lo contrario. Está convalidando persistentemente la hipótesis policial con la que pretenden presentar los hechos como un enfrentamiento”, consideró el defensor general.
“Mientras más tiempo pase más difícil va a poder ser establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos”, explica Ganón, quien no puede evitar comparar las similitudes del accionar judicial de este caso con el de Franco Casco. “El fiscal Moreno ha tenido varios casos de estos y en ninguno ha investigado, y el fiscal Apanowicz (caso Casco) tampoco lo hizo y sigue en sus funciones”, aseguró. En este sentido, planteó críticas al poder político por “no tomar sanciones contra los policías que ejecutan sumariamente personas o le dan muerte en custodia”. “En esto hay más que desidia, hay casi una complicidad del poder político. Es sistemático, convalidado política y judicialmente. Que no se hayan tomado medidas contra los responsables en el caso Casco es convalidar el accionar ilícito contra los pibes pobres en la provincia”, remarcó.
Mientras tanto, las barriadas rosarinas persisten ante los desembarcos cada vez más frecuentes de distintas fuerzas de seguridad. Los resultados no se hacen esperar. Los casos de gatillo fácil van en aumento como así también se sostiene la protección judicial y política para que los hechos se repliquen. Los pibes conviven diariamente entre el abuso de autoridad desde agresiones verbales hasta asesinatos. Para el relato oficial, los culpables, hasta el momento, son ellos. Mientras tanto, cada vez más padres, como Vicente y Deolinda, tienen que experimentar la injusta costumbre de enterrar a los hijos.
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