«El de Silvia es un asesinato político», sostiene desde hace 5 años la familia de la militante asesinada Silvia Suppo y organizaciones sociales nucleadas en el Espacio Verdad y Justicia de Rafaela. Cuestionan el accionar judicial y la falta de investigación que hace foco en la responsabilidad política del crimen. La mira está puesta en el rol que cumplió la policía de Rafaela, acusada también de graves hechos de violencia institucional, como la muerte del joven Adrián Pacheco. Como contracara, la lucha en la calle continúa: acaba de estrenarse el documental «Silvia», un hecho político colmado de esperanza.
Por María Cruz Ciarniello
Adrian
[dropcap]A[/dropcap]drián Pacheco era un pibe de 18 años que vivía en un periférico barrio de Rafaela, Virgen del Rosario. Usaba gorrita y era pobre; la infalible descripción para justificar el accionar represivo de la policía sobre los jóvenes que hacen su vida, sueñan y deambulan por los barrios populares de cualquier ciudad. Porque ya no importa tanto el lugar; la referencia se desdibuja cuando el crimen silenciado lo comete el Estado a través de sus fuerzas de seguridad.
La muerte de Adrián podría resumirse en dos palabras: violencia institucional. Es casi la misma foto que nos arrima a las aguas del Paraná y al crimen del pibe de Florencio Varela, Franco Casco, visto con vida por última vez en la Comisaría Séptima de Rosario. Es la postal que nos remite a Luciano Arruga y a la mentirosa versión de un accidente intentando encubrir el gatillo alegre de la Bonaerense y su mecánica represiva sobre los pibes a quienes obligaba a robar para ellos. Es la marca que nos lleva hasta Venado Tuerto y a la imagen de otro patrullero persiguiendo y atropellando a un joven hasta matarlo, Clemente Aronna. Es el olor putrefacto del Riachuelo denunciando la asfixia de otro pibe “ahogado” y torturado por la policía, Ezequiel Demonty; o la que nos refleja el cuerpo de Ismael Sosa flotando en las aguas del Embalse Río Tercero, cuando días antes, un operativo policial le impedía ingresar a un recital de la Renga en la turística Villa Rumipal, Córdoba.
Pero Adrián Pacheco además vivía en una ciudad pujante en lo económico y altamente conservadora en lo social. Rafaela cuenta con 100 mil habitantes, y un contraste que duele: los barrios periféricos se engrosan cada vez más, la crisis habitacional comienza a explosionar, mientras que el poder económico de la ciudad y su polo industrial la sitúa entre una de las más ricas de la Argentina.
Adrián practicaba boxeo en la junta vecinal de su barrio y estudiaba electricidad en el Instituto Tecnológico de Rafaela. Soñaba con ser un gran boxeador. En la madrugada del 7 de diciembre de 2014, cuando regresaba en moto a su casa con un amigo de 17 años, un patrullero comienza a perseguirlos sin ningún motivo hasta llegar a la calle Champagnat que bordea el canal norte de la ciudad. Allí caen los dos jóvenes al no encontrar ninguna posible salida para un final cantado: lo de Adrian, denuncian amigos y familiares, no fue un accidente. Lo persiguieron, asustaron y acorralaron hasta provocar su caída en el canal. Su amigo pudo salir con vida pero hasta el momento nada se sabe de él.
El 12 de enero, cuando apenas comenzaba el 2015, organizaciones sociales y familiares se acercaron a la Defensoría Pública Provincial en Santa Fe con la intención de que el caso de Adrian integre el Registro Provincial de Casos de Torturas y Abusos Policiales. Allí mismo expusieron las diferentes irregularidades, dudas y contradicciones que presenta la investigación: el motivo de la persecución, si realizaron la voz de alto correspondiente previo al uso de armas de fuego , si hubo disparos, cómo fueron hechos y con qué tipo de armamento, determinar el grado de responsabilidad en la caída de los jóvenes al canal norte, el no auxilio a los jóvenes luego del incidente y el retiro inmediato de la escena del hecho, a qué lugar/res se dirigieron y qué acciones desarrollaron los policías implicados durante el tiempo transcurrido entre el momento de ocurrido el hecho y su retorno al lugar.
Lo que clama su familia es una investigación profunda del hecho y que la causa no se cierre. Del otro lado, entre expedientes y noticias periodísticas, se escucha una versión oficial que resuelve el caso de manera simple y sencilla: el muerto es culpable de su muerte. El libreto es casi el mismo para cada caso, como si fuesen solo números que abultan estadísticas.
Pero la muerte de Adrián, además de compartir tristes generalidades con la de otros pibes, tiene una particularidad que muestra otra faceta represiva: Adrián era oriundo de Rafaela, la misma ciudad en la que Silvia Suppo, ex detenida política, es asesinada de nueve puñaladas un 29 de marzo de 2010 mientras atendía su local comercial de artesanías y cueros, y bajo la luz de una mañana que parecía igual a cualquier otra.
Silvia
El crimen de Silvia Suppo ocurre cuando apenas habían transcurrido 98 días de una sentencia histórica: la condena a 21 de prisión a un ex juez de la dictadura, Víctor Brussa, por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Santa Fe.
Silvia era una mujer de 51 años, llena de coraje y mamá de dos hijos, Marina y Andrés.
Su testimonio fue clave para lograr la condena a Brussa, demostrando su complicidad con los grupos de tareas santafesinos para los cuales operaba. El ex magistrado tomaba declaración a detenidos en centros clandestinos y presenciaba las sesiones de torturas a las que eran sometidos. Silvia también denunció con nombre y apellido a personal policial de Rafaela que participó en su secuestro y en el de Reynaldo Hattemer. Su detención, así como la de su hermano Hugo Suppo y la de su entonces pareja Jorge Destéfani se produjo con la participación de personal policial.
Su voz fue a su vez fundamental para hacer visible la violencia sexual de la que fueron víctimas las mujeres durante el terrorismo de estado. Por ello su reclamo ante el Tribunal fue contundente: que las violaciones sean consideradas delitos de lesa humanidad. Es que a Silvia la secuestran en 1977, cuando tenía apenas 17 años; permanece en cautivero en la Comisaría Cuarta de Santa Fe y en el centro clandestino de detención conocido como “La Casita”, es violada en diversas ocasiones hasta quedar embarazada. En cautiverio la obligan a practicarse un aborto. También impulsaba la investigación por el secuestro y desaparición de su ex compañero, Reynaldo Hammeter.
No hay dudas de que el móvil de su crimen fue político. Desde hace cinco años, éste viene siendo el principal reclamo de sus hijos y de las organizaciones que acompañan la lucha, como el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo. Reclamo que la justicia –tanto provincial como federal- viene desoyendo de forma casi sistemática. La línea de investigación que hace foco en el accionar policial jamás fue profundizada a pesar de la existencia de testimonios que remarcan las gravísimas irregularidades cometidas durante el proceso investigativo.
El martes 31 de marzo de 2015, a pocos días de cumplirse cinco años del aberrante crimen de Silvia, y en el marco de un juicio oral que fue cuestionado desde su inicio por la familia Suppo, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa –dos jóvenes cuidacoches de los barrios populares de Rafaela- son condenados a prisión perpetua al ser encontrados culpables del homicidio. Para los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, el asesinato de Suppo se produjo en ocasión de robo.
Sus hijos, Marina y Andrés Destéfani, no dudan en señalar que la investigación estuvo mal hecha desde un comienzo y es por ello que –representados por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munne- solicitaron la nulidad de este juicio.
Basta con leer cada uno de los comunicados que el Espacio Verdad y Justicia emitió durante estos largos cinco años- plagados de enormes obstáculos para avanzar en el plano jurídico- para entender la dimensión de lo que se intenta ocultar: “en primer lugar, los efectivos policiales a cargo del operativo realizaron el peritaje en ausencia de la fiscal, arruinaron la escena del crimen, contaminaron las huellas y ocultaron pruebas. Además, no organizaron el Operativo cerrojo, que se implementa en estos casos para que el o los asesino/s no salieran de la ciudad. Luego, llamaron a declarar a testigos ilegalmente. Todas estas irregularidades ocurrieron bajo la jefatura de Juan José Mondino, responsable de la Unidad Regional °5 en aquel momento, y actual Coordinador de prevención en seguridad de nuestra ciudad. Cargo que el gobierno municipal creó luego de su “exitoso accionar”. Ascender a Mondino, fue el único mensaje que envió el Municipio”, decían hace 1 año atrás.
En el 2011, las palabras eran casi las mismas, y la indignación también: “Sabemos de que murió, pero no sabemos cómo. El relato que los imputados ofrecen a la justicia, no coincide con la escena del crimen, escena que recordemos se encontraba limpia de todo rastro o prueba.” Un año después del crimen de Silvia, el Espacio Verdad y Justicia repudiaba la decisión de la justicia federal de desdoblar la causa: “Las posibles complicidades de la policía de Rafaela, que no cuidó la escena del crimen, que no entregó el video de la estación de colectivos, que llamó ilegalmente a declarar a el remisero, que trasladó a los imputados hasta la terminal ¿se investigarán en la causa de los autores materiales o en la de los intelectuales?”
Entre los elementos más graves, se encuentran los testimonios de pibes y hasta de la mujer de uno de los imputados dejando al desnudo el rol que cumplió la policía el mismo día en que Silvia es asesinada.
Así lo relata Soledad Dominino, integrante y militante del Espacio Verdad y Justicia, en diálogo con enREDando:
-Hay testimonios de chicos de diferentes barrios periféricos de la ciudad que afirman y dan prueba que durante el mismo día en que se produce el asesinato fueron torturados para adjudicarse el asesinato. La misma policía hizo una razzia en esos barrios aplicando la técnica de tortura del submarino para pedirle que se adjudiquen el robo, bajo amenazas, cuestiones completamente duras y reales y concretas, no hay forma de no darle lugar a ese testimonio. La mujer de uno de los imputados, Sosa, dice que esa noche, la policía se instala 6 horas en su casa amenazándola para que ella misma entregue a su marido, otro accionar extremadamente duro de la policía de Rafaela entre muchos otros, y son estos dos testimonios que la Fiscalía y los jueces, en la sentencia del martes, dicen que van a poner a disposición para que se sigan investigando.-
Su serena voz trasluce la paciencia que desde la organización y la familia de Silvia abonaron durante todos estos años. Los vericuetos judiciales, la esperanza que se tejió cuando el caso fue derivado al fuero federal y nuevamente, la decepción ante las actuaciones de un poder judicial que nunca avanzó en la investigación sobre las responsabilidades políticas del hecho, supieron construir una forma de militancia que no solo busca justicia en los recintos de los Tribunales; la justicia social también se construye en las calles de Rafaela. Así se entiende y así lo viven.
Cada una de las movilizaciones tuvo como principal objetivo visibilizar el caso en una ciudad donde romper el aislamiento es un signo de vida. Más de 500 personas se sumaron en la última marcha, tras cumplirse los cinco años.
Y Soledad cuenta: “Los primeros años de la lucha realmente fueron muy difíciles, poder poner en la agenda cotidiana había sido realmente muy complejo. Hoy en día tenemos otras herramientas, como por ejemplo el juicio que más allá de no haber estado de acuerdo con el mismo, aportó claridad para que la gente comprenda por qué nosotros decimos que fue un crimen político”.
La justicia que mira y no vé
Los dos imputados por el crimen de Silvia Suppo fueron condenados a cadena perpetua, acusados de ser coautores de homicidio agravado por alevosía y para procurar impunidad, según entendió el Tribunal. En la familia, la condena lejos estuvo de causar alivio. El juicio justo, para los Suppo, aún sigue pendiente. La foto que navegó por las redes sociales nos dice todo: Marina, su hija, quebrada en llanto. A la salida del recinto no hubo aplausos sino tristeza e indignación.
Las últimas palabras de los imputados antes de conocerse el fallo dejaron abierto aún más el enorme signo de interrogación que impregna la causa. “Soy inocente”, dijo Sosa y también Cóceres. En el transcurso de estos cinco años, y hasta esa última hora del juicio, sus versiones fueron diametralmente opuestas.
«Fuimos robar y eso fue lo que pasó», había confesado Sosa. «Fuimos a buscar la plata, no a quitarle la vida a nadie. Todos se nos fue de control». (Fuente: Rosario 12)
“Ellos en ningún momento solicitan la reconstrucción del crimen, las armas y las huellas no los implican. En estos cinco años no ha habido ninguna otra cosa que la palabra de ellos diciendo que eran culpables. Una hora antes de la sentencia, ambos dos dicen que jamás ingresaron al local. No tenemos dudas que el crimen de Silvia es político, lo que aún no podemos dilucidar es qué fue lo que sucedió y como acontece cada una de las cosas para llegar a que estos dos chicos se autoimpliquen. Creemos que la policía está involucrada”, refiere Soledad a enREDando.
«En el expediente que la policía de Rafaela armó, que es a lo único a lo que se ha dado valor, no existe ningún testigo del hecho. No hay, en las distintas pericias realizadas, huellas, pelos, rastros que indiquen la forma de cómo mataron a Silvia», sostienen desde la organización de Rafaela y agregan con firmeza: “La policía hizo una “cacería” de pibes en los barrios más humildes de Rafaela, y no pudo explicar cómo dio con Sosa y Cóceres (los dos chicos que se autoincriminan), no protegió ni encontró huellas en la escena, citó a declarar a testigos de manera ilegal, ocultó pruebas fundamentales (el video de la terminal de Rafaela donde se puede ver saliendo de la ciudad a los imputados) e infringió torturas y apremios a varios jóvenes durante su “investigación”. El relato de los autoimplicados no se condice con los resultados de la autopsia y las pericias realizadas: no la mataron en el frente del local donde ella trabajaba sino que el ataque fue al final del mismo; Silvia nunca se defendió ni ofreció resistencia como dicen; no utilizaron las armas que afirman haber usado o alguien experto les ayudó a limpiarlas perfectamente; sorpresivamente, no dejaron ninguna huella en el lugar ; ni salieron del local en remis como afirman ya que nunca se lo pudo ubicar al mismo; ni actuaron solos ya que se ha identificado a otras personas en la zona a la hora del crimen.”
Al hacer foco en la actuación de los jueces, la impunidad se hace aún más visible y más obscena. En primer lugar, el accionar del juez de instrucción Alejandro Mognaschi quien rápidamente abonó la hipótesis del crimen en ocasión de robo y avaló cada una de las irregularidades en la investigación cometidas por la policía.
A mediados de 2010, un testigo de identidad reservada denunció vínculos entre los presuntos asesinos y el juez Brusa, y mencionó a dos personas: Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez. Según averiguaciones de la querella, Mendoza estaba preso en la cárcel de Las Flores, donde está el ex juez, y podría ser el nexo entre los cerebros del crimen y los sicarios.
En el año 2011 fue necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia para elevar la causa al fuero federal, con la orden de investigar la hipótesis de un asesinato político por encargo. El juez federal Reynaldo Rodriguez –en cuyo juzgado recae el expediente- se negó a avanzar en esta línea investigativa; y sin dar lugar a las medidas de investigación solicitadas por la querella intentó elevar la causa a juicio oral en diversas oportunidades, aunque el expediente presentara pruebas insuficientes. Fue este mismo juez quien dicta el sobreseimiento de Miguel Mendoza y Emiliano Rodriguez, desvinculándolos de la causa, decisión que fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
“Dos veces el Tribunal Oral Federal de Santa Fe rechazó la elevación a juicio de un expediente que evitaba la investigación de un tipo delito que pueda ser juzgado por la justicia federal. Ante la insistente negativa de investigar la posibilidad de un crimen por encargo, y los actos procesales que evidenciaban prejuzgamiento, el juez Rodriguez fue apartado de la causa por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”.
El caso recae entonces en el juzgado federal de Marcelo Bailaque quien tampoco profundiza la investigación y eleva a juicio una parte de la causa de forma apresurada con solo dos únicos imputados: los jóvenes Cóceres y Sosa, y con la conformación de un nuevo tribunal integrado por Luciano Lauría, amigo confeso del ex juez Víctor Brussa a quien el testimonio de Silvia Suppo lo condenó a 21 años de prisión.
Casualidades que no existen y causalidades que develan aun más impunidad.
«Silvia», la película
El grito está en la calle, y de eso están convencidos los militantes, las organizaciones y la familia de Silvia Suppo. Dos luchas se abren frente en esta larga batalla: una de ellas es la judicial, con los tiempos que imponen los procesos que no entienden de sentimientos ni de militancia social.
La otra está afuera del recinto; allí donde es posible vencer tanto silencio.
“Entendemos que el arte es transformador”, dice Soledad a quien la militancia en el Espacio la transforma día a día. Ese arte se plasma, por ejemplo, en una película recientemente estrenada y que dá cuenta de quien fue Silvia Suppo, de su invalorable trayectoria en el campo social, de su coraje como mujer y como militante. De lo que dijo; del valor de sus palabras; del peso de su verdad.
Wayruro Comunicación Popular es una productora jujeña que lleva tiempo realizando documentales con un fuerte contenido social. Paula Kusnich, amiga de la familia Suppo, fue quien asumió la investigación en el año 2010, a pocos meses del asesinato, con el objeto de documentar la historia de Silvia en pantalla gigante. Hacía ocho años que se había ido a vivir a Jujuy y desde allí encara el proyecto que presentó al Incaa en cuatro oportunidades.
La película transcurre en Rafaela, Santa Fe y Rosario. El domingo 29 se estrenó ante 500 personas. Muchas de ellas, por primera vez se sumaron a la marcha luego de ver el documental, profundamente conmovidas.
Desde el Espacio Verdad y Justicia saben que la construcción social ese teje desde abajo. Difundir la película es uno de los principales objetivos. Pero también, continuar articulando con otras organizaciones sociales de Rafaela; “los talleres, el laburo en los centros culturales, con organizaciones que vienen trabajando en los barrios desde hace mucho tiempo, a construir y trabajar con cuestiones como la violencia policial, el rol de las mujeres en estas situaciones, que entiendan la importancia de organizarse, de protegerse mutuamente, de comprender que la policía no es sinónimo de seguridad, esas son acciones que intentamos llevar adelante,y siempre en articulación con otras organizaciones sociales. Podemos trabajar con las Enredaderas que laburan desde lo feminista, con los chicos de Movapo que están en los asentamientos, podemos trabajr con Estación Esperanza o con la gente de Mural, y en esas colaboraciones es donde empezamos a crecer y generar estas instancias de encuentro”, señala Soledad, convencida que esas dos palabras que llevan como bandera, Verdad y Justicia, son el horizonte al que apuntan sus ojos.
En el plano judicial, la tarea será bregar por la posibilidad de impulsar la otra parte de la causa que ahonda en las responsabilidades políticas, institucionales y policiales del crimen de Silvia. Un desafío que cambiará –sin duda-, la vida social de una ciudad estática y reacia a las transformaciones sociales. “En caso de que realmente se investigue cual fue el accionar policial, la localidad de Rafaela esta en un problema muy grave, porque si bien están aconteciendo muchísimos casos de los barrios periféricos que están sufriendo la violencia policial, por el otro lado, esta causa lo dejaría a la vista, y sería un paso muy grande para la resolución de muchos problemas de la ciudad. Si realmente esto avanza, empieza abrirse un camino clarificador sumamente importante, pero para que esto acontezca va a pasar mucho tiempo, ya pasaron 5 años y va a seguir pasando tiempo, pero son pequeñas ganancias que tenemos como grupo, como espacio y como ciudad, porque que Rafaela empiece a cuestionar a su propia policial no es algo cotidiano”.. El tono de voz de Soledad sigue siendo sereno, a pesar de la contundencia de sus palabras.
Carlos Flores era el entonces Secretario de actuaciones del jefe de la Comisaría 1era, Dante Gimenez, quien estaba al frente de los grupos encargados de la investigación del crimen de Silvia Suppo. Fue también uno de los cuatro policías que declaró en el juicio. Desde mayo de 2014, Flores está preso, acusado de supuesto “homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas por tres hechos”, entre ellos, la crucifixión de un joven en la localidad de la cual era comisario, Frontera, ubicada a tan solo 100 km de la ciudad de Rafaela.
La confusa muerte de Adrian Pacheco, entre otros casos de violencia institucional, y el rol que tuvo la policía de Rafaela en el crimen de Silvia parecen concatenarse mutuamente; lejos de pensarse como hechos aislados, son hilos de una continuidad represiva enquistada desde hace tiempo en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. La contracara es la construcción de poder popular, la manera en que el Espacio Verdad y Justicia y tantas otras organizaciones, le hace frente a la injusticia.
Fuentes:
InfoJus Noticias
Rosario 12
Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo
