La mano dura de la injusticia

Un recorrido por el tambaleante rol de jueces y fiscales a un año del asesinato de David Moreira. Poca investigación, cambios bruscos y un panorama por momentos desalentador de cara al futuro. Ante este escenario, sobresalen la movilización popular como actor fundamental  en la búsqueda de justicia y el poder político en un año electoral con un silencio que dice mucho.

Por Martín Stoianovich

A partir del asesinato de David Moreira, la causa judicial por el hecho fue atravesando distintas etapas con varios altibajos que llevaron a que hoy, a un año del crimen, no haya ni un detenido de los aproximadamente cincuenta protagonistas de la brutal golpiza. El rol de los medios de comunicación, la presión de los sectores sociales que defienden la llamada “justicia por mano propia”, y un poder judicial ajustado a sus reclamos, llevaron a lo que desde la defensa de la familia Moreira consideran un retroceso en la causa. En contraposición, el compañero de David fue condenado en juicio abreviado por el robo de la cartera. Comienza a hablarse de impunidad, y del peligro que implica para la sociedad la posibilidad de que un crimen de semejantes dimensiones no tenga condenados.

Fue el 28 de marzo de 2014, tres días después de la muerte de David, cuando sus familiares y amigos se desplegaron frente a la puerta de Tribunales Provinciales por primera vez. Pancartas y carteles reflejaban el pedido de justicia por el crimen del joven. “¿Cómo van a acariciar a sus hijos o mirarlos a los ojos las personas que mataron a David?, ¿Cómo van a poder dormir tranquilos sabiendo que mataron a alguien?”, preguntaban en voz alta aquel día. Estuvieron hasta pasadas las dos de la tarde esperando que el fiscal de la causa, Florentino Malaponte, los atendiera en el local del Ministerio Público de la Acusación. Después de algunas horas, el fiscal sólo explicaba que se contaba con algunos probables testigos que podrían dar su testimonio. Lorena, madre de David, mostraba preocupación por no poder acceder a un abogado particular debido a las dificultades económicas de la familia. Por entonces, se hacía cargo de la defensa de los Moreira  un abogado del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

El CAJ apareció en escena como una de las oficinas creadas a partir de las reformas enmarcadas en la nueva Justicia Penal, que el gobierno santafesino inscribió como un logro en su agenda política. Si bien se habló del nacimiento de una justicia más inclusiva e igualitaria, el tiempo demostró que las falencias persisten. Habían pasado dos meses del crimen de David y la causa no mostraba ningún punto positivo en la investigación. El acompañamiento a la familia Moreira por parte de las organizaciones sociales sirvió para comprender la necesidad de formar una querella que impulsara la investigación. Fue así que el abogado Norberto Olivares se constituyó como representante de Lorena y se topó con un complicado panorama: no sólo no había querellantes sino que la causa por el asesinato de David estaba unificada al intento de robo.

“Desde un punto de vista clasista la justicia es un territorio al cual tiene la posibilidad de acceder una parte determinada de la sociedad, y por esas limitaciones Lorena no tenía noción de lo que estaba pasando en la causa”, explicaba por aquellos días Olivares. Para el letrado, el Estado provincial está convencido de que David era un delincuente y por lo tanto su historia debe juzgarse desde esa óptica. “El día que nos constituimos como querellantes, la causa estaba caratulada como Ducca, sobre tentativa de robo. Esa es la visión del Estado, no es un accidente ni un error de caratula”, argumentaba Olivares. Ducca es el apellido de Isaías, el chico que estaba con David antes que se desatara la tragedia. Se pidió que la causa se separara y así Ducca fue condenado a 3 años de prisión en suspenso luego de un fugaz proceso de 87 días. En ese lapso, los avances por el asesinato de David siguieron siendo una utopía.

La querella tuvo acceso al expediente recién a principios de junio, y fue entonces cuando se propuso citar a la persona que aquel día había llamado al 911 para reportar la agresión a David. Fue ese testimonio el que aseguró que muchos de los agresores solían frecuentar el Club Deportivo y Social Amistad y Unión, que tiene sede a metros de donde David fue golpeado. Otro material al que se tuvo acceso, es el video difundido por internet a través del sitio Youtube, donde se muestran nueve segundos de la golpiza.  En dicho fragmento se lo puede ver a David en un frágil intento de resistencia ante dos personas que lo rodean y por medio de golpes y gritos lo obligan a quedarse tirado. Según Olivares, esa toma pertenece a los momentos finales de la agresión.

Mediante esta prueba, se pudo fortalecer la hipótesis que vincula a los agresores con el club vecino al lugar donde David fue atacado. Una meticulosa investigación por las redes sociales y el testimonio de algún vecino, fueron las  bases de la investigación para que lo visto en el video coincidiera con la información recabada sobre los posibles sospechosos. El resultado también convencía al fiscal Malaponte, que entonces determinaba la realización de allanamientos en barrio Azcuénaga.

Fue el 23 de septiembre, en un procedimiento policial matutino, cuando fueron detenidos dos jóvenes por presunta vinculación al hecho, Nahuel Pérez y Gerardo Gutiérrez, de 27 y 28 años respectivamente. También fueron secuestrados celulares, computadores, ropa y otros elementos que podían servir de pruebas. Días después, Malaponte explicaba en rueda de prensa que la jueza Roxana Bernardelli había dictado prisión preventiva por cuarenta días para los detenidos. Por entonces, eran acusados de homicidio agravado, por lo cual la  pena podía alcanzar la prisión perpetua. “Hubo ensañamiento, básicamente por lo que informa la médica que hizo la autopsia, que señala la existencia de múltiples golpes y no de un golpe mortal. No podía haber tenido otro resultado que no sea la muerte”, decía Malaponte mientras aseguraba que por la figura de ensañamiento se estaba investigando a otras personas que podrían correr la misma suerte.

La detención de los sospechosos del asesinato despertó en sectores de la sociedad la bronca y la desilusión de quienes habían destilado alegría y conformidad cuando circulaba la notica de la muerte de David. Incluso en barrio Azcuénaga se organizaron marchas y cortes de calle para pedir por la liberación de los detenidos. La misma masa que tomaba forma aquel 22 de marzo para pasar del reclamo de “justicia y seguridad”, a la “justicia por mano propia”, volvía a mutar para convertirse en una masa que ahora pedía que la justicia no actúe. Malaponte era señalado de “antipueblo” en una página de Facebook llamada “Yo apoyo la justicia por mano propia”, en donde se difundía su foto con todos sus datos personales amenazando con un escrache a la puerta de su casa.

Pero los aparentes avances en la búsqueda de justicia por el crimen de David quedaron truncos sobre finales de 2014. Luego del cumplimiento de los cuarenta días y de una breve prórroga de prisión preventiva, la jueza Bernardelli otorgó prisión domiciliaria sin plazos a ambos acusados. Malaponte, por su parte, solicitaba que la calificación legal cambiara de homicidio calificado a homicidio en agresión, lo que implicaría una notable disminución en caso de una probable pena. Quizás la presión social,  y política tal vez, hizo que la justicia torciera el brazo nuevamente a favor de sus intereses de clase. “Vamos a ir a un juicio en un año electoral, y no se va a generar una actitud de fuerza y guerra judicial contra un linchamiento que viene de la clase media en la que se disputan los votos”, anticipaba Olivares por entonces.

Sobre comienzos de 2015, continuó la serie de medidas a favor de los acusados. Entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, la Cámara Penal revocó la prisión domiciliaria de ambos aunque se aclaró que continúan vinculados a la causa. El juez que tomó la medida es Daniel Acosta, que en su fallo explicó: “Todo exacerba la violencia propia del capitalismo y el hecho no es otra cosa que un subproducto del mismo”.

Mientras el análisis estructural que hace el magistrado intenta en cierta manera justificar el accionar de los dos agresores implicados, Norberto Olivares por su parte propone otra mirada contextual sobre los acontecimientos. “Está cada vez más rota la idea de comunidad, y cada vez más fuerte la idea del consumismo, del egoísmo, del individualismo. Personas que toman identidad a través de las cosas. Trabajadores precarizados que asesinan a otro trabajador precarizado. Hay que plantear que los defensores del libre mercado y la libertad individual nos han llevado a esto”, analiza el abogado querellante.  A su vez, apunta el análisis y la crítica haciendo referencia al Nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. La reforma en el poder judicial que en su teoría busca ser igualitario y accesible, según el letrado, no surtirá efectos sustanciales en tanto no se planteen reformas estructurales en la sociedad. Así lo explica: “Se establece una pauta normativa que supuestamente es igualitaria para dos partes que económica, social y culturalmente son asimétricas y eso se ve en el proceso. Es una gran mentira”. Es decir, no habrá justicia igualitaria en una sociedad desigual en todos sus sentidos.

Actualidad de la causa y la importancia de la movilización popular

Desde aquella primera marcha a los Tribunales Provinciales, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron a la familia de David en sus reclamos. Actividades culturales, intervenciones artísticas en alusión al tema, e incluso una movilización al mismo punto del barrio Azcuénaga donde el joven fue atacado, son algunas de las actividades que se realizaron en este año. “No puede quedar este lugar como el de un asesinato salvaje y cobarde, sino que hay que transformarlo en un espacio de reclamo, justicia y lucha contra la impunidad”, reflexionaba Olivares aquel 25 de agosto, a cinco meses del hecho, en la misma esquina de Marcos Paz y Liniers.

Aquella movida fue, sobre todo, una respuesta a la recomendación que el fiscal había hecho a la familia Moreira, al solicitar que no se hicieran movilizaciones argumentando que no colaborarían con la investigación. Sin embargo, es sabido que el seguimiento de las distintas organizaciones sobre los reclamos de justicia, muchas veces son los motores fundamentales para que las causas no se estanquen. Luciano Arruga, Franco Casco, Mercedes Delgado y el Triple Crimen de Villa Moreno, son los ejemplos más cercanos.

Pero el paso del tiempo en este primer año transcurrido desde la muerte de David demostró, mal que pese, que la causa judicial retrocedió a medida que iba decayendo la movilización popular. También influyó que los padres del joven decidieran exiliarse del país, atosigados por el castigo social que recae sobre su hijo y también sobre ellos mismos. Estos detalles no son el motivo principal del presente de la causa, pero sí dieron lugar a la presión de sectores conservadores de la sociedad y a la tibieza del poder político y judicial para que hoy exista una visible desventaja. Quienes continúan ligados a la causa, remarcan la importancia de que vuelva a hacerse fuerte el acompañamiento de diversas organizaciones.

Respecto de la causa, Olivares explica que las últimas medidas tomadas por la justicia en torno al caso, no desvinculan a los implicados porque existe material probatorio. “Si se consiguen pruebas contundentes, la prisión preventiva sería definitiva y efectiva hasta que se constituya el juicio. Se sigue trabajando en la investigación y exigimos al fiscal que promuevan pruebas”, explica. La calificación de la causa continúa siendo “homicidio agravado”, más allá del pedido de la Fiscalía de que se cambie a “homicidio en riña”.

El pasado 19 de marzo, en una audiencia informal con el fiscal Malaponte y el fiscal Regional Jorge Baclini, el abogado querellante expresó la negativa al cambio de calificación. “Planteo el no agotamiento de la colecta probatoria, considero que hacen falta más pruebas”, explicó Olivares además de criticar el rol de la fiscalía, comparando el “rigor investigativo” con la causa Ducca. Por otra parte, el letrado insiste en que las pruebas demostrarán que no hay cabida para la figura de “homicidio en riña”, puesto que existe convergencia intencional, es decir que los agresores de la víctima actuaron bajo el concreto y violento objetivo de atacar al joven sin medir las consecuencias. Por este motivo, también existe la posibilidad de calificar el “homicidio preterintencional”, donde quizás no se tiene la intención de matar pero sí existe conocimiento sobre el riesgo de muerte que implica un accionar desmedido de estas características. Esta figura podría acarrear una condena que va desde los 8 a 25 años.

En las próximas etapas, se buscarán reforzar las pruebas para que no haya lugar al cambio de carátula. Para ello se hará una reconstrucción fílmica y se tomará declaración a nuevos testigos, entre el avance de otras pruebas de gran importancia para la querella. El video continúa siendo una pieza fundamental en la que se ve cómo uno de los agresores, que podría ser uno de los actuales imputados,  da patadas en la cabeza a David. Teniendo en cuenta que la autopsia indicó que la causa de muerte fue politraumatismo craneal como consecuencia de dichos golpes, podría convertirse en una prueba clara de camino a la justicia.

Mientras tanto, se continúa poniendo énfasis en la necesidad de volver a masificar el reclamo por justicia por dos motivos: para que el crimen de David no quede impune, y para que dicha impunidad no permita la repetición de hechos similares, que ya ha tenido replicas en este último año. Al cumplirse el primer aniversario del asesinato, familiares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocan a una movilización y jornada cultural en las puertas de Tribunales Provinciales para el próximo lunes 30 marzo.