El acceso al agua es considerado un derecho humano pero asimismo es negado a millones de habitantes en el mundo. A nivel provincial los números alarman mientras se continúa la espera de políticas integrales.
Por Martín Stoianovich
“Lo imposible se consigue en cuotas”, se puede leer sobre un paredón cuando se circula por la calle Luis Cándido Carballo al 300, en dirección a la zona norte de la ciudad de Rosario. Esta frase, pintada a pocos metros del Río Paraná, hace referencia al proyecto Metra Puerto Norte de la desarrolladora inmobiliaria TGLT. Son cuatro edificios construidos en dos manzanas, linderas a las más lujosas construcciones que el mercado inmobiliario parió en los últimos años. Pero tan sólo a metros se puede percibir el contraste con la otra realidad que muestra la ciudad: asentamientos precarios que delatan el déficit habitacional de gran parte de la población. Un déficit también relacionado a la falta de acceso a otros derechos fundamentales para una vida digna.
Los barrios rosarinos, como de todas las grandes ciudades, son una postal de la falta de una infraestructura urbana integral, donde es moneda corriente la carencia de alumbrado público y electricidad segura, de cloacas o redes de gas. También es una problemática el acceso al agua, considerado un derecho humano desde el 28 de julio de 2010 a través de la Resolución 64/292 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En estos lugares el agua sobra sólo cuando llueve y se acumula en enormes charcos por los caminos de tierra donde tampoco hay pavimento, o cuando ingresa por la fuerza en algún agujero de los techos de chapa. En esos charcos de agua se refleja la desigualdad social, en este caso de una provincia que en todas sus localidades niega un derecho fundamental que alberga a muchos otros: el derecho a la ciudad.
Una forma de entender el concepto de derecho a la ciudad, es el trabajado en la revista “Crítica, Arquitectura y Deconstrucción”, editada por la agrupación Santiago Pampillón de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. “Nos referimos al déficit habitacional no sólo como falta de viviendas, sino que también incluye todo lo que una vivienda necesita para ser realmente digna, que, más sintéticamente, llamamos el Derecho a la Ciudad: servicios e infraestructura (luz, agua, electricidad, cloacas, pavimentos y demás) y equipamiento (escuela, hospitales, espacios públicos, etc.)”, explica dicho material. Esta manera de comprender los derechos esenciales permite relacionar la problemática del acceso al agua a todos los otros derechos vulnerados para los sectores populares de las grandes ciudades. De esta manera, se vincula también la búsqueda de solución desde un punto de vista integral, algo que por el momento no se vislumbra en la agenda política de, por lo menos, la provincia de Santa Fe.
Desde el año 2006 el Estado provincial cuenta con la empresa Aguas Santafesinas, encargada de prestar el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en quince localidades de la provincia. Tal como lo indica el “Plan Estratégico Provincial” en las otras localidades, la empresa es operador provisorio del Acueducto Centro Oeste, que brinda el servicio de agua potable a municipios y cooperativas prestadoras del servicio. En su portal web, el gobierno de Santa Fe menciona: “El acceso al agua es un derecho básico que el Estado provincial debe garantizar. Para ello lleva adelante diversas acciones, entre las cuales se destacan las obras de infraestructura en toda la geografía provincial, especialmente en las regiones más postergadas”. Además, aclara que se está ejecutando el nuevo Sistema Provincial de Acueductos, en un período que comprende de 15 a 20 años.
Mientras tanto las barriadas populares esperan dichas acciones. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, el 15,6 por ciento de los hogares de la provincia carecen de servicio de agua de red. Teniendo en cuenta que según el censo la cantidad de viviendas es de 1.186.390, serían aproximadamente 185.076 viviendas que en toda la provincia no cuentan con el servicio. Para ellos existen las plantas potabilizadoras ubicadas en determinadas localidades, donde los ciudadanos deben trasladarse por sus propios medios y con sus propias herramientas para acceder y conseguir el agua.
Un ejemplo local de la problemática es el dato brindado a través del voluntariado “Ríe Pibito”, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. El proyecto trabajó en Villa Pororó, una extensión de Villa Banana, en la zona oeste de la ciudad. Allí se determinó que de las aproximadamente cinco mil personas que habitan la zona, ninguno de ellos tiene acceso al servicio formal y controlado de agua. Según Luis Veggi, docente e investigador del Conicet coordinador del proyecto, “en la ciudad de Rosario al menos 30 mil hogares, un 8 por ciento del total, carecen de acceso al agua potable”.
Buscando el cambio
Juliana y Agustina militan en el colectivo “Los Otros”, de Cabín 9, el barrio límite entre Rosario y Pérez. De los catorce mil habitantes que tiene el barrio, ninguno de ellos puede acceder al agua potable desde su casa. Hay una planta de ósmosis inversa desde el 2010, del sistema de desagües pluviales integrado por entubados, cámaras y sumideros,año a partir del cual los vecinos tienen acceso al agua siempre y cuando se dirijan a la planta con recipientes para transportarla. Juliana explica que la problemática del agua en Cabín 9 es una más de muchas otras. “Hay que tener acceso a todos los servicios de la ciudad, y el agua estaría enmarcado dentro de estos derechos que no se cumplen, en los barrios donde no se garantizan tantos otros derechos”, sostiene. Cabín 9 ha sido noticia por las diversas vulnerabilidades a la que está expuesto como barrio periférico, desde la precaria llegada del transporte público (sólo la línea 145), los basurales formados por falta de recolección de residuos y los problemas de violencia social donde la única propuesta como solución aparece cada tanto con el desembarco masivo de alguna fuerza de seguridad.
“Buscamos trabajar interdisciplinariamente, cuestionarnos desde dónde está puesto el foco, qué tipo de herramientas utilizamos, cómo abordamos la problemática y por dónde entendemos que es la transformación social. Nosotros entendemos que es con el arte, la cultura y la educación popular. Charlando con la gente, armando los proyectos”, explica Agustina. La educación popular, sostenida en diversos talleres en el barrio, es considerada por “Los Otros” la herramienta a través de la cual se puede “despertar el espíritu crítico”. “No nos limitamos a trabajar un problema, sino que tratamos desde la educación popular integrar todos los derechos que no se garantizan. Está tan naturalizado que tratamos de trabajar la problematización desde el derecho”, argumenta y pone de ejemplo la precaria situación de la escuela del barrio o del centro de salud.
Desde su profesión de biotecnóloga Juliana participó de un análisis de situación del barrio, donde se concluye: “Para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio no sólo se requieren medidas netamente estructurales, sino que también son necesarias medidas de carácter no estructural. La situación de abandono en la que han vivido durante muchos años dejó huellas en su forma de vida, educación y capacidad de subsistencia, que no se remiendan con la mera realización de obras de infraestructura. En este sentido, una propuesta de intervención acorde a los requerimientos del caso debería ser realizada mediante un equipo interdisciplinario de trabajo, que permita contemplar en el estudio aspectos sociales, económicos, estructurales, ambientales, culturales y urbanísticos con la misma profundidad”.
Cuestión de lesa ambientalidad
Aníbal Faccendini es abogado, escritor y director de la Cátedra del Agua de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Su mirada sobre la llamada escasez social del agua tiene anclaje en la problemática cotidiana pero también se anima a ir un poco más lejos y abordar el tema desde la ambientalidad. Así lo explica en su último libro presentado este mes: “En principio se asume la responsabilidad social de la gestión del Estado en el acceso e infraestructura necesaria para acceder al agua. Es por ello que se recurre a la propuesta crítica de revisar la ‘escases social del agua’. En este plano la ausencia de agua potable es producto de actos políticos sociales, y no de la naturaleza física. Las acciones u omisiones del Estado, en materia de inversión, afectan a la población, por ende afectan al ambiente. Es en este sentido que se plantea la situación de ‘lesa ambientalidad’. Este último concepto, explica Faccendini, está atravesado por el biocentrismo, es decir que entiende que todo acto del hombre que afecta al ambiente, lo está lesionando.
Desde este punto de vista, la escasez social del agua y las consecuencias mortales que se sufren por ello, esconden responsabilidades económicas y políticas “pero también son delitos de lesa ambientalidad”. “Están deteriorando el ambiente, dentro del cual está la especie humana. Están muriendo en el mundo cerca de cuatro mil niños por día por no acceder a agua potable. No está sólo enmarcado dentro de la política, la economía, sino también en el ambiente porque nos atraviesa a todos los que vivimos en el planeta”, explica el docente. En este sentido, Faccendini argumenta que el sistema político y económico intenta salirse del ambiente “para conquistarlo, socavarlo, y obtener plusvalía, rentabilidad y ganancia”. Esto queda expuesto con distintos ejemplos, como ser la megaminería, actividad para la cual se desperdician cantidades inimaginables de agua mientras los gobiernos optan por negociar con grandes empresas multinacionales a la vez que su propia población padece las consecuencias.
Anclando la problemática a la provincia de Santa Fe, Faccendini asegura que en Rosario hay 120 mil personas que no acceden formalmente al agua. Pero el problema se extiende no sólo a la escasez del agua sino a la calidad de la misma en aquellos sectores donde sí hay redes. En un recorrido por las localidades de Cañada de Gómez, Fray Luis Beltrán, Funes, Roldán y San Lorenzo, se realizaron análisis que arrojaron resultados preocupantes. La sustancia hallada en distintas localidades, y en todas con altos grados de contenido, es el arsénico, de origen natural y que afecta aproximadamente dieciséis provincias argentinas. Su consumo prolongado puede provocar enfermedades como el Hidroarsenicismo (Hacre) o cáncer. “Existe físicamente el agua, pero ante el nivel de contaminación que detentan, producen una obstaculización en el acceso. Lo cual nos marca la escasez social de dicha agua. Ello es así, porque los ciudadanos no acceden por falta de inversión pública que haga segura el agua”, advierte. Es decir que su causa es natural, pero su permanencia a la hora del consumo no, sino una consecuencia de falta de inversiones que garanticen el consumo del agua.
En su libro, titulado “La escasez social del agua: cuestión de lesa ambientalidad”, el autor asevera: “El agua y el saneamiento son un derecho humano universal. El agua no es una mercancía. El agua pertenece a su vez al bien común público. Se requiere de un Estado comprometido con una gestión pública y comunitaria de los actores sociales. La naturalización de la ausencia social de agua segura denuncia la profunda desigualdad social. El agua potable ausente es pobreza presente”. De cara a la búsqueda de una solución, Faccendini concluye: “Es un debate intelectual, cultural y requiere de militancia territorial. Es un derecho humano esencial que no se le puede negar a nadie, y tiene que estar presupuestado por el Estado. Ese sería el planteo a corto plazo con el norte del ambientalismo integral”.
