Tras el asesinato de Javier Barquilla en Villa Banana a mano de narcotraficantes, las organizaciones sociales y políticas que trabajan en la zona se movilizaron para pedir al Estado provincial que intervenga con urgencia. Vuelven a denunciar complicidad política, policial y judicial con la narcocriminalidad que sigue cobrándose vidas en los barrios populares.
Por Martín Stoianovich
Otro capítulo más como la continuación de una historia que vuelve a repetirse con las mismas características. Una persona asesinada, un barrio periférico, e impunidad. El reclamo de familiares y amigos, con el apoyo de organizaciones sociales y políticas, también se adapta al que se viene sosteniendo a raíz de los crímenes cometidos en los primeros cuarenta días del año. Complicidad policial, política y judicial con la narcocriminalidad, son denominadores comunes en las denuncias nacidas a raíz de estos hechos.
En esta oportunidad los vecinos demandan, mediante un contundente reclamo de justicia, la urgente intervención del Estado provincial. Pero a su vez, avisan que en caso de no recibir respuesta la organización colectiva en el barrio pondrá en práctica un mecanismo de “autodefensa”. Argumentan que no pueden seguir tolerando la prepotencia con la que circulan en el barrio quienes son señalados como autores de decenas de asesinatos, y la impunidad con la que solidifican su reputación a través de la cuestionada participación policial.
Se trata de los vecinos de Villa Banana que el 2 de febrero tuvieron que lamentar la pérdida de otra persona. Javier Barquilla, de 37 años, fue ejecutado con cuatro tiros en el pecho cuando intentó defender a su cuñado de una patota que lo agredía. El principal apuntado vuelve a ser “Pandu”, señalado en el barrio como narcotraficante y autor de otros crímenes en la zona. A partir del hecho, la usurpación de viviendas y amenazas constantes de muerte, violación e incendio por parte de esta persona, son cada vez más frecuentes. El hecho tocó de cerca a la organización política CUBa – MTR y la organización social Comunidad Rebelde, que trabajan en la misma cuadra donde acribillaron a Barquilla. La pareja de la víctima es militante de estas agrupaciones, que a fines del 2012, junto a otros vecinos, derribaron un búnker de drogas y comenzaron la construcción de un centro comunitario sobre sus ruinas. Sobre estos días, continuando la idea de la “autodefensa”, se organizan para intentar sobrellevar la situación mientras sostienen el reclamo al sector político de la provincia.
Durante el lunes 9 de febrero, a sólo una semana del crimen de Barquilla, estas organizaciones, junto a otras de la ciudad, acompañaron a los vecinos en un reclamo que tocó las puertas de los Tribunales Provinciales, la Fiscalía de Homicidios y la sede rosarina de Gobernación provincial. “Venimos a pedir justicia. Entendemos que en este país la justicia se resuelve con movilización popular. No hay un Estado ausente, sino un Estado presente con sus fuerzas corruptas a través de la complicidad”, declaró Iván Moreyra como vocero de Comunidad Rebelde y CUBa – MTR en Rosario. Respecto de la situación que vive el barrio agregó: “Son hechos cotidianos, no aislados. La narcocriminalidad en los barrios está copando con sangre y fuego. Mataron a un vecino producto de la connivencia entre el poder político y los grupos organizados de narcos. Nuestros pibes son carne de cañón”.
El fiscal que tomó la causa por el crimen de Barquilla es Ademar Bianchini, quien durante el reclamo de este lunes aseguró que la causa está avanzada y se continúa trabajando. El único detenido hasta el momento es un joven de 20 años, apodado Wititi y acusado por los vecinos de haber participado en el hecho. El juez Hernán Postma determinó la prisión preventiva respondiendo a la imputación como partícipe del asesinato.
En la movilización estuvo presente Oscar Kuperman, referente nacional de CUBa – MTR, quien enfatizó a enREDando: “Hay algún tipo de nexo entre la policía, la política y los narcos. Son sicarios a su orden, y si caen en cana las consecuencias pueden ser para quienes los mandan”. Kuperman relaciona la libertad con la que se maneja “Pandu” a una suerte de sugestión ejercida por su parte sobre quienes lo habilitan a liderar la narcocriminalidad en la zona. Su detención podría significar el esclarecimiento de la estructura que maneja este negocio delictivo por fuera de la zona de riesgo. “Nuestra experiencia es la de tomar el caso si el poder político y judicial no actúa. Junto con los vecinos vamos a tratar que esta gente no entre más al barrio y a la orden de la narcopolítica y la narcopolicía actúe de esta manera”, explicó Kuperman respecto de la idea de “autodefensa” que se sostiene entre los vecinos y las organizaciones involucradas. El peligro que significa esta exposición pareciera ser menor al que se vive cotidianamente en los pasillos del barrio.
En esta línea, el papel de la policía vuelve a ser cuestionado por los vecinos: “Trabaja como ya sabemos, es parte del problema. Es la misma policía que cobraba en los kioscos de drogas, la misma que mata a los pibes y convive con los narcos”.
En la sede de Gobernación, los referentes de las agrupaciones fueron recibidos por la subsecretaría de Seguridad Comunitaria. Allí plantearon la necesidad de cubrir distintos tipos de urgencia, entre los que se encuentra garantías de seguridad para los allegados a Barquilla y la asistencia psicológica para quienes resultaron afectados. “No queremos una respuesta represiva, pero sí que colaboren con la justicia y se corte la cadena de comunicación de los narcos con la impunidad, la comisaría y sectores del poder económico y judicial”, explicaron públicamente luego del encuentro.
Mientras tanto, varios integrantes de CUBa – MTR se mantienen fuera del barrio como mecanismo de resguardo por las amenazas sufridas. En tanto, sus compañeros afirman: “Nuestro trabajo no lo vamos a dejar, no nos van a amedrentar. Pero vamos a tomar precauciones, ser más cautelosos porque a estos tipos no les va a temblar el pulso si se la tienen que jugar con otro vecino. Entendemos que la forma para que retrocedan es la denuncia pública y el trabajo organizado”.
