277 feminicidios durante el 2014. En lo que va del año, Santa Fe ya registra 10 crímenes de mujeres cometidos por el solo hecho de ser mujer. Una ley de avanzada y todo lo que todavía hace falta. La violencia mediática y el desigual tratamiento de los medios masivos de comunicación. El 3 de junio seamos todxs.
1808 son los femicidios que ocurrieron entre el 2008 y el 2014, como informa el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Un 14 % de las 277 mujeres asesinadas el año pasado ya habían realizado una denuncia previa, y 1,4% tenían orden de exclusión del hogar. Del total de estos feminicidios, 10 ocurrieron en la provincia de Santa Fe. En lo que va del 2015, la provincia ya ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires.
En muchísimos de estos casos, la propia casa termina siendo el lugar más peligroso para la mujer. “Es necesario que la violencia contra las mujeres comience a ser tomada como una violación a los derechos humanos”, señala la militante Majo Gerez, visiblemente preocupada por una realidad que denuncia el horror: cada 32 horas la violencia sexista mata a una mujer en Argentina.
“Las mujeres no vamos a tolerar más la impunidad, y eso lo tienen que entender los jueces”, manifestó la reconocida Dra. Susana Chiarotti, presidenta del Insgenar e integrante de Cladem, en el acto reparatorio a LNP. Este año se cumplen 30 años de la ratificación de la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, uno de los instrumentos internacionales legales, junto a la Convención de Belem do Para, para la defensa de los derechos de las mujeres. “Es hora que los jueces la apliquen, la estudien y la aprendan”, advirtió Chiarotti.
La intervención de las organizaciones feministas para incidir en la agenda y generar políticas públicas se vuelve imprescindible frente a las instituciones del Estado que, en los hechos, vulnera derechos –como lo es por ejemplo, negar una práctica legalizada como el aborto no punible-, criminaliza a las mujeres – como lo sigue siendo la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo- y viola tratados internacionales y leyes nacionales vigentes como lo es la actual Ley 26.485, cuando su escasa implementación impide la plena cumplimentación de lo que la misma ley establece.
Para Majo Gerez, es fundamental “que cualquier egresado de una facultad de Derecho pueda contar con las herramientas para saber que las cosas cambiaron en materia de legislación. Hay muchos casos de jueces y fiscales que son concientemente misóginos. Y a veces sucede que ni siquiera saben como tienen que actuar.”
El borraror de un Protocolo de actuación en casos de violencia de género que se encuentra elaborando el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, son releidos una y otra vez por la activista. “Creemos que es muy importante poder intervenir en el armado de construcción de los protocolos de actuación para las fiscalías. Estamos interviniendo distintas referentes del movimiento de mujeres, a partir de reiterados reclamos que venimos haciendo. Desde la fiscalía están armando un protocolo de actuación y generando nuevas condiciones para poder recibir la denuncia, intentando no generar la revictimización de las mujeres.” Para ello, referentes del movimiento de mujeres aportan su mirada. “Estamos intentando reelaborarlo, donde se tenga en cuenta nuestra opinión para que el eje no este puesto en la mujer como víctima. El eje debe estar puesto en el agresor y en la violencia que genera. Para nosotros poder intevenir en esto es un avance, y tiene que ver con nuestra prepotencia de trabajo, con nuestra insistencia”.
Una ley de avanzada y lo que aun hace falta
A nivel nacional, Argentina cuenta con una ley de avanzada: la ley nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y radicar la violencia contra la mujer, 26.485. Su letra es fundamental para establecer y especificar los tipos de violencia así como establecer las actuaciones y herramientas que permitirían erradicar la violencia sexista. Su órgano de aplicación es el Concejo Nacional de La Mujer, el que –sin embargo- no cuenta con un presupuesto específico para la implementación de la ley. Sus recursos son asignados del Presupuesto general de la Nación.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) presentó -con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA)- los resultados de la investigación Claroscuros en las políticas contra la violencia de género, en diciembre del año pasado. Allí analizan y evalúan la implementación de la ley a 5 años de su aprobación.
“Hay una cantidad importante de acciones previstas en la Ley 26.485 que aún no han sido abordadas de un modo suficiente. Del mismo modo, se registra una importante disparidad entre jurisdicciones, con superposición de recursos en algunos casos y escasa cobertura en muchos otros”, señalan.
A su vez, el informe remarca que:
– El Plan Nacional contra la violencia no se ha difundido. Entre otras consecuencias, esto atenta contra la posibilidad de coordinar adecuadamente todas las políticas y asegurar la eliminación de superposiciones de servicios dentro de una misma jurisdicción. El objetivo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia, es visisualizar la problemática y definir cuáles son los tipos de violencia que padecen las mujeres en las distintas provincias, con el fin de mejorar las políticas de prevención y de asistencia a las víctimas. En el informe indican que no se cuenta con información precisa sobre su implementación y monitoreo.
– La falta de producción de información en forma sistemática y de difusión pública sobre la prevalencia e incidencia de la violencia en la sociedad. A pesar de contar con un Registro Unico de Casos de violencia contra la Mujer, es poco lo que se conoce al respecto sobre el funcionamiento de dicha herramienta.
Por ejemplo: no se cuentan con estadísticas precisas y oficiales de los casos de feminicidio ocurridos en todo el país. El relevamiento realizado por organizaciones sociales, como lo es el Observatorio que coordina la Casa del Encuentro, permite contar hasta el momento con un subregistro (son datos que se extraen de las noticias publicadas en los medios masivos de comunicación) de crímenes cometidos contra mujeres, por el solo hecho de serlo.
Estas son las cifras que indican que en el 2014 ocurrieron 277 asesinatos de mujeres, y que en 23 de esos casos, las víctimas tenían entre 13 y 18 años.
Una de las acciones más importantes llevadas a cabo por el Consejo Nacional de la Mujer es la puesta en marcha de la línea gratuita 144, que funciona las 24 horas y los 365 días del año. Esta línea permite visualizar, por ejemplo, la Guía Nacional de Recursos que se encuentra disponible en el sitio web del CNM y la cual muestra una gran disparidad de servicios disponibles entre las provincias y los tipos de servicios que existen. Ejemplo: la mayor cantidad de servicios disponibles son las Comisarías, es decir, el principal recurso con el que cuentan las mujeres que sufren violencia. Otro dato: sólo en 9 de las 24 jurisdicciones relevadas en la Guía Nacional de Recursos se indica la existencia de patrocinio jurídico gratuito: 21 servicios en al provincia de Buenos Aires, 5 en la Ciudad de Buenos Aires, y 1 servicio en cada una de las provincias de Chubut, Cordoba, Formosa, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán.
¿Qué sucede en Santa Fe? Nuestra provincia se adhirió a la ley 26485 en el año 2013. Recién en enero de este año, se aprueba por Decreto el Programa Integral contra la Violencia de Género.
“Es un programa que se desprende de la ley nacional y básicamente establece presupuesto para los hogares, para capacitación de profesionales y hasta se habla de poder dotar de presupuestos a las organizaciones de mujeres, uno de los mayores problemas de las mujeres es la dependencia económica que hace que muchas veces vuelvan al círculo de violencia. El Programa establece garantizarle derechos básicos como la alimentación y hasta la vivienda. El Estado mismo está reconociendo que es responsabilidad del gobierno provincial satisfacer esto, pero hasta el momento no se está contando con ese presupuesto. Al no tener implementado el Programa, muchas veces las trabajadoras de la Dirección Provincial de Políticas de Género, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, terminan administrando recursos de miseria”, señala Gerez y agrega: “son dos trabas fundamentales que visualizamos: la falta de acceso a la justicia y el incumplimiento del Plan Nacional que establece la ley y que básicamente es dotar de presupuesto a la misma para que se efectivice”.
Los medios, y Ni Una Menos: mucho más que un hashtag
La ley nacional define un tipo de violencia específica que es la violencia mediática. El tratamiento que los medios le dieron al crimen de Melina fue paradigmático: sobre ella pesó una doble violencia machista: además de ser otra víctima de un feminicidio, a Melina la estigmatizaron los medios masivos de in-comunicación. Sobre ella ejercieron una violencia mediática que asquea. La condenaron por su forma de vestir y por pertenecer a una clase social para la cual no hay proyectos ni sueños, solo prejuicios.
Melina tenía tan solo 17 años y la mataron por decir no. Su revictimización por parte de la prensa misógina, provocó dolor y repudio. “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”, había titulado el diario Clarín, violando en esa misma nota, toda intimidad de la joven, menor de edad.
No sucedió lo mismo ni con Lola ni con Angeles, aunque las tres, de edades similares, hayan sido víctimas de la misma violencia extrema. Lo que sí hicieron los medios fue hacer del feminicidio un espectáculo televisivo del horror, alimentando el morbo y descontextualizando los hechos para transformarlos en simples mercancías sometidas al impacto de la televisación. Lo que no dicen los medios es que los feminicidios son crímenes de odio, sistemáticos y sistémicos.
El perverso rótulo de “crimen pasional” parece, a pesar de todo, haber sido desterrado, y a fuerza de lucha, del vocabulario de los medios. No obstante, esta misma prensa continúa ejerciendo maltrato y cosificando el cuerpo de las mujeres como meros objetos de consumo. Larga batalla ha dado – y continúa haciéndolo – el movimiento feminista en su conjunto para que el feminicidio, tipificado en el Código Penal, sea hoy la definición que señale a los asesinatos de mujeres cometidos, en su gran mayoría, por parejas y ex parejas.
Para Majo Gerez “la violencia machista atraviesa a todas las instituciones. Fue muy marcada la estigmatización en el caso de Melina, esto muestra prejuicios que lo único que hacen es generar más violencia contra las mujeres”. Su reclamo es contundente: “Hoy tratamos de pedirles a los medios que sigan ayudando a visibilizar la problemática pero que no alimenten el morbo y el manoseo que muchas veces rompen con la intimidad de la mujer. Y que se pueda ver, que es una problema social, cultural, entre relaciones desiguales de género, y que no tiene que ver con una mujer en particular sino con el ejercicio de una violencia sexista”.
Los 277 feminicidios que La Casa del Encuentro relevó durante el 2014, , y el asesinato de la menor Chiara Paez, colmaron las gotas de un vaso que rebalsa. Porque lo que desborda es la bronca e impotencia de todas las mujeres que este 3 de junio decidimos salir a las calles. La convocatoria comenzó via Twiter con el hashtag #NiunaMenos.
Hoy, esa consigna es un grito que traspasa cualquier red social y es necesario llenarla de sentido. Para que eso ocurra, se requieren de políticas públicas concretas por parte de los gobiernos y un compromiso mayor de todos los poderes del Estado. Que de la foto se pase a la firme, exige el movimiento de mujeres de todo el país. El patriarcado nos jode a todxs y la violencia machista corroe las fibras de un sistema social y cultural que es esencialmente patriarcal, en todas sus formas. Entre los reclamos, se pide: garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia y que las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; un patrocinio jurídico gratuito, realizar estadísticas oficiales sobre feminicidios, la elaboración del Registro Oficial Unico de víctimas de la violencia, garantizar y profundizar la ley de Educación Sexual Integral, implementar con todos los recursos necesarios el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres.
El 3 de junio habrá que salir a la calle, allí donde todavía es necesario poner el cuerpo. Que nuestra boca ya no calle más: ni el acoso callejero, ni los golpes, ni el maltrato psicológico, ni la desvalorización en el trabajo, ni la violencia en los efectores de salud, ni la naturalización de los chistes misóginos y los estereotipos que reproducen los medios. Ni Una Menos es ante todo, un grito contra el patriarcado.
En Rosario, la convocatoria es a las 17 horas en el Monumento a la Bandera.
