Así lo declararon desde las querellas que intervienen en la investigación por la causa del joven desaparecido y hallado muerto luego de estar detenido en la Comisaría 7ma. El personal de la seccional continúa en la mira principal mientras avanza el proceso en manos de la justicia federal.
Por Martín Stoianovich
La causa por la desaparición forzada de Franco Casco tiene un rumbo fijo: conocer la verdad sobre lo que sucedió con el joven de 20 años que apareció flotando en el río Paraná luego de haber estado detenido en la Comisaría 7ma. El personal policial de la seccional continúa en la mira principal de la investigación, que desde diciembre de 2014 está en manos de la justicia federal. Los abogados que integran las querellas brindaron un análisis de los primeros pasos dados junto a la Fiscalía federal desde que Carlos Vera Barros, juez a cargo del proceso judicial, admitió su conformación.
Los tiempos con los que se manejó la justicia provincial en relación al caso Casco no fueron de la mano con la urgencia que ameritaba el hecho. Desde la desaparición del joven a principios de octubre, pasando por el hallazgo de su cadáver a finales del mismo mes, hasta que la jueza Roxana Bernardelli envió la causa a la justicia federal, no hubo novedades que permitieran esclarecer lo sucedido. Por aquellos días, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, junto al defensor general provincial Gabriel Ganón, acompañaron a la familia Casco en su firme postura de que a Franco lo mató la policía. Este rol fundamental sirvió para que hoy esa hipótesis continúe con vigencia.
Desde que la causa pasó a fuero federal hasta que las querellas fueron aceptadas por el juez, también transcurrió un período importante de tiempo. Sin embargo, la investigación ya la había puesto en marcha la Fiscalía federal a cargo de Marcelo Di Giovanni y Mabel Colalongo. “Estamos muy conformes por lo que se está haciendo desde la Fiscalía. Vemos que hay un compromiso importante para llevar adelante la investigación. Se están impulsando las medidas necesarias para recolectar material probatorio que pueda servir para esclarecer el hecho”, expresó Guillermo Campana, integrante del equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud que representa como querellante a Elsa Godoy, madre de Franco Casco. En este sentido, consideró fundamental que se mantenga constante la articulación entre la Fiscalía y las querellas.
El panorama en cuanto a la investigación es complicado, porque si bien en instancias actuales se está avanzando, en un primer momento sucedió lo contrario. El cuestionado rol de la justicia provincial, que tuvo la causa a cargo del fiscal Guillermo Apanowicz, es el principal motivo por el que hoy se tienen muy pocos avances concretos. La pérdida de pruebas fundamentales y la evidente dilación incluso cuando todavía no había sido hallado el cadáver de Casco, sirvieron como ventaja al personal policial de la Comisaría 7ma, señalado como principales responsables de la desaparición y muerte del joven.
Hasta el momento se pudo avanzar con una serie de audiencias testimoniales en las que participó todo el personal de Prefectura y Policía Científica que actuaron a partir del hallazgo del cadáver, junto a dos testigos que firmaron el acta labrada por la fuerza naval en aquel momento. También declararon la tía de Franco que se acercó a la Comisaría 7ma junto al padre del joven el 8 de octubre, y el vecino que aparentemente mantuvo comunicaciones con el Comisario Diego Álvarez momentos antes de que Casco sea detenido. Según explicó Campana, de dichas testimoniales recolectadas hasta ahora, podrían desprenderse nuevas líneas de investigación. También fue solicitado un ordenamiento de pericias que se habían requerido en un primer momento. “A medida que se producen pruebas se encuentran más irregularidades en todos los procedimientos que se llevaron adelante desde el hallazgo del cuerpo hasta el día de la fecha”, sintetizó Campana.
Por otra parte, un aspecto que falta cerrar en el proceso es la causa de la muerte del joven. Las primeras pericias realizadas indicaron que, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, era imposible detectar con certeza el motivo del deceso. Sin embargo, hay pendiente un nuevo análisis que podría determinar si Franco fue arrojado al río sin vida o si por el contrario murió ahogado. En este sentido, lejos quedó la hipótesis que indica que Franco se tiró o se cayó a las aguas del Paraná por accidente. Detrás de su muerte se esconde el oscuro prontuario de la policía santafesina, caracterizado por el abuso de poder sobre los jóvenes de los barrios populares.
Otro aspecto que remarcaron los abogados querellantes está relacionado al rol del juez Vera Barros. Si bien la participación de la Fiscalía fue destacada por el compromiso con el que se está investigando, pareciera no suceder lo mismo con el juzgado a cargo de la causa. “Hubo demoras cada vez que se solicitó algo para que el juez resuelva. Hubo una medida que pidió la Fiscalía y no fue autorizada por el juez, considerando que no encontraba su finalidad, siendo que era un pedido pertinente”, expresaron desde las querellas.
La causa todavía no tiene imputados, pero no es algo que inquiete a quienes hoy encabezan la investigación y la llevan adelante con un panorama alentador, más allá de que por cuestiones de seguridad no se brinde demasiada información sobre los avances concretados. “Nada de lo que se produjo ha desviado un ápice nuestra hipótesis de responsabilidad policial. Día a día vamos reafirmando que a Franco lo mató la policía”, señaló el abogado Santiago Bereciartúa, integrante de la querella que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vale destacar que la otra figura que compone a las querellas es la Defensoría General de la Nación con Matilde Bruera como representante.
A su vez, resaltaron el acompañamiento que las organizaciones sociales vienen brindando a la familia Casco como una instancia tan importante como el asesoramiento legal. “Es un laburo diario e implica un montón de esfuerzo silencioso de muchos compañeros para sostener a la familia”, expresó Campana. Elsa Godoy está viviendo junto a sus hijos en una casa gestionada por la multisectorial conformada a raíz de la desaparición de Franco, y también se asistió a la familia en cuanto a salud, educación y trabajo para los chicos y cobertura de otras necesidades básicas.
Claves para entender las irregularidades del caso Casco
Franco estuvo de visita en Rosario desde principios de octubre pasado y tenía pensado volver el lunes 6 a su Florencio Varela natal. Había avisado a sus familiares de Buenos Aires que arribaría a la estación de Retiro en el amanecer del martes 7. Cuando sus padres notaron que no llegó, lo vinieron a buscar a Rosario, donde hicieron denuncia por desaparición en la Comisaría 20 y luego se enteraron que había estado detenido en la 7ma. Allí, el propio comisario Diego Álvarez le dijo a Ramón Casco que el pibe había sido detenido “por desacato”. La primera anomalía: según el comisario el procedimiento fue el 7 de octubre, mientras que la hipótesis que hoy se maneja dice que fue el día anterior. Asimismo, por aquellos días, mientras la familia buscaba al joven, desde la policía afirmaban que lo habían liberado en la misma noche de aquel día por falta de antecedentes.
En la audiencia pública de habeas corpus realizada luego de encontrado el cuerpo de Franco, el jefe de Sumarios de la seccional declaró que salió a patrullar junto a Álvarez por un llamado de un vecino de apellido Crespo que alertaba de un sospechoso. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado del árbol”, fueron las palabras textuales que acercaron a la idea de que Casco fue víctima de una detención arbitraria.
Pero antes de que el joven fuera hallado sin vida, sus familiares debieron atravesar distintas irregularidades que dejaron explícito el dudoso accionar policial. Cuando Elsa Godoy fue a la comisaría, el propio jefe le recomendó visitar morgues, hospitales y otros lugares de la ciudad. Dejaron a la madre del joven desaparecido hacerse cargo de la investigación mientras esperaban que pasaran las 48 horas para que se oficialice la búsqueda de paradero. Elsa recorrió la ciudad pegando carteles con el rostro de Franco, elementos que fueron retirados inmediatamente de la zona de la comisaría. Luego, en la misma seccional los oficiales no le permitieron ver a Elsa el cuaderno de acta donde supuestamente Franco había firmado su liberación. Cuando el caso llegó a la Fiscalía el 14 de octubre, Apanowicz le mostró el cuaderno y fue entonces que la madre del joven reconoció como falsa la supuesta firma de su hijo. Ese mismo día vería la foto de legajo de Franco dentro de la comisaría, donde se lo notaba visiblemente golpeado. Para ese entonces Elsa estaba convencida que la policía era la responsable de la desaparición de su hijo.
La llegada del caso a la fiscalía no implicó ningún esclarecimiento. Tanto Apanowicz como fiscal, y Leandro Trangoni como secretario de Gestión Penal, delegaron la investigación al área de Asuntos Internos de la policía. La fuerza investigándose a sí mismo por un hecho que luego sería caratulado como desaparición forzada de persona, significó una muestra más de la liviandad con la que la justicia provincial se tomó el caso. El registro de las cámaras de seguridad de la comisaría y la zona, fueron pruebas fundamentales que se perdieron como consecuencia de esas maniobras. Desde la Fiscalía se excusaron argumentando que el sistema de autoborrado de las cámaras había impedido recolectar dicha pista.
Luego de la intervención de Ganón como defensor general de Santa Fe, comenzó a cuestionarse con más firmeza el rol de la policía. El 30 de octubre se presentó un habeas corpus junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante el juez Vera Barros. El mismo día se realizó una masiva movilización a las puertas de la Comisaría 7ma, que luego el propio gobernador Antonio Bonfatti calificaría de “oportunismo militante”. Horas antes de aquella marcha, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, Ignacio Del Vecchio, aseguraba a los medios de comunicación que tres testigos habían visto a Franco mendigando en una iglesia evangélica de la zona. Sin embargo, esa misma tarde la Prefectura admitía el hallazgo de un cuerpo flotando en el río Paraná, que un día después sería reconocido como Franco Casco. Los análisis del Instituto Médico Legal determinarían que el cuerpo llevaba en el agua alrededor de tres semanas.
El día en que fue confirmado el hallazgo del cadáver, se realizó una nueva audiencia en la que declararon otros integrantes del personal de la Comisaría 7ma. Lo hizo la doctora que supuestamente revisó a Franco cuando fue detenido y antes de ser liberado. La debilidad de su relato, que sólo se limitó a describir al joven en estado de desorientación, alimentó la hipótesis de que el pibe jamás fue revisado y ni siquiera abandonó la seccional. El relato policial en aquellas audiencias, sumada a las irregularidades relatadas por Elsa Godoy, junto al evidente precario rol de la justicia provincial y la cuestionada participación de Del Vecchio, sirvieron para que la familia Casco y las organizaciones que la acompañan insistan hasta hoy día que a Franco lo desapareció y asesinó la policía. Los primeros pasos de la causa en la justicia federal dejan ver un camino más claro en torno a esta hipótesis.
